Un tribunal para los pueblos del maíz

Silvia Ribeiro*

El 21 de octubre se inauguró el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), con la presencia de miembros de esta prestigiosa institución internacional, heredera del Tribunal Russell, instancia creada para juzgar los crímenes contra la humanidad cometidos en la guerra de Vietnam y posteriormente, en las dictaduras latinoamericanas. En la inauguración participaron representantes de las decenas de organizaciones populares, comunidades y movimientos sociales de México, que han ido construyendo colectivamente las bases del expediente que se desarrollará en los próximos dos años bajo el título general Tratados de libre comercio, guerra sucia, impunidad y derechos de los pueblos.

Muchas personalidades, activistas y observadores internacionales, entre ellos John Berger, Noam Chomsky, Eduardo Galeano, Susan George, Inmanuel Wallerstein, Paul Nicholson, João Pedro Stédile, Pat Mooney, Vandana Shiva y otras personas y organizaciones, saludaron en una carta pública la constitución de un capítulo México del TPP, en un compromiso de acompañar el proceso. Manifiestan estar “profundamente preocupados por el alarmante proceso de descomposición y crisis generalizada que sufre México (…) donde como resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ocurre una violación masiva de los derechos humanos de los pueblos indígenas y de la población en general: decenas de miles de muertos, desapariciones, feminicidios, migrantes asesinados y extorsionados, desplazados, trabajadores despedidos (…) impunidad para quebrantar la ley. (…) Saludamos la instauración de un capítulo México del TPP con el fin de visibilizar la situación imperante e intentar desnudar los mecanismos de simulación y desvío de poder” (ver completa en www.tppmexico.org)

El TPP capítulo México no es un evento sino muchos, es un proceso abierto que culminará en una sesión final frente a un jurado internacional. Allí se presentarán los casos que se han agrupado en siete audiencias temáticas, que van desde los feminicidios a la violencia sistemática contra migrantes, trabajadores, comunicadores, campesinos, indígenas. También la violencia que constituyen la devastación ambiental y los ataques al maíz y a la soberanía alimentaria.

Cada audiencia ilumina una faceta del rompecabezas que es México actualmente, que están además entretejidas. La audiencia sobre maíz y soberanía alimentaria, promovida entre otros por la Red en Defensa del Maíz y la Vía Campesina, se propone desarrollar cinco tesis centrales, que podrían extenderse en el proceso, al sumarse más participantes.

Una primera tesis es que el TLCAN promovió el desmantelamiento de cualquier ley que protegiera los derechos colectivos y los ámbitos comunes, en particular los territorios (tierra, agua, plantas, biodiversidad) de los pueblos indígenas y campesinos, al tiempo que desmantelaba instituciones y políticas públicas de apoyo a la producción agrícola de pequeña escala, favorecía las importaciones, a favor de la agricultura industrial y los agronegocios controlados por corporaciones trasnacionales, en contra de la soberanía alimentaria.

La segunda es que este proceso de ataque de la vida campesina, tiene como fin último la erradicación de la producción independiente de alimentos, para lo cual se avanzan también mecanismos para criminalizar el libre intercambio de semillas, la imposición de semillas híbridas de empresas, la certificación, las leyes de propiedad intelectual, patentes, derechos de obtentor, etcétera.

La tercera es que la invasión de semillas transgénicas, favorecida por todo lo anterior, extenderá inevitablemente la contaminación transgénica a las 62 razas nativas y miles de variedades que existen en México, con daños irreparables a la biodiversidad del maíz en su centro de origen. Un gobierno que apenas está 6 años –y que se ha negado a oír los argumentos contra la siembra de maíz transgénico de la vasta mayoría de la población, incluyendo movimientos rurales y urbanos, asociaciones de científicos, consumidores y muchos otros– amenaza gravemente el patrimonio histórico de 10 mil años de creación campesina-indígena y el reservorio genético global del maíz.

Una cuarta tesis es que estos ataques a las semillas nativas y a la producción campesina y agroecológica erosionan seriamente la biodiversidad, devastan la vida en el campo y debilitan las comunidades, agudizando la emigración y la urbanización salvaje, favoreciendo la invasión de los territorios campesinos e indígenas para megaproyectos, explotación minera, privatización de agua, plantaciones de monocultivos, deforestación y apropiación de territorios en programas de mercantilización de la naturaleza, como REDD y servicios ambientales.

Una quinta tesis es que todo este proceso que propicia la destrucción de la biodiversidad, de la vida campesina y de la producción independiente de alimentos, es también causa importante de la crisis alimentaria, así como el sistema alimentario agroindustrial que se favorece, es causa principal de la crisis climática.

