3/24/2013

Transgénicos: la Sagarpa no escucha “razones indígenas”

 
⇒ Parte VI: Transgénicos: la Sagarpa no escucha “razones indígenas”

Para declarar Zonas Libres de Transgénicos en el país hay que presentar argumentos científico-técnicos. Aunque los apicultores han solicitado reiteradamente declarar la Península de Yucatán Zona Libre de Transgénicos, “la Sagarpa no escucha razones indígenas”, denuncian

  
 
Los apicultores han solicitado reiteradamente declarar la Península de Yucatán una zona libre de transgénicos. De acuerdo con el artículo 90 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, se podrán establecer zonas libres de dichos organismos para la protección de productos agrícolas orgánicos y otros de interés de la comunidad solicitante si se trata de organismos de la misma especie a las que se produzcan mediante procesos agrícolas orgánicos, y se demuestre científica y técnicamente que no es viable su coexistencia o que no cumplirían con los requisitos normativos para su certificación.
 
A través de su Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente, el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) realizó en 2012 una investigación en localidades del Soconusco con el fin de conocer más la influencia de los transgénicos en la elaboración de miel y determinar con elementos científico-técnicos si era viable la coexistencia entre apicultura y soya transgénica.
 
Derivado de esa investigación, en diciembre de 2012 elaboraron un reporte técnico donde daban cuenta de que, contrario a la información difundida por AgroBio (asociación civil que congrega empresas desarrolladoras de biotecnología agrícola, cuyos miembros son Bayer, Dow AgroSciences, Monsanto, Pioneer y Syngenta), las abejas sí visitan las flores de soya, y en consecuencia, la gran mayoría de las muestras de miel y de polen contuvieron polen de soya transgénica.
 
“Los contenidos de polen de soya en las muestras fueron en algunos casos mayores al 40 por ciento del total del polen. Las abejas pecorean en plantíos de soya que distan hasta 2 kilómetros de las colmenas. En algunas muestras cercanas y lejanas de los plantíos de soya se encontraron porcentajes muy altos de polen de soya genéticamente modificada sobre el total del polen de soya.”
 
Las muestras de miel obtenidas por los investigadores de Ecosur fueron enviadas al prestigiado laboratorio alemán Intertek, SA de CV. El análisis permitió determinar que no se considera viable la coexistencia.
 
El secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), Ariel Álvarez Morales, asegura que han recibido algunas solicitudes para establecer zonas libres de transgénicos. “[Pero] hasta donde sabemos no se estaban afectando los derechos de productores de miel orgánica. Ellos son quienes tienen que hacer la solicitud. Es un derecho, una posibilidad. No puede uno ir a decirles que tienen que hacer la solicitud”.
 
Asegura el investigador que si la apicultura orgánica tiene algún problema lo van a revisar y “quizá hay que buscar alguna forma de hacer que coexistan las tecnologías”.
 
—¿Esto no debería de ser antes de la autorización?
 
—¿Cuántos productores de miel orgánica hay en la Península de Yucatán con un certificado de producción de miel orgánica? Nosotros fuimos a Quintana Roo cuando nos llamaron para preguntarnos los productores orgánicos del lugar, y hasta donde nosotros tenemos registrado eran los únicos productores orgánicos de toda la región; ahora tal vez ya hay más, ahora tal vez ya quieren ser productores orgánicos. Está bien, pero deben tener un certificado.
 
El proceso para determinar las zonas no es fácil, dice Ariel Álvarez Morales, “porque se trata también, a veces, de no pasar por encima de los derechos de los individuos. Si hay una comunidad que dice ‘estos materiales que estoy sembrando me sirven, tengo derecho a utilizarlos, me traen un beneficio’, y el de junto dice ‘no quiero’, bueno, ‘pues dime por qué’. Se trata de que esté bien fundamentado”.
 
 
Aunque Álvarez no desestima el trabajo de Ecosur, sugiere que éste se realizó en época de lluvias, cuando, dice, se produce la miel que no se exporta. Además, anota que se hizo cuando todavía no se sembraba soya de manera comercial, “porque hubo algunos amparos, [por] situaciones de esta naturaleza, no se sembró nada, entonces de dónde sale esa soya genéticamente modificada de 2012”.
 
