Luego de 20 meses como titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez González dejó innumerables problemas sin resolver, que de inmediato le estallaron a su sucesor, Raúl Cervantes Andrade: Tlatla­ya, Atoyzinapa, Ecuandureo, Nochixtlán, los desaparecidos… Pese a su inacción, el presidente Enrique Peña Nieto la colocó en la Secretaría de la Función Pública.

 (Proceso).- Durante los 20 meses que Arely Gómez González estuvo al frente de la Procuraduría General de la República (PGR), apenas tocó los grandes temas que desde hace tiempo marcan la agenda nacional: Tlatlaya, Ayotzinapa, Ecuandureo y Nochixtlán.
Poco hizo la funcionaria ante los airados reclamos sobre la violación a los derechos humanos; tampoco atendió las recomendaciones del ombudsman nacional sobre los desaparecidos ni actuó para detener a los exgobernadores acusados de ilícitos y de tener presuntos vínculos con el narcotráfico.
Tal fue su negligencia que el miércoles 26, una vez que dejó la PGR para irse a la Secretaría de la Función Pública, su sucesor, Raúl Cervantes Andrade, tuvo que enfrentar una cascada de quejas por la cauda de problemas que le heredó Gómez González.
Cuando ella tomó protesta como procuradora, en marzo de 2015, enfrentó las acusaciones por el “conflicto de intereses” que representaba su nombramiento al ser hermana de Leopoldo Gómez, ejecutivo de Televisa.
Sin embargo, Gómez reiteró que su único objetivo era servir a los mexicanos y garantizar, mediante el cumplimiento de las atribuciones de los servidores públicos de la procuraduría, el derecho de acceso a la justicia como pieza fundamental de los derechos humanos.
Insistió en que se dedicaría a atender las visitas, propuestas de conciliación, recomendaciones, procedimientos de investigación por violaciones a los derechos humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como las atribuciones que correspondan a los organismos nacionales e internacionales y establecer un diálogo directo con organizaciones de la sociedad civil que promueven el respeto a esos derechos.
En su lista de buenos propósitos incluyó el combate a la impunidad y habló de abatir los delitos del orden federal, capacitar al personal ministerial, policial y pericial para hacer más eficaces y eficientes las técnicas de investigación, así como para fortalecer el desarrollo de las investigaciones ministeriales y el diseño de protocolos de investigación, en particular los relativos a tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
Con respecto al nuevo sistema de justicia penal, reiteró, su objetivo sería agilizar el proceso de capacitación del personal de la institución para la operación del proceso penal de corte acusatorio.
Sin embargo, todo quedó en buenas intenciones. Y el presidente Enrique Peña Nieto le toleró todo durante 20 meses.
Los pendientes
En una reunión con los representantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, Gómez comentó que iniciaría una nueva línea de investigación, aun con el riesgo de que se derrumbara la “verdad histórica” esgrimida por su antecesor Jesús Murillo Karam.
Ese mismo día, uno de sus subalternos, Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, la corrigió. Dijo que la “verdad histórica” se mantenía. La relación entre ambos se tensó. Meses después Zerón fue removido y la semana pasada ella dejó la PGR sin haber aclarado qué sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa.
Con respecto a Ecuandureo, Michoacán, donde, según la CNDH, elementos de la Policía Federal (PF) cometieron graves violaciones a los derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza, la siembra de armas de fuego a cadáveres y la falsedad en los informes sobre los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015 en el Rancho del Sol (recomendación 4VG /2016), Gómez no fincó responsabilidades a los agentes involucrados.
Lo mismo sucedió con el caso Tlatlaya, cuando la CNDH detalló cómo sucedieron los hechos la madrugada del 30 de junio de 2014 –recomendación 51/2014 dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional, la PGR y el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas–, y se repitió en el caso de Nochixtlán, Oaxaca, donde el 19 de junio pasado elementos de la PF desa­lojaron a profesores y padres de familia que protestaban contra las reformas educativas impuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La agresión dejó al menos 11 muertos y 108 heridos, de acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional de Seguridad. Hasta ahora ninguno de los responsables ha sido sancionado.
