PORTADAS: VIENEN 90 DÍAS DE OLAS DE PAISANOS ORTIZ: ALIVIO, HASTA FINALES DEL OTRO AÑO LA DIVISIÓN ANTIDROGAS DE PFP Y EN CANCÚN, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TAMBIÉN FUERON INFILTRADAS POR EL NARCO
31/10/2008 a las 7:38 am
EL UNIVERSAL: VIENEN 90 DÍAS DE OLAS DE PAISANOSPara cientos de miles de migrantes el sueño americano dejó de serlo y empiezan a hacer maletas para volver a México. Datos de la Asociación Mundial de Mexicanos en el Exterior advierten que entre noviembre y diciembre unos 600 mil paisanos en situación precaria y de pobreza regresarán con la intención de quedarse a vivir en territorio nacional. Agrega que una segunda oleada de 900 mil mexicanos volverán a partir de enero, cuando queden desempleados después de la temporada decembrina. VER NOTA COMPLETA
EXCÉLSIOR: ORTIZ: ALIVIO, HASTA FINALES DEL OTRO AÑOEl gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, afirmó que la recuperación económica de México llegará a finales de 2009. Entrevistado por Pedro Ferriz de Con para la Primera Emisión de Imagen Informativa, dijo que el periodo crítico puede reducirse o ampliarse según el tipo de políticas económicas que se apliquen en todo el mundo. VER NOTA COMPLETA
MILENIO: CALDERÓN CONDENA EL LIBRE MERCADO Y REVIVE AL ESTADOLos mandatarios de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno exigieron un nuevo orden financiero en el mundo y el presidente Felipe Calderón se manifestó a favor del equilibrio entre el Estado y el mercado y una supervisión mucho más severa del sistema financiero global. Por la noche volvió a tratar el tema y propuso a sus homólogos una integración comercial, monetaria y financiera y no sólo trabajar para que un día se puedan sumar reservas, sino para crear un Banco Central Latinoamericano y del Caribe único. VER NOTA COMPLETA
LA JORNADA: REGULA PGR; DARÁ IFAI LOS DATOS DE LA INDAGATORIA AL PADRE DE MOURIÑOLuego de las críticas que legisladores y otros actores sociales y políticos lanzaron a la Procuraduría General de la República (PGR) por promover un amparo para no entregar la información que envió el gobierno de España a las autoridades mexicanas respecto de supuestas investigaciones de lavado de dinero que involucran a Manuel Carlos Mouriño Atanes, padre del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, la dependencia que encabeza Eduardo Medina Mora informó que entregará los datos al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), toda vez que las autoridades ibéricas aceptaron ayer por la tarde que se difunda públicamente el contenido de la asistencia jurídica. VER NOTA COMPLETA
LA CRÓNICA: LA DIVISIÓN ANTIDROGAS DE PFP TAMBIÉN FUE INFILTRADAEl subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la SSP federal, Facundo Rosas Rosas, y Gerardo Garay, comisionado interino, en conferencia el pasado 31 de julio sobre la detención del narcotraficante colombiano Ever Villafañe Martínez. La Procuraduría General de la República investiga nexos del narco con la división antidrogas de la Policía Federal Preventiva. VEA NOTA COMPLETA
QUEQUI DE QUINTANA ROO: INFILTÓ EL NARCO SEGURIDAD PÚBLICA DE CANCÚNEl personal jurídico de la Dirección General de la Policía Preventiva Tránsito y Bomberos se entrevistó con el Juez Segundo de Distrito para tener la relación de los primeros 40 policías de los más de 2 mil que fueron requeridos como testigos de cargo de un exhortó que pidió un juzgado de Distrito del penal de alta seguridad de Puente Grande Jalisco, porque presuntamente hay policías municipales involucrados o señalados de haber colaborado con el narcotraficante Juan Oscar Garza Azuara, (a) “El Barba”. VEA NOTA COMPLETA
EL SUDCALIFORNIANO: ARRANCA EL PROCESO ELECTORAL 2008-2009Con la instalación del Consejo Local del Instituto Federal Electoral de Baja California Sur, inició formalmente la preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral Federal 2008-2009 para renovar la Cámara de Diputados. VEA NOTA COMPLETA
Editorial
PGR: turbiedad y sospecha
Tras un inexplicable jaloneo con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la Procuraduría General de la República (PGR) accedió ayer, finalmente, a hacer pública la información –solicitada por un particular a través de la primera dependencia– en torno a la investigación que se lleva a cabo por presunto lavado de dinero en contra de Manuel Carlos Mouriño Atanés, padre del actual titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Juan Camilo Mouriño Terrazo. La PGR desistió, de tal forma, del extraño juicio de amparo que interpuso el pasado miércoles para bloquear el acceso del IFAI a los datos sobre las pesquisas referidas, y que, a decir de los consejeros de ese órgano gubernamental, carecía de “derecho jurídico” y era una “estrategia dilatoria” y un empeño por “chicanear” la legislación vigente en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Debe advertirse que, en tanto no concluyan las investigaciones, Mouriño Atanés se encuentra protegido por el principio de presunción de inocencia y, consecuentemente, resultaría irresponsable emitir juicio alguno sobre su situación legal. La PGR, sin embargo, al incurrir, como en tantos otros episodios, en un manejo turbio e irresponsable de la información, al aferrarse a argumentos deleznables e inverosímiles –como sostener que la revelación de los datos solicitados conllevaría un menoscabo en las relaciones entre México y España–, y al promover un juicio de amparo como si fuera defensora del empresario, consiguió sembrar –en caso de que no la hubiera– una enorme sospecha en el conjunto de la sociedad y empañar la imagen de Mouriño Atanés e incluso la del titular de la SG, pues se dio a la opinión pública la impresión, falsa o cierta, que el segundo utilizaba el poder que le otorga el ser coordinador del gabinete presidencial para encubrir a su padre.
Es un hecho que, en 2003, la instancia federal de procuración de justicia solicitó a Madrid información policial sobre Mouriño Atanés, así fuera al margen de los formalismos de una averiguación, y que el episodio no se originó únicamente en “notas periodísticas”, como lo aseguró su hijo. Ahora es inevitable demandar transparencia no sólo en torno a la respuesta recibida, sino también sobre las razones que llevaron a la PGR a pedir los datos referidos.
En todo caso, flaco favor le hizo la dependencia a un funcionario que carga un historial de sospechas por los contratos con Pemex que firmó, como representante de empresas de su familia, cuando era además un prominente servidor público del ramo energético –presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, coordinador de asesores del entonces secretario de Energía, Felipe Calderón, y subsecretario de Electricidad–, y cuya exculpación fulminante por diputados de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional no dejó satisfecha a la opinión pública, sino pareció más bien obedecer a un designio de dar carpetazo al más sustancial de los escándalos que ha enfrentado el gobierno calderonista.
Por lo demás, resulta inadmisible que la PGR argumente que el gobierno español no le había autorizado, hasta ayer, hacer pública la información solicitada por el IFAI. Tal aseveración, impresentable porque representa una claudicación de la soberanía nacional, reviste una afectación adicional a la imagen de Mouriño, si se toma en cuenta que éste ha sido señalado como representante de facto de los intereses corporativos españoles en el país, función incompatible con el cargo público que detenta. Lo cierto es que el secretario de Gobernación ha sido operador de reformas legales que, al menos en su forma original, no ocultaban la pretensión de entregar el petróleo nacional a empresas extranjeras, entre las cuales destacan algunos consorcios españoles.
Se ha querido reforzar tales señalamientos invocando, de manera improcedente, el origen peninsular del titular de la SG, quien ha comprobado su plena ciudadanía mexicana. Pero el despropósito de la PGR de invocar la supuesta conveniencia de autoridades españolas reavivará y dará combustible a tales acusaciones, las justas y las injustas.
En suma, el comportamiento turbio e indecoroso de la procuraduría ha acabado por lastimar la de por sí lastrada imagen pública del secretario de Gobernación, y cabe preguntarse si ello fue consecuencia únicamente de una torpeza monumental, porque pareciera una operación deliberada para erosionar, aún más, su prestigio.
31/10/2008 a las 7:38 am
EL UNIVERSAL: VIENEN 90 DÍAS DE OLAS DE PAISANOSPara cientos de miles de migrantes el sueño americano dejó de serlo y empiezan a hacer maletas para volver a México. Datos de la Asociación Mundial de Mexicanos en el Exterior advierten que entre noviembre y diciembre unos 600 mil paisanos en situación precaria y de pobreza regresarán con la intención de quedarse a vivir en territorio nacional. Agrega que una segunda oleada de 900 mil mexicanos volverán a partir de enero, cuando queden desempleados después de la temporada decembrina. VER NOTA COMPLETA
EXCÉLSIOR: ORTIZ: ALIVIO, HASTA FINALES DEL OTRO AÑOEl gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, afirmó que la recuperación económica de México llegará a finales de 2009. Entrevistado por Pedro Ferriz de Con para la Primera Emisión de Imagen Informativa, dijo que el periodo crítico puede reducirse o ampliarse según el tipo de políticas económicas que se apliquen en todo el mundo. VER NOTA COMPLETA
MILENIO: CALDERÓN CONDENA EL LIBRE MERCADO Y REVIVE AL ESTADOLos mandatarios de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno exigieron un nuevo orden financiero en el mundo y el presidente Felipe Calderón se manifestó a favor del equilibrio entre el Estado y el mercado y una supervisión mucho más severa del sistema financiero global. Por la noche volvió a tratar el tema y propuso a sus homólogos una integración comercial, monetaria y financiera y no sólo trabajar para que un día se puedan sumar reservas, sino para crear un Banco Central Latinoamericano y del Caribe único. VER NOTA COMPLETA
LA JORNADA: REGULA PGR; DARÁ IFAI LOS DATOS DE LA INDAGATORIA AL PADRE DE MOURIÑOLuego de las críticas que legisladores y otros actores sociales y políticos lanzaron a la Procuraduría General de la República (PGR) por promover un amparo para no entregar la información que envió el gobierno de España a las autoridades mexicanas respecto de supuestas investigaciones de lavado de dinero que involucran a Manuel Carlos Mouriño Atanes, padre del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, la dependencia que encabeza Eduardo Medina Mora informó que entregará los datos al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), toda vez que las autoridades ibéricas aceptaron ayer por la tarde que se difunda públicamente el contenido de la asistencia jurídica. VER NOTA COMPLETA
LA CRÓNICA: LA DIVISIÓN ANTIDROGAS DE PFP TAMBIÉN FUE INFILTRADAEl subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la SSP federal, Facundo Rosas Rosas, y Gerardo Garay, comisionado interino, en conferencia el pasado 31 de julio sobre la detención del narcotraficante colombiano Ever Villafañe Martínez. La Procuraduría General de la República investiga nexos del narco con la división antidrogas de la Policía Federal Preventiva. VEA NOTA COMPLETA
QUEQUI DE QUINTANA ROO: INFILTÓ EL NARCO SEGURIDAD PÚBLICA DE CANCÚNEl personal jurídico de la Dirección General de la Policía Preventiva Tránsito y Bomberos se entrevistó con el Juez Segundo de Distrito para tener la relación de los primeros 40 policías de los más de 2 mil que fueron requeridos como testigos de cargo de un exhortó que pidió un juzgado de Distrito del penal de alta seguridad de Puente Grande Jalisco, porque presuntamente hay policías municipales involucrados o señalados de haber colaborado con el narcotraficante Juan Oscar Garza Azuara, (a) “El Barba”. VEA NOTA COMPLETA
EL SUDCALIFORNIANO: ARRANCA EL PROCESO ELECTORAL 2008-2009Con la instalación del Consejo Local del Instituto Federal Electoral de Baja California Sur, inició formalmente la preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral Federal 2008-2009 para renovar la Cámara de Diputados. VEA NOTA COMPLETA
Editorial
PGR: turbiedad y sospecha
Tras un inexplicable jaloneo con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la Procuraduría General de la República (PGR) accedió ayer, finalmente, a hacer pública la información –solicitada por un particular a través de la primera dependencia– en torno a la investigación que se lleva a cabo por presunto lavado de dinero en contra de Manuel Carlos Mouriño Atanés, padre del actual titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Juan Camilo Mouriño Terrazo. La PGR desistió, de tal forma, del extraño juicio de amparo que interpuso el pasado miércoles para bloquear el acceso del IFAI a los datos sobre las pesquisas referidas, y que, a decir de los consejeros de ese órgano gubernamental, carecía de “derecho jurídico” y era una “estrategia dilatoria” y un empeño por “chicanear” la legislación vigente en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Debe advertirse que, en tanto no concluyan las investigaciones, Mouriño Atanés se encuentra protegido por el principio de presunción de inocencia y, consecuentemente, resultaría irresponsable emitir juicio alguno sobre su situación legal. La PGR, sin embargo, al incurrir, como en tantos otros episodios, en un manejo turbio e irresponsable de la información, al aferrarse a argumentos deleznables e inverosímiles –como sostener que la revelación de los datos solicitados conllevaría un menoscabo en las relaciones entre México y España–, y al promover un juicio de amparo como si fuera defensora del empresario, consiguió sembrar –en caso de que no la hubiera– una enorme sospecha en el conjunto de la sociedad y empañar la imagen de Mouriño Atanés e incluso la del titular de la SG, pues se dio a la opinión pública la impresión, falsa o cierta, que el segundo utilizaba el poder que le otorga el ser coordinador del gabinete presidencial para encubrir a su padre.
Es un hecho que, en 2003, la instancia federal de procuración de justicia solicitó a Madrid información policial sobre Mouriño Atanés, así fuera al margen de los formalismos de una averiguación, y que el episodio no se originó únicamente en “notas periodísticas”, como lo aseguró su hijo. Ahora es inevitable demandar transparencia no sólo en torno a la respuesta recibida, sino también sobre las razones que llevaron a la PGR a pedir los datos referidos.
En todo caso, flaco favor le hizo la dependencia a un funcionario que carga un historial de sospechas por los contratos con Pemex que firmó, como representante de empresas de su familia, cuando era además un prominente servidor público del ramo energético –presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, coordinador de asesores del entonces secretario de Energía, Felipe Calderón, y subsecretario de Electricidad–, y cuya exculpación fulminante por diputados de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional no dejó satisfecha a la opinión pública, sino pareció más bien obedecer a un designio de dar carpetazo al más sustancial de los escándalos que ha enfrentado el gobierno calderonista.
Por lo demás, resulta inadmisible que la PGR argumente que el gobierno español no le había autorizado, hasta ayer, hacer pública la información solicitada por el IFAI. Tal aseveración, impresentable porque representa una claudicación de la soberanía nacional, reviste una afectación adicional a la imagen de Mouriño, si se toma en cuenta que éste ha sido señalado como representante de facto de los intereses corporativos españoles en el país, función incompatible con el cargo público que detenta. Lo cierto es que el secretario de Gobernación ha sido operador de reformas legales que, al menos en su forma original, no ocultaban la pretensión de entregar el petróleo nacional a empresas extranjeras, entre las cuales destacan algunos consorcios españoles.
Se ha querido reforzar tales señalamientos invocando, de manera improcedente, el origen peninsular del titular de la SG, quien ha comprobado su plena ciudadanía mexicana. Pero el despropósito de la PGR de invocar la supuesta conveniencia de autoridades españolas reavivará y dará combustible a tales acusaciones, las justas y las injustas.
En suma, el comportamiento turbio e indecoroso de la procuraduría ha acabado por lastimar la de por sí lastrada imagen pública del secretario de Gobernación, y cabe preguntarse si ello fue consecuencia únicamente de una torpeza monumental, porque pareciera una operación deliberada para erosionar, aún más, su prestigio.
Propone comprar los bancos que están en manos de extranjeros para evitar fuga de capitales
El gobierno de Calderón cometió un error al haber subestimado la crisis: Silva Hérzog
■ Los encargados de la política económica perdieron credibilidad, dice el ex titular de Hacienda
Roberto González Amador
El gobierno de Calderón cometió un error al haber subestimado la crisis: Silva Hérzog
■ Los encargados de la política económica perdieron credibilidad, dice el ex titular de Hacienda
Roberto González Amador
Vigentes, investigaciones en torno a Juan Camilo Mouriño: SFP
Legisladores del PRD piden el cese del titular de SG; panistas lo defienden
Andrea Becerril, Roberto Garduño y Enrique Méndez
El ocultamiento de información que la Procuraduría General de la República aplicó en torno a las actividades de Manuel Carlos Mouriño Atanes, padre del secretario de Gobernación, propició el cierre de filas entre los legisladores panistas, quienes justificaron el trabajo de la dependencia federal. A su vez, Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, expuso que aún permanecen vigentes investigaciones en torno a Juan Camilo Mouriño.
