El secretario Nuño se aventó un párrafo de antología:
Pedir un diálogo en esas condiciones es buscar no tener un diálogo, y son ellos los que se están cerrando la puerta al diálogo, porque es una puerta que siempre ha estado abierta a partir de que acepten la reforma educativa. Ahí está el detalle pedagógico: un diálogo con las autoridades siempre puede realizarse, pero a partir de que quienes lo pidan hayan renunciado con anterioridad a la materia sobre la cual pretendían dialogar. Sometiditos dialogarán más bonitos, sería la frase en letras de latón inscrita en alguno de los muros de la antesala de los muchos secretarios Nuño que en el mundo del poder abundan.
Por lo pronto, el intento magisterial de diálogo batalló para
acercarse siquiera a algunas puertas oficiales. En La Marquesa fueron
impedidos de avanzar a bordo de autobuses los profesores de Michoacán,
Chiapas, Oaxaca y Guerrero que buscaban acercarse al Centro Histórico de
la Ciudad de México para participar en protestas contra la reforma
punitiva. Policías federales y del gobierno capitalino tendieron vallas
para inmovilizar los camiones, hasta que cuatro horas después se llegó a
un arreglo que les permitió continuar. Las autoridades consideran, con
sustento jurídico pero no político, que la libertad de tránsito se
refiere a las personas y no a los vehículos. En Tuxtla Gutiérrez hubo
enfrentamientos entre profesores y policías y en otras ciudades hubo
actos de protesta.
La evolución del menú restrictivo generó ayer extraños intentos
gubernamentales de explicación respecto a la prohibición de los
plantones en zonas que las autoridades determinan por sus pistolas y por
sus macanas. La Plaza de la Constitución y el Monumento a la Revolución
fueron declarados espacios libres de protesta, explicó el abogado
Miguel Ángel Mancera. Y en las inmediaciones de Los Pinos los profesores
batallaban para instalar un plantón en espera de que los reciba el
secretario Miguel Ángel Osorio Chong. Habrá de verse si en la noche o la
madrugada no fueron desa-lojados estos manifestantes, como sucedió la
semana pasada en Bucareli y en la Plaza Santo Domingo.
Con menos fuerza numérica, como resultado de la larga resistencia que
han sostenido, los profesores contrarios a la reforma laboral educativa
han vuelto a mostrar que este tema no está cerrado y que se requieren
diálogo y oficio político para evitar que la confrontación crezca. No
son tantos como al principio, pero tampoco son tan pocos como el
gobierno pregona. Hay un segmento de la sociedad y del profesorado que
están activamente en contra de esa reforma peñista y, ante la
restitución del espíritu combativo, es necesario que las autoridades
consideren la necesidad de atender de viva voz los reclamos de los
inconformes. Dar por cerradas las puertas de las oficinas de Los Pinos,
Bucareli y la SEP, y pretender que la única forma de diálogo se puede
dar cuando los solicitantes capitulan a sus pretensiones, es una forma
descuidada, peligrosa, de entender la función pública.
Astillas
Los problemas económicos de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) han caído como anillo al dedo al gobierno
mexicano para bajar aún más el nivel de supervisión que esta instancia
podría ejercer en el caso de Ayotzinapa. No más grupos de expertos ni
visitas molestas. La penuria financiera hará que, como se adelantó
semanas atrás aquí mismo, los mecanismos de seguimiento a lo sucedido en
Iguala sean a larga distancia, con los declarantes oficiales como
fuente sin contraste directo y con algunas visitas superficiales con
previo aviso y aprobación mexicana… Las lluvias han ayudado a disolver
la concentración de tóxicos en la conurbación con sede en la Ciudad de
México. Sin embargo, no aparecen las grandes líneas maestras que hagan
suponer a los habitantes de esa región contaminada, y continuamente
dañada con dobles restricciones de circulación vehícular, que está en
camino alguna propuesta inteligente, fundada y eficaz para reducir los
riesgos del ozono y similares… Una línea de la columna de ayer quedó sin
explicación suficiente: se escribió que
la intercepción telefónica, una entre varias que se han adjudicado a José Murat, incluso en el papel de gestor de cobranzas y arreglos contables con el gobernador de Veracruz, podría ser usada para la presentación de una denuncia formal de López-Dóriga por ataques y amenazas al ejercicio periodístico. En efecto, al mencionado Murat se le atribuyó una grabación telefónica en la que Javier Duarte de Ochoa le pide adecuar procesos de facturación relacionados con servicios de salud… El lector Rodrigo Rosetti pregunta: “¿Qué diferencia esencial hay entre lo que hace el gobierno de Obama, que mete a los paisanos en un avión y los ‘traslada’ a su país de origen, con lo que hacen con los maestros, a los que meten en un autobús y los ‘trasladan’ a sus estados de origen?”... J. Manuel Chávez comenta respecto a las recientes declaraciones de Enrique Peña Nieto:
Dice que los negocios van bien; yo creo que se refiere a los suyos, a los de sus cuates, porque en mi ciudad prácticamente todos van mal. El mío, por ejemplo, un taller editorial, está muerto esperando que lo entierren. Lo más preocupante es advertir que el problema en realidad no es que este político no entiende que no entiende, sino que ni siquiera trata de entender; su actitud es de total deserción, de total renuencia a enfrentar con seriedad sus responsabilidades... Y, mientras en la Ciudad de México se reparten silbatos entre hombres y mujeres (en negro para ellos, rosa para ellas) para que a soplidos den señales de que están siendo víctimas de algún tipo de acoso sexual (¿en alguna aglomeración cotidiana en el Metro, por ejemplo?), ¡hasta mañana, en esta columna que cumple años de haber visto la luz, con una entrega inicial que hablaba de la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas en pos de la jefatura del Gobierno del Distrito Federal y su debate con el priísta mexiquense Alfredo del Mazo!
