⇒ Parte I: Minera canadiense en Oaxaca: saqueo y violencia
Parte II: San José del Progreso, explotación y miseria
Parte III: Oaxaca, el octavo productor de oro, el cuarto en pobreza extrema
En el tercer municipio más pobre de Oaxaca, la extracción de oro y plata deja a la trasnacional canadiense Fortuna Silver Mines –a través de su filial Compañía Minera Cuzcatlán– cientos de miles de onzas de los minerales preciosos. Sólo por la extracción de oro podría haber ganado 360 millones de pesos en 2012. En contraste, el pago por las concesiones al gobierno mexicano ascendió apenas a 2 millones de pesos y dejó en el municipio 8 millones de pesos para “obras públicas”. Los pobladores, en la incertidumbre ante los efectos al medio ambiente, a la salud y al tejido social
Érika Ramírez, texto y fotografías/ enviada
San José del Progreso, Oaxaca. Las
boyas metálicas le impusieron bajar la velocidad del automóvil. Su
hermano, el copiloto; su prima, la acompañante. A la par, un vehículo
Tsuru sin placas seguía su curso sin detenerse. Una ráfaga de plomo
atravesó los cristales del automóvil guinda de Bernardo Vásquez Sánchez.
Era el 15 de marzo de 2012, pasaban
las 21:00 horas. Bernardo dio un volantazo. “¡Me dieron!”, gritó. El
joven, dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de
Ocotlán (CPUVO) –organización opositora a la operación de la Compañía
Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines–, apenas
alcanzó a desviarse de la carretera. Sus últimos respiros quedaban en
las inmediaciones del municipio de Santa Lucía Ocotlán.
El copiloto, Álvaro Andrés Vásquez
Sánchez, se resguardó lo más que pudo sobre su asiento, pero igual fue
herido. Rosalinda se dejó caer sobre el sillón trasero, que terminaría
bañado en sangre. El auto de Bernardo se detuvo completamente, su
propio resuello estaba a punto de hacerlo. Las balas que le habían
penetrado el cuerpo, ahí se alojaron. Una, en el pulmón derecho, fue
letal.
A 15 minutos de distancia, las
festividades del patrono comenzaban a alistarse. La algarabía religiosa
se teñía de rojo. Bernardo moría, Rosalinda estaba herida en la pierna
derecha por una bala que casi le destroza la rodilla, de la que aún no
ha podido reponerse.
“¡Queríamos salvarlo!”, dice ella, en entrevista con Contralínea.
Pararon un taxi. El conductor los ayudó a sacar a Bernardo y
trasladarlo a un consultorio médico particular. Murió al llegar al
lugar donde se le brindaría atención. “Tenía varios impactos [en
espalda y cadera], había entrada, pero no salida”, recuerda la joven.
Meses antes, señala Rosalinda, “en un
video que circuló en YouTube, se amenazaba la vida de Bernardo. En éste
se burlaban de las personas que estaban en el movimiento en contra de
la mina. En un vertedero de la presa municipal quedó inscrita la
sentencia de muerte: ‘Te vas a morir, perro Bernardo Vásquez’” (sic).
Él es la segunda víctima
perteneciente al movimiento opositor a la Compañía Minera Cuzcatlán.
Ingeniero agrónomo de profesión por la Universidad de Chapingo, fue,
como mucha gente de campo, emigrante a Estados Unidos. Allá trabajó
como albañil para ayudar económicamente a su familia, compuesta por
nueve hermanos y sus padres.
Cuando regresó a México en 2008, la
minera canadiense ya había comenzado los trabajos de explotación de oro
y plata en la zona. La falta de consulta a los integrantes de la
comunidad indígena zapoteca puso en alerta al activista. Comenzó, junto
con hermanos, familiares y oriundos del municipio, la defensa de su
territorio, relata su hermano y sustituto al frente del CPUVO,
Leovigildo Vásquez Sánchez.
Derechos humanos, violentados
El informe Transición traicionada: los derechos humanos en México durante el sexenio 2006-2012
–elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
(Centro Prodh)– indica que “la empresa minera Cuzcatlán ha violentado
diversos tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que estipula
el consentimiento previo, libre e informado para la realización de
proyectos en territorios indígenas”.