En contraste, senadores y diputados del PRD demandaron al presidente Felipe Calderón “borre todo acto de impunidad en torno a Mouriño, y por primera vez, en un acto republicano, lo haga a un lado de su gobierno para mandar una buena señal a la sociedad, que cada día desconfía más de la PGR”. Mientras, el senador priísta Manlio Fabio Beltrones sostuvo que el amparo solicitado por la dependencia que encabeza Eduardo Medina Mora para no entregar la información solicitada por el IFAI, es improcedente.
Vega Casillas, quien fue entrevistado luego de comparecer ante la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, señaló que la dependencia a su cargo no investiga al padre de Juan Camilo Mouriño, “porque no hay denuncia presentada”, además de ser particular. Apuntó que tenía entendido que la demanda fue presentada ante la PGR.
–¿Existe alguna investigación en curso sobre el secretario de Gobernación?
–Sí. Cuando se presentaron las primeras denuncias el propio secretario de Gobernación hizo una solicitud para que se le investigara. Posteriormente, nosotros iniciamos las indagatorias. Esperamos también a que terminara la comisión de la Cámara (de Diputados) con sus investigaciones, de las que ya hemos recibido las conclusiones. Se han adicionado algunas otras denuncias que estamos atendiendo y que estamos próximos a concluir.
El presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Emilio Ulloa Pérez, demandó por su lado a Calderón Hinojosa “congruencia y sensatez” a la hora de combatir la corrupción y el tráfico de influencias.
Por su parte, Héctor Larios Córdova, coordinador del PAN en San Lázaro, justificó la postura institucional de la PGR en torno al caso Mouriño. “En este país todos tenemos los mismos derechos y nadie puede ser condenado si no se le finca una responsabilidad a través de un proceso jurisdiccional. Si alguien cree que cometió algún delito, que presente una denuncia, ¡pero no puede!; el padre del funcionario público no es persona pública necesariamente”.
A su vez, el coordinador priísta en el Senado, Manlio Fabio Beltrones Rivera, señaló que es improcedente que una autoridad como la PGR recurra al amparo, ya que con la confidencialidad en la averiguación previa es suficiente para no dar una información. Agregó que el presidente Calderón es el que “tiene la responsabilidad de responder por la actuación de cada uno de los funcionarios que él invitó unilateralmente a su gobierno”.
Los perredistas Tomás Torres y Ricardo Monreal advirtieron que la procuraduría actuó de manera ilegal, ya que no puede ampararse y no vacila en violar la Constitución para defender al titular de Gobernación, quien siempre ha estado cuestionado por sus negocios al amparo del poder público.
Monreal dijo que se debe exigir una explicación al procurador Eduardo Medina Mora, ya que es evidente que en lugar de representar los intereses del Estado, lo que hace es proteger a familiares de funcionarios deshonestos.
Legisladores del PRD piden el cese del titular de SG; panistas lo defienden
Andrea Becerril, Roberto Garduño y Enrique Méndez
El ocultamiento de información que la Procuraduría General de la República aplicó en torno a las actividades de Manuel Carlos Mouriño Atanes, padre del secretario de Gobernación, propició el cierre de filas entre los legisladores panistas, quienes justificaron el trabajo de la dependencia federal. A su vez, Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, expuso que aún permanecen vigentes investigaciones en torno a Juan Camilo Mouriño.
En contraste, senadores y diputados del PRD demandaron al presidente Felipe Calderón “borre todo acto de impunidad en torno a Mouriño, y por primera vez, en un acto republicano, lo haga a un lado de su gobierno para mandar una buena señal a la sociedad, que cada día desconfía más de la PGR”. Mientras, el senador priísta Manlio Fabio Beltrones sostuvo que el amparo solicitado por la dependencia que encabeza Eduardo Medina Mora para no entregar la información solicitada por el IFAI, es improcedente.
Vega Casillas, quien fue entrevistado luego de comparecer ante la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, señaló que la dependencia a su cargo no investiga al padre de Juan Camilo Mouriño, “porque no hay denuncia presentada”, además de ser particular. Apuntó que tenía entendido que la demanda fue presentada ante la PGR.
–¿Existe alguna investigación en curso sobre el secretario de Gobernación?
–Sí. Cuando se presentaron las primeras denuncias el propio secretario de Gobernación hizo una solicitud para que se le investigara. Posteriormente, nosotros iniciamos las indagatorias. Esperamos también a que terminara la comisión de la Cámara (de Diputados) con sus investigaciones, de las que ya hemos recibido las conclusiones. Se han adicionado algunas otras denuncias que estamos atendiendo y que estamos próximos a concluir.
El presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Emilio Ulloa Pérez, demandó por su lado a Calderón Hinojosa “congruencia y sensatez” a la hora de combatir la corrupción y el tráfico de influencias.
Por su parte, Héctor Larios Córdova, coordinador del PAN en San Lázaro, justificó la postura institucional de la PGR en torno al caso Mouriño. “En este país todos tenemos los mismos derechos y nadie puede ser condenado si no se le finca una responsabilidad a través de un proceso jurisdiccional. Si alguien cree que cometió algún delito, que presente una denuncia, ¡pero no puede!; el padre del funcionario público no es persona pública necesariamente”.
A su vez, el coordinador priísta en el Senado, Manlio Fabio Beltrones Rivera, señaló que es improcedente que una autoridad como la PGR recurra al amparo, ya que con la confidencialidad en la averiguación previa es suficiente para no dar una información. Agregó que el presidente Calderón es el que “tiene la responsabilidad de responder por la actuación de cada uno de los funcionarios que él invitó unilateralmente a su gobierno”.
Los perredistas Tomás Torres y Ricardo Monreal advirtieron que la procuraduría actuó de manera ilegal, ya que no puede ampararse y no vacila en violar la Constitución para defender al titular de Gobernación, quien siempre ha estado cuestionado por sus negocios al amparo del poder público.
Monreal dijo que se debe exigir una explicación al procurador Eduardo Medina Mora, ya que es evidente que en lugar de representar los intereses del Estado, lo que hace es proteger a familiares de funcionarios deshonestos.
El titular de la Sedeso responsabiliza a las autoridades locales de los eventuales desvíos
Denuncian que 50% del gasto en política social no llega a los mexicanos más pobres
Angélica Enciso L.
La mitad de los recursos destinados a la política social no llegan a los más pobres y persiste la gran desigualdad en el país. Casi 500 municipios tienen más de la mitad de su población en pobreza alimentaria y hay 11 entidades de alto y muy alto rezago social, documentó un examen de la política de desarrollo social 2008 presentado ayer por el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval).
En el acto en el que se dio a conocer el documento, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Ernesto Cordero, dijo que “no se puede garantizar que la pobreza alimentaria no crezca en 2009” y anunció que se elevará el padrón del programa Oportunidades, mientras Rodolfo de la Torre, experto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), consideró que el escenario es de riesgo de que más gente llegue a la pobreza.
Cordero aseveró que se debe “defender y proteger” la política social ante un “año complicado” por el entorno económico y por las elecciones de 2009. En este punto, dijo, el “eslabón débil” está en las instancias locales, porque “el gobierno federal tiene mecanismos de rendición de cuentas”. Otro riesgo, asentó, es que bajo la etiqueta de programas asistencialistas se den más recursos a planes agropecuarios, y anunció que para este sector se pidieron 16 mil millones de pesos adicionales en el presupuesto del año próximo.
Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, al exponer la evaluación, dijo que la reducción de la pobreza –actualmente hay 44.7 millones de personas en esa situación– ha sido relativamente lenta entre el periodo estudiado (1992-2006). Sostuvo que persiste la gran brecha de desigualdad que había hace 14 años: el 10 por ciento de los más pobres recibe 1.6 por ciento del ingreso nacional, mientras el 10 por ciento más rico obtiene 40 por ciento. Es importante evaluar este aspecto, puntualizó.
Se refirió a que hay retos como la seguridad social, de la cual en 1992 el promedio nacional de personas sin derechohabiencia era de 64.1 por ciento, mientras que en el 20 por ciento de la población más pobre la deficiencia se daba en 90 por ciento; para este último sector, la situación no ha cambiado, ya que se mantiene el mismo porcentaje de personas sin seguridad social. Además, será difícil cumplir la meta del milenio de reducir la mortalidad materna, indicó.
El experto destacó la situación del empleo como un factor determinante para la pobreza. Dijo que en este periodo la ocupación informal creció 10.2 millones y la formal 5.1 millones, lo cual significa que el país “tiene un problema estructural importante en la generación de empleos”. El salario real, advirtió, no ha aumentado de manera sustancial, es “prácticamente el mismo” y hemos analizado que hay “una relación directa entre lo que pasa en el mercado laboral y la pobreza. México tiene un reto importante de mejorar la creación de empleos, porque esto aliviará la pobreza”.
Agregó que el gasto social se ha incrementado, ya que pasó de 38 por ciento del gasto programable a 59 por ciento, pero “los programas sociales no se dirigen a los más pobres”. Al abundar en este punto, Rodolfo de la Torre, explicó a su vez que “cerca de la mitad del gasto social no tiene una contribución para reducir la desigualdad en el ingreso, más bien la promueve, y esto ocurre con los subsidios agrícolas”. Detalló que esta situación se da con programas como los de pensiones, Procampo, el subsidio al agua y a la educación superior.
El titular de la Sedeso, Ernesto Cordero, defendió la política social: “está dando resultados”. Dijo que en el Congreso existen “voces que sugieren que hay que revisar la política del gobierno federal”, pero “debemos reconocer que está encaminada en el camino correcto”. Agregó que los recursos se deben destinar a quienes los necesitan, “no estamos en condiciones de desperdiciar un solo peso”, y se comprometió a cumplir con las recomendaciones del Coneval. Por la mañana, antes de acudir a la presentación de la evaluación, participó en la inauguración del Encuentro nacional de organizaciones de la sociedad civil.
Denuncian que 50% del gasto en política social no llega a los mexicanos más pobres
Angélica Enciso L.
La mitad de los recursos destinados a la política social no llegan a los más pobres y persiste la gran desigualdad en el país. Casi 500 municipios tienen más de la mitad de su población en pobreza alimentaria y hay 11 entidades de alto y muy alto rezago social, documentó un examen de la política de desarrollo social 2008 presentado ayer por el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval).
En el acto en el que se dio a conocer el documento, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Ernesto Cordero, dijo que “no se puede garantizar que la pobreza alimentaria no crezca en 2009” y anunció que se elevará el padrón del programa Oportunidades, mientras Rodolfo de la Torre, experto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), consideró que el escenario es de riesgo de que más gente llegue a la pobreza.
Cordero aseveró que se debe “defender y proteger” la política social ante un “año complicado” por el entorno económico y por las elecciones de 2009. En este punto, dijo, el “eslabón débil” está en las instancias locales, porque “el gobierno federal tiene mecanismos de rendición de cuentas”. Otro riesgo, asentó, es que bajo la etiqueta de programas asistencialistas se den más recursos a planes agropecuarios, y anunció que para este sector se pidieron 16 mil millones de pesos adicionales en el presupuesto del año próximo.
Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, al exponer la evaluación, dijo que la reducción de la pobreza –actualmente hay 44.7 millones de personas en esa situación– ha sido relativamente lenta entre el periodo estudiado (1992-2006). Sostuvo que persiste la gran brecha de desigualdad que había hace 14 años: el 10 por ciento de los más pobres recibe 1.6 por ciento del ingreso nacional, mientras el 10 por ciento más rico obtiene 40 por ciento. Es importante evaluar este aspecto, puntualizó.
Se refirió a que hay retos como la seguridad social, de la cual en 1992 el promedio nacional de personas sin derechohabiencia era de 64.1 por ciento, mientras que en el 20 por ciento de la población más pobre la deficiencia se daba en 90 por ciento; para este último sector, la situación no ha cambiado, ya que se mantiene el mismo porcentaje de personas sin seguridad social. Además, será difícil cumplir la meta del milenio de reducir la mortalidad materna, indicó.
El experto destacó la situación del empleo como un factor determinante para la pobreza. Dijo que en este periodo la ocupación informal creció 10.2 millones y la formal 5.1 millones, lo cual significa que el país “tiene un problema estructural importante en la generación de empleos”. El salario real, advirtió, no ha aumentado de manera sustancial, es “prácticamente el mismo” y hemos analizado que hay “una relación directa entre lo que pasa en el mercado laboral y la pobreza. México tiene un reto importante de mejorar la creación de empleos, porque esto aliviará la pobreza”.
Agregó que el gasto social se ha incrementado, ya que pasó de 38 por ciento del gasto programable a 59 por ciento, pero “los programas sociales no se dirigen a los más pobres”. Al abundar en este punto, Rodolfo de la Torre, explicó a su vez que “cerca de la mitad del gasto social no tiene una contribución para reducir la desigualdad en el ingreso, más bien la promueve, y esto ocurre con los subsidios agrícolas”. Detalló que esta situación se da con programas como los de pensiones, Procampo, el subsidio al agua y a la educación superior.
El titular de la Sedeso, Ernesto Cordero, defendió la política social: “está dando resultados”. Dijo que en el Congreso existen “voces que sugieren que hay que revisar la política del gobierno federal”, pero “debemos reconocer que está encaminada en el camino correcto”. Agregó que los recursos se deben destinar a quienes los necesitan, “no estamos en condiciones de desperdiciar un solo peso”, y se comprometió a cumplir con las recomendaciones del Coneval. Por la mañana, antes de acudir a la presentación de la evaluación, participó en la inauguración del Encuentro nacional de organizaciones de la sociedad civil.
Crean comisiones con intelectuales, académicos, periodistas, artistas y sindicalistas
Presenta AMLO nuevo plan de acción: defenderá petróleo y economía popular
■ Por medio del FAP, entregará 12 propuestas al Congreso antes de que apruebe el presupuesto
Ciro Pérez y Alma E. Muñoz
Presenta AMLO nuevo plan de acción: defenderá petróleo y economía popular
■ Por medio del FAP, entregará 12 propuestas al Congreso antes de que apruebe el presupuesto
Ciro Pérez y Alma E. Muñoz
Andrés Manuel López Obrador presentó ayer el plan de acción que vincula la defensa del petróleo, la economía popular y la soberanía nacional. Para este propósito se integraron nuevas comisiones con la participación de intelectuales, académicos, investigadores, periodistas, artistas y organizaciones sindicales.
En esta nueva etapa, anunció que llevará 12 propuestas a la Cámara de Diputados, por conducto del Frente Amplio Progresista (FAP), antes de que se apruebe el paquete económico 2009, con la finalidad de orientar el presupuesto federal hacia la atención de las necesidades del pueblo y evitar que “el gobierno usurpador” siga atendiendo y rescatando “sólo a los potentados de siempre”.
Indicó que el movimiento enfatizará la solidaridad con las “causas justas” de organizaciones sociales, campesinas, indígenas y ciudadanas de todo el país.
Austeridad republicana
López Obrador explicó que pretende que el presupuesto de 2009 incluya una política de austeridad republicana, que elimine o disminuya las partidas destinadas a mantener los privilegios de la alta burocracia; otorgue créditos con bajas tasas de interés a pequeñas y medianas empresas y comercios, condicionados a no despedir trabajadores; proteja los ahorros y los fondos de pensiones de los empleados y de la clase media; fortalezca la educación pública y dé atención prioritaria a los jóvenes, además de poner en práctica programas de apoyo directo a discapacitados, madres solteras y adultos mayores.
Además, debe frenar la pérdida del poder adquisitivo del salario, mediante el congelamiento de precios en alimentos, impuestos y servicios, y con la reducción de los precios de gasolinas, diesel, gas y energía eléctrica; que impulse la construcción de infraestructura, vivienda y obras públicas para reactivar la economía y crear empleos; que apoye a los productores del campo para lograr la autosuficiencia alimentaria y garantice el acceso a los servicios de salud, así como otorgar medicamentos gratuitos a quienes carecen de seguridad social.
