Utopía
Eduardo Ibarra Aguirre
Resulta cuando menos impertinente, para decirlo de manera educada, que Los Pinos ponga en movimiento a Juan Camilo Mouriño Terrazo, una de sus fichas institucionales más desgastada y políticamente más exhibida como promotor desde la Cámara de Diputados primero, enseguida desde la Secretaría de Energía y ahora desde la de Gobernación de los negocios de su familia, precisamente cuando la reforma petrolera entra a su etapa final y los días decisivos.
Así fuera aprobada por los 500 diputados y los 128 senadores, el derecho a la inconformidad no está a merced de un funcionario que no tiene la menor idea de que el ejercicio de las garantías individuales se conquistó a pulso, durante varias generaciones, y no es dádiva de las elites gobernantes, como tampoco “los amplios foros de discusión” que él, como todo el gobierno federal descalificaron y ahora pretenden arrogárselos, cuando fueron arrancados por el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo tras las tomas de los salones de plenos de las dos cámaras legislativas, condenadas en forma histérica por el duopolio televisivo y el oligopolio radiofónico. Justamente ante los representantes de éstos, Mouriño Terrazo emitió la desafortunada pieza discursiva.
Cuando el campechano adoptivo asegura que “vivimos en un país donde se respetan las instituciones democráticas”, no se percata que él es un monumento al irrespeto de las normas republicanas, a la ética y la moral públicas. Lo entiende y planteó muy bien el historiador y promotor cultural Enrique Krauze Kleinbort, principal crítico del Mesías tropical: “Es insostenible la presencia de Juan Camilo Mouriño en el ministerio de Gobernación por estar implicado en tráfico de influencias.” (La Vanguardia, 2-V-08). Pues no sólo lo sostiene Felipe de Jesús Calderón Hinojosa contra viento y marea en Bucareli, sino que en el momento más decisivo de la puja por la reforma legislativa de Petróleos Mexicanos, recicla institucionalmente a uno de sus mejores amigos, cuyas empresas familiares realizan excelentes negocios con Pemex. Amarrado como la mayor parte de los senadores del Anpri presume tener el paquete legislativo petrolero, Manlio Fabio Beltrones Rivera asegura sin cuidar matices: ”Que quede claro, la reforma petrolera va”. Según Don Beltrone (Enrique Galván Ochoa dixit) será “la reforma posible, la necesaria y la que menos nos divida”.
Mientras que López Obrador y Pablo Gómez Álvarez enlistan en el haber de la resistencia civil pacífica: el anuncio presidencial para construir una refinería; la descongelación de los fondos del superávit de Pemex, mismos que no se usaban desde el desgobierno de Vicente Fox Quesada, para reinvertirlos en la paraestatal; que los Pidiregas pasen a la deuda pública y dejen de sangrar a Pemex; amén de que la empresa se convierta en entidad autónoma. No es poca cosa. Pero otras importantes decisiones legislativas como las empresas filiales para refinación, los contratos incentivados, adquisiciones y arrendamientos, así como el esquema para estabilizar los precios de los fertilizantes, permanecen en el debate entre las tres formaciones políticas mayores, por más que se anuncia que se podrían procesar acuerdos este fin de semana y probablemente el martes 21 se votarían. Con todo, la moneda permanece en el aire.
Acuse de recibo
Le asiste la razón, sin duda, a Israel Galán Baños en cuanto a que: "Secresía se escribe con C, secrecía”. Gracias y mil disculpas por el penosísimo error mecánico. Pero no creo que tanto al competir con un asiduo lector de Utopía, el doctor Américo Saldívar Valdés, en la emisión de adjetivos, al escribir: “Tiene razón el compañero Arturo Zama (Escalante) no hay que estar calumniando, primero investigar, reflexionar y después afirmar, lanzar hipótesis, antes que condenas frívolas.”… El colega Humberto Sesma Vázquez afirma en la revista Etcétera (X-08, pp. 44-47): “Eduardo Ibarra, director de Forum, se queja de que hay un boicot publicitario contra su revista. No obstante las cifras de Segob dan a conocer que durante los últimos tres años ha mantenido un ingreso promedio anual de 442 mil pesos por venta de espacios publicitarios al gobierno federal, que es mayor a lo percibido por Cuartoscuro, Generación o Zócalo, por ejemplo”. Seguramente así es. Sólo que el reportero omitió un pequeño dato: ‘la queja’ la hacemos a partir de julio de 2008. Por cierto, en ella nos acompañan cientos de periodistas, decenas de medios de comunicación, legisladores y académicos. A todo ellos y ellas muchísimas gracias.
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