Twitter: @julioastillero, Facebook: Julio Astillero, Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
La corrupción es un
poder paralelo a los poderes constitucionales. ¿Cuánto le cuesta a los
ciudadanos? De acuerdo con un estudio que el Inegi dio a conocer ayer,
representa una carga de 347 mil millones de pesos cada año. Esta cifra
sería la suma de lo que pagamos de mordidas en los trámites
gubernamentales. En promedio, 12 mil 590 de cada 100 mil ciudadanos
resultan víctimas. Tienen que ponerse ‘‘con su cuerno’’ para que las
cosas caminen. La entidad con mayor incidencia es el estado de México,
con 62 mil 160 corruptelas, y Zacatecas es la que tuvo menos reportes,
con 6 mil 810 víctimas. Aun así, el Congreso ha detenido la aprobación
del llamado sistema nacional anticorrupción. Ante las críticas,
principalmente de Coparmex que anuncia una campaña nacional e
internacional para denunciar su bochornosa inacción, el presidente de la
Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero, del Partido Verde, dice que la
legislación podría ser aprobada el lunes 30 de mayo en lo general,
salvo las reservas. Tal sería el acuerdo en que participaron los
legisladores Emilio Gamboa Patrón, Marko Cortés, Mariana Gómez del Campo
y Guadalupe Acosta Naranjo. Sin embargo, se anticipa que lo que
aprueben será un conjunto de leyes descafeinadas que en la práctica les
servirá de autoprotección. ¿Qué político querría dar a conocer
públicamente su riqueza o designar a un fiscal que lo persiguiera si su
dinero fuera mal habido?
Ataque contra el peso
Como comentaba esta semana, la salida de capitales se
aceleró en los meses recientes presionada por los inversionistas
extranjeros que buscan una mayor tasa de interés. Los instrumentos que
registraron las mayores salidas fueron los Cetes a corto plazo, con 198
mil millones de pesos, seguidos por los bonos a largo plazo, con una
salida de 56 mil 557 millones. La fórmula para detener la fuga de
capitales sería un aumento de la tasa de interés de Banco de México, la
cual es de 3.75 por ciento. Como resultado de la fuga de capitales, la
moneda se ha devaluado 6.47% en los meses transcurridos del presente
año. Y alrededor de 40% en lo que va del sexenio. El negocio de los
especuladores es relativamente simple: piden prestado en Estados Unidos a
bajo interés y compran Cetes que les paga uno mayor. La diferencia es
lo que constituye su ganancia. Lo que están pensando es cierto: estamos
en su manos.
Silbatos color rosa
Miguel Ángel Mancera tiene un problema con sus
colaboradores, el nuevo equipo que surgió de la reciente purga: tienen
miedo que los corra si le dicen la verdad, por ejemplo, que su nivel de
popularidad es muy bajo como para que aspire a ser candidato a la
Presidencia de la República. Y lo dejan promover proyectos que no lo
ayudan. Hace poco fue la nueva rueda de la fortuna de Chapultepec, que
fracasó; ahora pretende combatir el acoso a la mujer con silbatos. Al
menos así lo anunció en su cuenta de Twitter: ‘‘Hemos realizado acciones
para prevenir la violencia sexual con operativos y recuperación de
espacios’’, y tuiteó una foto del silbato rosa con blanco que el
gobierno capitalino repartirá a las mujeres para proveerlas de la
herramienta que les permita denunciar o avisar de posibles delitos. El
jefe de Gobierno informa en otro tuit que también habrá silbatos negros
para los hombres. Se llevó una silbatina en redes sociales.