López Obrador señaló que a partir del agravamiento de la crisis económica, el movimiento que encabeza vinculó la lucha del petróleo con planteamientos y propuestas para proteger al pueblo, “ante el derrumbe de la política económica neoliberal”.
Ante miles de simpatizantes reunidos en el Hemiciclo a Juárez, insistió en que para defender la economía se requieren, además de propuestas, movilización ciudadana, la cual, en esta nueva etapa de lucha, se realizará en varios momentos.
A partir de hoy y hasta el 23 de noviembre se prevé realizar un mitin relámpago frente a Palacio Nacional cuando se tenga noticia de la promulgación de las reformas a Petróleos Mexicanos. El martes 4 de noviembre, a las ocho de la mañana, en la Cámara de Diputados, hará entrega del programa de defensa de la economía popular a los coordinadores parlamentarios del FAP.
El 11 de noviembre, a las 17 horas, llevará a Televisa una carta en la que demandará espacio en la televisora para hacer públicas las propuestas del movimiento. El 23 de noviembre encabezará, a partir de las 10 de la mañana, una marcha del Ángel de la Independencia a Bellas Artes, donde se desarrollará una asamblea informativa y de evaluación para presentar los avances y los programas de trabajo de las comisiones.
A continuación, algunos de integrantes de dichos organismos:
Comisión para la defensa de la Constitución y la legalidad: Arnaldo Córdova, Jaime Cárdenas, Jesús González Schmall, Julio Scherer Ibarra y Ricardo Monreal, entre otros. Se encargará de elaborar amparos, demandas y cualquier tipo de acción jurídica.
Comisión de Asuntos Internacionales: Susana de Iruegas, Jorge Eduardo Navarrete y Víctor Flores Olea.
Comisión de combate a la corrupción de Pemex: Octavio Romero Oropeza, Eréndira Sandoval, Agustín Díaz Lastra y Cuauhtémoc Velasco.
Comisión de vigilancia del consejo de administración de Pemex: Carlos Payán, Bertha Luján, José Eduardo Beltrán, Francisco Garaicoechea, John Ackerman y Antonio Gershenson.
Comisión para la defensa de la economía popular: Mario di Costanzo, Assa Cristina Laurell, Humberto Zazueta, Alberto Anaya y Dante Delgado.
Comisión de difusión: Rafael Barajas, El Fisgón; Luis Mandoki, Pedro Miguel, Herón Escobar y Carlos Salces. Comisión de seguimiento y acciones inmediatas: Valentina Batres, Alfonso Suárez del Real y Aleida Alavez.
Comisión para la ayuda mutua en apoyo a la economía popular: Elena Poniatowska, Laura Esquivel, Cristina Barros, Carlos Pellicer López, Laura Itzel Castillo y Eduardo Cervantes.
Comisión de estudios y actualización del proyecto alternativo de nación: José María Pérez Gay, Ignacio Marbán, Luciano Concheiro, Rogelio Ramírez de la O y Bolivar Echeverría.
Se mantiene la coordinación general de brigadas del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo con Ricardo Ruiz, Alejandra Barrales, David Cervantes, Martha Pérez Bejarano, Salomón Jara y Fabiola Alanís.
La comisión coordinadora de defensa del petróleo se convierte en coordinación nacional de defensa del pueblo, del petróleo y de la soberanía nacional, integrada por Berta Maldonado, Jesusa Rodríguez, Layda Sansores, Claudia Sheinbaum, Rosalinda López, Ifigenia Martínez y Alfredo Jalife. Se suman: Alejandro Encinas, Armando Bartra, Luis Javier Garrido, Rosario Ibarra, Yeidckol Polevnsky, Jorge Arvizu, Ricardo Cantú, Pedro Jiménez León, Antonio Almazán y Manuel Otero.
Acciones de mediano y corto plazos
A partir del 23 de noviembre, las acciones de mediano y largo plazo incluyen: informar con volantes, historietas y videos sobre las acciones del movimiento; crear oficinas para orientar y defender a la gente ante despidos injustificados, cobros indebidos de servicios, tarjetas de crédito y otros; crear comedores populares en las zonas más pobres del campo y la ciudad, y recoger experiencias e informar en países productores de hidrocarburos “tratando de hermanar nuestra lucha” con quienes, en otras partes del mundo, defienden el petróleo y sus recursos naturales, entre otras.
El “presidente legítimo” concluyó su intervención al señalar que con esto se inaugura una nueva etapa de lucha para responder a la nueva situación, sin abandonar los objetivos generales.
“En pocas palabras, seguimos gobernando desde la sociedad, haciendo valer el poder que nos da la autoridad moral, la organización del pueblo y la fuerza de nuestro movimiento, porque el usurpador (Felipe Calderón) ni manda ni gobierna.”
En esta nueva etapa, anunció que llevará 12 propuestas a la Cámara de Diputados, por conducto del Frente Amplio Progresista (FAP), antes de que se apruebe el paquete económico 2009, con la finalidad de orientar el presupuesto federal hacia la atención de las necesidades del pueblo y evitar que “el gobierno usurpador” siga atendiendo y rescatando “sólo a los potentados de siempre”.
Indicó que el movimiento enfatizará la solidaridad con las “causas justas” de organizaciones sociales, campesinas, indígenas y ciudadanas de todo el país.
Austeridad republicana
López Obrador explicó que pretende que el presupuesto de 2009 incluya una política de austeridad republicana, que elimine o disminuya las partidas destinadas a mantener los privilegios de la alta burocracia; otorgue créditos con bajas tasas de interés a pequeñas y medianas empresas y comercios, condicionados a no despedir trabajadores; proteja los ahorros y los fondos de pensiones de los empleados y de la clase media; fortalezca la educación pública y dé atención prioritaria a los jóvenes, además de poner en práctica programas de apoyo directo a discapacitados, madres solteras y adultos mayores.
Además, debe frenar la pérdida del poder adquisitivo del salario, mediante el congelamiento de precios en alimentos, impuestos y servicios, y con la reducción de los precios de gasolinas, diesel, gas y energía eléctrica; que impulse la construcción de infraestructura, vivienda y obras públicas para reactivar la economía y crear empleos; que apoye a los productores del campo para lograr la autosuficiencia alimentaria y garantice el acceso a los servicios de salud, así como otorgar medicamentos gratuitos a quienes carecen de seguridad social.
López Obrador señaló que a partir del agravamiento de la crisis económica, el movimiento que encabeza vinculó la lucha del petróleo con planteamientos y propuestas para proteger al pueblo, “ante el derrumbe de la política económica neoliberal”.
Ante miles de simpatizantes reunidos en el Hemiciclo a Juárez, insistió en que para defender la economía se requieren, además de propuestas, movilización ciudadana, la cual, en esta nueva etapa de lucha, se realizará en varios momentos.
A partir de hoy y hasta el 23 de noviembre se prevé realizar un mitin relámpago frente a Palacio Nacional cuando se tenga noticia de la promulgación de las reformas a Petróleos Mexicanos. El martes 4 de noviembre, a las ocho de la mañana, en la Cámara de Diputados, hará entrega del programa de defensa de la economía popular a los coordinadores parlamentarios del FAP.
El 11 de noviembre, a las 17 horas, llevará a Televisa una carta en la que demandará espacio en la televisora para hacer públicas las propuestas del movimiento. El 23 de noviembre encabezará, a partir de las 10 de la mañana, una marcha del Ángel de la Independencia a Bellas Artes, donde se desarrollará una asamblea informativa y de evaluación para presentar los avances y los programas de trabajo de las comisiones.
A continuación, algunos de integrantes de dichos organismos:
Comisión para la defensa de la Constitución y la legalidad: Arnaldo Córdova, Jaime Cárdenas, Jesús González Schmall, Julio Scherer Ibarra y Ricardo Monreal, entre otros. Se encargará de elaborar amparos, demandas y cualquier tipo de acción jurídica.
Comisión de Asuntos Internacionales: Susana de Iruegas, Jorge Eduardo Navarrete y Víctor Flores Olea.
Comisión de combate a la corrupción de Pemex: Octavio Romero Oropeza, Eréndira Sandoval, Agustín Díaz Lastra y Cuauhtémoc Velasco.
Comisión de vigilancia del consejo de administración de Pemex: Carlos Payán, Bertha Luján, José Eduardo Beltrán, Francisco Garaicoechea, John Ackerman y Antonio Gershenson.
Comisión para la defensa de la economía popular: Mario di Costanzo, Assa Cristina Laurell, Humberto Zazueta, Alberto Anaya y Dante Delgado.
Comisión de difusión: Rafael Barajas, El Fisgón; Luis Mandoki, Pedro Miguel, Herón Escobar y Carlos Salces. Comisión de seguimiento y acciones inmediatas: Valentina Batres, Alfonso Suárez del Real y Aleida Alavez.
Comisión para la ayuda mutua en apoyo a la economía popular: Elena Poniatowska, Laura Esquivel, Cristina Barros, Carlos Pellicer López, Laura Itzel Castillo y Eduardo Cervantes.
Comisión de estudios y actualización del proyecto alternativo de nación: José María Pérez Gay, Ignacio Marbán, Luciano Concheiro, Rogelio Ramírez de la O y Bolivar Echeverría.
Se mantiene la coordinación general de brigadas del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo con Ricardo Ruiz, Alejandra Barrales, David Cervantes, Martha Pérez Bejarano, Salomón Jara y Fabiola Alanís.
La comisión coordinadora de defensa del petróleo se convierte en coordinación nacional de defensa del pueblo, del petróleo y de la soberanía nacional, integrada por Berta Maldonado, Jesusa Rodríguez, Layda Sansores, Claudia Sheinbaum, Rosalinda López, Ifigenia Martínez y Alfredo Jalife. Se suman: Alejandro Encinas, Armando Bartra, Luis Javier Garrido, Rosario Ibarra, Yeidckol Polevnsky, Jorge Arvizu, Ricardo Cantú, Pedro Jiménez León, Antonio Almazán y Manuel Otero.
Acciones de mediano y corto plazos
A partir del 23 de noviembre, las acciones de mediano y largo plazo incluyen: informar con volantes, historietas y videos sobre las acciones del movimiento; crear oficinas para orientar y defender a la gente ante despidos injustificados, cobros indebidos de servicios, tarjetas de crédito y otros; crear comedores populares en las zonas más pobres del campo y la ciudad, y recoger experiencias e informar en países productores de hidrocarburos “tratando de hermanar nuestra lucha” con quienes, en otras partes del mundo, defienden el petróleo y sus recursos naturales, entre otras.
El “presidente legítimo” concluyó su intervención al señalar que con esto se inaugura una nueva etapa de lucha para responder a la nueva situación, sin abandonar los objetivos generales.
“En pocas palabras, seguimos gobernando desde la sociedad, haciendo valer el poder que nos da la autoridad moral, la organización del pueblo y la fuerza de nuestro movimiento, porque el usurpador (Felipe Calderón) ni manda ni gobierna.”
Si es así como el jefe de la policía entiende las cosas, la ciudad está en grave peligro: CDHDF
Repudio total a declaraciones de Manuel Mondragón y Kalb
■ Ante empresarios dijo que si por él fuera, sacaría a patadas de la ciudad a los del Movimiento de los 400 Pueblos
■ Ebrard se deslinda
Repudio total a declaraciones de Manuel Mondragón y Kalb
■ Ante empresarios dijo que si por él fuera, sacaría a patadas de la ciudad a los del Movimiento de los 400 Pueblos
■ Ebrard se deslinda
Las críticas hacia el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Manuel Mondragón y Kalb, por su declaraciones sobre el Movimiento de los 400 Pueblos, no se hicieron esperar, y ayer desde diputados locales de todos los grupos parlamentarios hasta representantes de organismos de derechos humanos calificaron su postura de sacar “a patadas” a esa gente de esta ciudad de “excesiva”, “inapropiada”, “discriminatoria” y de “superpifia”, por lo que consideraron que el funcionario debe retractarse y ofrecer públicamente una disculpa.
Incluso, el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Alvarez Icaza, afirmó que esta institución analiza “cuáles son los pasos a seguir” en torno a esa expresión.
Al respecto, el Ejecutivo local, Marcelo Ebrard, decidió no emitir ninguna opinión sobre lo dicho por su secretario de Seguridad Pública, ya que –dijo– el mismo Mondragón haría las aclaraciones correspondientes. Lo que sí reveló es que hay negociaciones para lograr que dicho grupo de manifestantes regrese a su entidad en breve.
En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), diputados de todos los grupos parlamentarios reprobaron las declaraciones del titular de la SSP-DF, y no sólo le pidieron que ofrezca disculpas públicamente, sino que se ponga a estudiar la ley que regula el uso de la fuerza pública.
Entrevistados por separado, los legisladores de PRD, PAN, Panal, PRI, Coalición de Izquierdas y Coalición Socialdemócrata aseguraron que hay mecanismos de diálogo y de concertación que deben anteponerse antes de tener la tentación de la mano dura y la represión.
Jorge Schiaffino y Armando Tonatiunh González, del PRI, demandaron a Mondragón “module su lenguaje y sea más coherente con sus declaraciones”; Ramón Jiménez, Agustín Guerrero y Humberto Morgan, del PRD, calificaron de “excesiva” la expresión del titular de la SSP, y remarcaron que no es política de su partido ni del gobierno de esta capital optar por ese tipo de salidas; Enrique Pérez Correa, de la Coalición de Izquierdas, definió como una “superpifia, un superpatinón” el citado comentario.
Carmen Segura, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, resaltó: “si Mondragón dijo eso en sentido figurado sería una irresponsabilidad, y si lo dijo en serio hay que ponerlo a estudiar la ley que regula el uso de la fuerza, pues se ve una falta de sensibilidad y desapego a los derechos humanos”.
Enrique Pérez, de la Coalición de Izquierdas, dijo que la opinión del funcionario “prende los focos rojos para la vida democrática y las libertades en esta ciudad”, mientras que Alejandro Ramírez, de la Coalición Socialdemócrata, pidió llegar al diálogo y no a las patadas, mientras que Xiuh Guillermo Tenorio, del Panal, pidió ser mesurado y actuar con inteligencia hacia ese tipo de manifestaciones.
Para el secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, Edgar Cortez, y para el mismo Álvarez Icaza, “resulta inadmisible en un gobierno de izquierda que tiene como bandera el respeto a las garantías individuales”, escuchar ese tipo de declaraciones contra los 400 Pueblos.
Cortez calificó la postura de Mondragón de “discriminatoria” y producto de una concepción que “pierde de vista” que las expresiones de protesta social “tienen en el fondo una exigencia y una problemática social que es desatendida por algún nivel de gobierno”.
El ombudsman capitalino añadió que si dicha expresión refleja la manera en la que el jefe de la policía entiende las cosas, la ciudad “está en un grave peligro”.
Incluso, el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Alvarez Icaza, afirmó que esta institución analiza “cuáles son los pasos a seguir” en torno a esa expresión.
Al respecto, el Ejecutivo local, Marcelo Ebrard, decidió no emitir ninguna opinión sobre lo dicho por su secretario de Seguridad Pública, ya que –dijo– el mismo Mondragón haría las aclaraciones correspondientes. Lo que sí reveló es que hay negociaciones para lograr que dicho grupo de manifestantes regrese a su entidad en breve.
En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), diputados de todos los grupos parlamentarios reprobaron las declaraciones del titular de la SSP-DF, y no sólo le pidieron que ofrezca disculpas públicamente, sino que se ponga a estudiar la ley que regula el uso de la fuerza pública.
Entrevistados por separado, los legisladores de PRD, PAN, Panal, PRI, Coalición de Izquierdas y Coalición Socialdemócrata aseguraron que hay mecanismos de diálogo y de concertación que deben anteponerse antes de tener la tentación de la mano dura y la represión.
Jorge Schiaffino y Armando Tonatiunh González, del PRI, demandaron a Mondragón “module su lenguaje y sea más coherente con sus declaraciones”; Ramón Jiménez, Agustín Guerrero y Humberto Morgan, del PRD, calificaron de “excesiva” la expresión del titular de la SSP, y remarcaron que no es política de su partido ni del gobierno de esta capital optar por ese tipo de salidas; Enrique Pérez Correa, de la Coalición de Izquierdas, definió como una “superpifia, un superpatinón” el citado comentario.
