Enoé Uranga exige cumplir compromisos internacionales
Mitad del país, sin leyes estatales contra la discriminación
Por Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Hermosillo, 21 oct 11 (CIMAC).- La diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Enoé Uranga criticó la falta de compromiso a favor de la equidad y la inclusión, por parte de 15 congresos estatales que no han aprobado leyes locales contra la discriminación
En entrevista, la legisladora abundó que esas entidades federativas, entre las que se encuentra Sonora, incumplen con tratados internacionales en la materia firmados por México.
“México tiene el compromiso ante la ONU de que tendrá leyes contra la discriminación, y es un compromiso ratificado por la mayoría de los congresos locales”, expuso Uranga, quien participó en esta ciudad en el noveno Festival de la diversidad amorosa y sexual, y recibió un reconocimiento de la Asociación por una Ciudad Diversa e Incluyente (Diverciudad).
La diputada perredista abundó que la falta de una ley contra la discriminación en Sonora “no sólo muestra el grado de atraso del Congreso local en relación a su propia sociedad diversa…, sino también la falta de seriedad en relación con los compromisos internacionales y con lo que está pasando en el resto del país”.
ESTADO RETRÓGRADA
Respecto a que hoy se cumplieron tres años de que el Congreso de Sonora reformó la Constitución local para “proteger la vida desde la concepción”, Enoé Uranga apuntó que esa acción legal “es un gran golpe” no sólo para la mitad de la población, sino también contra la ciudadanía de las mujeres y su derecho a decidir.
“Es un golpe para el avance de la democracia mexicana en la medida en que la mitad de la población sigamos siendo vistas como ciudadanas de segunda, sigamos siendo rehenes de nuestros cuerpos, sobre nuestro derecho a decidir sobre nosotras mismas”, reclamó.
Abundó que la reforma que penaliza el derecho a la interrupción legal del embarazo, al igual que en otros 16 estados del país, violenta el Estado laico por tratarse de “la imposición de los poderes fácticos de la Iglesia”.
“Es una afrenta al propio estado de Derecho… a la laicidad y al desarrollo democrático del país. Es algo que duele y avergüenza a quienes hacemos política. Ver que todavía se atraviesan los intereses de las altas jerarquías por encima de los derechos elementales de las mujeres por un asunto de fe, de apostarle al absurdo de definición de lo que es vida antes que ver el mandato constitucional de lo que no está en duda: las personas y los Derechos Humanos en este país”, concluyó.
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