Abolicionistas y reglamentaristas coinciden en proteger a víctimas
Las organizaciones que se han pronunciado a favor y en contra de
reconocer el “trabajo sexual” como una actividad autónoma y no
asalariada en la Constitución Política de la Ciudad de México, coinciden
en la importancia de no criminalizar a las mujeres que realizan esta
actividad y combatir la trata de personas.
Organizaciones integradas en la Coalición para la Abolición del Sistema
Prostituyente se oponen a reconocer el “trabajo sexual” porque
consideran que esto fomentaría la explotación sexual, mientras que
agrupaciones como Brigada Callejera de Apoyo “Elisa Martínez” a la Mujer
y la “Red Mexicana de Trabajo Sexual”, sostienen que es una forma de
prevenir la discriminación y las extorsiones a las mujeres.
A pesar de las diferencias, durante las audiencias públicas organizadas
por el diputado perredista Víctor Hugo Romo en la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, las dos posturas coinciden en la necesidad de
proteger a las víctimas de trata de personas y en no criminalizar a las
mujeres que, por cualquier razón, se dedican o son obligadas a “ofertar
servicios sexuales”.
Durante las audiencias, que se realizaron entre octubre y noviembre -y a
las cuales no asistieron legisladores- Elvira Madrid y Jaime Montejo,
integrantes del colectivo “Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer”,
expusieron seis peticiones, algunas de las cuales fueron apoyadas por
Mónica Soto y Teresa Ulloa, integrantes de la Coalición para la
Abolición del Sistema Prostituyente.
Brigada Callejera, agrupación que se dedica a acompañar a “trabajadoras
sexuales” y ofrecer servicios médicos gratuitos a esta población,
propone que la Procuraduría General de Justicia capitalina y la
Procuraduría General de la República firmen un acuerdo para evitar
presentar como “pruebas” de lenocinio o trata de personas, los condones
usados y nuevos que encuentran cuando detienen a las “trabajadoras
sexuales”.
La activista Elvira Madrid, explicó que la policía capitalina argumenta
que los condones son una prueba para fincar delitos como lenocinio y
trata de personas o delincuencia organizada.
Sobre esta propuesta, la activista y quien fuera secretaria de Equidad
de Género del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mónica Soto,
aseguró que no se debe criminalizar, extorsionar ni violentar a las
mujeres.
Jaime Montejo expuso que tampoco se deben instalar zonas de tolerancia,
puntos tolerados, perímetros autorizados o zonas económicas para ejercer
este “trabajo” porque que en realidad funcionan como campos de
concentración de “trabajadores sexuales”; una idea con la que coincidió
la directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y
Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés),
Teresa Ulloa.
Otro punto de coincidencia entre las agrupaciones que se oponen y las
que apoyan el reconocimiento de esta actividad, es eliminar los
controles sanitarios al “trabajo sexual” ya que son discriminatorios,
así como no obligar a trabajadoras, bailarinas, empleadas de bares,
cantinas, centros nocturnos y hoteles, a firmar declaraciones sin
leerlas y sin estar de acuerdo con ellas.
Cabe decir que en el año 2000 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal
se anunció el retiro de la credencial del control sanitario para las y
los “trabajadores sexuales” que emitía el Consejo Nacional para
Prevención y Control del Sida (Conasida) como una forma de certificar
que las mujeres no tenían VIH/Sida y con ello prevenir la propagación de
la infección. La credencial se retiró porque no funcionaba como medida
de prevención.
Otra propuesta de este colectivo, y donde ya no hay coincidencia con las
llamadas “abolicionistas”, es que la Jefatura de Gobierno capitalino
publique unos lineamientos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
donde vincule a las y los “trabajadores sexuales” con el reglamento de
trabajadores no asalariados del Distrito Federal, con lo que esta
actividad se reconocería como un oficio.
También piden que se suprima el delito de lenocinio del Código Penal de
la Ciudad de México que penaliza el derecho de organización del “trabajo
sexual”, toda vez que a decir de este colectivo, la actual
penalización impide que las mujeres se agrupen, por ejemplo, para tener
una casa o departamento donde “ofrezcan sus servicios sexuales”.
Actualmente el artículo 189 de esta norma dice que “se sancionará con
prisión de 2 a 10 años y de quinientos a cinco mil días de multa al que
explote el cuerpo de una persona u obtenga de ella un beneficio por
medio del comercio sexual; facilite los medios para que se prostituya; o
regentee, administre o sostenga prostíbulos, casas de cita o lugares
dedicados a explotar la prostitución”.
Como solución, Brigada Callejera propone reforma la Ley de Fomento
Cooperativo para el Distrito Federal, norma que promueve la generación
de autoempleos, para incorporar a las “trabajadoras sexuales no
asalariadas”, lo que desde su postura sería una forma de evitar la
penalización de esta actividad.
Ahora la Asamblea Constituyente analiza el proyecto de Carta Magna para
revisar si se incluye o no el “trabajo sexual” mientras que en la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal se analiza derogar la
“prostitución” como una falta administrativa en el artículo 24, fracción
VII, de la Ley de Cultura Cívica capitalina.
CIMACFoto: Anayeli García Martínez
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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