Carmen Segura, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, resaltó: “si Mondragón dijo eso en sentido figurado sería una irresponsabilidad, y si lo dijo en serio hay que ponerlo a estudiar la ley que regula el uso de la fuerza, pues se ve una falta de sensibilidad y desapego a los derechos humanos”.
Enrique Pérez, de la Coalición de Izquierdas, dijo que la opinión del funcionario “prende los focos rojos para la vida democrática y las libertades en esta ciudad”, mientras que Alejandro Ramírez, de la Coalición Socialdemócrata, pidió llegar al diálogo y no a las patadas, mientras que Xiuh Guillermo Tenorio, del Panal, pidió ser mesurado y actuar con inteligencia hacia ese tipo de manifestaciones.
Para el secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, Edgar Cortez, y para el mismo Álvarez Icaza, “resulta inadmisible en un gobierno de izquierda que tiene como bandera el respeto a las garantías individuales”, escuchar ese tipo de declaraciones contra los 400 Pueblos.
Cortez calificó la postura de Mondragón de “discriminatoria” y producto de una concepción que “pierde de vista” que las expresiones de protesta social “tienen en el fondo una exigencia y una problemática social que es desatendida por algún nivel de gobierno”.
El ombudsman capitalino añadió que si dicha expresión refleja la manera en la que el jefe de la policía entiende las cosas, la ciudad “está en un grave peligro”.
Tienda de raya en el patio trasero: el embajador de la Corona, Tony Garza, interviene en el salvamento del socio mexicano en problemas y pone a su disposición un fondo de hasta 30 mil millones de dólares. El caporal michoacano podrá, si decide utilizar esa inyección de billetes comprometedores, continuar con rescates internos como el practicado a Comercial Mexicana, empresa que según declaraciones oficiales detonó la caída del peso y a la que el calderonato premia ahora al autorizarle un crédito de 3 mil millones de pesos para que pague sus deudas. Es tan evidente el trato privilegiado que la administración federal ha dado a la Cómer que un columnista de asuntos económicos al que no se puede tachar de proclive a la izquierda (Carlos Mota, en Cubículo Estratégico, de Milenio) escribió que “no podemos aceptar el odio que inyecta a la sociedad alguien como Andrés Manuel López Obrador, pero cuando vemos estas acciones de gobierno ya podemos ir sabiendo quiénes son los ‘ricos’ y ‘privilegiados’”.
¡A veinte!, podría ser el grito de maternal respuesta ante la oferta gringa de endeudar más al angustiado ocupante de Los Pinos y ante maniobras de ayuda con recursos públicos a supermillonarios. Pero no alude esa vigesimal expresión al catálogo popular de defensa de progenitoras sino a la cantidad de pesos que por dólar habría sido necesario desembolsar si no hubiese intervenido el heroico Banco de México con subastas para evitar que malformaciones sicológicas de los mexicanos les hubieran llevado a espantarse con la “volatilidad” cambiaria y comprar papeles gringos a la desesperada.
Calentamiento social. El rector general del Tec de Monterrey, Rafael Rangel Sostmann, dijo el pasado 14, al recibir el doctorado honoris causa en Humanidades que le dio la Universidad de Georgetown, que en México el problema central es la desigualdad y que se está viviendo un “calentamiento social” como resultado de “la brecha entre los que tienen más y los que menos tienen”. No fue social, sino eléctrico, el sobrecalentamiento que en calles del Centro Histórico de la ciudad de México produjo explosiones tampoco sociales sino de gases acumulados en el sistema de cableado subterráneo que hizo cortocircuito. Cualquier parecido de los estruendos, llamas y destrozos callejeros de ayer con la advertencia, incluso desde la elite, de los riesgos de los calentamientos y sobrecalentamientos sociales no es simple coincidencia.
Cero en tolerancia. El derechista jefe de la policía del gobierno capitalino “de izquierda”, Manuel Mondragón y Kalb, desnudó ante empresarios su visión discriminatoria y represiva a propósito de los manifestantes de los 400 pueblos que suelen protestar sin ropa. “A patadas” y “en 10 minutos” los habría corrido de los sitios donde llevan a cabo sus manifestaciones peleteras, dijo el funcionario que similares criterios de “buenas costumbres” y “decencia” ha de aplicar a otras expresiones de inconformidad social que molesten sus criterios ñoños.
Hay de apás a apás. El del secretario de gobernación estuvo a punto de ser salvado de la exhibición pública de vergüenzas ultramarinas de lavado de dinero mediante el recurso simple de que un subordinado político de Mouriño júnior, el desgastado procurador Medina Mora, se amparara contra la solicitud de datos que el instituto de la transparencia hacía respecto a andanzas de Mouriño sénior. No fue suficiente ese chiste gallego, pues dejaba ver con crudeza los zurcidos de impunidad y encubrimiento que en las alturas del poder se hacen los privilegiados, así es que la PGR paternalmente acomedida aceptó dar a conocer los reportes españoles sobre el caso (debido a que las autoridades del reino dijeron estar de acuerdo), aunque a nadie ha de extrañar que el conjunto de intereses económicos que maneja al gobierno “socialista” proteja con gusto al padre del gran gestor hispano, el infante Juan Camilo Mouriño, reconquistador de la nuevamente Nueva España ¡olé! (y que salgan esos toros rasurados que son los albos expedientes del padrísimo empresario Mouriño, sin lavado concebido). Respecto al otro apá, el presunto líder de la Banda de la Flor ha dicho desde su cama de hospital que no tiene culpa en el asunto del asesinado adolescente Martí, que no conoce a sus presuntos cómplices y que nadie le ha querido tomar declaración judicial, aunque los funcionarios capitalinos juran que él se ha negado a hablar.
Astillas
Aun cuando el propio Pedro Matías Arrazola ha procurado que el caso de su secuestro y agresiones no se difunda públicamente, en atención a las graves amenazas dejadas contra él y su familia en caso de denuncia, varias organizaciones defensoras de derechos humanos y la organización Reporteros sin Fronteras han condenado lo sucedido la noche del pasado 25, cuando el respetado corresponsal de Proceso en Oaxaca, y reportero del diario Noticias, fue “levantado” por desconocidos que durante horas lo castigaron por su trabajo periodístico, exigiéndole que le “bajara” a su actividad profesional. Pedro Matías ha sido siempre un reportero intachable, y en el bajo mundo de la política oficial oaxaqueña agredirlo pareciera ser un mensaje para el resto de la comunidad periodística, en especial al segmento que no se ha doblado ante los embates de corrupción y violencia de Ulises Ruiz...
Gracias a quienes se han apuntado para colaborar solidariamente con un relanzamiento de Astillero TV. Por desgracia, como muestra de lo mucho que ayuda necesita, el tecleador escribió mal la dirección de Internet a la que deberían escribir los interesados, así es que a quien le hayan rebotado sus envíos electrónicos, inténtenlo de nuevo a juliohdz@prodigy.net.mx (es decir, con “.net” y no como antes se había escrito, con “.com”). Recuerden que se necesitan voluntarios para cámara, edición, diseño, Internet, comercialización, etcétera. Y, mientras el PAN empuja al alcalde formalmente panista de Monterrey, Adalberto Madero, conocido como Maderito, a buscar la gubernatura por vía de otro partido político, tal vez el del Trabajo, ¡feliz fin de semana, con AMLO dedicado al rediseño!
¡A veinte!, podría ser el grito de maternal respuesta ante la oferta gringa de endeudar más al angustiado ocupante de Los Pinos y ante maniobras de ayuda con recursos públicos a supermillonarios. Pero no alude esa vigesimal expresión al catálogo popular de defensa de progenitoras sino a la cantidad de pesos que por dólar habría sido necesario desembolsar si no hubiese intervenido el heroico Banco de México con subastas para evitar que malformaciones sicológicas de los mexicanos les hubieran llevado a espantarse con la “volatilidad” cambiaria y comprar papeles gringos a la desesperada.
Calentamiento social. El rector general del Tec de Monterrey, Rafael Rangel Sostmann, dijo el pasado 14, al recibir el doctorado honoris causa en Humanidades que le dio la Universidad de Georgetown, que en México el problema central es la desigualdad y que se está viviendo un “calentamiento social” como resultado de “la brecha entre los que tienen más y los que menos tienen”. No fue social, sino eléctrico, el sobrecalentamiento que en calles del Centro Histórico de la ciudad de México produjo explosiones tampoco sociales sino de gases acumulados en el sistema de cableado subterráneo que hizo cortocircuito. Cualquier parecido de los estruendos, llamas y destrozos callejeros de ayer con la advertencia, incluso desde la elite, de los riesgos de los calentamientos y sobrecalentamientos sociales no es simple coincidencia.
Cero en tolerancia. El derechista jefe de la policía del gobierno capitalino “de izquierda”, Manuel Mondragón y Kalb, desnudó ante empresarios su visión discriminatoria y represiva a propósito de los manifestantes de los 400 pueblos que suelen protestar sin ropa. “A patadas” y “en 10 minutos” los habría corrido de los sitios donde llevan a cabo sus manifestaciones peleteras, dijo el funcionario que similares criterios de “buenas costumbres” y “decencia” ha de aplicar a otras expresiones de inconformidad social que molesten sus criterios ñoños.
Hay de apás a apás. El del secretario de gobernación estuvo a punto de ser salvado de la exhibición pública de vergüenzas ultramarinas de lavado de dinero mediante el recurso simple de que un subordinado político de Mouriño júnior, el desgastado procurador Medina Mora, se amparara contra la solicitud de datos que el instituto de la transparencia hacía respecto a andanzas de Mouriño sénior. No fue suficiente ese chiste gallego, pues dejaba ver con crudeza los zurcidos de impunidad y encubrimiento que en las alturas del poder se hacen los privilegiados, así es que la PGR paternalmente acomedida aceptó dar a conocer los reportes españoles sobre el caso (debido a que las autoridades del reino dijeron estar de acuerdo), aunque a nadie ha de extrañar que el conjunto de intereses económicos que maneja al gobierno “socialista” proteja con gusto al padre del gran gestor hispano, el infante Juan Camilo Mouriño, reconquistador de la nuevamente Nueva España ¡olé! (y que salgan esos toros rasurados que son los albos expedientes del padrísimo empresario Mouriño, sin lavado concebido). Respecto al otro apá, el presunto líder de la Banda de la Flor ha dicho desde su cama de hospital que no tiene culpa en el asunto del asesinado adolescente Martí, que no conoce a sus presuntos cómplices y que nadie le ha querido tomar declaración judicial, aunque los funcionarios capitalinos juran que él se ha negado a hablar.
Astillas
Aun cuando el propio Pedro Matías Arrazola ha procurado que el caso de su secuestro y agresiones no se difunda públicamente, en atención a las graves amenazas dejadas contra él y su familia en caso de denuncia, varias organizaciones defensoras de derechos humanos y la organización Reporteros sin Fronteras han condenado lo sucedido la noche del pasado 25, cuando el respetado corresponsal de Proceso en Oaxaca, y reportero del diario Noticias, fue “levantado” por desconocidos que durante horas lo castigaron por su trabajo periodístico, exigiéndole que le “bajara” a su actividad profesional. Pedro Matías ha sido siempre un reportero intachable, y en el bajo mundo de la política oficial oaxaqueña agredirlo pareciera ser un mensaje para el resto de la comunidad periodística, en especial al segmento que no se ha doblado ante los embates de corrupción y violencia de Ulises Ruiz...
Gracias a quienes se han apuntado para colaborar solidariamente con un relanzamiento de Astillero TV. Por desgracia, como muestra de lo mucho que ayuda necesita, el tecleador escribió mal la dirección de Internet a la que deberían escribir los interesados, así es que a quien le hayan rebotado sus envíos electrónicos, inténtenlo de nuevo a juliohdz@prodigy.net.mx (es decir, con “.net” y no como antes se había escrito, con “.com”). Recuerden que se necesitan voluntarios para cámara, edición, diseño, Internet, comercialización, etcétera. Y, mientras el PAN empuja al alcalde formalmente panista de Monterrey, Adalberto Madero, conocido como Maderito, a buscar la gubernatura por vía de otro partido político, tal vez el del Trabajo, ¡feliz fin de semana, con AMLO dedicado al rediseño!
Ciudad Perdida
Miguel Ángel Velázquez ciudadperdida_2000@yahoo.com.mx • ciudadangel@hotmail.com
■ El rostro verdadero de Mondragón
■ Razones de sobra para que dimita
Manuel Mondragón y Kalb debe renunciar ya a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Miguel Ángel Velázquez ciudadperdida_2000@yahoo.com.mx • ciudadangel@hotmail.com
■ El rostro verdadero de Mondragón
■ Razones de sobra para que dimita
Manuel Mondragón y Kalb debe renunciar ya a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
El sustento para tal demanda está en el pensamiento fascistoide del que ahora es jefe de la policía, y que además de dañar profundamente la imagen de tolerancia y rectitud que busca el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, para las fuerzas policiacas, ofende profundamente a una población que lo que menos quiere en un vigilante del orden público, es su vocación por la represión.
Mondragón no hizo el comentario (sacar a patadas a los miembros del Movimiento de los 400 Pueblos de las calles que ocupan para manifestarse) en una reunión privada, ni buscó atenuar su dicho siguiendo las líneas que ha trazado la jefatura de Gobierno. No, lo dijo desde su más profunda convicción.
La franqueza de su declaración la debemos agradecer. Mondragón se quitó la máscara para mostrar el rostro más temido por los habitantes de la ciudad de México, el de represor, y con eso dejó en claro que no es apto para ocupar el cargo que le impuso Marcelo Ebrard.
Mondragón tiene que renunciar, además, porque no entiende cuál es la encomienda de un jefe de la policía preventiva, porque no es capaz de sensibilizarse frente a la demanda de quienes enfrentan situaciones de lucha en contra del poder, porque además, desde su cortedad, discrimina a los que no han tenido los medios para mantener sus cuerpos sin las deformaciones que da la pobreza.
Pero sobre todo tiene que renunciar porque su forma de pensar está del lado de quienes lo escuchaban con atención y hasta con gusto, esos que a final de cuentan tendrían que ubicarse, cuando menos, al lado contrario de lo que supuestamente piensa la jefatura de Gobierno de la ciudad.
Entonces, el jefe de la policía debe renunciar porque es un fraude para la ciudadanía que fue a las urnas a votar por un jefe de Gobierno que tendría que estar acompañado de funcionarios convencidos de que la libertad de manifestación es, hasta ahora, y aunque a Mondragón le pese, una de las formas de lucha civil que oferta la democracia que este gobierno dice defender.
No cabe duda de que Mondragón y Kalb sacaría a los miembros del Movimiento de los 400 Pueblos a patadas y macanazos, por eso no cabe duda de que está mal ubicado, no sólo en la policía sino en el signo de gobierno. Bien valdría que este señor ofreciera sus servicios al gobierno de Oaxaca, o al del estado de México, o al de Jalisco, allí estaría a sus anchas golpeando gente, pero en el Distrito Federal, hasta ahora, eso no está permitido.
Y ahora que no nos salga con que lo que dijo fue un error discursivo con el que trató de ganarse a quienes lo escuchaban, porque para eso estaba allí, para decir lo que ellos querían oír, eso no es disculpa porque lo dijo, lo declaró con absoluta convicción, como ya lo dijimos antes, y sólo le faltó aplaudir las marchas y los mítines de los de blanco, con los que seguramente está de acuerdo.
De cualquier forma sabemos que además del repudio general, nada le habrá de pasar al jefe de la policía, sus palabras quedarán registradas en el anecdotario del horror, hasta que algún día la esquizofrenia fascista le gane y los pobres, los feos, los que no tienen otro camino que tomar las calles ante los oídos sordos del poder, sean desalojados de la vía pública con la punta de la bota del jefe de la policía del gobierno de izquierda que encabeza Marcelo Ebrard.
De pasadita
El primer minuto del próximo 1O de noviembre tendrán que dejar de circular por el Eje Central los camiones de carga, según el acuerdo que firmaron los camioneros con el gobierno de la ciudad. Hasta donde nos dicen, ya existe un operativo para impedir que los que no quieran acatar el acuerdo sean sancionados y obligados a circular por otras calles del DF, lo malo es que no se tiene en claro qué otras vías serán atacadas por esos transportistas, así que aguas con los camioneros.
