MONEDERO
Por: Carmen R. Ponce Meléndez*
Hay enormes desigualdades e injusticias contra las mujeres,
especialmente en el ámbito laboral y económico. Una de ellas muy
importante es la llamada “brecha salarial”. Se supone que a igual
trabajo igual pago, pero no es así; a las mujeres por el mismo trabajo
que realiza un hombre se le paga menos.
Es un tema que está entre las luchas feministas, pero también entre los
estudiosos del tema laboral y en las políticas públicas, porque además
de todo tiene un costo para la sociedad y es un mecanismo para abaratar
el salario masculino.
Las disparidades de género en los ámbitos económico y social han atraído
una gran atención entre la gente de la academia y las personas
hacedoras de política pública a nivel mundial, y México no es la
excepción.
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El caso de México es interesante por varias razones. La primera razón es
que de acuerdo con el índice de brechas de género globales
(López-Carlos y Zahidi, 2005), de entre los 56 países estudiados, México
se encuentra en el lugar número 52, sólo por encima de la India, Corea,
Jordania, Pakistán, Turquía y Egipto.
Así del subconjunto de países analizados, México está en el último lugar
de América Latina en cuestiones de igualdad de género. La segunda razón
se debe a que a pesar de su nivel de desarrollo, las tasas de
participación laboral de las mexicanas se encuentran dentro de las más
bajas de la región y del mundo, pero tal participación ha aumentado
considerablemente en las últimas dos décadas, pasando de 22 por ciento
en 1990 a 40 por ciento en 2010, de acuerdo con datos censales.
Por último, la brecha salarial de género ha ido decreciendo en los
últimos 30 años, pero poco se sabe del rol en dicha dinámica del sesgo
de selección en la participación laboral de las mujeres, así como del
comportamiento de la brecha a lo largo de la distribución y su evolución
en el tiempo.
En Estados Unidos se elaboran dos mediciones de la brecha salarial. La
primera de ellas se basa en estadísticas publicadas por la Oficina del
Censo estadounidense (Census Bureau), y tiene en cuenta la media anual
de ingresos de la mujer con respecto al de los varones en empleos a
jornada completa mantenidos durante un año.
Según esta medida, la media de ingresos de las mujeres representó en
2011 el 77.0 por ciento de la de los varones. La brecha salarial, por lo
tanto, se situó según esta estadística en 23 por ciento, lo que supone
un retroceso con respecto a 2010, cuando esta cifra era de 22.6 por
ciento.
Pero sin duda si la medición fuera en jornadas parciales la brecha de
género sería mucho mayor porque ahí es mayor la participación femenina.
A lo largo de la década anterior, la brecha apenas se redujo en medio
punto, lo que constituyó una suavización de la tendencia de las décadas
anteriores, en las que los avances fueron mucho mayores. Entre 1991 y
2000 la brecha se estrechó en cuatro puntos y entre 1981 y 1990 en más
de 10 puntos.
Un dato esperanzador es que, desglosadas por grupos de edades, las
estadísticas muestran que la brecha salarial es más pequeña en el grupo
con edades de entre 25 y 34 años. En 2011, la brecha de este grupo era
de 8 por ciento, y se ha reducido notablemente desde 1980 cuando se
situaba en 31 por ciento.
Además de la brecha salarial general y de la existente dentro de cada
ocupación, hay que tener en cuenta como factor importante la brecha
salarial entre ocupaciones, la denominada segregación ocupacional y la
discriminación indirecta.
Para empezar, el mercado de trabajo está fuertemente segregado: sólo
cuatro de las 20 ocupaciones con más mujeres están también en el grupo
de las 20 con mayoría masculina.
Partiendo de lo anterior, las ocupaciones masculinizadas suelen tener
salarios más elevados que las que tienen mayoría femenina, aunque sea
necesario un nivel de formación similar. Esta diferencia se observa con
mayor claridad en ocupaciones que exigen niveles educativos muy altos.
La mujer cuenta con ingresos inferiores a los de los varones casi en la
totalidad de las ocupaciones con mayoría femenina como en las de la
mayoría masculina.
Los estereotipos de género pueden, además de ser la base de la
segregación ocupacional, influenciar las decisiones educativas y
profesionales de mujeres y hombres.
Las nociones preconcebidas de la sociedad estadounidense (y mexicana) de
que los varones cuentan con mayor capacidad para algunos tipos de
tareas (matemáticas, mecánica...) y las mujeres para otras (creativas,
educativas, etcétera) afectan las percepciones de las personas sobre sus
propias capacidades, y se convierten en un factor que conforma las
decisiones sobre educación y profesión.
Se estima que la brecha salarial tiene un costo medio para la mujer con
titulación superior de aproximadamente 1.2 millones de dólares a lo
largo de la vida laboral media de 35 años.
Se calcula que la eliminación de la brecha salarial tendría un efecto
estimulante sobre la economía estadounidense, que incrementaría el PIB
entre 3 y 4 por ciento, más del doble que la ley de estímulo económico
que contribuyó a que Estados Unidos superara la recesión.
Además, las diferencias salariales tienen un costo importante a la hora
de recibir la pensión de jubilación: las pensiones públicas por
cotizaciones propias de las mujeres constituyen sólo 60 por ciento de
las de los varones, diferencia que incluso se amplía en las pensiones
privadas, al totalizar solamente 48 por ciento.
Lo mismo sucede aquí con las Afores y las pensiones de las mujeres.
En el estudio realizado por Flor Brown y Lilia Domínguez, “La
desigualdad de género en un contexto de apertura”, sobre la industria
manufacturera y la de exportación, se encontró que en los
establecimientos exportadores la diferencia salarial en favor de los
hombres era de 71 por ciento y en los de manufactura 75 por ciento. La
brecha salarial de género es mayor en los establecimientos de
manufactura de exportación.
¿Y la protección legal? Existe la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI.2015 en
Igualdad Laboral y No Discriminación. Esta norma establece los
requisitos para que los centros de trabajo públicos, privados y sociales
integren, implementen y ejecuten dentro de sus procesos de gestión y de
recursos humanos, prácticas para la igualdad laboral y no
discriminación.
El propósito fundamental de la inclusión laboral es el acceso a un
empleo digno, productivo y bien remunerado a favor de las personas en
edad de trabajar sin importar su origen étnico o nacional, sexo, edad,
discapacidad o condición social.
Los índices de discriminación salarial por ocupación y sector de
actividad muestran que las mujeres ganan 30.5 por ciento menos que los
varones en ocupaciones industriales, 16.7 por ciento menos como
comerciantes y 15.3 por ciento menos como profesionales (Enadis, 2010).
Adicionalmente a esa Norma está el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (Conapred), que sanciona este flagelo. México también
suscribe los acuerdos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en
inglés). Lo que priva es la impunidad, la solución está en las políticas
públicas.
P.D.
El PIB per cápita más bajo en los últimos seis años. Para 2015 el PIB
per cápita muestra una caída de 13.8 por ciento respecto al año pasado,
en gran medida debido a la depreciación.
Twitter: @ramonaponce
*Economista especializada en temas de género. Especial
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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