Rubén Durán Cachón (Atila)
Publicado en “Por Esto de Quintana Roo” el 28 de octubre 08
A pesar del maquillaje mediático que pretendieron darle a la Reforma Petrolera aprobada por el Senado de la República numerosos comentaristas de la radio y la televisión, rastreros del gobierno, así como senadores del PRI, del PAN y los traidores “chuchistas” del PRD, entre los que destacan Carlos Navarrete y Graco Ramírez, en el sentido de que fue un triunfo de la democracia y que se marginó la propuesta original privatizadora enviada por el espurio Felipe Calderón, el engaño pretendido no logró cristalizar gracias a la aguda observación y análisis del FAP encabezado por AMLO, quien desenmascaró el “gatopardismo” y la gravedad y magnitud de los que, de manera tramposa, llamaron “la mini Reforma Petrolera”.
Entre las mal llamadas “rendijas” (en realidad son verdadero boquetes) del documento está el de las “áreas de exclusividad para exploración, extracción y transporte” que se destinarán a empresas privadas (nacionales o extranjeras) quienes se asumirán como propietarios en “comodato” de grandes extensiones del territorio mexicano y aguas nacionales. Con este punto, ya no sólo se privatiza el recurso petrolero, sino que se pierde la soberanía territorial de las áreas adjudicadas.
Desde luego que las grandes compañías extrajeras, por su alta tecnología tendrán la capacidad de elegir los mejores yacimientos petrolíficos del subsuelo, dejando para PEMEX tan sólo las migajas para la explotación.
Por otra parte, y en concordancia con el Plan Mérida firmado por Felipe Calderón y George W. Bush, de colaboración bilateral para la defensa del terrorismo, seguramente se permitirá a los particulares extranjeros contratar para la seguridad de sus empresas a los “blackwater” (el ejercito mercenario más poderoso y despiadado del mundo, incluso contratado por EEUU en Irak), quienes no se tentarán el corazón para asesinar a cuanto mexicano se atreva a protestar o introducirse en los territorios concesionados.
Si se llevara a cabo esta reforma en los términos aprobados por el Senado, tendríamos un retroceso a los tiempos de la dictadura porfiriana, cuando las minas mexicanas fronterizas, como la de Cananea, Sonora, y otras más, explotadas por compañías norteamericanas, eran resguardadas por los “Rangers” norteamericanos, que no dudaron en usar las temibles balas “dun-dun”, prohibidas incluso en tratados internacionales de guerra en esa época por el daño que ocasionaban, en contra de cientos de mineros mexicanos que protestaban por la explotación a que eran sometidos por los patrones gringos, dando lugar a la masacre que hoy se conoce como los “Mártires de Cananea”.
De manera que, la mal llamada “rendija para la privatización”, que autoriza áreas del territorio mexicano de exclusividad para la iniciativa privada, a pasado a ser, ya no tan sólo un asunto de importancia económica sino un peligro para la soberanía nacional por lo que está en juego: el despojo de nuestro territorio y la intromisión de fuerzas armadas extranjeras.
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