Mondragón no hizo el comentario (sacar a patadas a los miembros del Movimiento de los 400 Pueblos de las calles que ocupan para manifestarse) en una reunión privada, ni buscó atenuar su dicho siguiendo las líneas que ha trazado la jefatura de Gobierno. No, lo dijo desde su más profunda convicción.
La franqueza de su declaración la debemos agradecer. Mondragón se quitó la máscara para mostrar el rostro más temido por los habitantes de la ciudad de México, el de represor, y con eso dejó en claro que no es apto para ocupar el cargo que le impuso Marcelo Ebrard.
Mondragón tiene que renunciar, además, porque no entiende cuál es la encomienda de un jefe de la policía preventiva, porque no es capaz de sensibilizarse frente a la demanda de quienes enfrentan situaciones de lucha en contra del poder, porque además, desde su cortedad, discrimina a los que no han tenido los medios para mantener sus cuerpos sin las deformaciones que da la pobreza.
Pero sobre todo tiene que renunciar porque su forma de pensar está del lado de quienes lo escuchaban con atención y hasta con gusto, esos que a final de cuentan tendrían que ubicarse, cuando menos, al lado contrario de lo que supuestamente piensa la jefatura de Gobierno de la ciudad.
Entonces, el jefe de la policía debe renunciar porque es un fraude para la ciudadanía que fue a las urnas a votar por un jefe de Gobierno que tendría que estar acompañado de funcionarios convencidos de que la libertad de manifestación es, hasta ahora, y aunque a Mondragón le pese, una de las formas de lucha civil que oferta la democracia que este gobierno dice defender.
No cabe duda de que Mondragón y Kalb sacaría a los miembros del Movimiento de los 400 Pueblos a patadas y macanazos, por eso no cabe duda de que está mal ubicado, no sólo en la policía sino en el signo de gobierno. Bien valdría que este señor ofreciera sus servicios al gobierno de Oaxaca, o al del estado de México, o al de Jalisco, allí estaría a sus anchas golpeando gente, pero en el Distrito Federal, hasta ahora, eso no está permitido.
Y ahora que no nos salga con que lo que dijo fue un error discursivo con el que trató de ganarse a quienes lo escuchaban, porque para eso estaba allí, para decir lo que ellos querían oír, eso no es disculpa porque lo dijo, lo declaró con absoluta convicción, como ya lo dijimos antes, y sólo le faltó aplaudir las marchas y los mítines de los de blanco, con los que seguramente está de acuerdo.
De cualquier forma sabemos que además del repudio general, nada le habrá de pasar al jefe de la policía, sus palabras quedarán registradas en el anecdotario del horror, hasta que algún día la esquizofrenia fascista le gane y los pobres, los feos, los que no tienen otro camino que tomar las calles ante los oídos sordos del poder, sean desalojados de la vía pública con la punta de la bota del jefe de la policía del gobierno de izquierda que encabeza Marcelo Ebrard.
De pasadita
El primer minuto del próximo 1O de noviembre tendrán que dejar de circular por el Eje Central los camiones de carga, según el acuerdo que firmaron los camioneros con el gobierno de la ciudad. Hasta donde nos dicen, ya existe un operativo para impedir que los que no quieran acatar el acuerdo sean sancionados y obligados a circular por otras calles del DF, lo malo es que no se tiene en claro qué otras vías serán atacadas por esos transportistas, así que aguas con los camioneros.
El peor de los panoramas para el gobierno federal: su proyecto de presupuesto no agrada a campesinos ni a trabajadores. Las organizaciones campesinas se lanzaron ayer a las calles capitalinas y cercaron la Cámara de Diputados en demanda de más apoyo oficial.
Por la otra parte, la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, de la que su principal fuerza es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, decidió presentar a la Cámara de Diputados su propuesta de presupuesto y de reforma laboral.
La cosecha
En el Senado, los priístas Adolfo Toledo, de Oaxaca, y Ramiro Hernández, de Jalisco, expresaron su inconformidad con la reducción de los recursos para el campo, propuesta por el gobierno federal para 2009, por un total de 3 mil 233 millones de pesos, 5 por ciento menos que el presupuesto del presente año…
Ante la situación económica mundial, en México se tendrán que promover acciones estratégicas para garantizar desarrollo y crecimiento del mercado interno, y al mismo tiempo apoyar a los compatriotas residentes en Estados Unidos que posiblemente regresarán a México, propuso en Hidalgo la presidenta del PRI, Beatriz Paredes...
Los coordinadores del PRI y el PAN en el Senado, Manlio Fabio Beltrones y Gustavo Madero Muñoz, respectivamente, criticaron la decisión del tribunal electoral federal de sancionar a sus partidos políticos por los espots suscritos como parte de la llamada guerra sucia por el Consejo Coordinador Empresarial…
Siguen incumplidas las promesas de creación de empleos. En el periodo enero-agosto de este año, el índice de personal ocupado en el sector manufacturero de la transformación y las horas-hombre trabajadas bajaron 1.6 por ciento respecto a igual lapso de 2007, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía…
Al rechazar una protesta del PRD contra la ley electoral de Guanajuato, la Suprema Corte de Justicia validó la participación del Poder Ejecutivo para proponer candidatos a magistrados electorales, mientras la decisión final recaiga en el Poder Legislativo…
Mientras una juez de distrito aceptó la demanda presentada por la consejera suplente del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), Diana Talavera Flores, por no haber sido considerada para suplir a Isidro Cisneros, la recién electa consejera Claudia Zavala Pérez fue nombrada por sus compañeros presidenta del órgano electoral capitalino durante los próximos dos años...
Una de las primeras responsabilidades del nuevo Consejo General del IEDF será atender la propuesta del diputado priísta Martín Olavarrieta de convocar a una reunión de trabajo conjunta con la ALDF, la consejería jurídica del gobierno capitalino y el tribunal electoral para elaborar un documento que ofrezca certeza, imparcialidad y objetividad durante los comicios de 2009, en los cuales se elegirán 16 jefes delegacionales y 66 diputados locales…
Por la otra parte, la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, de la que su principal fuerza es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, decidió presentar a la Cámara de Diputados su propuesta de presupuesto y de reforma laboral.
La cosecha
En el Senado, los priístas Adolfo Toledo, de Oaxaca, y Ramiro Hernández, de Jalisco, expresaron su inconformidad con la reducción de los recursos para el campo, propuesta por el gobierno federal para 2009, por un total de 3 mil 233 millones de pesos, 5 por ciento menos que el presupuesto del presente año…
Ante la situación económica mundial, en México se tendrán que promover acciones estratégicas para garantizar desarrollo y crecimiento del mercado interno, y al mismo tiempo apoyar a los compatriotas residentes en Estados Unidos que posiblemente regresarán a México, propuso en Hidalgo la presidenta del PRI, Beatriz Paredes...
Los coordinadores del PRI y el PAN en el Senado, Manlio Fabio Beltrones y Gustavo Madero Muñoz, respectivamente, criticaron la decisión del tribunal electoral federal de sancionar a sus partidos políticos por los espots suscritos como parte de la llamada guerra sucia por el Consejo Coordinador Empresarial…
Siguen incumplidas las promesas de creación de empleos. En el periodo enero-agosto de este año, el índice de personal ocupado en el sector manufacturero de la transformación y las horas-hombre trabajadas bajaron 1.6 por ciento respecto a igual lapso de 2007, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía…
Al rechazar una protesta del PRD contra la ley electoral de Guanajuato, la Suprema Corte de Justicia validó la participación del Poder Ejecutivo para proponer candidatos a magistrados electorales, mientras la decisión final recaiga en el Poder Legislativo…
Mientras una juez de distrito aceptó la demanda presentada por la consejera suplente del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), Diana Talavera Flores, por no haber sido considerada para suplir a Isidro Cisneros, la recién electa consejera Claudia Zavala Pérez fue nombrada por sus compañeros presidenta del órgano electoral capitalino durante los próximos dos años...
Una de las primeras responsabilidades del nuevo Consejo General del IEDF será atender la propuesta del diputado priísta Martín Olavarrieta de convocar a una reunión de trabajo conjunta con la ALDF, la consejería jurídica del gobierno capitalino y el tribunal electoral para elaborar un documento que ofrezca certeza, imparcialidad y objetividad durante los comicios de 2009, en los cuales se elegirán 16 jefes delegacionales y 66 diputados locales…
México SA
Carlos Fernández-Vega cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx
■ Del simple “catarrito” a la pulmonía financiera
■ Quema de las reservas
Carlos Fernández-Vega cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx
■ Del simple “catarrito” a la pulmonía financiera
■ Quema de las reservas
¿En la inmortalidad de quién y en la solidez de qué cosa pensaban el Ejecutivo y su destartalado aparato de gobierno cuando públicamente se animaron a decir que para México el terremoto económico-financiero no pasaría de una “gripa” o, de plano, de un simple “catarrito”?
Lo anterior, porque, más allá del tradicional discurso fatuo del inquilino de Los Pinos y los integrantes de su gabinetazo, de tiempo atrás los focos rojos se encendieron y los principales indicadores económicos, sociales y financieros del país –incluso los oficiales– comenzaron a mostrar signos de deterioro.
Sólo ellos sabrán en qué “inmortalidad” y en cuál “solidez” pensaban, qué les “impidió” leer correctamente las señales, los motivó a agarrar el micrófono para hablar de la maravillosa economía y las robustas finanzas nacionales, y los animó a diagnosticar “catarritos” y “gripas”. Tan pasmados quedaron, que sólo hasta que el agua comenzó a inundar la casa se atrevieron a decir que “la pulmonía es mucho más grave de lo que esperábamos y, por tanto, la consecuencia ha sido mucho más grave” (Agustín Carstens), que la sacudida “fue mayor a lo esperado (…) y ha tomado por sorpresa a muchos países, incluyendo México”, y que “es prioritario rescatar a la economía (porque) la crisis en Estados Unidos sí tendrá efectos en México” (Calderón).
Perfilada desde octubre de 2006, la “turbulencia” (eufemismo gubernamental para la crisis) no provocó la menor roncha en las siempre vigilantes “autoridades” del país y sólo se animaron a reaccionar, como en tantos otros casos, cuando el problema había reventado. Como siempre, ahora las justificaciones suplen a las explicaciones, aunque el discurso fatuo lo mantienen, y a la velocidad del rayo queman reservas internacionales e inyectan recursos públicos (que siempre sí había) a diestra y siniestra para “evitar”, dicen, “males mayores”… pero a los grandes corporativos.
Son precisamente las “autoridades” económico-financieras las que antes que nadie tienen a la mano las cifras reales de lo que pasa, aunque posteriormente las maquillen para divulgación pública. Pero aun así, la mayoría de los indicadores registran deterioro (suave en algunos casos, drástico en otros, pero permanente en todos) desde finales de 2006, es decir, cuando se cantó la cercanía de una nueva recesión en Estados Unidos, aunque mucho más profunda que la previa (finales de 2000). No les importó y, a cambio de acciones preventivas, abundancia de discursos fatuos.
Así, por ejemplo, el propio Banco de México advierte que “la desaceleración que registró la actividad económica en la primera mitad de 2008 se acentuó en el tercer trimestre. Tal evolución comprendió a toda la gama de indicadores: demanda interna y externa, producción y empleo. Asimismo, en ese periodo se acrecentó el debilitamiento de los indicadores de confianza y de clima de negocios. En el tercer trimestre el crecimiento anual del producto fue modesto y menor al observado en el primer semestre. En efecto, con base en la información disponible, se estima que en dicho periodo el crecimiento anual del PIB haya resultado de alrededor de 1.7 por ciento, luego de que en la primera mitad del año se situó en 2.7 por ciento (2.6 y 2.8 por ciento en el primero y segundo trimestres)”.
El problema es que, desde el cuarto trimestre de 2006, el de por sí raquítico comportamiento económico mexicano ha ido menguando aún más y el “crecimiento” estimado para el tercer trimestre de 2008 resulta ser, cuando mucho, equivalente a una cuarta parte del registrado en igual periodo de 2006. Si 2007 fue un año mediocre en este renglón, el presente será mucho peor, con miras a un 2009 que puede ser espeluznante. Nada se hizo para corregir esa mediocre tendencia, aunque en los hechos nada se hizo en los últimos 26 años.
La actividad industrial reporta una caída permanente a partir de junio de 2006. El sector de la construcción no ve la suya desde marzo de ese mismo año y la minería apenas encontró un pequeño respiro en junio de 2008, tras dos años de caída tras caída. De hecho, el Banco de México reconoce que “al cierre de septiembre pasado la minería acumuló ocho trimestres consecutivos mostrando tasas anuales negativas”. Desde el arranque de 2005, la producción manufacturera reportó caídas con algunos respiros, pero a partir de mayo de 2006 el descenso ha sido permanente, y este sector es uno de los pilares exportadores del país.
La producción petrolera se llevó a límites verdaderamente de riesgo, y a partir de 2006 comenzó el descenso y el problema pudo superarse –hasta septiembre– gracias a los elevadísimo precios internacionales, pero el gobierno no metió un centavo para abrir nueva zonas de explotación en espera de su privatización y el sagrado “rescate” del capital trasnacional.
El consumo también se fue al caño y desde mayo de 2006 la caída ha sido permanente. Desde entonces, fuertes caídas registran el sector de tiendas de autoservicio y departamentales, y el de vehículos nuevos (el desplome comenzó en 2005), entre otros, mientras los indicadores inflacionarios muestran alza sostenida desde el tercer trimestre de 2006.
Paralelamente, el descenso en los indicadores de masa salarial y remuneraciones medias en términos reales comenzó en mayo de 2006; se registró un intento, por llamarle de alguna manera, de recuperación para caer en picada a partir del quinto mes de 2007 y llegar a la lona en septiembre de 2008, lo que no quiere decir que allí quede la cosa. Por el contrario, para 2009 el pronóstico es bastante severo.
El gasto de inversión presentó una desaceleración a tasa anual a partir de la segunda mitad de 2006, la cual se acentuó en 2007 y en los primeros meses de 2008. “No obstante –anota el Banco de México–, en el segundo y tercer trimestres del año su crecimiento registró una mejoría, que se reflejó en mayores incrementos de las importaciones de bienes de capital. El dinamismo de esas adquisiciones en el exterior se concentró en ciertas empresas que llevan a cabo proyectos de inversión en sectores específicos (siderurgia, automotriz, minería, telefonía, electricidad e industria electrónica). En contraste, las importaciones de bienes de capital del resto de las empresas en su conjunto mostraron debilidad”.
Por el contrario, la tasa oficial de desempleo abierto no ha parado de crecer desde octubre de 2006, y a septiembre pasado alcanzó su mayor nivel en cuatro años, mientras en calderolandia se reportan “cifras históricas en generación de empleo”. Desde junio de 2006 la afiliación de trabajadores permanentes y eventuales urbanos en el IMSS ha ido en picada. La mayor caída se observa en los trabajadores de la construcción y las manufacturas. Las exportaciones no petroleras no ven la suya desde enero de 2006, cuando comenzó el desplome, y así por el estilo.
Todo lo anterior “no lo vio” la “autoridad”, que hoy quiere apagar el fuego.
Las rebanadas del pastel
Y tu papá también (léase el de Juan Camilo Mouriño).
Lo anterior, porque, más allá del tradicional discurso fatuo del inquilino de Los Pinos y los integrantes de su gabinetazo, de tiempo atrás los focos rojos se encendieron y los principales indicadores económicos, sociales y financieros del país –incluso los oficiales– comenzaron a mostrar signos de deterioro.
Sólo ellos sabrán en qué “inmortalidad” y en cuál “solidez” pensaban, qué les “impidió” leer correctamente las señales, los motivó a agarrar el micrófono para hablar de la maravillosa economía y las robustas finanzas nacionales, y los animó a diagnosticar “catarritos” y “gripas”. Tan pasmados quedaron, que sólo hasta que el agua comenzó a inundar la casa se atrevieron a decir que “la pulmonía es mucho más grave de lo que esperábamos y, por tanto, la consecuencia ha sido mucho más grave” (Agustín Carstens), que la sacudida “fue mayor a lo esperado (…) y ha tomado por sorpresa a muchos países, incluyendo México”, y que “es prioritario rescatar a la economía (porque) la crisis en Estados Unidos sí tendrá efectos en México” (Calderón).
