Violación constante de derechos con matrimonio forzado
“Tenía 11 años cuando escuché que me llegaron a apartar. Vi cómo tomaban
trago para celebrar el acuerdo. En la fecha de cerrar el trato, había
listos unos puercos y unas despensas… huí. Tenía mucho miedo. Y luego,
mucha culpa de que lo que me pasara era por haber huido de mi
comunidad”, cuenta Odilia López Álvaro, mujer de la etnia chol y
defensora en el Centro de Derechos de la Mujer del estado de Chiapas.
La suya es una historia parecida a muchas otras que se repiten en esta entidad desde hace siglos, tal vez desde siempre, pues en Chiapas los varones pueden conseguir una “esposa” de hasta 11 años de edad, niñas que –en términos llanos– les proveerán de servicios sexuales y domésticos.
Una realidad que difícilmente va a cambiar con la reciente modificación a las leyes que propuso el Senado a 25 congresos locales, entre ellos al de Chiapas, que eleva la edad mínima para contraer matrimonio a 18 años, con el fin de garantizar el respeto a los derechos de niñas y adolescentes.
La propuesta fue retomada y aprobada por el Congreso chiapaneco que reformó el Código Civil estatal, haciendo requisito indispensable que los contrayentes sean mayores de edad.
Y el impacto será menor o nulo en las comunidades indígenas de Chiapas, ya que los matrimonios con menores de edad tienen sustento en la oralidad comunitaria, es decir, con la presencia de “testigos de la unión”.
“La venta de mujeres menores de edad se sigue dando en Chiapas, específicamente en la zona de Los Altos, donde hasta las cambian por bienes materiales”, dijo en una entrevista reciente la diputada local María Eugenia Pérez Fernández, integrante de la Comisión de Atención a la Mujer y la Niñez del Legislativo estatal.
En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 17.3 por ciento de las mujeres se casaron siendo menores de 18 años, sólo 3.9 por ciento de los hombres se casaron antes de la mayoría de edad.
La unión civil con niñas y adolescentes no es privativo de México, se trata de un problema mundial sin cifras específicas debido a que, como sucede también en nuestro país, estos matrimonios se sustentan en los usos y costumbres de las comunidades indígenas, es decir, no están legitimados ante alguna autoridad y no hay un registro de su ocurrencia.
Son matrimonios “de palabra”. El “novio” habla con el padre, si éste aprueba la unión, eligen a unos padrinos y se unen en una pequeña ceremonia en la que no hay un casamentero siquiera; cualquier persona con una mediana reputación o con afecto por alguno de los “contrayentes” puede avalar la unión, por eso es difícil cuantificar cuántas niñas, adolescentes y mujeres son forzadas a “casarse” de esta manera.
Los matrimonios forzados, la trata, la violencia física y psicológica, el abuso sexual y los casos de feminicidio son situaciones que enfrentan las mujeres por el sólo hecho de serlo, pero también por el ambiente de desigualdad en el que viven, y que refuerza la desvalorización de género, ha señalado Claudia Hasanbegovic, doctora en Políticas Sociales.
En 1975, la feminista Gayle Rubin escribió que a lo largo de la historia el cuerpo de las mujeres ha sido usado como intercambio entre varones, para pagar deudas, como regalo, cambiadas por favores, enviadas como tributos, compradas y vendidas.
POBREZA, MARGINACIÓN Y AUSENCIA DEL ESTADO
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) publicó un documento en 2010 señalando que una niña de un hogar pobre tiene tres veces más probabilidades de contraer matrimonio que una niña de un hogar con mejores ingresos.
“En algunos hogares las niñas son vistas como una carga, una boca más que alimentar, vestir, calzar, en otros casos son vistas como un bien, como poseer una vaca, y sabes que cuando tenga ciertas características podrás sacarle provecho a través del pago que vas a recibir del novio”, explicó en entrevista la activista Karen Dianne Padilla.
La región del estado con más indicadores de pobreza es conocida como “Los Altos”, conformada por 17 municipios: Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, San Juan Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, San Andrés Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinancantán, todos con un alto índice de población indígena.
Datos del Inegi de 2015 señalan que en Chiapas hay un millón de niñas y adolescentes, de ellas, una de cada tres son indígenas.
SEGUNDO LUGAR EN MATRIMONIOS DE MENORES
Aunque las uniones bajo el régimen de usos y costumbres no se registran, el despacho de Consultores en Administración y Políticas Públicas hizo en 2015 un recuento de matrimonios legales en el Registro Civil de Chiapas, donde contabilizaron 747 actas matrimoniales en los que la contrayente tenía entre 12 y 17 años de edad. El primer lugar lo ocupó el estado de Guerrero con 795 actas.