Preparaos, mexicanos pagadores, que
el gobierno federal cocina un nuevo aumento a los precios de gasolinas y
diésel, ahora con el pretexto de la contaminación y disfrazado de
impuesto verde, con todo y que tal gravamen ya está incorporado en el precio final de los combustibles al consumidor.
La noticia dice así: “el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales, Rafael Pacchiano, expuso en el Senado que además
del endurecimiento del programa Hoy no circula, se analizan otras 168
medidas, entre ellas la posibilidad de incrementar (el precio de) la
gasolina y dedicar esos recursos a mejorar el transporte público… Por su
parte, Mario Molina, premio Nobel de Química, recomendó (…) el cobro de
algunos centavos extra al litro de gasolina; se trata de un pequeño
sobreprecio al uso de los combustibles, lo que dejaría un dineral, que
puede ser etiquetado para ayudar a controlar la contaminación...
Pacchiano confirmó que se analiza esa opción” (La Jornada, Andrea Becerril).
Pues bien, de acuerdo con el marco vigente del impuesto especial
sobre producción y servicios (IEPS), en el precio final al consumidor de
gasolinas y diésel se incluye una fuerte carga fiscal (IVA aparte) que
representa alrededor de la mitad de dicho precio, y la recaudación se
reparte en tres cuotas: a estados y municipios, a emisiones de carbono y
a combustibles fósiles
por las emisiones de carbono y el daño que éstas generan al medio ambiente.
La última de las cuotas citadas es la mayor (alrededor de 70 por
ciento, en promedio, del total) y al cierre de febrero pasado representó
3.99 pesos en el caso de la Magna, 3.62 pesos en el de la Premium y
5.52 pesos en el del diésel (adicionalmente se aplica el IVA a una tasa
general de 16 por ciento sobre el precio, sin considerar la cuota
estatal del IEPS).
De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados (CEFP), en orden de magnitud la segunda cuota del
IEPS es la que se destina a estados y municipios, que se actualizan
conforme a la inflación. La recaudación obtenida por este concepto,
detalla,
se destina en una proporción de 9/11 a las entidades federativas en función del consumo efectuado en su territorio y los 2/11 restantes al Fondo de Compensación, que se distribuye entre las diez entidades federativas con menor nivel de producto interno bruto per cápita no minero y no petrolero.
El CEFP detalla que en el precio final al consumidor la carga fiscal
total (los datos son a febrero pasado) representa 47.4 por ciento en el
caso de la Magna; 39.3 en el de la Premium y 56.8 en el del diésel, para
un promedio de 47.8 por ciento, impuesto verde incluido, y explica que
la ley del IEPS permitirá, en 2016, reducir la banda de fluctuación de los precios en un monto similar a la inflación, por lo que no es previsible observar reducciones en los precios de estos combustibles, aun cuando los precios del petróleo se ubiquen en niveles tan bajoscomo los actuales.
Cuando empezó el gobierno peñanietista –primero de diciembre de
2012–, el litro de gasolina Magna se vendía a 10.81 pesos y el de
Premium a 11.37. A estas alturas, tres años y medio después, los precios
son de 13.16 y 13.95 pesos, respectivamente, es decir, un incremento de
21.7 y 22.7 por ciento, en cada caso. En el mismo periodo el precio
petrolero se desplomó alrededor de 60 por ciento.
El CEFP advierte que el aumento de los problemas ambientales en el mundo
ha obligado a varios países a diseñar políticas públicas que coadyuven a reducir la contaminación ambiental sin afectar el crecimiento económico. En los últimos años, diversas organizaciones y gobiernos han puesto en marcha algunos ordenamientos jurídicos para regular la emisión de factores contaminantes, así como acciones de carácter fiscal que penalicen el mal uso de recursos naturales y la contaminación del medio ambiente. Los gobiernos tienen a su disponibilidad una gran variedad de herramientas como son la aplicación de leyes para el cobro de impuestos ambientales, subsidios y regulaciones ambientales.
De acuerdo con una
investigación periodística divulgada por este diario en la semana en
curso, el gobierno de Puebla, que preside Rafael Moreno Valle,
transfirió sin licitación de por medio los servicios de agua potable y
alcantarillado de varios municipios de ese estado, incluida su capital, a
la empresa privada Concesiones Integrales SA de CV, lo que ha causado
una grave afectación a unos 475 mil hogares y a las finanzas de la
entidad.