Perfilada desde octubre de 2006, la “turbulencia” (eufemismo gubernamental para la crisis) no provocó la menor roncha en las siempre vigilantes “autoridades” del país y sólo se animaron a reaccionar, como en tantos otros casos, cuando el problema había reventado. Como siempre, ahora las justificaciones suplen a las explicaciones, aunque el discurso fatuo lo mantienen, y a la velocidad del rayo queman reservas internacionales e inyectan recursos públicos (que siempre sí había) a diestra y siniestra para “evitar”, dicen, “males mayores”… pero a los grandes corporativos.
Son precisamente las “autoridades” económico-financieras las que antes que nadie tienen a la mano las cifras reales de lo que pasa, aunque posteriormente las maquillen para divulgación pública. Pero aun así, la mayoría de los indicadores registran deterioro (suave en algunos casos, drástico en otros, pero permanente en todos) desde finales de 2006, es decir, cuando se cantó la cercanía de una nueva recesión en Estados Unidos, aunque mucho más profunda que la previa (finales de 2000). No les importó y, a cambio de acciones preventivas, abundancia de discursos fatuos.
Así, por ejemplo, el propio Banco de México advierte que “la desaceleración que registró la actividad económica en la primera mitad de 2008 se acentuó en el tercer trimestre. Tal evolución comprendió a toda la gama de indicadores: demanda interna y externa, producción y empleo. Asimismo, en ese periodo se acrecentó el debilitamiento de los indicadores de confianza y de clima de negocios. En el tercer trimestre el crecimiento anual del producto fue modesto y menor al observado en el primer semestre. En efecto, con base en la información disponible, se estima que en dicho periodo el crecimiento anual del PIB haya resultado de alrededor de 1.7 por ciento, luego de que en la primera mitad del año se situó en 2.7 por ciento (2.6 y 2.8 por ciento en el primero y segundo trimestres)”.
El problema es que, desde el cuarto trimestre de 2006, el de por sí raquítico comportamiento económico mexicano ha ido menguando aún más y el “crecimiento” estimado para el tercer trimestre de 2008 resulta ser, cuando mucho, equivalente a una cuarta parte del registrado en igual periodo de 2006. Si 2007 fue un año mediocre en este renglón, el presente será mucho peor, con miras a un 2009 que puede ser espeluznante. Nada se hizo para corregir esa mediocre tendencia, aunque en los hechos nada se hizo en los últimos 26 años.
La actividad industrial reporta una caída permanente a partir de junio de 2006. El sector de la construcción no ve la suya desde marzo de ese mismo año y la minería apenas encontró un pequeño respiro en junio de 2008, tras dos años de caída tras caída. De hecho, el Banco de México reconoce que “al cierre de septiembre pasado la minería acumuló ocho trimestres consecutivos mostrando tasas anuales negativas”. Desde el arranque de 2005, la producción manufacturera reportó caídas con algunos respiros, pero a partir de mayo de 2006 el descenso ha sido permanente, y este sector es uno de los pilares exportadores del país.
La producción petrolera se llevó a límites verdaderamente de riesgo, y a partir de 2006 comenzó el descenso y el problema pudo superarse –hasta septiembre– gracias a los elevadísimo precios internacionales, pero el gobierno no metió un centavo para abrir nueva zonas de explotación en espera de su privatización y el sagrado “rescate” del capital trasnacional.
El consumo también se fue al caño y desde mayo de 2006 la caída ha sido permanente. Desde entonces, fuertes caídas registran el sector de tiendas de autoservicio y departamentales, y el de vehículos nuevos (el desplome comenzó en 2005), entre otros, mientras los indicadores inflacionarios muestran alza sostenida desde el tercer trimestre de 2006.
Paralelamente, el descenso en los indicadores de masa salarial y remuneraciones medias en términos reales comenzó en mayo de 2006; se registró un intento, por llamarle de alguna manera, de recuperación para caer en picada a partir del quinto mes de 2007 y llegar a la lona en septiembre de 2008, lo que no quiere decir que allí quede la cosa. Por el contrario, para 2009 el pronóstico es bastante severo.
El gasto de inversión presentó una desaceleración a tasa anual a partir de la segunda mitad de 2006, la cual se acentuó en 2007 y en los primeros meses de 2008. “No obstante –anota el Banco de México–, en el segundo y tercer trimestres del año su crecimiento registró una mejoría, que se reflejó en mayores incrementos de las importaciones de bienes de capital. El dinamismo de esas adquisiciones en el exterior se concentró en ciertas empresas que llevan a cabo proyectos de inversión en sectores específicos (siderurgia, automotriz, minería, telefonía, electricidad e industria electrónica). En contraste, las importaciones de bienes de capital del resto de las empresas en su conjunto mostraron debilidad”.
Por el contrario, la tasa oficial de desempleo abierto no ha parado de crecer desde octubre de 2006, y a septiembre pasado alcanzó su mayor nivel en cuatro años, mientras en calderolandia se reportan “cifras históricas en generación de empleo”. Desde junio de 2006 la afiliación de trabajadores permanentes y eventuales urbanos en el IMSS ha ido en picada. La mayor caída se observa en los trabajadores de la construcción y las manufacturas. Las exportaciones no petroleras no ven la suya desde enero de 2006, cuando comenzó el desplome, y así por el estilo.
Todo lo anterior “no lo vio” la “autoridad”, que hoy quiere apagar el fuego.
Las rebanadas del pastel
Y tu papá también (léase el de Juan Camilo Mouriño).
El sindicato no cumplió con los requisitos para continuar el procedimiento, señalan
Expiró el trámite del permiso que pidió el SNTE a la SG para rifar las Hummer
■ La dependencia omite información del caso; aduce que es un proceso que está en curso
Fabiola Martínez
Expiró el trámite del permiso que pidió el SNTE a la SG para rifar las Hummer
■ La dependencia omite información del caso; aduce que es un proceso que está en curso
Fabiola Martínez
La Secretaría de Gobernación (SG) no ha recibido más documentos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que le permitan dar continuidad a los trámites del permiso para la rifa de camionetas Hummer que, supuestamente, serían repartidas en cada una de las secciones del gremio para su posterior sorteo.
El 17 de septiembre pasado, el SNTE inició un trámite ante la dirección general Adjunta de Juegos y Sorteos de la SG para obtener el permiso que le permitiera efectuar la rifa en cuestión; semanas después, esta área informó a los representantes de la dirigencia magisterial que su solicitud carecía de los requisitos que marca la ley y el reglamento para esas actividades.
Más de un mes después, fuentes de la dependencia informaron que debido a que los interesados no han completado los requerimientos referidos, el trámite inicial expiró, de ahí que si la dirigencia de la organización gremial, encabezada por Elba Esther Gordillo, sigue interesada en rifar las Hummers deberá iniciar el trámite respectivo “desde cero”.
Como se difundió, el 12 de octubre pasado, en Hermosillo, Sonora, durante la 26 sesión extraordinaria del consejo del SNTE fueron llevadas a este cónclave una docena de camionetas Hummer y la indicación fue entregarlas a igual número de dirigentes seccionales.
Ante el inusual reparto, los líderes del sindicato magisterial aseguraron que el parque vehicular en referencia no eran regalos para los dirigentes locales sino que las camionetas serían rifadas, además de que incluso mencionaron que ya habían iniciado los trámites correspondientes ante Gobernación.
Días después, modificaron la versión y aseguraron que lo recaudado por el sorteo sería destinado para apoyar a las escuelas con alta marginación en cada entidad. Este jueves, funcionarios de Gobernación confirmaron que ante las imprecisiones y carencias en el trámite no se ha expedido aún ningún permiso.
Hasta el momento Gobernación no ha exhibido documentos que avalen sus dichos y posiblemente tampoco lo hagan a petición de alguna solicitud de información pública, ya que seguramente argumentarán que se trata de un proceso que se encuentra en trámite.
El 17 de septiembre pasado, el SNTE inició un trámite ante la dirección general Adjunta de Juegos y Sorteos de la SG para obtener el permiso que le permitiera efectuar la rifa en cuestión; semanas después, esta área informó a los representantes de la dirigencia magisterial que su solicitud carecía de los requisitos que marca la ley y el reglamento para esas actividades.
Más de un mes después, fuentes de la dependencia informaron que debido a que los interesados no han completado los requerimientos referidos, el trámite inicial expiró, de ahí que si la dirigencia de la organización gremial, encabezada por Elba Esther Gordillo, sigue interesada en rifar las Hummers deberá iniciar el trámite respectivo “desde cero”.
Como se difundió, el 12 de octubre pasado, en Hermosillo, Sonora, durante la 26 sesión extraordinaria del consejo del SNTE fueron llevadas a este cónclave una docena de camionetas Hummer y la indicación fue entregarlas a igual número de dirigentes seccionales.
Ante el inusual reparto, los líderes del sindicato magisterial aseguraron que el parque vehicular en referencia no eran regalos para los dirigentes locales sino que las camionetas serían rifadas, además de que incluso mencionaron que ya habían iniciado los trámites correspondientes ante Gobernación.
Días después, modificaron la versión y aseguraron que lo recaudado por el sorteo sería destinado para apoyar a las escuelas con alta marginación en cada entidad. Este jueves, funcionarios de Gobernación confirmaron que ante las imprecisiones y carencias en el trámite no se ha expedido aún ningún permiso.
Hasta el momento Gobernación no ha exhibido documentos que avalen sus dichos y posiblemente tampoco lo hagan a petición de alguna solicitud de información pública, ya que seguramente argumentarán que se trata de un proceso que se encuentra en trámite.
Vigentes, investigaciones en torno a Juan Camilo Mouriño: SFP
Legisladores del PRD piden el cese del titular de SG; panistas lo defienden
Andrea Becerril, Roberto Garduño y Enrique Méndez
El ocultamiento de información que la Procuraduría General de la República aplicó en torno a las actividades de Manuel Carlos Mouriño Atanes, padre del secretario de Gobernación, propició el cierre de filas entre los legisladores panistas, quienes justificaron el trabajo de la dependencia federal. A su vez, Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, expuso que aún permanecen vigentes investigaciones en torno a Juan Camilo Mouriño.
En contraste, senadores y diputados del PRD demandaron al presidente Felipe Calderón “borre todo acto de impunidad en torno a Mouriño, y por primera vez, en un acto republicano, lo haga a un lado de su gobierno para mandar una buena señal a la sociedad, que cada día desconfía más de la PGR”. Mientras, el senador priísta Manlio Fabio Beltrones sostuvo que el amparo solicitado por la dependencia que encabeza Eduardo Medina Mora para no entregar la información solicitada por el IFAI, es improcedente.
Vega Casillas, quien fue entrevistado luego de comparecer ante la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, señaló que la dependencia a su cargo no investiga al padre de Juan Camilo Mouriño, “porque no hay denuncia presentada”, además de ser particular. Apuntó que tenía entendido que la demanda fue presentada ante la PGR.
–¿Existe alguna investigación en curso sobre el secretario de Gobernación?
–Sí. Cuando se presentaron las primeras denuncias el propio secretario de Gobernación hizo una solicitud para que se le investigara. Posteriormente, nosotros iniciamos las indagatorias. Esperamos también a que terminara la comisión de la Cámara (de Diputados) con sus investigaciones, de las que ya hemos recibido las conclusiones. Se han adicionado algunas otras denuncias que estamos atendiendo y que estamos próximos a concluir.
El presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Emilio Ulloa Pérez, demandó por su lado a Calderón Hinojosa “congruencia y sensatez” a la hora de combatir la corrupción y el tráfico de influencias.
Por su parte, Héctor Larios Córdova, coordinador del PAN en San Lázaro, justificó la postura institucional de la PGR en torno al caso Mouriño. “En este país todos tenemos los mismos derechos y nadie puede ser condenado si no se le finca una responsabilidad a través de un proceso jurisdiccional. Si alguien cree que cometió algún delito, que presente una denuncia, ¡pero no puede!; el padre del funcionario público no es persona pública necesariamente”.
A su vez, el coordinador priísta en el Senado, Manlio Fabio Beltrones Rivera, señaló que es improcedente que una autoridad como la PGR recurra al amparo, ya que con la confidencialidad en la averiguación previa es suficiente para no dar una información. Agregó que el presidente Calderón es el que “tiene la responsabilidad de responder por la actuación de cada uno de los funcionarios que él invitó unilateralmente a su gobierno”.
Los perredistas Tomás Torres y Ricardo Monreal advirtieron que la procuraduría actuó de manera ilegal, ya que no puede ampararse y no vacila en violar la Constitución para defender al titular de Gobernación, quien siempre ha estado cuestionado por sus negocios al amparo del poder público.
Monreal dijo que se debe exigir una explicación al procurador Eduardo Medina Mora, ya que es evidente que en lugar de representar los intereses del Estado, lo que hace es proteger a familiares de funcionarios deshonestos.
Legisladores del PRD piden el cese del titular de SG; panistas lo defienden
Andrea Becerril, Roberto Garduño y Enrique Méndez
El ocultamiento de información que la Procuraduría General de la República aplicó en torno a las actividades de Manuel Carlos Mouriño Atanes, padre del secretario de Gobernación, propició el cierre de filas entre los legisladores panistas, quienes justificaron el trabajo de la dependencia federal. A su vez, Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, expuso que aún permanecen vigentes investigaciones en torno a Juan Camilo Mouriño.
En contraste, senadores y diputados del PRD demandaron al presidente Felipe Calderón “borre todo acto de impunidad en torno a Mouriño, y por primera vez, en un acto republicano, lo haga a un lado de su gobierno para mandar una buena señal a la sociedad, que cada día desconfía más de la PGR”. Mientras, el senador priísta Manlio Fabio Beltrones sostuvo que el amparo solicitado por la dependencia que encabeza Eduardo Medina Mora para no entregar la información solicitada por el IFAI, es improcedente.
Vega Casillas, quien fue entrevistado luego de comparecer ante la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, señaló que la dependencia a su cargo no investiga al padre de Juan Camilo Mouriño, “porque no hay denuncia presentada”, además de ser particular. Apuntó que tenía entendido que la demanda fue presentada ante la PGR.
–¿Existe alguna investigación en curso sobre el secretario de Gobernación?
–Sí. Cuando se presentaron las primeras denuncias el propio secretario de Gobernación hizo una solicitud para que se le investigara. Posteriormente, nosotros iniciamos las indagatorias. Esperamos también a que terminara la comisión de la Cámara (de Diputados) con sus investigaciones, de las que ya hemos recibido las conclusiones. Se han adicionado algunas otras denuncias que estamos atendiendo y que estamos próximos a concluir.
El presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Emilio Ulloa Pérez, demandó por su lado a Calderón Hinojosa “congruencia y sensatez” a la hora de combatir la corrupción y el tráfico de influencias.
Por su parte, Héctor Larios Córdova, coordinador del PAN en San Lázaro, justificó la postura institucional de la PGR en torno al caso Mouriño. “En este país todos tenemos los mismos derechos y nadie puede ser condenado si no se le finca una responsabilidad a través de un proceso jurisdiccional. Si alguien cree que cometió algún delito, que presente una denuncia, ¡pero no puede!; el padre del funcionario público no es persona pública necesariamente”.
A su vez, el coordinador priísta en el Senado, Manlio Fabio Beltrones Rivera, señaló que es improcedente que una autoridad como la PGR recurra al amparo, ya que con la confidencialidad en la averiguación previa es suficiente para no dar una información. Agregó que el presidente Calderón es el que “tiene la responsabilidad de responder por la actuación de cada uno de los funcionarios que él invitó unilateralmente a su gobierno”.
Los perredistas Tomás Torres y Ricardo Monreal advirtieron que la procuraduría actuó de manera ilegal, ya que no puede ampararse y no vacila en violar la Constitución para defender al titular de Gobernación, quien siempre ha estado cuestionado por sus negocios al amparo del poder público.
Monreal dijo que se debe exigir una explicación al procurador Eduardo Medina Mora, ya que es evidente que en lugar de representar los intereses del Estado, lo que hace es proteger a familiares de funcionarios deshonestos.
Porfirio Muñoz LedoBitácora Republicana31 de octubre de 2008
Las chichis de la víbora
Esta semana se presentaron dos libros en Madrid: La semilla del mal, de Pierre Schori, y La ruptura que viene, de quien esto escribe.
El político y diplomático sueco es el heredero del iluminado socialista Olof Palme y le correspondió vivir, en tanto embajador de su país ante la ONU, los años más perversos de la administración Bush. Su obra es un recuento informado e implacable de los destrozos históricos originados en el “Proyecto para la nueva centuria americana” de 1998.