Aunque la Constitución reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos, deben respetar los Derechos Humanos (DH) y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.
Sin embargo, estos derechos son violentados por prácticas como el matrimonio forzado, señala el abogado especialista en temas de género, David Vázquez Hernández.
“También tenemos la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que considera como conductas discriminatorias: impedir la libre elección del cónyuge o pareja; aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la dignidad e integridad humana, y obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y desarrollo saludable de niñas y niños”, añade.
“Hay una tensión entre los usos y costumbres y el respeto a los DH. A partir de 1994, con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), llegaron a Chiapas varias organizaciones no gubernamentales que lucharon de distintas maneras para dejar que los pueblos tuvieran autonomía en su forma de gobernarse, hubo mucha solidaridad internacional al respecto, sin embargo en esa autonomía se invisibilizó que el régimen de usos y costumbres viola los derechos de las mujeres”, señala Karen Padilla.
Según datos del Inegi, en 2010 había un total de 12 mil 400 madres menores de 15 años, lo que ubicaba a Chiapas como la tercera entidad con mayor número de embarazos en adolescentes. En 2016, Chiapas pasó a ocupar el primer lugar. También se reportó un registro de 510 niñas de entre 12 y 14 años que ya son madres.
UNIONES FORZADAS EN SAN JUAN CHAMULA
Marco Shilon, ex titular en Chiapas de la Secretaría de Pueblos Indios, también ex titular de la Fiscalía Indígena y en la actualidad maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, dice que para la etnia tsotsil –que habita principalmente en San Juan Chamula–, la individualidad no existe.
En la cosmovisión indígena, todas las personas son sujetos colectivos, de ahí que aceptar a una persona para matrimonio no es un asunto de la novia, sino de la familia.
“La novia no conoce al novio, es el novio que se fija en una muchacha, el hombre va a hablar con el papá y la mamá, para pedirle en matrimonio a su hija, de regalo le llevan cajas de pan, plátano, refresco y posh (bebida alcohólica tradicional de Los Altos de Chiapas).
“Cuando se va el muchacho, el papá pregunta a su hija si quiere casarse con él, la muchacha puede espiar quién es el muchacho que la quiere. Si a ella le gusta, pues dice que sí, que ya se arregle el matrimonio. Si a ella no le gusta, el muchacho puede insistir hasta 10 veces”.
De acuerdo con la tradición de San Juan Chamula, luego de unirse, los esposos pueden devolver a las jóvenes si no son vírgenes, no saben cocinar, no les gusta limpiar la casa, o si lloran mucho porque extrañan su casa materna.
Si esto sucede, los padres de la joven deberán regresar el dinero que recibieron para la “fiesta”, más el pago de intereses, de lo contrario, serán multados y puestos a disposición de las autoridades tradicionales.
Luz Santiz, originaria de San Juan Chamula, reconoce que hay venta de niñas y adolescentes para matrimonio: “Hay venta, pero no les conviene decirlo porque ellos se benefician”.
“Mi mamá pidió 10 mil pesos supuestamente para hacer la fiesta, así se dice, no es que de manera descarada se diga quiero 10 mil pesos por mi hija, pero mi mamá no hizo fiesta, con ese dinero pago sus deudas”. Luz recuerda que su mamá negó que le hubieran dado dinero, “pero yo vi cuando le dieron los 10 mil pesos”.
“Darío (su esposo) me conoció vendiendo en el mercado de artesanías Santo Domingo, yo tenía 14 años; él una vez pasó a mi lado y me puso una tarjeta de esas de Ladatel con un papelito donde traía anotado su número de celular y me dijo al oído márcame, como la tarjeta quedó en mi mano dije: la tengo que gastar hablándole para que no piense que la gasté en otra cosa, entonces, le hablé y me invito a salir, yo le dije que sí, fuimos a comer un helado, luego él me compro unos zapatillas y nos pasamos a tomar una foto”.
Luz dice que no tenía un interés sentimental en él: “Mi error fue haberme tomado una foto con él, porque con eso me amenazó para casarnos, me dijo se la voy a enseñar a tus papás en San Juan, que vean que ya saliste conmigo, por eso decidí mejor casarme con él; me fui a vivir a casa de sus papás, ahí me maltrataba mucho, me violaba, casi todas nuestras relaciones sexuales fueron violaciones”.
La práctica de los matrimonios forzados es sólo entre miembros de las comunidades indígenas, con frecuencia se trata de bodas entre menores; para la “esposa” la edad mínima es de 10 años, mientras que para los hombres es de 14 o 16 años.
