–“Los santos se santifican, las ratas se ratifican”
–El aval a Arely y a Cervantes, permiso para robar
–Calderón y Anaya, los unen las complicidades
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| Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo. Foto: Benjamin Flores |
CIUDAD
DE MEXICO (apro).- ¿Qué poderosas razones tienen los senadores panistas
y perredistas para ratificar a Raúl Cervantes como el persecutor de los
criminales en México si por su tenaz defensa de los intereses priistas y
de Enrique Peña Nieto lo rechazaron, hace un año, como ministro de la
Corte? Una sola: La complicidad entre consumados y potenciales
delincuentes.
Este aberrante aval no es sólo la abdicación del Legislativo ante el
Ejecutivo ni el desprecio del Senado a su función constitucional de
deliberar sobre la idoneidad de un abogado como Cervantes para
virtualmente ser fiscal por nueve años, sino algo peor: Es un pacto de
impunidad transexenal para los que se van y para los quieren llegar o
contra un indeseable.
Como parte de este mismo pacto de impunidad –que claramente es para
joder a México– Arely Gómez dejó a Cervantes la Procuraduría General de
la República (PGR) para encabezar la Secretaría de la Función Pública
(SFP), dos pilares del flamante Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)
que Peña y sus compinches de PAN y PRD ya liquidaron sin siquiera haber
iniciado su operación.
Muchos no lo saben y otros se hacen tontos, pero en la tarea
fundamental de investigar y perseguir delitos federales que Cervantes
tiene ya a su cargo gravita su relación familiar con dos personeros de
Peña: Sus primos Humberto Castillejos Cervantes, consejero jurídico de
la Presidencia, y Alfredo Castillo Cervantes, un comodín para las tareas
sucias.
Pero en esta colusión no están solos PRI, PAN y PRD, así como los
paraestatales Partido Verde y Nueva Alianza –los partidos del infausto
Pacto por México–, sino también los intereses de la élite empresarial,
financiera y mediática, como Televisa y la Cámara de la Industria de la
Radio y la Televisión (CIRT), precisamente a los que Arely y Andrade han
servido.
Las complicidades se extienden también a organizaciones civiles
patrocinadas desde la élite económica como Mexicanos contra la
Corrupción y la Impunidad que preside el magnate Claudio X. González,
hijo del ideólogo y operador del sector empresarial del mismo nombre, y
expresidente de la Fundación Televisa, que a su vez encomia
interesadamente los cambios.
González Guajardo, que defiende un combate selectivo de la
corrupción, avaló los nombramientos de Gómez y de Cervantes, a quien
pidió diálogo con la sociedad civil y la academia sobre la Fiscalía
Anticorrupción, que está adscrita a la PGR y que es formalmente clave en
el SNA.
“En la construcción de la Fiscalía nos jugamos en buena medida el
Sistema Nacional Anticorrupción y el combate a la corrupción y a la
impunidad en el futuro”, declaró González a la revista Expansión, justo
cuando está en curso el procedimiento en el Senado para definir al
fiscal que, se prevé, será también al gusto de los mismos que nombraron y
avalaron al procurador.
El primer fiscal anticorrupción durará en el cargo sólo hasta
noviembre de 2018, o hasta que la PGR se convierta en Fiscalía General
de la República, y los subsecuentes fiscales anticorrupción serán
nombrados por el titular de esta nueva instancia, muy seguramente
Cervantes, acusado de golpeador por su exesposa Angélica Fuentes.
¿Alguien puede rebatir que en este pacto de impunidad se inscribe,
también, el reparto que hizo el Senado de los siete magistrados de la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), que además de manera inconstitucional aumentó los periodos de
éstos para que califiquen no sólo las elecciones de 2018, sino las 2024?
Con este reparto de magistrados los partidos del Pacto por México
sientan las bases para que las elecciones federales de 2018 –y aun las
de 2024– sean declaradas nulas si así conviene a sus intereses, porque
es la instancia que tiene la última palabra en materia electoral, un
modelo corrompido por el dinero sucio.
Pero, sobre todo, con Cervantes se garantiza la impunidad plena a
Peña y a los funcionarios de su gobierno. Las dos prioridades del jefe
máximo del priismo son concluir el sexenio y cuidarse las espaldas. Lo
segundo ya lo logró.
No sólo eso: El pacto de impunidad, con Cervantes Andrade como
epicentro, implica que gobernadores bajo sospecha de corrupción como el
perredista Graco Ramírez, el panista Rafael Moreno Valle, el priista
Eruviel Avila o cualquier sátrapa gobernador, alcalde, legislador o
dirigente sea intocable habiéndose confabulado su partido con Raúl
Cervantes para hacerlo procurador y luego fiscal.
Y más aún: El aval de la élite a Cervantes y Arely Gómez significa,
sobre todo, impunidad para los delincuentes de cuello blanco, los
beneficiarios de los contratos de miles de millones de dólares en Pemex,
CFE, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como
las concesiones multimillonarias también en telecomunicaciones,
energía, agua…
¿Por qué, ante el aval de sus senadores, los presidentes del PAN,
Ricardo Anaya, ha guardado silencio, y del PRD, Alejandra Barrales? Por
la misma razón que lo han hecho Margarita Zavala y Felipe Calderón, su
marido y coordinador de su precampaña: Porque son parte sustantiva de
las complicidades, de la corrupción…
Con los casos de Arely Gómez y Raúl Cervantes cobra vigencia la voz
popular: “A los beatos se les beatifica, a los santos se les santifica y
a las ratas se les ratifica”.
Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado
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