PORTADAS PLANEÓ “EL REY” BOMBA EN EL DF GOLPEAN EN TIJUANA A CÁRTEL DE LOS ARELLANO SIN ANÁLISIS NI DEBATE APRUEBAN DICTÁMENES DE REFORMA ENERGÉTICA DAN LUZ VERDE A SIETE DICTÁMENES DE REFORMA26/10/2008 a las 8:20 am
EL UNIVERSAL: PLANEÓ “EL REY” BOMBA EN EL DF
Con el nombre de “Jossac” y desde su habitación del hotel Aranjuez, en Calzada de Tlalpan, Jesús Reynaldo Zambada, El Rey, planeó el atentado contra el director de la Policía Sectorial, Julio César Sánchez Amaya, ex Jefe Pegaso, según una de las líneas de investigación más consolidadas. El Rey, detenido el lunes pasado en la ciudad de México, es hermano del líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. EL UNIVERSAL pudo constatar, con base en la indagatoria FACI/50/T3/00210/08-02, que en los primeros meses del año Jesús Zambada ocupó la habitación 2002 junto con otras personas, entre ellas una mujer identificada como Érika, de unos 21 años. VER NOTA COMPLETA
Un operativo en esta ciudad fronteriza concluyó con la detención de un hombre que al parecer es Eduardo Arellano Félix, El Wallo, integrante de la familia que lidera el cártel de Tijuana. Él es buscado por autoridades mexicanas y por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). Alrededor de las ocho de la noche, un grupo de 30 militares el apoyo de un número similar de policías federales logró la detención, en una casa presuntamente de Fernando Sánchez. Tras la captura, el sospechoso fue trasladado a las instalaciones de la PGR en Tijuana, de donde a su vez, al filo de la medianoche, fue llevado a las oficinas de la SIEDO en el DF. NOTA COMPLETA
Sin analizar los siete dictámenes de la reforma energética, y mucho menos debatirlos, la triada PAN-PRI-Partido Verde en la Cámara de Diputados aprobó por mayoría –ignorando todo argumento del Frente Amplio Progresista (FAP) y sin modificar una coma– el paquete que envió el Senado apenas el jueves pasado. En escasas cuatro horas con 40 minutos se desahogó completa la minuta, lo cual implicó la ruptura del acuerdo asumido la víspera en la mesa directiva de la Comisión de Energía: por iniciativa del panista Jorge Nordhausen se había determinado aprobar cinco dictámenes ayer y los dos restantes mañana. El albazo propició que los diputados del FAP (a excepción de Nueva Izquierda, NI) abandonaran la sesión, emitiendo gritos de ¡traidores! y ¡vendepatrias! contra los panistas. VER NOTA COMPLETA
La reforma energética pasó ayer la penúltima aduana en el Congreso de la Unión, una vez que los diputados federales integrantes de la Comisión de Energía aprobaron los siete dictámenes de la minuta turnada la noche del jueves último por el Senado, que, como Cámara de origen, les dio el visto bueno.Los dictámenes se encaminan a ser aprobados pasado mañana, con dispensa de trámite, en sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados, pese a que seis legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) pretendieron alargar la discusión de dos dictámenes y, entre insultos, invocaron un acuerdo que nunca existió. VER NOTA COMPLETA
REFORMA ENERGÉTICA CONVOCA AMLO MARCHA A CÁMARA DE DIPUTADOS EL PRÓXIMO MARTES
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MILENIO reporta que Andrés Manuel López Obrador inició la segunda etapa de su movimiento que contempla marchar el martes del Zócalo a la Cámara de Diputados, así como recurrir al amparo y a otras medidas legales. Durante una asamblea informativa en el Monumento a la Revolución, detalló que se acudirá a foros internacionales y se dará aviso a cada una de…
EL MUNDO plantea que Sarah Palin decidió rebelarse a los asesores de John McCain y se desmarcó por su cuenta y riesgo de la línea marcada por la campaña. A falta de 10 días para las elecciones, la guerra soterrada entre los hombres de confianza del candidato presidencial y la aspirante a vicepresidenta ha saltado a la luz pública y amenaza con dinamitar desde dentro la campaña del republicano.“Sarah Palin ha perdido la confianza de los asesores que viajan con ella”, admitieron fuentes cercanas a McCain a la web Politico.com. “Sarah Palin es una diva y no acepta consejos…
Editorial
La Jornada
Reforma petrolera: política desgastada
La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó ayer, en menos de cinco horas y prácticamente sin discusión, los siete dictámenes que integran la llamada reforma petrolera, enviados a esa instancia legislativa tras su aprobación en el Senado. La votación y el aval de los siete documentos se realizó a contrapelo de un acuerdo previo, en la mesa directiva de dicha comisión, de someter a discusión sólo cinco de ellos y dejar para el próximo lunes los dos restantes: la Ley de Petróleos Mexicanos y la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, los componentes más polémicos del paquete de enmiendas en materia petrolera. Tal circunstancia provocó que los legisladores del Frente Amplio Progresista –a excepción de los pertenecientes a la corriente Nueva Izquierda– abandonaran la sesión.
Cabe señalar, por principio de cuentas, que la forma en que se consumó esa aprobación –fast-track, sin espacio para el debate– constituye un factor inadmisible en el ámbito de un país pretendidamente democrático: la insistencia de los diputados del PRI y el PAN por acelerar los procesos de votación, el rechazo sistemático de esa coalición legislativa de facto a las impugnaciones de los opositores y el mayoriteo aplicado a lo largo de la sesión son elementos que remiten inevitablemente a las prácticas empleadas en tiempos del priísmo gobernante, las cuales, a lo que puede verse, se mantienen a pesar del cambio de logotipos y siglas en la Presidencia de la República y de la conformación de un Legislativo pluripartidista.