VIOLENCIA
Margarita López es originaria de Tojchuctik, municipio de Mitontic, uno de los 10 más pobres de México, y cuenta que fue vendida a Juan Velasco López a los 11 años, a cambio de 10 garrafones de posh.
Juan no sólo tomó a Margarita como esposa, también a una segunda pareja, pues los usos y costumbres no impiden tener varias compañeras. Según testimonio de Margarita, ambas mujeres eran obligadas a tener relaciones sexuales con él, y además Juan violó reiteradamente a su hija mayor, a quien obligó a tener dos hijos producto del abuso sexual.
Celia, la hija mayor de Margarita, asesinó a su padre cuando éste intentaba violar a otra hija. Margarita fue apresada siete años. Hoy está libre. Regresó a su comunidad a cuidar de sus hijas e hijos y de su madre.
Según reportes de la organización Melel Xojobal, la violencia contra niñas y adolescentes es una práctica cotidiana. En 2008, el 42 por ciento de las mujeres indígenas de Los Altos de Chiapas dijeron haber sido víctimas de golpes y/o humillaciones en la infancia; 7 por ciento de abuso sexual; 41 por ciento de violencia por parte de sus parejas, y 10 por ciento de violencia sexual.
“Es que en nuestra cultura no se habla de sexo; muchas de nosotras llegamos a nuestra primera noche de bodas sin saber qué nos va a pasar, pues somos chamacas de 12, 13 o 14 años; ya ahorita como es otro mi pensamiento, sé que mi primera relación fue una violación; yo no quería, me dolía, tenía miedo y él me forzó y después me siguió forzando; el sexo no es un momento que disfrutemos mucho”, cuenta Luz.
Para la antropóloga feminista Marcela Lagarde, la violencia contra las niñas y adolescentes se comete en sociedades o en círculos sociales cuya característica es la constante violación a los DH de las mujeres, que se articula con otras condiciones sociales y económicas de extrema marginación y exclusión social, jurídica y política.
“DERECHOS” CONYUGALES
Acceder a las mujeres de alguna comunidad de Los Altos sin pasar por las autoridades masculinas es complejo, pues una conversación con ellas siempre está mediada por los varones. Los testimonios para este reportaje son de mujeres que ya no viven en su comunidad y que además enviudaron, se separaron, las dejaron o huyeron.
Manuel de la Cruz Santiz, juez de paz y conciliación indígena de San Juan Chamula, señala que en la mayoría de comunidades indígenas las mujeres tienen derecho a la separación cuando el hombre es muy violento o cuando ya no quieren vivir juntos. Si el hombre es el responsable de la separación, está obligado a pagar una única pensión de tres mil pesos por cada hijo y dejarle a la esposa un cuarto para vivienda hecho de cemento.
Si la esposa fue la responsable de la separación por incumplimiento de sus “obligaciones” maritales, como no limpiar la casa, no saber cocinar, no cuidar a sus hijas e hijos, o no ser virgen, hablar con otro hombre que no sea su esposo o familiar, o por tener iniciativa sexual con su marido, es devuelta a sus padres, quienes deben devolver el dinero o bienes que recibieron tras autorizar la unión.
PRESIÓN SOBRE LOS VARONES
Los hombres también sufren presión de su comunidad para efectuar estas uniones. Mariano Díaz, de 16 años de edad e integrante de la Red de Jóvenes Indígenas a favor de los derechos sexuales y reproductivos, dice que es presionado por su familia.
“Mi hermano mayor se fue a Estados Unidos para conseguir dinero, para pagar nuestras mujeres; yo le hablé por teléfono y le dije que quiero estudiar la prepa, que mejor me dé ese dinero para poder estudiar y me dijo que no; que eso no es para nosotros, que ya debo mejor aprender a trabajar en el campo para ayudar a mi papá”.
“Si uno quiere ser diferente, tiene que irse de la comunidad, porque quedarse significa tener que aceptar la costumbre; yo me fui porque una vez fui al centro de salud a pedir un condón; las enfermeras anotaron mi nombre, mi dirección y al ratito ya lo sabían mis papás que fui a pedir un condón y me regañaron; me dijeron que si ya quería mujer tenía que buscarla, mantenerla y hacer mi familia”, cuenta Juan Pérez Etzin, también integrante de la Red.
Otro problema es que tanto niñas como niños pasan de la infancia a la etapa adulta sin transición; los niños son forzados a conseguir una esposa y las niñas a tener un esposo, no hay una etapa que permita a las y los menores de edad pensar qué quieren hacer con sus vidas, considera Marcos Arana, integrante del Observatorio Ciudadano por el Ejercicio del Derecho a la Salud.
