Diez años de guerra.Como hemos cambiado
La violencia ha provocado que los ciudadanos deban hacer el trabajo que el Estado ha dejado de hacer. Estas organizaciones son las que están desenterrando a sus desaparecidos por todo el país.
Todo empezó con un grupo de Whatsapp. En él la veracruzana Lucy Díaz
comenzó a compartir con otras cinco madres de familia el peso de la
incertidumbre y la angustia de no tener noticias de su hijo Luis,
secuestrado en el Puerto de Veracruz en 2013.
Al principio sólo era eso: una válvula de escape para aliviar el peso
aplastante de la depresión. El grupo fue creciendo y, además de palabras
de consuelo, las mujeres comenzaron a intercambiar consejos prácticos
sobre cómo levantar denuncias por desaparición forzada o secuestro.
También a organizarse para ir a Xalapa a demandar resultados a las
autoridades o para exigir una entrevista con el gobernador.
-Tocamos todas las puertas –asegura en entrevista Lucy Díaz-. Incluso,
fuimos en una ocasión a hablar con (el ex gobernador) Javier Duarte y se
comprometió con nosotras a recibirnos cada 15 días para darnos
información de nuestros casos.
Pero nunca lo cumplió. Ni tampoco las autoridades ministeriales que
prometieron una y otra vez que investigarían las desapariciones. Lucy y
muchas otras madres tuvieron que dejar sus trabajos, sus familias y
buena parte de sus vidas para convertirse en los propios agentes
ministeriales y peritos forenses de sus casos.
-Nos dimos cuenta de que si el Gobierno era el que iba a hacer la
búsqueda de nuestros hijos, las madres jamás volveríamos a saber de
ellos, ni sabríamos nunca la verdad de lo que les sucedió –dice Lucy y
después se pregunta cómo podría el Estado investigarse y castigarse a sí
mismo por las desapariciones forzadas cometidas por sus autoridades,
como el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero.
Como respuesta, Lucy plantea que organizarse como un grupo de madres
para hacer presión a las autoridades ya no era suficiente. Necesitaban
pasar a la acción. Tomar con sus manos el pico, la pala y las varillas
de fierro y remover la tierra en busca de sus seres queridos.
Fue así como en 2014 las madres abandonaron el grupo de Whatsapp y
crearon el Colectivo Solecito, una brigada en la que actualmente
participan 50 mujeres cuya labor ya ha dado resultados tangibles: en
septiembre de este año encontró en el Puerto de Veracruz un predio en el
que a la fecha se han localizado 105 fosas clandestinas, con un número
todavía por determinar de cadáveres que esperan ser identificados.
-Este es el ejemplo de que en México si quieres que algo suceda tienes
que hacerlo tú mismo –dice Díaz-. Porque el Estado no lo va a hacer por
ti.
Para Lucy este hallazgo, junto con otros como el que realizó la Brigada
Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que el pasado abril
encontró 15 fosas en tan solo 15 días de rastreo en la zona centro de
Veracruz, es el resultado de una sociedad empoderada que reaccionó ante
la violencia y la inoperancia del Estado. Una sociedad que ya en 2008
dio el primer aviso de que no se quedaría con los brazos cruzados ante
los muertos y los desaparecidos de la violencia de la guerra contra el
narcotráfico.
Del ‘caso Martí’ a la ‘Ley Sicilia’
Vestidos de blanco y con pancartas que rezaban “Si no pueden,
renuncien”, el 30 de agosto de 2008 miles de personas salieron a las
calles de México para protestar contra la violencia. La marcha
Iluminemos México estuvo encabezada por el empresario Alejandro Martí,
cuyo hijo Fernando había sido asesinado un mes antes, tras ser
secuestrado.
Esta fue la primera gran movilización social durante la guerra contra el
narcotráfico que, además, dio como resultado la firma del ‘Acuerdo
Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad’, en el cual se
incluyeron varias demandas ciudadanas en materia de seguridad, como
realizar una depuración a fondo de los elementos policiacos del país.
Sin embargo, aunque los medios titularon este acuerdo entre gobierno y
ciudadanos como “histórico”, los asesinatos y las desapariciones
continuaron.
Poco menos de tres años después, en abril de 2011, el asesinato del hijo
del poeta Javier Sicilia volvió a convulsionar al país, y desencadenó
en mayo de ese año la Marcha por la Paz. Una movilización que a su vez
supuso el punto de partida para la creación del Movimiento por la Paz
con Justicia y Dignidad y para la realización de varias caravana, en las
que Sicilia, activistas y familiares de víctimas, recorrieron México y
Estados Unidos para exigir un alto al tráfico de armas y al consumo de
drogas.
Fue al término de la ‘Caravana del Consuelo’ el 10 de junio de 2011, en
Ciudad Juárez, que diversas organizaciones ciudadanas anunciaron un
nuevo pacto nacional ciudadano contra la inseguridad e hicieron un
llamado al gobierno de Felipe Calderón para iniciar un diálogo.