La premura con que se intenta aprobar la reforma petrolera en la Cámara de Diputados pareciera obedecer a una táctica del grupo en el poder para eludir las manifestaciones de descontento ciudadano previstas a realizarse la semana entrante, lo que refuerza la idea de que las intenciones privatizadoras no han sido erradicadas del todo, sino acaso matizadas, y pudieran avanzar, así sea de manera furtiva, por las ambigüedades y las imprecisiones que persisten. Estas suspicacias podrían desactivarse si existiera voluntad política, por parte de los grupos parlamentarios, de incluir en las leyes discutidad una frase que cancele explícita y puntualmente la posibilidad de conceder a los particulares áreas exclusivas del territorio nacional en los contratos de exploración y perforación, pero la actitud observada ayer en San Lázaro no aporta elementos alentadores en ese sentido.
Por añadidura, el episodio que se comenta constituye un factor de desencanto con relación a la clase política en su conjunto y la forma en que se dirimen los asuntos públicos en este país. Si al interior de los órganos de representación popular no existe espacio para la reproducción de las demandas que se originan fuera de ellos, no es de extrañar que la ciudadanía busque formas de expresión alternas. En este marco se inserta, precisamente, el movimiento en defensa del petróleo que encabeza el ex aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador, cuya valía radica justamente en haber frenado, mediante acciones cívicas y pacíficas, el designio abiertamente privatizador que encerraba la iniciativa presidencial, e impedir, con ello, que se consumara un grave atropello a la soberanía nacional.
Al día de hoy debiera ser una obviedad decir que, en democracia, la obligación de los legisladores es atender, comprender y dar cauce a las necesidades y demandas de sus representados, porque en éstos se sostiene y justifica el cargo público que detentan. Tales consideraciones son, sin embargo, necesarias, porque lo observado ayer en San Lázaro no abona a la consolidación de un país democrático, en el que se respete la pluralidad y el disenso; evidencia, en cambio, una crisis de representatividad en el modelo vigente y un desgaste sostenido de la política nacional.
Reforma petrolera: política desgastada
La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó ayer, en menos de cinco horas y prácticamente sin discusión, los siete dictámenes que integran la llamada reforma petrolera, enviados a esa instancia legislativa tras su aprobación en el Senado. La votación y el aval de los siete documentos se realizó a contrapelo de un acuerdo previo, en la mesa directiva de dicha comisión, de someter a discusión sólo cinco de ellos y dejar para el próximo lunes los dos restantes: la Ley de Petróleos Mexicanos y la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, los componentes más polémicos del paquete de enmiendas en materia petrolera. Tal circunstancia provocó que los legisladores del Frente Amplio Progresista –a excepción de los pertenecientes a la corriente Nueva Izquierda– abandonaran la sesión.
Cabe señalar, por principio de cuentas, que la forma en que se consumó esa aprobación –fast-track, sin espacio para el debate– constituye un factor inadmisible en el ámbito de un país pretendidamente democrático: la insistencia de los diputados del PRI y el PAN por acelerar los procesos de votación, el rechazo sistemático de esa coalición legislativa de facto a las impugnaciones de los opositores y el mayoriteo aplicado a lo largo de la sesión son elementos que remiten inevitablemente a las prácticas empleadas en tiempos del priísmo gobernante, las cuales, a lo que puede verse, se mantienen a pesar del cambio de logotipos y siglas en la Presidencia de la República y de la conformación de un Legislativo pluripartidista.
La premura con que se intenta aprobar la reforma petrolera en la Cámara de Diputados pareciera obedecer a una táctica del grupo en el poder para eludir las manifestaciones de descontento ciudadano previstas a realizarse la semana entrante, lo que refuerza la idea de que las intenciones privatizadoras no han sido erradicadas del todo, sino acaso matizadas, y pudieran avanzar, así sea de manera furtiva, por las ambigüedades y las imprecisiones que persisten. Estas suspicacias podrían desactivarse si existiera voluntad política, por parte de los grupos parlamentarios, de incluir en las leyes discutidad una frase que cancele explícita y puntualmente la posibilidad de conceder a los particulares áreas exclusivas del territorio nacional en los contratos de exploración y perforación, pero la actitud observada ayer en San Lázaro no aporta elementos alentadores en ese sentido.
Por añadidura, el episodio que se comenta constituye un factor de desencanto con relación a la clase política en su conjunto y la forma en que se dirimen los asuntos públicos en este país. Si al interior de los órganos de representación popular no existe espacio para la reproducción de las demandas que se originan fuera de ellos, no es de extrañar que la ciudadanía busque formas de expresión alternas. En este marco se inserta, precisamente, el movimiento en defensa del petróleo que encabeza el ex aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador, cuya valía radica justamente en haber frenado, mediante acciones cívicas y pacíficas, el designio abiertamente privatizador que encerraba la iniciativa presidencial, e impedir, con ello, que se consumara un grave atropello a la soberanía nacional.
Al día de hoy debiera ser una obviedad decir que, en democracia, la obligación de los legisladores es atender, comprender y dar cauce a las necesidades y demandas de sus representados, porque en éstos se sostiene y justifica el cargo público que detentan. Tales consideraciones son, sin embargo, necesarias, porque lo observado ayer en San Lázaro no abona a la consolidación de un país democrático, en el que se respete la pluralidad y el disenso; evidencia, en cambio, una crisis de representatividad en el modelo vigente y un desgaste sostenido de la política nacional.
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