Pero ante todo, señalaron los promotores de esta audiencia, el maíz no es una cosa, es la vida de millones de campesinos cuyo centro civilizatorio es la comunidad y la vida en la siembra. Siendo México centro de origen del maíz, uno de los cuatro cultivos cruciales para la humanidad en su conjunto, los ataques al maíz y a los pueblos que lo cultivan, son un ataque contra las estrategias más antiguas y con más posibilidades de futuro de la humanidad. Para defender y recordar ese futuro, comienza el TPP en México.

*Investigadora del Grupo ETC

TPP: un esfuerzo necesario

Se instaló ayer formalmente la sección México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), fundado en 1979 en Bolonia, Italia, y heredero directo de los Tribunales Russell que sacaron a la luz pública, en la década de los 60 y 70, los crímenes de guerra cometidos en Vietnam bajo la ocupación de Estados Unidos y atrocidades perpetradas por las dictaduras militares latinoamericanas. Se trata de un tribunal de conciencia ajeno a gobiernos nacionales y partidos políticos, cuya función principal ha sido dar visibilidad y calificar en términos jurídicos las denuncias sobre delitos de lesa humanidad.

En su presente versión, el TPP se propone, en un lapso que presumiblemente concluirá en 2014, analizar las múltiples violaciones a las garantías individuales en el país, expuestas en reuniones previas por diversos grupos y actores de la sociedad, y entre cuyas víctimas figuran los afectados por la violencia relacionada con el combate al narcotráfico, los migrantes, la población femenina, los trabajadores y sindicatos, los pueblos indígenas, los ambientalistas y los comunicadores.

La multiplicidad de frentes en los que actualmente se desarrollan vejaciones cometidas por la autoridad, por poderes fácticos o por la acción conjunta de unas y otros, es indicativo de un deterioro generalizado en la vigencia de los derechos humanos en el país. Como ocurre en otros terrenos de la vida pública, México experimenta, en la hora presente, una ruptura dolorosa entre el ámbito de lo formal –en el que el Estado mexicano detenta una larga tradición como signatario de las convenciones más relevantes en materia humanitaria, de asilo político y justicia internacional– y el de la realidad, en la que el convergen, en forma sistemática, episodios de tortura, asesinatos y desapariciones forzadas; vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas; explotación irracional de los recursos naturales; incumplimiento generalizado de preceptos constitucionales en materia alimentaria, de salud, trabajo y vivienda, y criminalización de la protesta y la lucha social, entre otros flagelos.

En el reciente lustro, por añadidura, el declive en el cumplimiento de los derechos humanos se ha agravado por efecto de la violencia relacionada con la guerra contra el narcotráfico del calderonismo, en el contexto de la cual se ha elevado el número de quejas por abusos de elementos de las fuerzas públicas –Ejército, Marina, policías federal, estatales y municipales–, supuestamente encargados de salvaguardar el estado de derecho. Pero, a pesar de la evidencia documental de estos atropellos, de su exhibición pública hecha por organizaciones defensoras de derechos humanos e incluso del reconocimiento de algunos de ellos por las dependencias responsables, la respuesta recurrente de la autoridad ha consistido en afirmar que la principal amenaza a los derechos fundamentales proviene de la delincuencia organizada.

Con tal telón de fondo, el inicio de labores del TPP constituye un esfuerzo de suma importancia por hacer visible la contraposición entre la realidad mexicana y lo estipulado en las leyes e instrumentos internacionales en la materia –lo cual constituye un paso imprescindible para corregir esa desviación–; por apelar a la moralización y sensibilización de la sociedad hacia estos temas, así como por abonar a la promoción y la defensa jurídica de los derechos humanos y la protección de grupos vulnerables y discriminados. Del mismo modo, la instalación de la sección México del TPP cobra relevancia particular en un momento en que resulta urgente humanizar las reglas implacables y depredadoras que rigen la economía –producto del modelo neoliberal todavía vigente–, que han propiciado en las pasadas tres décadas un proceso de devaluación de la vida humana y un debilitamiento, en general, del marco de derechos humanos, ciudadanos, laborales y ambientales en beneficio del imperio del lucro.

En suma, cabe saludar el desarrollo del TPP, y esperar que los señalamientos ahí vertidos durante estos años contribuyan a solidificar y robustecer la conciencia ética de la sociedad nacional, en el entendido de que ésta es imprescindible para cubrir el vacío provocado por acciones y omisiones del Estado en materia de derechos humanos –acciones y omisiones que cuestionan seriamente la vigencia del pacto social–; para ejercer un contrapeso efectivo a los abusos cometidos desde el poder y para conseguir, en esa medida, un avance real y duradero a la legalidad, la democracia y la civilidad.