—¿De los cultivos experimentales y piloto? –se le inquiere.
 
—Pero esa soya es anual, entonces no es soya de 2012, no son 40 toneladas de miel.
 
Refiere que cuando se dieron a conocer las denuncias de los apicultores “no nos quedamos sentados a ver qué pasa. Conseguimos información, fuimos a la Península, buscamos un grupo independiente con expertos que nos pudieran asesorar y se les pagó el estudio. Es gente del Departamento de Apicultura de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ellos son los expertos. A ellos les preguntamos, ellos nos corroboraron los datos, ellos nos dijeron que veían muy difícil que hubiera este problema”.
 
—¿Para usted entonces no tienen valor los resultados del laboratorio Intertek?
 
—Si me dicen que hay polen de estas plantas en septiembre, no tengo por qué negarlo. Claro. Y nuestro propio estudio seguro nos va a decir que hay polen, pero en qué cantidad. Esa miel no es la que normalmente exportan. No estoy cuestionando la de los laboratorios; no tengo evidencia para cuestionarlo; tampoco voy a meter la mano al fuego por esos datos que no he visto. Nosotros tomamos muestras y las enviamos a un laboratorio certificado de medio ambiente y no encontramos polen en la miel que se exporta”.
 
Álvaro Mena viajó desde Campeche hasta la Ciudad de México para hacer una denuncia pública en el marco del debate sobre maíz transgénico, que se llevó a cabo el 7 de febrero pasado en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, debate al que se negaron a asistir las autoridades de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Cibiogem.
 
Ahí Álvaro comentó ante un auditorio atiborrado: “La Sagarpa no tiene un apartado en internet para poner razones de cultura de los pueblos indígenas por las cuales no queremos transgénicos. Los del gobierno no escuchan razones científicas; razones culturales, menos; razones indígenas, mucho menos. Y esas razones no las podemos poner en la Sagarpa; la Sagarpa pide ‘razones científicas’, ‘razones técnicas’. Las nuestras no lo son, son razones de vida, de resistencia, de cultura de muchos pueblos”.
 
Sin consultar a las comunidades, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria avaló la coexistencia entre la apicultura tradicional y la agricultura transgénica bajo el argumento de que la liberación al ambiente de soya genéticamente modificada no implica riesgo alguno. No obstante, un fallo de la Corte de Justicia de la Unión Europea, en Alemania, que colocó a los apicultores como afectados directos de los cultivos de organismos genéticamente modificados, contradijo a la dependencia. Siete amparos han sido interpuestos desde entonces. La batalla judicial apenas empieza

Soya transgénica, la batalla jurídica por la sobrevivencia

Sin consultar a las comunidades, el Senasica avaló la coexistencia entre la apicultura tradicional y la agricultura transgénica bajo el argumento de que la liberación al ambiente de soya genéticamente modificada no implica riesgo alguno. No obstante, un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Alemania, que colocó a los apicultores como afectados directos de los cultivos de organismos genéticamente modificados, contradijo a la dependencia. Siete amparos han sido interpuestos desde entonces. La batalla judicial apenas empieza

 
Luego del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Alemania, comercializadoras evitaron enviar 40 toneladas de miel en 2012 para sortear un “golpe” a la imagen de la miel mexicana y la vendieron a menor costo en Estados Unidos. La causa, según denuncian, es que los cargamentos sobrepasaban los límites establecidos y aceptados de polen transgénico.
 
Tal como ellos lo señalan, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) confirma que de la operación no se guarda registro.
 
En entrevista con Contralínea, Ariel Álvarez Morales, secretario ejecutivo de la Cibiogem, remarca que tras una revisión en el portal electrónico de la Unión Europea y los reportes de la aduana de la frontera europea, el único país que ha rechazado miel de México es Italia –en 2011–, porque estaba infestada con insectos. “No hemos visto hasta la fecha que nos hayan regresado un embarque de miel porque tienen transgénicos, lo corroboramos con [la Secretaría de] Hacienda [y Crédito Público] y nos dicen que no tienen ningún conocimiento de que haya habido rechazo de cargamentos de miel mexicana en Europa. Ni la están rechazando ni están pidiendo que se etiquete”.
 
