desInformémonos
La riqueza de los empresarios mexicanos que encabezan la lista de millonarios de la revista Forbes está
cimentada “en el despojo de los bienes de la nación”, resume Francisco
López Bárcenas, autor del libro “El mineral o la vida”, sobre la
legislación minera en México.
Los tres primeros lugares de la lista
de México (Carlos Slim, Alberto Baillères y Germán Larrea) tienen
empresas mineras. El artículo 27 actual señala que se pueden
concesionar los recursos naturales “pero siempre debe ser, primero,
para distribuir la riqueza nacional -y no para tres gentes-; para el
desarrollo de los mexicanos y para conservarlos”, precisa López
Bárcenas, que agrega que en el caso de la minería no se cumple ninguno
de estos supuestos. Además, explica, se afecta el derecho al agua y la
alimentación de los mexicanos por el carácter preferente del que goza
esta actividad industrial.
Empresarios mexicanos: explotación y especulación
Carlos
Salinas de Gortari, presidente de México entre 1988 y 1994,
desincorporó las concesiones que tenía el Estado y las entregó a grupos
mineros mexicanos, principalmente a Grupo México (de Larrea), Grupo
Peñoles (de Bailleres) y Grupo Frisco (de Slim, el hombre más rico del
mundo) para asegurarse de que controlaran gran parte de la minería, aún
antes de que hiciera la reforma al artículo 27 de la Constitución y se
publicara la nueva ley minera.
“Cuando se modifica la ley de
inversión extranjera, que permite cien por ciento de capital extranjero
en las minas, ya los empresarios mexicanos tienen asegurada su parte”,
señala López Bárcenas. Después de la entrega de las concesiones vino la
Ley Minera, que unificó los permisos para explorar y explotar y
permitió que los periodos de concesión fueran prácticamente de cien
años. Eso, apunta López Bárcenas, abrió paso a la especulación.
“Casi
todos los proyectos, dicho por los propios mineros, se llevan máximo 15
años. ¿Para qué quieren cien? Porque entre más tiempo tengan, su precio
es más alto en la bolsa de valores; el negocio no es sólo explotar el
mineral, es especular con el patrimonio nacional”, enfatiza el abogado
mixteco. La Ley Minera también permite que las concesiones se unan, con
lo que adquieren mayor valor en la bolsa.
Ante la idea de que la
mayoría de las mineras en México son canadienses, López Bárcenas
responde que esto no es totalmente verídico. Explica que en la bolsa de
valores de Vancouver se concentran todos los proyectos de minería.
“Puede ser un capital mexicano o estadunidense que se va a Vancouver,
se domicilia ahí para entrar a la economía especulativa y de ahí se
viene a México, pero ya como capital canadiense”, precisa.
La
producción de metales en México se disparó en 2010; para 2011, su valor
superó los 20 mil millones de dólares y llegó al tercer lugar entre los
sectores productivos de México, según datos de la Cámara Minera de
México (Camimex).
Gratis
Otro factor que abona al
fácil enriquecimiento para los empresarios mineros es que solamente
“pagan por hectárea de superficie concesionada entre cinco y 111 pesos
semestralmente, sin importar ni el tipo de mineral ni la cantidad que
obtengan”, informa el abogado e historiador. México es “el único país
en América Latina en que los empresarios no pagan impuestos por la
obtención y la exportación del mineral”, agrega. Colombia, aún con una
ley minera muy parecida, cobra el 30 por ciento del valor del mineral
extraído.
Una comparación que ilumina es el caso de la
paraestatal Petróleos Mexicanos. “El petróleo también es un mineral,
que el Estado se ha reservado para explotarlo él solo. Si uno ve la
cantidad de impuestos que paga, no hay un punto de comparación con lo
que pagan los otros minerales”, indica López Bárcenas. México es ya el
primer productor de plata a nivel mundial y el décimo de oro, según
datos de la Camimex, pero mientras gran parte de la recaudación del
Estado mexicano viene del petróleo, de los otros minerales “no viene ni
un centavo”, acusa López Bárcenas.
“Facilidades”
Revolution Resources
–la empresa acusada de hacer trabajos ilegales de explotación en el
territorio sagrado de Wirikuta-, en la sección “¿Por qué México?” de su
página de internet, indica que además de las leyes pro-mineras, este
país es el más estable políticamente en América Latina.
Durante
el gobierno de Salinas, el Banco de Comercio Exterior y el gobierno de
Canadá realizaron talleres sobre las posibilidades de inversión en
América Latina, recuerda López Bárcenas. Llegaron a la conclusión de
que además de las leyes permisivas en México, el gobierno tenía la
disposición de cambiar los requisitos mínimos que había en algunas
disposiciones legales y no había organizaciones no gubernamentales que
pelearan por el medio ambiente.