El primer evento, celebrado en el Círculo de Bellas Artes de la calle de Alcalá, fue motivo de un debate animado por Juan Luis Cebrián. Hubo coincidencia sobre los orígenes y dimensión de la crisis global, pero también incertidumbre en torno a lo que viene. Pareciera que las únicas realidades palpables son el cambio de liderazgo político en EU, la dilución de los paradigmas de la dictadura del mercado y el arribo a una sociedad mundial multipolar. El resto es silencio.
Respecto a la paz y seguridad internacionales, resultó evidente que es necesario abolir los dogmas. No será posible referirse al “terrorismo” desvinculado de sus génesis más inmediatas: cinco décadas de ocupación de Palestina, tres de invasión de Afganistán, la injusta ocupación de Irak y la amenaza contra Irán. Valoramos la promesa de Obama de que EU no importará hidrocarburos dentro de 10 años, lo que significaría la abolición de las guerras petroleras y el estreno de una esperanza ecológica. Igualmente, la disminución de los flujos internacionales de comercio.
Se reconoce un impulso europeo a favor de un nuevo Bretton Woods, pero no se aprecia un diseño correspondiente a los requerimientos de una sociedad global. Una cosa es salvar y equilibrar la economía de las naciones centrales —como en 1944— y otra rescatar a un planeta asolado por todas las plagas. Frente a las iniciativas de Brasil, India, China y Sudáfrica, la reacción liliputiense de México pareciera confirmar su adhesión colonial: una Alaska del sur, con su versión pintoresca de la señora Palin.
A semejanza de las negociaciones económicas globales —1981-1984— frustradas por la implantación del modelo neoliberal, pareciera indispensable: un arreglo financiero y monetario de largo plazo del que fuesen garantes todos los interesados; un plan mundial para la transición energética y el progreso sustentable; y reorientar el comercio al desarrollo compartido. Todo ello bajo la égida de las Naciones Unidas y mediante la reconstrucción de los estados de la periferia, devastados por la corrupción, la insuficiencia y el cáncer de las privatizaciones.
Durante la presentación de mi libro en la fundación Ortega y Gasset, el diálogo se concentró en el microcosmos aleccionador de México. Tras una introducción generosa de Ludolfo Paramio, profesores y estudiantes transitaron de sorpresa en sorpresa. De la esperanza colectiva desatada por la alternancia en el poder a la decepción generada por la rapiña de una clase dirigente indigna de ejercerlo. De la profunda regresión por la violación del orden democrático a la ilegitimidad de un gobierno quebradizo que cede a las presiones de sus adversarios históricos y coopta sin escrúpulos a la ralea de las izquierdas advenedizas. De la promesa solemne de reformar las instituciones públicas a la avidez insensata por corroerlas.
La reforma energética fue debatida y esclarecida. Más allá de las 12 palabras que hubiesen permitido un acuerdo político honorable, la negativa recurrente a enfrentar los problemas esenciales planteados: el destino productivo de la renta petrolera, la suficiencia fiscal del Estado y la reconversión científica y tecnológica, que nos abrirían la ruta para una economía moderna. En vez de ello, el horror a la rendición de cuentas y el encubrimiento de los responsables del pillaje, así como la entrega de una empresa nacional reforzada a quienes la envilecieron y a quienes encarnan el proyecto privatizador que la nación ha rechazado.
Por encima de todo: la simulación. La vesania mediática, el linchamiento cobarde y el burdo reparto del pastel. En el exceso, una voz trepadora acusó a las conciencias disidentes de “buscarles chichis a las víboras”. Olvidó que vegeta en el huevo de la serpiente y no le alcanza concebir que la imaginación del mundo está empeñada en encontrar glándulas mamarias a los ofidios, y si pudiera, leche a las galaxias.
PUBLICIDAD SECRETA EN VERACRUZ.- VILLANUEVA
El estado de Veracruz cuenta con una de las mejores leyes de transparencia en el país. Más todavía, ha sido el único caso en que la redacción de la iniciativa de ley contó con la participación activa de los actores políticos y sociales veracruzanos, fenómeno que no se ha advertido en ninguna otra entidad. Empero, la voluntad desplegada para contar con una buena ley se desvanece cuando se trata de cumplir con el mandato constitucional de informar. Veamos por qué.
Primero. En un ejercicio de opacidad, el gobierno de Veracruz emitió un "Acuerdo que tiene por objeto clasificar, como de acceso restringido en la modalidad de reservada y confidencial, la información que obra en poder de la Dirección General de Comunicación Social". Ese acuerdo, publicado en el número extraordinario de la Gaceta Oficial del estado de Veracruz el pasado 31 de marzo, deja fuera del escrutinio público la partida 3701, relativa a los "gastos de promoción institucional".
Segundo. Pésimamente escritos -plagados de verborrea, redundancias, sinsentidos y absurdos-, los argumentos son de antología: "Se incluye (en la clasificación) el costo de los servicios de promoción, publicidad y difusión de las acciones del gobierno del estado de Veracruz, en los diversos medios de información, para difundir ampliamente las acciones y obras de gobierno que, en beneficio de la sociedad, se realizan aplicando los recursos públicos mediante la exhaustiva selección de los medios de comunicación idóneos y más convenientes, según el grado de penetración, tiraje, cobertura y regionalización de los mismos; siendo conveniente destacar que debido a la dispersa y accidentada distribución geográfica del estado de Veracruz, los medios de comunicación que se contratan tienen su asiento en diversas regiones del estado, y son los que cuentan con mayor audiencia y disponibilidad, garantizando la oportuna difusión de las obras, acciones y la salvaguarda de la vida y el patrimonio de la sociedad; por lo que el proporcionar dicha información traería como consecuencia una ventaja indebida entre los propios medios de comunicación, de acuerdo con los principios económicos que rigen la ley de la oferta y la demanda, como el derecho de la competencia y el dumping".
En otras palabras, el gobierno veracruzano pide a los ciudadanos un acto de fe en la buena selección de medios y estrategias, pero se niega a informar. Es absurdo invocar la causal de "ventaja indebida entre los propios medios", toda vez que el gobierno tiene la obligación de establecer reglas transparentes, justas y equitativas para la asignación de pautas publicitarias. Así terminaría cualquier duda sobre los criterios aplicados.
El 6 de agosto de este año el ayuntamiento de Xalapa publicó en el número extraordinario de la Gaceta Oficial un acuerdo clasificatorio prácticamente en los mismos términos que los del gobierno del estado. Como si ello no fuera suficiente, el 25 de agosto, en otro número extraordinario de la Gaceta, el gobierno amplió el acuerdo clasificatorio para dejar fuera del escrutinio, con mayor contundencia, la partida 3705.
Tercero. Esa retórica es ofensiva para la sociedad, pues no puede concebirse que es posible cerrar la información como garantía del derecho a la información. Lo peor es que se vulneran el artículo 6º, segundo párrafo, numeral VI, y el artículo 134, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de que son violentados los principios de máxima publicidad de la Ley de Transparencia veracruzana.
No sólo eso: Al solicitar información una ciudadana y serle negada por el gobierno de Veracruz, ella pensó que el órgano garante de acceso tomaría las medidas pertinentes para anular este acuerdo de clasificación notoriamente improcedente. En cambio, según el expediente IVAI-REV/31/2008/I, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública no sólo no revisó el recurso presentado por la recurrente, sino que lo declaró ¡improcedente!, en virtud de que el acuerdo impugnado representaba una pieza jurídica modélica. Los tres consejeros del IVAI, Álvaro Ricardo de Gasperín Sampieri, Luz del Carmen Martí Capitanachi y Rafaela López Salas, votaron unánimemente por la opacidad.
Esto, pese a que en el ámbito federal y en los estados donde se ha solicitado esa información, es pública. De modo que dicha resolución del IVAI pudo ser combatida ante las autoridades jurisdiccionales. Y, más allá de los argumentos jurídicos, ¿no se supone que el órgano garante se creó para facilitar el acceso a la información y no para entorpecerlo? ¿Cómo sostener con estas acciones que el acceso a la información es amigable si sus garantes son los primeros en obstaculizarlo?
Tales decisiones dejan en estado de indefensión a casi todos los ciudadanos, quienes carecen de recursos económicos y conocimientos para encarar un litigio judicial. De esta forma, en Veracruz la transparencia se vuelve una apariencia en que la discrecionalidad suple reglas claras en perjuicio de la sociedad. l
evillanueva99n@yahoo.com
Primero. En un ejercicio de opacidad, el gobierno de Veracruz emitió un "Acuerdo que tiene por objeto clasificar, como de acceso restringido en la modalidad de reservada y confidencial, la información que obra en poder de la Dirección General de Comunicación Social". Ese acuerdo, publicado en el número extraordinario de la Gaceta Oficial del estado de Veracruz el pasado 31 de marzo, deja fuera del escrutinio público la partida 3701, relativa a los "gastos de promoción institucional".
Segundo. Pésimamente escritos -plagados de verborrea, redundancias, sinsentidos y absurdos-, los argumentos son de antología: "Se incluye (en la clasificación) el costo de los servicios de promoción, publicidad y difusión de las acciones del gobierno del estado de Veracruz, en los diversos medios de información, para difundir ampliamente las acciones y obras de gobierno que, en beneficio de la sociedad, se realizan aplicando los recursos públicos mediante la exhaustiva selección de los medios de comunicación idóneos y más convenientes, según el grado de penetración, tiraje, cobertura y regionalización de los mismos; siendo conveniente destacar que debido a la dispersa y accidentada distribución geográfica del estado de Veracruz, los medios de comunicación que se contratan tienen su asiento en diversas regiones del estado, y son los que cuentan con mayor audiencia y disponibilidad, garantizando la oportuna difusión de las obras, acciones y la salvaguarda de la vida y el patrimonio de la sociedad; por lo que el proporcionar dicha información traería como consecuencia una ventaja indebida entre los propios medios de comunicación, de acuerdo con los principios económicos que rigen la ley de la oferta y la demanda, como el derecho de la competencia y el dumping".
En otras palabras, el gobierno veracruzano pide a los ciudadanos un acto de fe en la buena selección de medios y estrategias, pero se niega a informar. Es absurdo invocar la causal de "ventaja indebida entre los propios medios", toda vez que el gobierno tiene la obligación de establecer reglas transparentes, justas y equitativas para la asignación de pautas publicitarias. Así terminaría cualquier duda sobre los criterios aplicados.
El 6 de agosto de este año el ayuntamiento de Xalapa publicó en el número extraordinario de la Gaceta Oficial un acuerdo clasificatorio prácticamente en los mismos términos que los del gobierno del estado. Como si ello no fuera suficiente, el 25 de agosto, en otro número extraordinario de la Gaceta, el gobierno amplió el acuerdo clasificatorio para dejar fuera del escrutinio, con mayor contundencia, la partida 3705.
Tercero. Esa retórica es ofensiva para la sociedad, pues no puede concebirse que es posible cerrar la información como garantía del derecho a la información. Lo peor es que se vulneran el artículo 6º, segundo párrafo, numeral VI, y el artículo 134, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de que son violentados los principios de máxima publicidad de la Ley de Transparencia veracruzana.
No sólo eso: Al solicitar información una ciudadana y serle negada por el gobierno de Veracruz, ella pensó que el órgano garante de acceso tomaría las medidas pertinentes para anular este acuerdo de clasificación notoriamente improcedente. En cambio, según el expediente IVAI-REV/31/2008/I, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública no sólo no revisó el recurso presentado por la recurrente, sino que lo declaró ¡improcedente!, en virtud de que el acuerdo impugnado representaba una pieza jurídica modélica. Los tres consejeros del IVAI, Álvaro Ricardo de Gasperín Sampieri, Luz del Carmen Martí Capitanachi y Rafaela López Salas, votaron unánimemente por la opacidad.
Esto, pese a que en el ámbito federal y en los estados donde se ha solicitado esa información, es pública. De modo que dicha resolución del IVAI pudo ser combatida ante las autoridades jurisdiccionales. Y, más allá de los argumentos jurídicos, ¿no se supone que el órgano garante se creó para facilitar el acceso a la información y no para entorpecerlo? ¿Cómo sostener con estas acciones que el acceso a la información es amigable si sus garantes son los primeros en obstaculizarlo?
Tales decisiones dejan en estado de indefensión a casi todos los ciudadanos, quienes carecen de recursos económicos y conocimientos para encarar un litigio judicial. De esta forma, en Veracruz la transparencia se vuelve una apariencia en que la discrecionalidad suple reglas claras en perjuicio de la sociedad. l
evillanueva99n@yahoo.com
GUERRERO LA HERENCIA DEL REY ZAMBADA.-FLORES CONTRERAS
CHILPANCINGO, Gro., 30 de octubre (apro).- La detención de Jesús Reynaldo Zambada García, El Rey, hermano de uno de los líderes del cartel del Pacífico, Ismael El Mayo Zambada, agudizará la violencia en Guerrero, principalmente en la Costa Grande --el corredor de droga más importante de la entidad--, donde el capo detenido, en alianza con el exalcalde de Petatlán, Rogaciano Alba Álvarez, disputaban el control de la zona a una célula de los hermanos Beltrán Leyva.
Desde agosto pasado, se sabía que Reynaldo El Rey Zambada frecuentaba esta zona costera guerrerense, pues, según la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (PGR), tiene vínculos con el dirigente ganadero, Rogaciano Alba Álvarez, expresidente municipal de Petatlán y amigo del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer.
El procurador Eduardo Medina dijo que ambos, Rogaciano Alba y Reynaldo Zambada, son los responsables de las ejecuciones y enfrentamientos recientes en Petatlán por el control del corredor Costa Grande que disputan al "cártel del Golfo-Z". Sin embargo, los hechos violentos ocurridos desde hace dos meses contrastan con la versión oficial:
Las mantas que han aparecido en puentes peatonales y plazas públicas, así como los mensajes escritos en cartulinas colocados juntos a los cuerpos de personas ejecutadas, reflejan que la disputa del corredor Costa Grande se ha convertido en una rivalidad de tipo personal entre Rogaciano Alba y Rubén El Nene Granados, jefe de una célula de sicarios del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Esta vorágine de violencia no sólo ha dejado una estela de muerte, dolor y miedo en la Costa Grande, sino también señalamientos contra jefes militares y autoridades civiles y policíacas de los tres niveles de gobierno de brindar, presuntamente, apoyo y protección a los dos grupos delictivos que dirigen Rogaciano Alba y Rubén Granados.
Así mismo, esta situación ha evidenciado una falta de coordinación entre los operativos que realizan soldados adscritos a la 35 Zona Militar y policías de los tres niveles de gobierno que conforman el Grupo Coordinación Guerrero en municipios como Chilpancingo, Zihuatanejo, Petatlán, Tecpan, La Unión, Arcelia, Pungarabato, Cutzamala y Coyuca de Catalán.
Orígenes de la confrontación
El 2 de mayo pasado, en la ciudad de Iguala, un comando de aproximadamente 30 personas asesinó a nueve miembros de la Unión Ganadera Regional de Guerrero, e hirió a cuatro personas más.
Un día después, el 3 de mayo, en Petatlán un grupo de desconocidos ejecutó frente a su propia casa a los hijos del dirigente ganadero, Roosevelt y Alejandro, así como a ocho de sus empleados. Además, secuestraron a una hija de Rogaciano Alba, de nombre Ana Karen, quien a la fecha sigue desaparecida.
A pesar de que las autoridades estatales señalaron que ambos ataques iban dirigidos contra Rogaciano Alba y estaban relacionados con actividades del narcotráfico, el ganadero rechazó, desde la clandestinidad, cualquier vínculo con el tráfico de drogas.
Alba Álvarez presidió por más de 15 años la Unión Ganadera Regional de Guerrero, fue alcalde Petatlán en el trienio 1993-1996, durante el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer y ha sido señalado como la persona que ordenó el homicidio de la abogada defensora de los derechos humanos, Digna Ochoa.
Entrevistado vía telefónica por medio del sistema oficial de Radio y Televisión de Guerrero en Ciudad Altamirano, Rogaciano Alba señaló: "Las autoridades de Guerrero responden a los intereses de los que mandan en el estado, y yo fui afectado por esa gente de poder."