Para Álvarez Morales el fallo de la corte es una decisión unilateral de Alemania, que debe verse desde la perspectiva económica como una pugna por bajar los precios de compra. “En mi opinión es un tema económico en donde hay gente que se está aprovechando de la situación”.
 
—¿Como quiénes?
 
—Podrían ser intermediarios, los mismos compradores para bajar el precio, etcétera, porque hay muchas incongruencias, muchas cosas raras. No hay ninguna evidencia. Creemos que aquí hay una mala información que está afectando a los productores, los productores se están dejando ir con cualquier tipo de información. Ése es un problema serio, pero no es un problema de bioseguridad. No hay daño a la salud, no hay daño al medio ambiente, no hay daño a la biodiversidad.
 
Refiere el también investigador que sería muy interesante ver quién les está diciendo a los productores que les están rechazando la miel, quién los está amenazando diciéndoles que no va a entrar, quién les está diciendo que les van a pagar menos. “Lo hemos discutido. Tenemos al interior de la Cibiogem a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía y van a ver qué pueden hacer al respecto”.
 
Batalla jurídica
 
La reciente autorización otorgada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), para la siembra comercial de soya transgénica en territorio apícola dio inicio a una batalla jurídica de las comunidades para revocar el permiso.
 
“Sucede que las zonas donde están otorgando permisos para sembrar son territorios indígenas. La zona donde ya otorgaron permiso para la siembra comercial es indígena, es donde vivimos nosotros y nadie nos preguntó nuestras razones, si queríamos o no”, acusa Álvaro Mena.
 
Siete amparos fueron interpuestos. Dos de ellos, en Yucatán, dos, en Campeche, dos, en Quintana Roo y uno más, en Chiapas.
 
Jorge Fernández, quien sigue de cerca los amparos interpuestos en Campeche por dos comunidades del municipio de Hopelchén y cinco asociaciones que representan aproximadamente a 3 mil apicultores mayas del estado, narra a Contralínea que se le solicitó la suspensión de oficio al Juzgado Segundo de Distrito del 31 Circuito de la entidad.
 
“Se le pidió al juez que ordenara el alto a la siembra de soya [transgénica] hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo, como una medida precautoria provisional, al alegar que en caso de completarse la siembra estaríamos ante daños que podrían ser de imposible reparación”.
 
En entrevista telefónica, Fernández explica que la principal motivación de los amparos es que se considera que el permiso viola derechos importantes y representa un riesgo para otros.
 
Subraya que entre ellos está la violación al derecho a la consulta. “Se debió haber efectuado la consulta libre, previa e informada que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Representa una obligación reconocida en el Artículo 2 de la Constitución [Política de los Estados Unidos Mexicanos]. Las autoridades debieron haber consultado a las comunidades indígenas, fundamentalmente a las que van a ser afectadas por el permiso”.
 
Señala Fernández que la consulta debió seguir protocolos, como dotar de información a las comunidades antes de la toma de decisión y hacerse a través de sus autoridades tradicionales, en su lengua y por una autoridad distinta a la que pretende llevar a cabo el proyecto.
 
—¿Hubo consulta previa?, se le pregunta a Ariel Álvarez Morales, de la Cibiogem.
 
—La consulta previa es cuando los transgénicos se van a liberar en los asentamientos que se ocupan. Si yo soy un productor que tengo mi rancho, mi finca y ahí siembro, tengo derecho, entonces no tengo por qué preguntarle a los demás.
 