El Convenio 169 sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes dice que “los gobiernos
deberán consultar a los pueblos interesados cada vez que prevean
medidas susceptibles de afectarles directamente, y establecer los
medios a través de los cuales puedan participar libremente en la
adaptación de decisiones en instituciones electivas y otros organismos.
Asimismo, se reitera que los pueblos indígenas y tribales deberán tener
el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al
proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas,
creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que
ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo
posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Dichos
pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación
de los planes y programas de desarrollo nacional y regional
susceptibles de afectarles directamente”.
El gobierno federal es quien genera
los conflictos vinculados a los proyectos mineros, “ya que ellos
otorgan permisos y no consultan con el gobierno de Oaxaca. El gobierno
estatal reconoce que no hubo un proceso de consulta y acepta que no
está bien regulada la consulta a nivel federal”, comentó Eréndira
Cruzvillegas Fuentes, comisionada de Derechos Humanos del Poder
Ejecutivo de Oaxaca, ante integrantes de la Misión Civil de Observación
Justicia para San José del Progreso, en la que participaron 19
organizaciones civiles estatales, nacionales e internacionales.
Además, la comisionada reconoció que
“el origen de la división social en varias de las comunidades, como en
San José del Progreso, es por el dinero que vienen a ofrecer las
empresas trasnacionales a través de los megaproyectos, y que generan
una violencia social en el estado”.
El documento del Centro Prodh afirma
que se “ha generado un clima de tensión social y política al interior
de la comunidad, mismo que el gobierno de Oaxaca ha minimizado bajo el
argumento de que es un conflicto interno por el control y el poder del
municipio.
“La empresa minera no ha asumido su
responsabilidad con los pueblos y comunidades del Valle de Ocotlán. En
todo momento se ha deslindado de la problemática de San José del
Progreso y de las graves violaciones a los derechos humanos. Esta
situación corrobora la tesis de las comunidades y organizaciones que
les acompañan acerca de que en México se protegen los intereses
privados de empresas trasnacionales por encima de la vida de las
comunidades y de defensoras y defensores de derechos humanos. En
Oaxaca, esta situación ha cobrado la vida de varias personas, se han
vivido enfrentamientos entre pobladores, encarcelamiento y procesos
penales contra quienes se oponen a la mina”, dice el Centro Prodh
mediante su informe.
El 18 de enero de 2012 fue asesinado
Bernardo Méndez, y herida de gravedad Abigail Vásquez Sánchez, quienes
también se oponían al proyecto de la Compañía Minera Cuzcatlán.
Sin consulta previa
Ante la falta de consulta previa de
los pueblos, que establece el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, titular de
la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, considera
que “han sido violados los derechos de la población de una forma
sistemática. No hubo consulta, sino imposición. Hay una estrategia de
entregar beneficios de parte de la empresa. Nos preocupa también la
violencia que se ha dado y observamos el desgaste de la comunidad”.
En una reunión con integrantes de la
Misión Civil de Observación “Justicia para San José del Progreso”,
aseguró que no ha habido una atención integral para este “conflicto
complejo”. Esto ha provocado un grave deterioro en la seguridad de las
personas que defienden la causa y no se han visibilizado las
violaciones a derechos humanos de comunidades completas.
Peimbert Calvo aceptó que existe una
crisis de credibilidad de los organismos públicos en materia de
derechos humanos: “Faltan mecanismos y protocolos para garantizar los
derechos humanos de los defensores, pero estamos trabajando en ello.
Estamos en un proceso de implementación y diseño de protocolos en
varias áreas”.
Francisco Cravioto, investigador y
monitor de políticas públicas relacionadas con industrias extractivas
de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explica que en San José
del Progreso existe un conflicto social grave desatado por la presencia
de un megaproyecto.
“Aquí vemos cuál es el resultado de
que no se haga una adecuada instrumentación de la consulta. Este
derecho no es aislado, parte del reconocimiento que tienen los
indígenas al uso y aprovechamiento de su territorio y sus recursos. La
consulta surge como un mecanismo para que siempre que vaya a haber una
afectación, el estado tenga la obligación de consultar a las
comunidades”, expone el investigador de Fundar.
Infografía:
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