Cuando se le preguntó sobre sus nexos con el narcotráfico, reaccionó molesto y dijo: "A huevo me quieren mezclar (con el narco), no sé qué interés tienen", según reportó el periódico El Sur, el 9 de mayo. Desde esta fecha, se desconoce el paradero de Rogaciano Alba.
Tres meses después Rogaciano Alba y Reynaldo Zambada fueron acusados de dirigir el ataque contra la casa de Rubén Granados, en el poblado San Luis la Loma, municipio de Techan, donde la madrugada del 28 de agosto un comando con vestimenta tipo militar asesinó a la esposa, dos hijas menores y a una cuñada de El Nene, Rubén Granados.
Esta operación fue planeada de forma precisa: para facilitar la huida del comando fue emboscado un convoy de policías federales y estatales que se dirigían, aproximadamente a las siete de la mañana, a San Luis la Loma sobre la carretera nacional Zihuatanejo-Acapulco, por un grupo de sicarios que se parapetaron en el cerro conocido como Loma del Toro.
El saldo de este segundo ataque fue de dos policías muertos y siete heridos, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Sobre el asesinato de sus familiares, El Nene Granados responsabilizó a Rogaciano Alba y señaló: "Él cree que nosotros matamos a su familia, pero está equivocado. Rogaciano no cumplió en un negocio con otras gentes y ellos tomaron represalias, él sabe bien quién fue."
En una entrevista publicada el 29 de agosto en el periódico La Jornada Guerrero, El Nene Granados lanzó el reto: "Aquí los vamos a esperar; riéndome me rajo la madre con ellos."
Un día después, la noche del 30 de agosto en Petatlán, frente a la casa de Rogaciano Alba fue dejada una hielera con la cabeza del empresario Andrés Núñez -comercializador de agua en pipas en el puerto de Zihuatanejo y compadre del exdirigente ganadero--, así como dos mensajes escritos en cartulinas.
Uno de los mensajes señalaba: "Somos la verga. Este mensaje es para Rogaciano Alba y para Reynaldo Zambada García, pinches putos no se matan niños ni mujeres; nosotros vamos a matar hombres, a todos los que les ayuden, compadres, parientes, les pasará lo mismo. Somos la verga. Atte hombres G."
De esta forma se manifestaron públicamente los protagonistas de esta guerra personalizada por el control de la Costa Grande, que aún sigue cobrando vidas.
La noche del 23 de octubre un grupo de sujetos armados que viajaba a bordo de varias camionetas de modelo reciente disparó sus rifles AK-47 contra una presunta narcotienda ubicada en el poblado de San Jeronimito, municipio de Petatlán, donde murieron dos personas, una de ellas paralítica.
Los "narcomensajes"
Desde hace poco más de un mes, soldados adscritos a la 35 Zona Militar y policías federales, ministeriales y estatales, por separado, realizan operaciones contra objetivos específicos de la delincuencia organizada: como el desmantelamiento de "narcotiendas" y casas de seguridad en las regiones Costa Grande, Tierra Caliente y Centro.
Incluso, la comandancia de la 35 Zona Militar dispuso de un teléfono y un correo electrónico para que la ciudadanía realice denuncias anónimas.
La aparición de mensajes dirigidos a militares y autoridades civiles y policías de los tres niveles de gobierno que presuntamente dan protección a grupos delincuenciales, hace evidente la falta de coordinación en las operaciones.
Recientemente, la madrugada del 15 de octubre un grupo armado levantó a un joven que trabajaba en un centro de lavado de autos en Petatlán; posteriormente apareció ejecutado afuera del poblado. Junto al cuerpo los sicarios dejaron dos mensajes escritos en cartulinas dirigidos a Rubén El Nene Granados y policías de los tres niveles.
Una de las cartulinas señalaba literalmente: "Esto va para todos los cuerpos policíacos que dan proteccion a esta organización criminal inclullendo (sic) autoridades federales y estatales y municipales quienes entregan a mis compañeros y a jente inocente para cer ejecutados cobardemente. Para los que no quieran creer pronto los vicitar policias municipales los boy a basuquear taidores jesus merasa ramos. Miguel mendosa chaves. Arturo ambario soveranis. juan sabala Ortuño. isaca lejandro castreja. juan enrique quesada. isabel Beltrán reyes ustedes asi lo quisieron y pronto se ban a moror bastardos."
La segunda cartulina decía: "Esto les pasara a todos los que le vendan droga a Mario Pineda y al Nene. A todos los bamos a matar bamos x ti Mario Pineda vamos a destruir tu estructura criminal Tu Nene sigues matando jente inocente pronto nos beremos las caras lla te demostramos que somos la berga ATTE. Ejercito Revolucionario de liberación de los Pueblos Unidos."
En los archivos de grupos guerrilleros en la entidad, no hay ninguna referencia al tal Ejército Revolucionario de Liberación de los Pueblos Unidos.
Dos días después, el pasado 17 de octubre, la Secretaría de Seguridad Pública estatal reportó el hallazgo de tres mantas que fueron colocadas en puentes peatonales de Zihuatanejo y en la plaza principal de la cabecera municipal de La Unión con mensajes dirigidos a Rogaciano Alba, El Rey Zambada y al comandante del 19 Batallón de Infantería con sede en Petatlán, Víctor Manuel González Trejo.
El texto de una manta que fue retirada por militares del puente ubicado sobre el bulevar Zihuatanejo-Ixtapa, frente a la colonia El Limón y la unidad habitacional Infonavit El Hujal, señalaba: "El coronel Víctor Manuel González Trejo del Batallón 19 Petatlán es el cómplice de Rogaciano Alba y fue a pedir protección a las autoridades de Morelia y como se la negaron de venganza le aventó granadas. Estos son los lugares que protege el coronel (La Calera) (Santa Rosa) (Arroyo Seco) (El Venado) (Chaveta) (Potrerillo) (La Parota) y todo lo que colinda con la sierra", en referencia al municipio de Petatlán.
La segunda manta localizada en un puente peatonal frente a una central de autobuses y la clínica 8 del IMSS decía:
"El coronel de Infantería Víctor Manuel González Trejo comandante del 19 Batallón de Infantería de Petatlán es el que apoya a Rogaciano Alba y Reynaldo Zambada (a) el Rey Zambada son los responsables de la muerte de taxistas niños y mujeres y del atentado de Morelia y Papanoa y también fue el asesino de Digna Ochoa de Derechos Humanos."
Ante esta situación, el gobierno estatal ha asumido una actitud de indiferencia, misma que fue confirmada por el propio gobernador Zeferino Torreblanca, cuando en la Ciudad de México se le preguntó sobre el fenómeno de la narcoviolencia en Guerrero y respondió: "Ni quiero, ni puedo" combatir el narcotráfico.
Desde agosto pasado, se sabía que Reynaldo El Rey Zambada frecuentaba esta zona costera guerrerense, pues, según la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (PGR), tiene vínculos con el dirigente ganadero, Rogaciano Alba Álvarez, expresidente municipal de Petatlán y amigo del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer.
El procurador Eduardo Medina dijo que ambos, Rogaciano Alba y Reynaldo Zambada, son los responsables de las ejecuciones y enfrentamientos recientes en Petatlán por el control del corredor Costa Grande que disputan al "cártel del Golfo-Z". Sin embargo, los hechos violentos ocurridos desde hace dos meses contrastan con la versión oficial:
Las mantas que han aparecido en puentes peatonales y plazas públicas, así como los mensajes escritos en cartulinas colocados juntos a los cuerpos de personas ejecutadas, reflejan que la disputa del corredor Costa Grande se ha convertido en una rivalidad de tipo personal entre Rogaciano Alba y Rubén El Nene Granados, jefe de una célula de sicarios del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Esta vorágine de violencia no sólo ha dejado una estela de muerte, dolor y miedo en la Costa Grande, sino también señalamientos contra jefes militares y autoridades civiles y policíacas de los tres niveles de gobierno de brindar, presuntamente, apoyo y protección a los dos grupos delictivos que dirigen Rogaciano Alba y Rubén Granados.
Así mismo, esta situación ha evidenciado una falta de coordinación entre los operativos que realizan soldados adscritos a la 35 Zona Militar y policías de los tres niveles de gobierno que conforman el Grupo Coordinación Guerrero en municipios como Chilpancingo, Zihuatanejo, Petatlán, Tecpan, La Unión, Arcelia, Pungarabato, Cutzamala y Coyuca de Catalán.
Orígenes de la confrontación
El 2 de mayo pasado, en la ciudad de Iguala, un comando de aproximadamente 30 personas asesinó a nueve miembros de la Unión Ganadera Regional de Guerrero, e hirió a cuatro personas más.
Un día después, el 3 de mayo, en Petatlán un grupo de desconocidos ejecutó frente a su propia casa a los hijos del dirigente ganadero, Roosevelt y Alejandro, así como a ocho de sus empleados. Además, secuestraron a una hija de Rogaciano Alba, de nombre Ana Karen, quien a la fecha sigue desaparecida.
A pesar de que las autoridades estatales señalaron que ambos ataques iban dirigidos contra Rogaciano Alba y estaban relacionados con actividades del narcotráfico, el ganadero rechazó, desde la clandestinidad, cualquier vínculo con el tráfico de drogas.
Alba Álvarez presidió por más de 15 años la Unión Ganadera Regional de Guerrero, fue alcalde Petatlán en el trienio 1993-1996, durante el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer y ha sido señalado como la persona que ordenó el homicidio de la abogada defensora de los derechos humanos, Digna Ochoa.
Entrevistado vía telefónica por medio del sistema oficial de Radio y Televisión de Guerrero en Ciudad Altamirano, Rogaciano Alba señaló: "Las autoridades de Guerrero responden a los intereses de los que mandan en el estado, y yo fui afectado por esa gente de poder."
Cuando se le preguntó sobre sus nexos con el narcotráfico, reaccionó molesto y dijo: "A huevo me quieren mezclar (con el narco), no sé qué interés tienen", según reportó el periódico El Sur, el 9 de mayo. Desde esta fecha, se desconoce el paradero de Rogaciano Alba.
Tres meses después Rogaciano Alba y Reynaldo Zambada fueron acusados de dirigir el ataque contra la casa de Rubén Granados, en el poblado San Luis la Loma, municipio de Techan, donde la madrugada del 28 de agosto un comando con vestimenta tipo militar asesinó a la esposa, dos hijas menores y a una cuñada de El Nene, Rubén Granados.
Esta operación fue planeada de forma precisa: para facilitar la huida del comando fue emboscado un convoy de policías federales y estatales que se dirigían, aproximadamente a las siete de la mañana, a San Luis la Loma sobre la carretera nacional Zihuatanejo-Acapulco, por un grupo de sicarios que se parapetaron en el cerro conocido como Loma del Toro.
El saldo de este segundo ataque fue de dos policías muertos y siete heridos, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Sobre el asesinato de sus familiares, El Nene Granados responsabilizó a Rogaciano Alba y señaló: "Él cree que nosotros matamos a su familia, pero está equivocado. Rogaciano no cumplió en un negocio con otras gentes y ellos tomaron represalias, él sabe bien quién fue."
En una entrevista publicada el 29 de agosto en el periódico La Jornada Guerrero, El Nene Granados lanzó el reto: "Aquí los vamos a esperar; riéndome me rajo la madre con ellos."
Un día después, la noche del 30 de agosto en Petatlán, frente a la casa de Rogaciano Alba fue dejada una hielera con la cabeza del empresario Andrés Núñez -comercializador de agua en pipas en el puerto de Zihuatanejo y compadre del exdirigente ganadero--, así como dos mensajes escritos en cartulinas.
Uno de los mensajes señalaba: "Somos la verga. Este mensaje es para Rogaciano Alba y para Reynaldo Zambada García, pinches putos no se matan niños ni mujeres; nosotros vamos a matar hombres, a todos los que les ayuden, compadres, parientes, les pasará lo mismo. Somos la verga. Atte hombres G."
De esta forma se manifestaron públicamente los protagonistas de esta guerra personalizada por el control de la Costa Grande, que aún sigue cobrando vidas.
La noche del 23 de octubre un grupo de sujetos armados que viajaba a bordo de varias camionetas de modelo reciente disparó sus rifles AK-47 contra una presunta narcotienda ubicada en el poblado de San Jeronimito, municipio de Petatlán, donde murieron dos personas, una de ellas paralítica.
Los "narcomensajes"
Desde hace poco más de un mes, soldados adscritos a la 35 Zona Militar y policías federales, ministeriales y estatales, por separado, realizan operaciones contra objetivos específicos de la delincuencia organizada: como el desmantelamiento de "narcotiendas" y casas de seguridad en las regiones Costa Grande, Tierra Caliente y Centro.
Incluso, la comandancia de la 35 Zona Militar dispuso de un teléfono y un correo electrónico para que la ciudadanía realice denuncias anónimas.
La aparición de mensajes dirigidos a militares y autoridades civiles y policías de los tres niveles de gobierno que presuntamente dan protección a grupos delincuenciales, hace evidente la falta de coordinación en las operaciones.
Recientemente, la madrugada del 15 de octubre un grupo armado levantó a un joven que trabajaba en un centro de lavado de autos en Petatlán; posteriormente apareció ejecutado afuera del poblado. Junto al cuerpo los sicarios dejaron dos mensajes escritos en cartulinas dirigidos a Rubén El Nene Granados y policías de los tres niveles.
Una de las cartulinas señalaba literalmente: "Esto va para todos los cuerpos policíacos que dan proteccion a esta organización criminal inclullendo (sic) autoridades federales y estatales y municipales quienes entregan a mis compañeros y a jente inocente para cer ejecutados cobardemente. Para los que no quieran creer pronto los vicitar policias municipales los boy a basuquear taidores jesus merasa ramos. Miguel mendosa chaves. Arturo ambario soveranis. juan sabala Ortuño. isaca lejandro castreja. juan enrique quesada. isabel Beltrán reyes ustedes asi lo quisieron y pronto se ban a moror bastardos."
La segunda cartulina decía: "Esto les pasara a todos los que le vendan droga a Mario Pineda y al Nene. A todos los bamos a matar bamos x ti Mario Pineda vamos a destruir tu estructura criminal Tu Nene sigues matando jente inocente pronto nos beremos las caras lla te demostramos que somos la berga ATTE. Ejercito Revolucionario de liberación de los Pueblos Unidos."
En los archivos de grupos guerrilleros en la entidad, no hay ninguna referencia al tal Ejército Revolucionario de Liberación de los Pueblos Unidos.
Dos días después, el pasado 17 de octubre, la Secretaría de Seguridad Pública estatal reportó el hallazgo de tres mantas que fueron colocadas en puentes peatonales de Zihuatanejo y en la plaza principal de la cabecera municipal de La Unión con mensajes dirigidos a Rogaciano Alba, El Rey Zambada y al comandante del 19 Batallón de Infantería con sede en Petatlán, Víctor Manuel González Trejo.
El texto de una manta que fue retirada por militares del puente ubicado sobre el bulevar Zihuatanejo-Ixtapa, frente a la colonia El Limón y la unidad habitacional Infonavit El Hujal, señalaba: "El coronel Víctor Manuel González Trejo del Batallón 19 Petatlán es el cómplice de Rogaciano Alba y fue a pedir protección a las autoridades de Morelia y como se la negaron de venganza le aventó granadas. Estos son los lugares que protege el coronel (La Calera) (Santa Rosa) (Arroyo Seco) (El Venado) (Chaveta) (Potrerillo) (La Parota) y todo lo que colinda con la sierra", en referencia al municipio de Petatlán.
La segunda manta localizada en un puente peatonal frente a una central de autobuses y la clínica 8 del IMSS decía:
"El coronel de Infantería Víctor Manuel González Trejo comandante del 19 Batallón de Infantería de Petatlán es el que apoya a Rogaciano Alba y Reynaldo Zambada (a) el Rey Zambada son los responsables de la muerte de taxistas niños y mujeres y del atentado de Morelia y Papanoa y también fue el asesino de Digna Ochoa de Derechos Humanos."
Ante esta situación, el gobierno estatal ha asumido una actitud de indiferencia, misma que fue confirmada por el propio gobernador Zeferino Torreblanca, cuando en la Ciudad de México se le preguntó sobre el fenómeno de la narcoviolencia en Guerrero y respondió: "Ni quiero, ni puedo" combatir el narcotráfico.
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