—Pero quien solicita no es el que va a sembrar, sino Monsanto, Syngenta, Pioneer…
 
—Monsanto solicita y dice que va a sembrar dentro de este polígono y dentro del polígono están los predios de las personas a las que ellos les venden. Sería un problema si alguien sembrara en un predio correspondiente a los apicultores, propiedad de los apicultores y sin su conocimiento que alguien sembrara ahí, pero Monsanto no sabe cuántos de estos productores le van a pedir semilla o si siquiera le van a pedir o no. Pero lo que sí tiene que hacer es saber que éstos son predios privados.
 
—Pero hay una coexistencia aquí…
 
—Debería de haber. El problema de que no haya una coexistencia lo trajo Europa a nivel comercial, no lo inventaron ni son derivados de los transgénicos, es derivado de una percepción muy única que tiene una parte del mundo que no necesita y no quiere a los transgénicos y que compra la mayor parte de sus alimentos y tiene esa visión, ni modo. Pero no es una visión nuestra. Nunca hubo problema hasta que Europa no dijo “oye espérate, yo voy a decir esto…”.
 
El funcionario hace referencia a que la coexistencia entre transgénicos y miel es posible pese a las advertencias de investigadores y expertos de la Conabio, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (antes INE) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), quienes en sus opiniones técnicas recomendaron al gobierno mexicano negar la autorización. Con ello anula la posibilidad de recurrir a la ley para revocar el permiso, al argumentar la imposibilidad de la coexistencia.
 
Señala Fernández que otro de los argumentos base del amparo fue que se violentó el derecho al medio ambiente sano. “Se han documentado algunos de los efectos que la siembra de soya [transgénica] genera al medio ambiente y a prácticas como la apicultura. El impacto de los herbicidas en el medio ambiente y en la salud. En este caso, Argentina tiene estudios muy serios sobre consecuencias a la salud por el glifosato”.
 
Una tercera línea es la fundamentación y la motivación. “A pesar del dictamen negativo de la Conabio, el INE y la Conanp, la Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales] otorga un dictamen positivo. Hay una violación al procedimiento”.
 
Para Fernández, el permiso también violenta el principio precautorio. “Se tendrían que detener los proyectos con organismos genéticamente modificados mientras no se tenga la certeza de que la siembra no va a causar daños. Y como no hay esa certeza, y por el contrario hay estudios que argumentan daños, se tendría que haber parado ese permiso. Sin embargo, se violó en ese sentido el principio precautorio que está en la Ley de Bioseguridad [de Organismos Genéticamente Modificados], y que también está en la Declaración de Río [sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo]”.
 
Aunque el juez otorgó la suspensión de oficio para Campeche mientras se resolvía el amparo, Monsanto, el Senasica y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación impugnaron la decisión. De acuerdo con Fernández, la empresa y las dependencias de gobierno argumentaron, entre otras cosas, que no había riesgo, que el glifosato se utiliza siempre.
 
El 30 de enero de 2013, el Tribunal Colegiado de Circuito de Campeche revocó la suspensión de oficio y aunque el amparo sigue en curso no hay impedimento para la siembra de soya transgénica a escala comercial en la entidad.
 
Para el abogado, el amparo está suspendido porque el Senasica pidió la acumulación de los juicios que se han presentado en los cuatro estados en el Juzgado Sexto de Distrito de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. “Esto significa que un sólo juzgado de distrito va a conocer y resolver”.
 
A Fernández, la concentración de los juicios le genera dudas. “Creo que lo que quieren es no tener tantos frentes abiertos y yo no quiero pensarlo pero digamos que generalmente piden que se acumule el caso en un juzgado donde ellos puedan pensar que tienen las cosas más a modo”.
 
En las páginas 75 y 76 de la sentencia se lee que si los actos llegan a consumarse, solamente se ocasionarían perjuicios económicos y podrían demandar ante las instancias correspondientes una reparación económica, por lo que no procede la suspensión de oficio.
 
