REPORTAJE
Estado incumple atención en salud y abasto de anticonceptivos
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México, DF, 17 oct 11 (CIMAC).- El Estado mexicano está en deuda con las mujeres rurales e indígenas del país, pues al privarlas de oportunidades de desarrollo y de servicios de salud calidad ellas son las más propensas a morir por padecimientos ligados al embarazo, parto y puerperio.
Al conmemorarse el 15 de octubre el Día Internacional de las Mujeres Rurales, las cifras oficiales muestran que los estados con mayor población indígena o que vive en el campo poseen los indicadores más alarmantes de muerte materna (MM), aseguran representantes de organizaciones civiles que trabajan el tema.
Así, mientras el promedio nacional de razón de muerte materna (RMM) es de 53.3 decesos por cada 100 mil nacidos vivos, en Guerrero, entidad con alta población rural e indígena, el indicador se eleva a 103.2 muertes maternas (MM) por el mismo número de nacimientos.
Oaxaca y Chiapas afrontan una situación semejante: Ambos estados están por encima de la media, con una RMM de 82.7 y 80.6, respectivamente.
Rafaela Schiavon, directora de Ipas-México, explica que “estas mujeres suman una serie de vulnerabilidades por su etnicidad, bajo nivel educativo y la ausencia de acceso a oportunidades de desarrollo”, las cuales las colocan en riesgo de sufrir una MM.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2009, 5.7 por ciento de las mujeres de cinco años y más hablan alguna lengua indígena. El 25 por ciento tiene de 15 a 29 años, y 41.2 por ciento tiene de 30 a 59 años. Más de 60 por ciento en edad reproductiva.
El 48 por ciento de las hablantes de lengua indígena (de 5 a 29 años de edad) no asiste a la escuela. Tres de cada 10 de estas mujeres carece de instrucción escolar. En promedio su escolaridad es de 4.5 años.
En tanto, la población rural en el país representa el 22 por ciento del total de las y los habitantes, según el Censo de Población y Vivienda 2010. En México hay 95 hombres por cada 100 mujeres.
Lina Rosa Berrio, directora de Kinal Antzetik, señala que en las zonas rurales e indígenas, la RMM duplica la media nacional y existen “enormes dificultades para reducirla, debido a la inequidad en salud”.
Por ejemplo menciona que en la jurisdicción indígena de la Costa Chica de Guerrero en lo que va del año tienen registro de ocho casos de MM.
“Todas ocurrieron en el traslado o en las comunidades, las cuales están absolutamente alejadas, con dificultades de acceso a servicios de salud, incluso a unidades básicas, por el gran nivel de pobreza”, detalla.
Schiavon sostiene que la ausencia de infraestructura en salud y la lejanía de los servicios son sólo una muestra de que “México tiene más pendientes que avances para garantizar la salud materna de las mujeres rurales e indígenas”.
Mejorar la salud materna es el quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) que México se comprometió a alcanzar en 2015 y que no va a cumplir debido al atraso en la reducción de la MM.
El principal indicador del ODM es la disminución de la RMM en tres cuartas partes, es decir 22 por cada 100 mil nacidos vivos y México apenas está en 53.5.
Para reducir la MM es preciso aumentar la proporción de partos asistidos por personal médico capacitado.
Hasta 2008 el promedio nacional de alumbramientos asistidos era de 87.6 por ciento, pero en Chiapas apenas alcanzó 36.1 por ciento, en Oaxaca el 64.4 por ciento y en Guerrero 68.8 por ciento, según los Indicadores sobre el Derecho a la Salud en México, elaborado por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El país también se comprometió a garantizar la universalización de la salud reproductiva a través de la disminución de la necesidad insatisfecha de anticonceptivos (NIA).
El promedio nacional de mujeres que desean utilizar algún método y no lo utilizan es de 9.8 por ciento, pero en los estados con mayor población rural e indígena es superior.
Por ejemplo en Chiapas es de 22.5 por ciento y en Oaxaca de 15.5. Cabe mencionar que de 1997 a 2009, la NIA en Chiapas sólo se redujo 1.2 por ciento.
Según la Enadid 2009, la prevalencia de uso de anticonceptivos en mujeres unidas en edad fértil es de 72.5, pero el indicador disminuye en Chiapas a 55 por ciento, Guerrero a 61.4 y en Oaxaca a 63.5.
La directora de Ipas-México indicó que las mujeres rurales e indígenas están expuestas en mayor medida a embarazos no deseados por la baja cobertura anticonceptiva.
Ello se debe a que no están disponibles en los servicios de salud o porque culturalmente están expuestas a relaciones sexuales tempranas sin protección, ya que la desigualdad en las relaciones de género les impide negociar el uso de anticonceptivos.
Esperanza Delgado, responsable de la Unidad de Evaluación e Incidencia Política en Mexfam, informó a Cimacnoticias que en promedio 12 por ciento de las adolescentes en México son madres, y esa proporción aumenta a 15 por ciento en el caso de las menores de 20 años de edad que viven en zonas rurales y a 17 por ciento en adolescentes indígenas.
La falta de atención médica durante el periodo prenatal, el alumbramiento y después del parto, deriva en la MM de las adolescentes.
En 2009 el 14 por ciento de las mujeres que fallecieron por causas maternas eran menores de 19 años de edad, apunta Graciela Freyermuth del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
En ese año, el promedio de consultas prenatales fue de 4.7, pero de acuerdo con Freyermuth el número de revisiones médicas durante el embarazo deben ser al menos de siete.
En este escenario, Daniela Díaz, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, acusa que el Estado mexicano está en deuda con las mujeres rurales e indígenas porque debido a su situación de desventaja históricamente la MM se ha concentrado en esta población.
Para subsanar esta deuda las autoridades del país deben crear una política pública en salud que acerque los servicios a las comunidades geográfica y culturalmente, coincidieron las especialistas entrevistadas.
El reto más importante es brindar atención médica con la tecnología adecuada, pero con prestadores de salud cercanos a la cosmovisión indígena. “Es necesario fortalecer prácticas como el parto vertical en los servicios públicos”, concluyó Lina Berrio.
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