Condenan acciones de la SEP para doblegar a maestros
Los abajo firmantes,
integrantes del Seminario de Educación Superior de la Universidad
Nacional Autónoma de México, condenamos los despidos, detenciones y
otras acciones represivas en contra de la libertad de expresión y el
derecho a la protesta de maestros y maestras.
Los ministros de cultos
religiosos se sienten representantes de Dios en la Tierra sin haberse
tomado la molestia de demostrar primero que su dios existe. Los más
inteligentes aceptan que es un problema de fe, y punto: crees en dios o
no, y así no hay debate. No se discute con la fe porque está determinada
por dogmas y éstos son creencias, por definición no discutibles; no
científicamente.
Mañana Barack Obama hará
algo que ningún presidente estadunidense en funciones ha hecho:
visitará la ciudad de Hiroshima, destruida el 6 de agosto de 1945 por la
primera de las dos bombas atómicas que se han lanzado. La segunda
aniquiló buena parte de Nagasaki tres días después. Desde entonces nadie
ha recurrido a esas armas de destrucción en masa.
Al tercer día de una
gran y tradicional movilización magisterial, que arranca siempre el Día
del Maestro (15 de mayo), el señor Nuño tocó los tambores de guerra y
tajante apuntó que la SEP estaba lista para sustituir en las escuelas a
todos los maestros que serían cesados al llegar a su tercera falta
consecutiva. Detalló que hasta ese día, miércoles 18, había 19 mil
maestros de Michoacán, Guerrero y Oaxaca ya en la lista de ceses y que
de seguir el proceso al día siguiente se llegaría a 24 mil 617, cuando
los de Chiapas cumplieran el plazo fatal de tres días en paro. Ufano,
exclamó que la SEP cuenta con 26 mil maestros listos para sustituir a
los desobedientes y a la vez incautos que se dejan engañar por sus
líderes corruptos que sólo persiguen sus beneficios personales.
El Fondo Monetario
Interna-cional (FMI) acaba de reconocer que la corrupción es uno de los
más críticos problemas a escala global, trátese de países desarrollados o
no. Con base en la Convención contra la Corrupción de la Organización
de Naciones Unidas, el FMI ha definido la corrupción como el abuso
intencional –por ejecución u omisión– de funciones o posiciones por
parte de un servidor público, con la intención de violar la ley en el
ejercicio de sus funciones y obtener con ello lucro o ventajas indebidas
para sí o para otras personas o entidades. Es, por tanto, una ofensa
criminal que siempre involucra la participación de un empleado público
de cualquier nivel. También se considera corrupción la perversión de
procesos legislativos con fines de beneficio indebido, esto es, cuando
legisladores toman decisiones impulsados por intereses privados, lo que
es ya una de las formas más eficientes de la corrupción
político-empresarial. Ninguna sociedad, por tanto, es inmune a actos de
corrupción. Sin embargo, las capacidades de cada Estado para cumplir con
su obligación de combatirla son muy diferentes, y dependen del nivel de
transparencia, legalidad y efectividad de sus instituciones. En todos
estos ámbitos México ocupa una de las posiciones más mediocres y
vergonzosas del mundo.
EU, nación con una primacía
global afectada por grave hipertrofia financiera y militar sin control,
es hoy epicentro de la crisis gestada tanto por los límites planetarios
a la acumulación del capitalismo monopólico, como por las consecuencias
catastróficas de una movilización bélico-industrial orientada a una
guerra nuclear contra Rusia. Mientras su clase gobernante profundiza la
guerra global de clase bajo el
neoliberalismo, alaba la
mano invisible, pero usa el puño visible del Pentágono y la CIA, propio de un estado de excepción global.
Las primeras medidas
económicas anunciadas por el capo golpista de Brasil Michel Temer no han
sorprendido, salvo tal vez por su extrema dureza. Confirman uno de los
objetivos fundamentales del circo disfrazado de inicio de juicio de
procedencia montado por las dos cámaras del Congreso para suspender
¿provisionalmente? a la presidenta Dilma Rousseff y quienes están detrás
de la jugada. La luz verde del Legislativo al inicio del impeachment
no habría podido darse sin la complicidad del Tribunal Supremo Federal,
ni se hubiera podido llevar a cabo sin la campaña contra la supuesta
corrupción de Lula, Dilma, y el PT, implementada por la poderosa
corporación multimedia Globo y demás medios hegemónicos brasileños.
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