“Se deduce que el acto reclamado, así como sus consecuencias, no son aquellos respecto de los cuales proceda conceder la suspensión de oficio, ya que no se encuentra dentro del supuesto de los actos que, si llegaran a consumarse, harían físicamente imposible restituir a los quejosos de los derechos fundamentales que estimaron se pudieran afectar, pues en todo caso, solamente se le ocasionarían perjuicios económicos en la actividad que afirman son productores y exportadores, ya que según su propio dicho, en caso de afectación en el proceso de polinización, que daría lugar a que las abejas podrían contaminarse, y que debido a ello no podrían comercializar su producto [miel], sí podrían demandar ante las instancias correspondientes una reparación económica…”.
  

La Sagarpa autorizó a Monsanto la siembra comercial de soya transgénica sobre 253 mil hectáreas. En el territorio liberado habitan 41 mil familias, en su mayoría, indígenas y campesinas que sobreviven de la miel que cosechan. México es el tercer exportador y sexto productor de miel de abeja. La autorización es apenas la última de 15 autorizaciones de siembra de cultivo en las regiones. Los resultados: miel contaminada con polen de organismos genéticamente modificados y el rechazo por parte de su principal mercado, los consumidores de la Unión Europea

Bajo el argumento de que la liberación al ambiente de soya genéticamente modificada no implica riesgo alguno, el 11 de mayo de 2012 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió un dictamen favorable. Y el 6 de junio, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación aprobó a Monsanto Comercial, SA de CV (proveedor global de tecnología y productos para la agricultura), el cultivo a escala comercial de su semilla en la Península de Yucatán, la Planicie Huasteca y Chiapas (Contralínea 325).
 
El permiso se otorgó a pesar de que la siembra piloto y experimental de soya genéticamente modificada habría contaminado 40 toneladas de miel producidas en la Península de Yucatán, como lo demostraría el desvío que hicieron los comercializadores del cargamento dirigido originalmente a la Unión Europea, ocurrido en 2012. También, los siete amparos que interpusieron organizaciones y comercializadoras de miel para evitar la nueva autorización.
 
El riesgo, ahora, es mayúsculo. “Existe una coincidencia geográfica entre las zonas de producción de miel en la Península de Yucatán y los polígonos propuestos de liberación al ambiente de soya genéticamente modificada”, observó la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad (Conabio) en el Análisis de riesgo 007/2012. En éste se lee: “recomendación final: no se considera viable la liberación en los polígonos solicitados”.
 
México es el sexto productor y tercer exportador mundial de miel de abeja después de Argentina y China. El 85 por ciento de la producción nacional se destina a la Unión Europea, principalmente a Alemania, donde goza de prestigio.
 
Alrededor de 41 mil apicultores mexicanos, en su mayoría campesinos e indígenas, dependen de la actividad. En 2010 produjeron 55 mil 684 toneladas de miel con un valor de casi 1 mil 726 millones de pesos.
 
Tan sólo en la Península de Yucatán se contabilizan al menos 17 mil productores apícolas. “La miel para los campesinos de la región es una de las principales fuentes de ingreso, una de las formas de sobrevivencia. El año pasado no se logró la cosecha de maíz por la sequía. La esperanza es la miel que se cosecha”, dice Álvaro Mena, representante campesino de Campeche.
 
De acuerdo con información de la Conabio, en esa entidad, en Quintana Roo y Yucatán existen 162 organizaciones de apicultores. Tres de ellas agrupan a más de 1 mil socios y 11 cuentan con un número de socios que oscila entre 100 y 1 mil. El resto, 148, son organizaciones de pequeños productores con menos de 100 adherentes.
 
El 90 por ciento de la producción de miel de la Península se exporta y corresponde a cerca del 60 por ciento de toda la miel que sale del país.
 
La expansión de los cultivos de maíz y soya transgénica en la Península de Yucatán ya era objeto del rechazo en las comunidades mayas desde que llegaron las siembras experimentales y piloto.
 
De 2005 a 2012, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria ha otorgado al menos 15 autorizaciones para la siembra de soya transgénica en las fases previas a la comercial (experimental y piloto) en Chiapas y la Península de Yucatán (Quintana Roo, Yucatán y Campeche).
 
