Arturo Alcalde Justiniani.
La Jornada
¿Cuánto va a aumentar el salario mínimo? ¿A cuánto ascenderán los salarios contractuales el próximo año?
Son dos preguntas fundamentales que nos planteamos al final de cada
año, dada la importancia que tiene el salario para satisfacer
necesidades esenciales en el orden personal y familiar; sabemos, sin
embargo, que a pesar de lo que dice la Constitución, en nuestro país los
salarios son artificialmente bajos, producto de una política alentada
por el gobierno, de la cual toma ventaja el sector empresarial.
El mínimo actual de 73.04 pesos diarios es motivo de vergüenza
internacional y de rechazo en el interior de nuestro país. Este salario
ha sido calificado como uno de los peores del mundo y aun cuando los
empresarios y el gobierno pretenden reducir su importancia, señalando
que sólo una parte muy pequeña de la población lo recibe, se ha
demostrado que es fundamental para determinar al conjunto de los
salarios del país.
Este año se han creado muchas expectativas sobre el incremento que
deberá ser fijado en las próximas semanas; primero, porque desde el mes
de abril el gobierno federal había prometido su incremento, pero más
tarde señaló que los empresarios informaban que
no estaban listospara esa mejora; segundo, porque ya fue superado el obstáculo de que su aumento afectaba otras normas distintas, ya que desde el 27 de enero de 2016 se reformó la Constitución en su artículo 26, creándose un instrumento denominado
unidad de medida y actualización, que sirve de base para desligar el salario mínimo de las obligaciones calculadas con el mismo. También se reformó el artículo 123 constitucional, que en su nuevo texto dice:
El salario mínimo no puede ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.
Tres elementos adicionales que justifican que el próximo incremento
al mínimo sea sustancial son el reciente crecimiento de la inflación, la
necesidad de fortalecer el mercado interno, ya que con los salarios
actuales no hay capacidad de compra, y la formalización del empleo; es
más rentable estacionar automóviles que trabajar en una fábrica. Si no
avanzamos en estos renglones, seremos aún más incapaces para abordar los
retos que Trump nos impone. Por estas y muchas razones la mejora
salarial se ha convertido en una necesidad nacional, es un componente
fundamental para que nuestra economía se mueva.
A pesar de estas razones, el sector empresarial sigue resistiéndose a
incrementar el minisalario y reduce su ofrecimiento al orden de 4.5 por
ciento, sugiriendo que sea hasta los primeros meses del próximo año que
se dé un ajuste mayor. Alega que el transitorio cuarto de la reforma
constitucional de modificación salarial dio el término de un año,
contado a partir del 27 de enero de 2016, para adecuar las leyes locales
y federales a la nueva situación generada por la desvinculación. La
verdad es que se inventan permanentemente excusas para diferir este paso
ineludible. En este escenario, lo más probable es que el mínimo se fije
por ahora en el orden de 5 por ciento.
Una propuesta en el ámbito de la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos es que el mínimo equivalga a 60 por ciento del salario promedio
nacional. Se acredita así la íntima vinculación de los minisalarios con
los que recibe el resto de los trabajadores del país, sin embargo, hace
un par de días, el dirigente de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, expresó que su
ofrecimiento sería un incremento hasta de 89.35 pesos diarios,
equivalente a la canasta mínima de bienestar fijado por el Consejo
Nacional de Evaluación del Desarrollo Social. El aumento sería de 16
pesos diarios, claramente insuficiente para cubrir las necesidades
básicas de una familia. ¿Usted cree que podría vivir dignamente con 2
mil 680 pesos mensuales?
Por lo que se refiere a los salarios contractuales, más allá de que
el gobierno federal, mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, determina la política general, el primer signo de la voluntad
gubernamental adquiere rostro en la negociación salarial anual con el
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). Ésta se
llevó a cabo el 15 de octubre pasado y el incremento fue de 3.05 por
ciento a los salarios base y 2.05 por ciento a prestaciones. Suelen
sumarse estas cifras para afirmar que equivalen a 5.10 por ciento, pero
esto es erróneo, ya que ambos conceptos tienen una base distinta de
cálculo. El incremento salarial impacta en muchos renglones como el
aguinaldo o la prima vacacional, pero el incremento en prestaciones no
tiene ese factor de repercusión, por lo que su efecto es menor.
Una segunda negociación laboral se realizó 15 días después, con el
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México
(Stunam), que este año obtuvo un aumento de 3.08 por ciento al salario y
1.98 por ciento en prestaciones. Estos porcentajes suelen convertirse
en tope para el resto del sector educativo, sin embargo, se sabe que
existe cierto grado de simulación en este informe, pues por otros medios
se otorga a los trabajadores un incremento encubierto para que el resto
de los trabajadores del país no lo reclamen. Hasta en estos temas se
hace trampa.
El hecho es que urge un aumento salarial nacional mucho más
sustantivo. La política de bajos salarios y precariedad laboral está
llegando a su límite. Los grandes problemas del país están íntimamente
ligados a ella.
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