Durante la gestión de Gómez González en la PGR, la atención a las víctimas de desaparecidos fue prácticamente nula. Ante familiares de Integrantes de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, ella misma admitió la insuficiencia de recursos económicos y capacidades de la dependencia para emprender acciones de búsqueda y de investigación de los casos.
El 13 de mayo último, en una reunión se comprometió a trabajar para que en el proyecto de presupuesto de 2017 se asignaran más recursos a la Fiscalía Especializa de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Dijo a sus interlocutores que la fiscalía sólo tenía 29 agentes del Ministerio Público y 58 elementos de campo; comentó que se le asignaron más de mil expedientes, y admitió que había más de 28 mil personas desaparecidas.
Con respecto a las recomendaciones del ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez, tampoco cumplió; dejó pendiente el caso de la indígena hñähñú Teresa González Cornelio, quien estuvo tres años en prisión por un delito que no cometió. El pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa consideró que la PGR debe reparar el daño integralmente.
A su vez, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez –que asesora a González Cornelio– y Amnistía Internacional expusieron que esa resolución es de carácter inapelable.
El caso de la indígena hñähñú es el segundo que acompaña el Centro Prodh, en el cual el tribunal ordena que una persona injustamente encarcelada reciba una reparación del daño por parte de la PGR. El primero se presentó en mayo pasado, cuando el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó la decisión del tribunal que ordenaba otorgar la reparación del daño a la indígena Jacinta Francisco Marcial.
Salida poco decorosa
La salida de Gómez se dio en medio de los procesos legales contra el exgobernador de Sonora Guillermo Padrés y del veracruzano Javier Duarte, quien pidió licencia a su cargo y hoy es prófugo de la justicia. Ambos están acusados de actos de corrupción, entre ellos el desvío de fondos públicos.
En situación similar se encuentran los exmandatarios Roberto Borge, de Quintana Roo; César Duarte Jáquez, de Chihuahua; Humberto Moreira, de Coahuila, y Rodrigo Medina, de Nuevo León. Todos ellos del PRI.
El presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del tricolor, Fernando Elías Calles, indicó en agosto pasado que el proceso de expulsión del PRI contra Duarte Jáquez; Duarte de Ochoa, Borge y Medina podría materializarse debido a las anomalías cometidas durante sus administraciones.
El único caso al que la PGR decidió entrarle durante la gestión de Gómez González es el proceso que se le sigue a Javier Duarte, sobre quien pesan también 60 denuncias por daños al erario. Hasta ahora sólo han comparecido excolaboradores del gobernador con licencia, sus suegros, su esposa y algunos amigos, pues él se encuentra prófugo.
Entrevistada al término de la reunión del Gabinete de Seguridad efectuada el miércoles 26 en Acapulco, Guerrero, la funcionaria federal destacó que las instancias correspondientes se han coordinado para ubicar a Duarte, quien enfrenta una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
El gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, declaró que el lunes 17 Duarte huyó en un helicóptero del gobierno estatal el sábado 15. Al día siguiente, Flavino Ríos Alvarado, gobernador interino, aseguró que desconocía dónde estaba el exmandatario.
Un abogado fiscalista acudió de manera voluntaria a la PGR y reveló que actuó como prestanombres de Duarte, quien lo instruyó a él y a Moisés Mansur Cysneiros para constituir más de 10 empresas de papel o LLC en Estados Unidos a fin de adquirir condominios en Miami y Nueva York e invertir en el ramo inmobiliario.
Otra de las pifias de Gómez González es la de la presunta relación de la actriz Kate del Castillo con el capo sinaloense Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, quien fue recapturado el 8 de enero de este año. En 10 meses, Gómez no logró que Del Castillo viniera a México a dec