“En esta zona de la Península de Yucatán se siembra principalmente maíz en el sistema milpa. Si se viera únicamente desde la cuestión productiva, el maíz como una cosa, como un objeto, como un producto comercial sería más sencillo, pero para nosotros el maíz no es solamente un producto comercial, un cultivo de alimentación. El maíz para nosotros es bebida, es nuestro hermano, nuestra madre, nuestro padre, nuestra relación con Dios. En todos los altares ponemos el maíz como ofrenda. Cuando queremos celebrar a nuestros muertos ponemos maíz en sus altares.”
 
Álvaro agrega que la siembra de soya transgénica está desplazando a las tierras donde antes se sembraba milpa. “Cuando digo milpa hablo de maíz, pero también de otros cultivos. La milpa es la siembra de diversos cultivos en un mismo espacio, es un sistema de relaciones entre semillas, pero también de relaciones entre nosotros como personas, como pueblo, con el maíz, con las semillas y con los animales. La siembra de semillas transgénicas está rompiendo con el sistema milpa”.
 
 
El 6 de septiembre de 2011, las comunidades indígenas mayas sumaron a su lista de agravios un conflicto de carácter internacional. Se trata de un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Alemania por el caso C-442/09, que colocó a los apicultores como afectados directos de los cultivos de organismos genéticamente modificados.
 
En el comunicado de prensa 79/11, fechado en Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea expone que la sentencia se deriva de un litigio que enfrentaron Karl Heinz Bablok, apicultor no profesional, con el estado de Baviera, Alemania, propietario de diversos terrenos en los que se ha cultivado maíz MON 810 con fines de investigación durante los últimos años.
 
Según el escrito, Karl Heinz Bablok produce miel para la venta y para su propio consumo. Hasta 2005, producía también polen para la venta como alimento –en forma de complemento alimenticio–, sin embargo, ese mismo año se detectó la presencia de polen de maíz MON 810 en colmenas ubicadas a 500 metros de una parcela experimental de maíz transgénico.
 
Al considerar que la presencia de residuos del maíz modificado genéticamente provocaba que sus productos apícolas ya no fueran aptos para la comercialización o el consumo, Bablok inició un procedimiento judicial contra el estado de Baviera ante los tribunales alemanes, al que se sumaron otros cuatro apicultores no profesionales.
 
En su resolución, el Tribunal de Justicia prohíbe la comercialización de mieles que contengan polen de origen transgénico no autorizado (como el maíz MON 810 de Monsanto) como consecuencia de un principio de tolerancia cero. Al tratarse de polen de plantas transgénicas autorizadas para alimentación, la corte europea determinó que si el contenido de polen transgénico sobrepasa el 0.9 por ciento del polen total debe indicarse en la etiqueta la leyenda: “contiene ingredientes modificados genéticamente”. Y esto aplica para todos los productores, lo que incluye a los mexicanos.
 
“La comercialización de miel con este etiquetado parece casi imposible, cualquiera que sea su origen, dado que la gran mayoría de los consumidores europeos rechazan los alimentos transgénicos”, asegura en entrevista Remy Vandame, investigador en el Colegio de la Frontera Sur.
 
La afectación involucra no sólo a la miel convencional, sino también a la calificada como orgánica. De acuerdo con los estándares internacionales, la miel orgánica debe estar libre de transgénicos.
 
México es el tercer exportador mundial de miel orgánica. Este producto supera en un 30 por ciento el precio de la miel convencional; el mercado global de esta miel se estima en 6 mil 500 toneladas, de las cuales Alemania consume 2 mil 500.
 
Los principales estados productores son Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Zacatecas y Jalisco. A decir del reporte de la Conabio, Chiapas exporta alrededor del 80 por ciento de su producción y ocupa el primer lugar en exportación de miel orgánica.
 
También en la Península de Yucatán se produce miel orgánica. Según datos de la Conabio, ocho organizaciones de menos de 100 integrantes producen  este tipo de miel; siete de ellas, instaladas en el municipio Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, y una más, en la localidad Blanca Flor, municipio de Othón P Blanco, también en Quintana Roo.
 
Infografía:
 
 
 
      
 
 
   
 
 
 
 
 
 

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