Días después, el 23 de junio, el Movimiento por la Paz y la
administración de Calderón iniciaron los llamados ‘Diálogos por la Paz’
en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México. En los encuentros
participaron víctimas de la ‘guerra contra el narco’, el presidente
Calderón, y parte de su gabinete de seguridad. Entre las demandas
ciudadanas destacaron dos: la desmilitarización de la política de
seguridad del país y la creación de una Ley General de Víctimas.
Aunque la primera demanda no ha sido cumplida hasta la fecha –con el
presidente Peña Nieto el Ejército continúa patrullando las calles
haciendo labores policiacas-, el 30 de abril de 2012 el Senado mexicano
aprobó la minuta de la nueva Ley de Víctimas –también conocida como Ley
Sicilia-, la cual plantea acciones para reparar el daño a las víctimas
de la violencia.
Javier Sicilia e integrantes del Movimiento por la Paz recibieron la
noticia en el Senado con gritos de “¡Sí se pudo!”. Pero meses más tarde,
el 6 de julio de 2012, el presidente Felipe Calderón congeló la ley y
la regreso al Congreso tras argumentar que la propuesta tenía “varios
errores”.
Fue hasta enero de 2013, ya con Peña Nieto en Los Pinos, cuando se
promulgó la Ley General de Víctimas, la cual incluyó buena parte de las
demandas ciudadanas que surgieron tras los movimientos sociales por los
casos Martí y Sicilia.
Por ejemplo, se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas
(CEAV), el órgano operativo de la Ley General de Víctimas que busca
atender a los ciudadanos que han sufrido delitos o violaciones a sus
derechos humanos, y otorgarles una reparación integral del daño.
De Ayotzinapa a las brigadas ciudadanas
El 26 de septiembre de 2014 otro hecho violento marcó un punto de
inflexión en la relación entre las víctimas y el Estado mexicano. Ese
día 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron atacados por
policías municipales de Iguala y Cocula, en Guerrero, y entregados al
crimen organizado.
La falta de resultados de la investigación policial en este caso –más de
dos años después, el Gobierno Federal aún no ha sido capaz de
esclarecer los hechos-, originaron nuevas marchas multitudinarias en el
país, y el surgimiento paulatino de nuevas brigadas ciudadanas
integradas por organizaciones civiles y por familiares de víctimas de
desaparición forzada.
Además del Colectivo Solecito, la Red Enlaces, y de la Brigada Nacional
de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que está integrada por múltiples
víctimas y organizaciones civiles de estados como Coahuila, Sinaloa,
Morelos, Chihuahua y Nuevo León, el grupo ‘Los otros desaparecidos de
Iguala’, en Guerrero, también ha conseguido resultados tangibles sin la
ayuda de las autoridades: en 2015, esta brigada integró una lista con
360 desaparecidos (60 más que los registrados oficialmente ese año) y
encontró decenas de cuerpos en fosas clandestinas.
Asimismo, las organizaciones civiles también ejercieron una fuerte
presión para que el Proyecto de Ley para prevenir la Desaparición
Forzada, en discusión en el Senado desde diciembre de 2015, incluyera
algunos de los 11 puntos que las víctimas exigían, como que dicha ley
sea obligatoria para todas las instituciones de los tres niveles de
gobierno.
E incluso, ayer mismo, 29 de noviembre, organizaciones de víctimas
presentaron sus propuestas para la Nueva Fiscalía General de la
República, para la que exigen un fiscal que sea “independiente” del
Gobierno Federal. Por lo pronto, y ante la presión social, el presidente
Peña Nieto envió ayer una iniciativa al Senado para que Raúl Cervantes,
actual procurador vinculado al PRI, no se convierta en automático en el
nuevo Fiscal de la nación cuando se dé la transición a ese organismo.
“Hay una evolución, pero no es el movimiento que necesita un país con miles de desaparecidos”
Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional México (AI),
destaca que la aprobación de la Ley General de Víctimas y la discusión
de nuevas iniciativas como la ley para prevenir la desaparición forzada,
son logros de las víctimas y de la sociedad civil a lo largo de estos
10 años.
No obstante, para el integrante de AI aunque estos logros “son
significativos”, los avances también han sido “pequeños”. Y pone como
ejemplo la Comisión de Atención a Víctimas, la cual ha recibido críticas
por parte de la sociedad civil y de las víctimas, debido a que “no
tiene un comisionado independiente y autónomo, que de verdad esté
dispuesto a enfrentar los problemas de las víctimas”.
En estén sentido, Quiroz señala que hacer una reforma a la ley de
víctimas (que se encuentra en discusión en el Senado) está bien, pero en
su opinión México necesita “un viraje completo” de su política de
seguridad “y lograr un enfoque de derechos humanos”. Algo que, hasta el
momento, la presión social no ha logrado.
Por su parte, Lucy Díaz, considera que en estos 10 años de ‘guerra
contra el narcotráfico’ “sí ha habido una evolución de la sociedad y de
las víctimas”. Pero la activista también cree que el avance no es
suficiente. O al menos, no se está dando al ritmo que requiere la
gravedad del problema.
-No estamos ante el movimiento social que debería haber en un país con
más de 100 mil desaparecidos –critica la integrante de Solecito-.
Estamos hablando de un cantidad tremenda de desaparecidos. Y sin
embargo, el movimiento de la sociedad mexicana es insignificante para el
gran problema que tenemos.
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