“Es lamentable, pero el Estado mexicano no ofrece otro proyecto de vida, está fallando al no garantizar el acceso de estas niñas a la educación, a la salud, a un trabajo para poder desarrollarse, hay una condena de por vida al matrimonio y eso no sólo significa atentar contra sus derechos a elegir con quién se casa, sino también tener en cuenta que el matrimonio en contextos indígenas significa la pronta procreación”, señala Arana.
El grado promedio de escolaridad de la población indígena en Chiapas es de 3.9 años, según información del Inegi, mucho menor que el promedio estatal, 6.1 que, a su vez, es el más bajo del país.
“La educación permite primero que nada tener mayor y mejor información, posibilita tener mayor confianza, autonomía, mejores expectativas del futuro, amplía la oferta laboral, no la reduce al espacio doméstico, y también permite una mejor toma de decisiones en el ámbito de la sexualidad, información y uso de métodos anticonceptivos, negociación del uso de éstos; y a mayor escolaridad, las mujeres defienden más sus derechos a decidir sobre su cuerpo, a tomar sus decisiones y a buscar una participación política”, explica Karen Padilla.
Para Arana, médico de profesión, los propios programas de gobierno alientan la maternidad como “destino” de las indígenas. Las reglas de operación de Prospera indican que la titular beneficiaria del programa generalmente es la madre de familia o quien se hace cargo del hogar; la mayoría de las veces es una mujer que debe estar pendiente de la salud y educación de las y los hijos.
El programa Prospera da montos específicos para que la beneficiaria esté pendiente de la buena alimentación de su descendencia, chequeos médicos y asistencia escolar. También los apoyos son para aquellas familias que tengan personas adultas mayores, y de forma reiterada se reproduce el rol de cuidados y servicios de las mujeres para con sus familias.
Datos del Inegi de 2015 reportaron que, en Chiapas, cinco de cada 10 hogares reciben ingresos monetarios de programas del gobierno, lo que representa el doble de la media nacional, y lo que refleja el nivel de subsistencia del estado más pobre del país.
“No hay otros proyectos para las mujeres, ni se mejoran sus condiciones económicas; se hacen dependientes de un programa que las ‘ayuda’ por ser madres; fuera de eso, no hay oportunidades de trabajo, de educación, de participación política, de inclusión”, advierte Marcos Arana.
FALTA CULTURA DE LA DENUNCIA
En entrevista en marzo pasado, la legisladora María Eugenia Pérez sostuvo que en el Congreso local se han hecho leyes que protegen los derechos de las niñas y las mujeres, por lo que ahora se requiere que haya la cultura de la denuncia, porque “es una realidad que esto (los matrimonios forzados) ocurre”.
“Elevar la edad no es suficiente para erradicar los matrimonios forzados; es necesario echar políticas públicas orientadas a la concientización y la transformación del lugar que ocupan las mujeres, adolescentes y niñas en los espacios indígenas comunitarios, pero eso no se da solo, se necesita un compromiso de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, un compromiso enfocado de manera primaria a abatir la pobreza y mejorar las condiciones económicas y educativas de las poblaciones indígenas de Chiapas”, apunta el abogado David Vázquez.
Para Karen Dianne Padilla, “la ley no es suficiente ¿Cómo pretenden las autoridades que una niña, posiblemente monolingüe, pobre y amenazada, tome su camión, vaya a la cabecera municipal a poner su denuncia de que la están forzando a casarse. ¡Ajá! Y luego, quién le dará de comer, dónde va a vivir.
“Falta un programa gubernamental, organizaciones civiles que hagan el trabajo de recibir las denuncias en las comunidades y que ese trabajo sea confidencial, que se les ofrezca a las niñas garantías de protección, pero sobre todo mejores oportunidades de vida.
“Es urgente generar mecanismos de denuncia y protección para estas niñas y adolescentes; no hay monitoreos, ni estadísticas ni siquiera aproximadas que nos lleven a conocer la gravedad del problema”, alerta.
Mientras, Luz y Odilia continúan su silenciosa labor de acompañamiento y rescate de niñas y adolescentes que huyen de los matrimonios forzados, una realidad que la ley no ha cambiado ni erradicado.
**Este reportaje fue realizado como parte de la Beca Mike O’Connor, del International Center for Journalists (ICFJ) y de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, que ICFJ tiene en alianza con Connectas.
*Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx.
Foto: Yunuhen Rangel Medina
Por: Patricia Chandomí*
Cimacnoticias | Tuxtla Gutiérrez, Chis.-
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