Autor: Álvaro Cepeda Neri *
De los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuya doble función de tribunal de última instancia y Tribunal Constitucional ha de ser dividido o seguirán los abusos), Guillermo Ortiz Mayagoitia, Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Pardo Rebolledo y Margarita Luna Ramos decidieron salvar sus almas antes que otorgar plenos derechos a todas las mujeres, condenándolas a los abortos clandestinos que ponen en riesgo sus vidas y encarcelándolas porque tomen una decisión que choca con el machismo y traición de éstos, que creyeron hablar con Dios porque el papa les dijo que si no querían ir al infierno, atendieran al dúo Calderón-Zavala en Los Pinos, para que una vez fecundado el óvulo, las mujeres no tengan más opción que parir, o ser llevadas a la nueva Inquisición de panistas y priístas que han implantado en 22 entidades, la sanción medieval de encarcelamiento para aquellas que interrumpan su embarazo.
Los cuatro ministros de horca y cuchillo, llegaron a la sesión con sotana (en lugar de toga, prenda que usaban los romanos, para ceremonias actualmente judiciales y académicas) y la ministra como monja de la Inquisición, para interpretar la Constitución y sus leyes (pasaron por alto las disposiciones del Código Civil federal, rezando de espalda a las conquistas universales de los derechos humanos).
Y antidemocrática, antimédicamente y con sobradas estupideces quedaron bien con su confesor para recibir la bendición papal que les prometió el cielo si mutilaban los derechos de las mujeres. Al decidir que sí deben ser apedreadas, lanzaron la primera igual que los gobernantes que azotan mujeres que conducen automóviles o se quitan el velo, al anteponer sus creencias metafísicas a la racionalidad.
Se necesita un Tribunal Constitucional (consultar el brillante ensayo del político y filósofo Hans Kelsen: ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?, Tecnos), para que los ministros de la Suprema Corte dejen de ser jueces y parte, y sus interpretaciones sean hechas siempre con democracia. Por esto, se debe de separar la función de jefe de Gobierno y jefe de Estado del presidente de la República o disminuirla al nombrar un jefe de gabinete, responsable ante el Congreso de la Unión.
Mientras tanto la Suprema Corte de esos cuatro ministros sentó un precedente contra las mujeres al negarles el derecho de decidir sobre su embarazo. Las que en esos 22 entidades quieran interrumpirlo, recurrirán al clandestinaje médico al exponer sus vidas y serán encarceladas.
Enloquecida la ministra Luna Ramos justificó su embestida como si tuviera la verdad absoluta; no puso por delante su deber de interpretar la constitucionalidad para otorgar, sin discriminaciones, el derecho a que las mujeres decidan sobre su cuerpo. Dejándolas en la indefensión y sin la última palabra “para decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”.
Los que hablaron con el papa y se pusieron de acuerdo con la pareja Felipe Calderón y Margarita Zavala pisotearon ese derecho, al discriminar a las mujeres por motivos de género, prohibido constitucionalmente. Los cuatro deberían ser llevados a juicio político.
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