By Marcos Chávez * @marcos_contra
La meta presupuestal para 2017-2018 incluye la reducción del déficit
presupuestal tradicional. No obstante, se estima que el PIB caerá de -3
a -2.4 por ciento y que los ingresos petroleros se desplomarán en 15.7
por ciento. La política fiscal, con su respectivo paquete económico, un
fracaso
Desde
2014, el escenario internacional volvió irreal los supuestos de
política económica y fiscal anuales. Las cinco iniciativas anuales de
política fiscal, con sus respectivos paquetes económicos, cuatro de
ellas, que incluyen al periodo 2014-2017, fracasaron. Cuando fueron
convertidas en ley por el Congreso, sus variables básicas esperadas –el
nivel de ingresos y gasto públicos planeados, el balance fiscal, el
nivel de endeudamiento, el tipo de cambio, las tasas de interés o el
crecimiento económico– ya habían sido desbordadas y sepultadas por la
realidad. En esas circunstancias, la planeación y conducción económica
ha tenido que ser improvisada, con desdichados resultados.
Ni
siquiera las metas fiscales de 2013 se cumplieron, debido al anárquico
manejo hacendario. Y por desgracia, el proceso de ajuste fiscal del lado
en el gasto, desde enero de 2015, macará el último año de gobierno con
la austeridad.
Inicialmente, se pensaba que la política de
ingresos y egresos del Estado, complementada con las reformas
estructurales, entre ellas la reprivatización energética, fueran
consistentes con una tendencia gradual y ascendente del crecimiento
económico. En 2013 se estimó una tasa de expansión de 3.5 por ciento y
al cierre del sexenio de 5.4 por ciento.
Pero a medida que
irrumpió el colapso del mercado petrolero internacional y de los precios
de las materias primas y se modificó la política monetaria de la
Reserva Federal estadunidense con sus respectivos ciclos especulativos,
se manifestaron los síntomas desinflacionarios en diversas regiones del
mundo que debilitaron el comercio mundial, todo se salió de control para
los responsables de la condición económica, primero para Luis Videgaray
y luego para José Antonio Meade.
La meta de crecimiento económico
se fue al pozo. De un nivel proyectado de 5.2 por ciento en 2017 y de
5.4 por ciento en 2018, las tasas fueron revaluadas a las modestas de
2-3 por ciento y 2.5-3.5 por ciento en los años citados.
Ello, debido, en gran medida, al giro en las prioridades de la política económica y fiscal.
El
crecimiento desapareció y fue sustituido por el equilibrio financiero
del Estado a ultranza, con la consecuente reducción anual del
financiamiento interno y externo requerido para compensar el déficit en
las hojas de balance del Estado y, por añadidura, contener y reducir el
saldo total de la deuda pública y sus respectivos intereses devengados.
La meta presupuestal que definirá el rumbo del gobierno en su bienio restante es clara:
Reducir
el déficit presupuestal tradicional, el cual incluye las llamadas
inversiones públicas en proyectos de alto impacto. Que pase de un saldo
negativo de 577.2 mil millones de pesos (mmp) esperado en 2016 a 494.9
mmp en 2017; es decir, que disminuya en 17 por ciento en términos
reales. Respecto del producto interno bruto (PIB), se estima que caiga
de -3 a -2.4 por ciento. Para 2018 se proyecta que equivalga a 2 por
ciento del PIB.
Lograr el balance fiscal cero si se excluye a las
inversiones citadas. Transformar el déficit esperado de 96.7 mmp en 2016
en un superávit de 12.6 mmd, de -0.5 por ciento del PIB a 0.5 por
ciento.
Recuperar el superávit primario (la diferencia que hay
entre los ingresos y los gastos totales sin considerar el pago de
intereses de la deuda) perdido hace 9 años. Convertir su déficit
previsto en 2016, 1 mil 143 mmp en 2016 en un superávit por 73.8 mmp, de
-0.6 a 0.4 por ciento el PIB.
La pregunta es cómo se pretende
alcanzar esos objetivos fiscales. La Secretaría de Hacienda propuso un
modesto incremento en los ingresos presupuestarios, de apenas 0.4 por
ciento, en términos reales, para 2017, el cual sería eliminado si la
inflación supera la tasa de 3 por ciento programada. Un alza de precios
de 3.5 o más convertiría dicho aumento e una caída real. Se supone que
éstos pasarían de 4.2 billones de pesos a 4.3 billones
Se espera
que los petroleros se desplomen en 15.7 por ciento (pasarían de 884.4
mmp a 769.9 mmp) y los no petroleros aumentarían en 4.8 por ciento (de
3.3 billones de pesos a 3.5 billones).
El Congreso incrementó marginalmente los ingresos con un simple juego de manos:
elevó el nivel de la paridad que por cada dólar captado, sobre todo por
los precios del crudo de exportación, que le daría unos cuantos pesos
más a la hacienda pública, así como en el volumen de la producción de
hidrocarburos y de las ventas externas.
Dada la incertidumbre y la
precariedad en los ingresos esperados, como ocurre con todo programa de
ajuste fiscal, el principal instrumento en el proceso se saneamiento de
las finanzas pública recaerá el recorte del gasto, pero no del total,
sino del programable, es decir, el que excluye el pago de los
compromisos financieros del Estado, entre ellos los intereses de la
deuda y el rescate bancario.
Se programó una baja en el gasto neto
total real de 1.7 por ciento. Sin embargo, el programable real se
reducirá 6.2 por ciento. En cambio, el no programable real se
incrementará en 6.1 por ciento. Esto debido fundamentalmente a que se
programó un alza en el costo financiero en 18.9 por ciento, el cual
pasará de 462.4 mmp a 568.2 mmp.
El superávit primario servirá para cubrir dicho costo financiero y un pequeño excedente.
Como
en las décadas de 1980 y 1990, regresamos a la hipocresía de la
austeridad para la sociedad que se beneficia de los deteriorados bienes y
servicios públicos; de la dictadura del superávit primario que
sacrifica a las mayorías, en nombre del equilibrio financiero del
Estado, que privilegia a sus acreedores.
Marcos Chávez M
[ANÁLISIS ECONÓMICO]
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