Francisco López Bárcenas agrega
a las condiciones que posibilitan la gran explotación el asesinato de
opositores a las minas: “En (el caso de) Minera San Xavier, un
presidente municipal se opuso a otorgar el cambio de uso de suelo y lo
asesinaron; en Chicomuselo, Chiapas, mataron a Mariano Abarca; en San
José del Progreso, Oaxaca, mataron a Bernardo Vázquez”. El asesinato de
Ismael Solorio y Manuelita Solís, en el año 2012 en Chihuahua, también
podría estar relacionado porque luchaban contra las perforaciones
ilegales que realizaba la Compañía de Servicios Mineros Cascabel,
filial de la minera canadiense Magsilver.
Daños y resistencias
En
octubre de 2012, Humberto Gutiérrez, presidente de la Camimex, declaró
que en México hay oro y plata para explotar otros 500 años. El oro
extraído en la década que va de 2000 a 2010 (419 mil 097 kilogramos)
duplica fácilmente a la cantidad extraída durante 300 años de Colonia
española (191 mil 825 kilogramos).
Para López Bárcenas, la
preocupación no es que se acabe el mineral sino el tipo de explotación
que se hace. “Todo es a cielo abierto, y para explotar 500 años más
tendrían que poner el país al revés, y a ver a dónde nos vamos cuando
estén devastando el territorio”, declara.
Muchas comunidades que
rentan sus tierras no saben el daño que se les causará con la actividad
minera, que prácticamente destruye todo porque el mineral no está en
veta y se tiene que revolver toda la superficie terrestre.
La
ley agraria, que debería ser de protección social, permite que la renta
de ejidos sea de 30 años prorrogables, “la vida de toda una
generación”, apunta López Bárcenas, amén de que el pago es muy bajo. Lo
que no dice la minera es que cuando devuelvan la tierra rentada, no va
a servir para nada.
En Mezcala, por ejemplo, debido a las
protestas se aumentó considerablemente la renta pagada por las tierras,
pero el problema “es que la gente emigró porque ya no tenía que hacer”,
se acabó el dinero, y al cabo de unos años el pueblo se destruyó
completamente. Más que migración, señala el abogado, se trata de
desplazamiento forzado.
Otro de los costos es la afectación al
derecho a la alimentación. Para que el Estado lo garantice, “sembrar
debería ser una actividad preferente; sin embargo, la Ley Minera dice
que esa actividad es la preferente y se puede parar todo para hacer
minería”.
También se afecta el derecho al agua. En el norte del
país hay protestas de campesinos porque la Comisión Nacional del Agua
sí se las regula a ellos pero a la minería no. “Hay que modificar ese
esquema”, concluye López Bárcenas.
A diferencia de lo que las
mineras veían a finales de la década de los ochenta, la protesta social
aumentó considerablemente, señala Francisco. Estas resistencias se
activaron en los últimos dos años; en primer lugar, las protestas se
originaron por la destrucción ambiental; luego, por la baja renta que
pagan las empresas por las tierras (mil pesos por hectárea) y más
recientemente, los pueblos indígenas piden ya la cancelación de
concesiones argumentando la violación a su derecho a la consulta.
Uno
de los frentes de protesta “es el legal, demandar que se cumplan los
mínimos derechos, que se anulen los contratos de arrendamiento, que se
cancelen las concesiones porque no se respetó el derecho a la
consulta”; el otro frente es “la organización social, con dos grandes
tendencias: la Red Mexicana contra la Minería y la Asamblea Nacional de
Afectados Ambientales, además de los frentes a nivel regional”; un
tercero es la denuncia pública que hacen los afectados, cada uno según
su capacidad, analiza el experto.
Posibilidades de reforma
El
abogado López Bárcenas señala que para hacer un poco aceptable esta
actividad, se le debería quitar el carácter de preferente, las
concesiones se deberían reducir a solamente el tiempo que necesite un
proyecto, las empresas deberían pagar el agua que utilizan y la renta
de la tierra sólo debería hacerse por un valor superior a la actividad
que existiera ahí anteriormente.
Sin embargo, señala, eso no es
lo principal. “Los pueblos lo que quieren es seguir siendo pueblos y
defender su derecho al territorio”, finaliza.
Adazahira Chávez es editora de desinformémonos.org, un “proyecto autonomo global” y organización hermana al programa de las americas.
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