Utopía
Eduardo Ibarra Aguirre
Eduardo Ibarra Aguirre
No fue casualidad la publicación del ensayo Las necesidades de un ombudsman militar en México, en el número 22 de Forum, correspondiente a octubre de 1993, en coincidencia con los 25 años de la masacre del 2 de octubre de 1968.
Sí fue nuestra manera de hacer un corte de caja, junto con los textos El Ejército vetó la reelección (de Carlos Salinas de Gortari) y ¿En busca de cual verdad? Y como foto de portada la de Héctor García con la catedral y la Bandera Nacional como fondo, los oradores del mitin sobre un camión del Instituto Politécnico Nacional y Fausto Trejo al micrófono.
Uno de los actores centrales frente al movimiento estudiantil-popular de 1968 fue sometido a disección por la novel pluma del general José Francisco Gallardo Rodríguez, en la síntesis de un capítulo de su tesis de maestría, con un tiraje de apenas mil 500 ejemplares por decisión del dueño de Forum que, sin embargo, es la edición que a lo largo de 182 números en 17 años, le dio la vuelta al mundo, al convertirse en uno de los ensayos mexicanos más reproducido y citado en los últimos tres lustros.
La propuesta de la defensoría de los derechos humanos de los militares y de la sociedad respecto de éstos, desató la ira del alto mando del salinato, encabezado por Antonio Riviello Bazán y del zedillismo con Enrique Cervantes Aguirre.
La ira de los jefes de la milicia quedó retratada en las 27 averiguaciones previas, nueve causas penales y nueve autos de formal prisión dictados en contra de Gallardo. También en el hostigamiento ministerial durante 34 meses contra este escribidor y el boicot publicitario a Forum. Bloqueo que, por cierto, revivió desde junio pasado en forma extrema Gerardo Maximiliano Cortázar Lara.
La prisión política del general concluyó a los ocho años, tres meses y 28 días de iniciada, durante el gobierno de la autodenominada pareja presidencial, merced no tanto a la vocación democrática del par de ineptos, sino por la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la decisión de la Corte Interamericana de litigar el caso, de las principales organizaciones no gubernamentales de la aldea global y las mexicanas.
Prueba de lo anterior es el asalto a las oficinas de Forum para apoderarse de los archivos digitales, la víspera de la liberación de Gallardo, en una advertencia desesperada del grupo castrense que montó todo el andamiaje ilegal.
Prueba de lo anterior es el asalto a las oficinas de Forum para apoderarse de los archivos digitales, la víspera de la liberación de Gallardo, en una advertencia desesperada del grupo castrense que montó todo el andamiaje ilegal.
Aberraciones jurídicas y acciones despóticas aparte, con Las necesidades de un ombudsman militar en México, el autor descubrió en la prisión convertida por él en centro de estudio, que constituía la llave para desbrozar el camino de la reforma del Ejército.
Para decirlo en las palabras del doctor en su nueva condición de subdirector de Forum:
“La tesis sobre el ombudsman militar como institución del Congreso, propone la reforma del Ejército, condición sine qua non para lograr un cambio de régimen político. Según el planteamiento, la reforma del Estado debe pasar inevitablemente por un cambio profundo en el Ejército, para transformarlo de un aparato represor, al de guardián de la soberanía nacional y de las libertades ciudadanas, soportadas en una relación civil-militar democrática.”
En la concepción de José Francisco el ombudsman militar estaría “dotado de autonomía y patrimonio propio, nombrado por la mayoría de los diputados, inamovible, apartidista, facultado para proponer cambios en la legislación militar, entrar sin previo aviso a cualquier cuartel, revisar listas de castigados, procesados y de enfermos en los hospitales, supervisar el ejercicio del presupuesto de defensa y la administración militar, con la misión principalísima de salvaguardar los derechos humanos de militares y civiles para fortalecer las líneas de mando y la disciplina militar.”
Tres lustros después del comienzo de aquella compleja y desigual batalla jurídica y mediática, podemos asegurar que valió la pena librarla porque arroja los siguientes avances:
Logramos poner a debate en los medios de comunicación y en la academia el tema del Ejército hasta entonces intocado, porque formaba parte de la trilogía prohibida a los periodistas.
El Congreso tomó la tesis de base para legislar sobre las fuerzas armadas.
El ombudsman militar es tema de estudio e investigación en los centros de educación superior.
La Secretaría de la Defensa Nacional instituyó la Dirección General de Comunicación Social, la Subprocuraduría de Derechos Humanos y la Dirección General sobre la materia.
Por primera vez en la historia, los tribunales castrenses toman en consideración el principio del debido proceso.
En las escuelas militares incorporan a sus materias el tema de los derechos humanos; también se contempla en los programas de adiestramiento de los cuerpos de tropa.
El Estado Mayor considera a los derechos humanos dentro de la planeación estratégica y tiene varias publicaciones al respecto, incluyendo el derecho internacional humanitario. También elaboró una cartilla que trae consigo cada soldado.
Se abrieron libros de registro de amparos. Los abogados civiles y actuarios pueden ingresar a las prisiones militares, incluso los representantes de organismos de los derechos humanos.
El personal militar presenta quejas a la CNDH cuando se ven agraviadas sus garantías por la acción del mando.
Implícitamente se acepta la tesis de que ninguna institución del Estado puede quedar exenta del escrutinio social, menos el Ejército.
No es poca cosa lo logrado. Es mucho más lo que falta por conquistar para la reforma del Ejército, expuesta en la tesis doctoral de Gallardo, bajo el nombre de Ejército y sociedad en México, presentada en julio de 2007. Y que ahora pone a disposición de los lectores el Comité del 68 Pro Libertades Democráticas en la colección México: genocidio y delitos de lesa humanidad 1968-2008.
Importa sobremanera documentar la memoria, sobre todo cuando se padece una regresión en la relación civil-militar que coloca a la sociedad en un escenario acaso más grave que el que vivió México hace 40 años.
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