QUINTO PODER
Por: Argentina Casanova*
En esas extrañas contradicciones discursivas tan comunes en México, en
el Senado de la República se discutió la advertencia de un senador que
anunció que presentaría una propuesta para modificar la Ley General de
Portación de Armas de Fuego y Explosivos, para permitir que cualquier
persona pueda tener acceso a armas, justo en el país donde una tercera
parte de los casos de feminicidio se cometen en el hogar con armas de
fuego –sin permiso- y que son utilizadas contra las mujeres.
El informe Global de la Violencia 2015, señala que de las 360 mil
mujeres asesinadas entre 2007 y 2012, en todo el mundo, “más de la mitad
perdieron sus vidas en uno de los 25 países con las más altas tasas de
feminicidio, entre los cuales se encuentra México, con indicadores de 3 a
6 casos de feminicidio por cada 100 mil habitantes.”
La definición de feminicidio no ha sido la más pulcra en México y muchas
veces se insiste en esconderlo como Defunciones de Mujeres con
Presunción de Homicidios (DMPH) término que se utiliza en el informe más
reciente elaborado por ONU Mujeres para el análisis de los últimos años
de asesinatos de mujeres en México.
El Informe Global, señala que los países con las más altas tasas de
feminicidio tienden a registrar las menores proporciones de homicidios
relacionados con la violencia conyugal. El documento señala: “en estos
países, la proporción de mujeres asesinadas fuera de la esfera privada
(en oposición a la ‘esfera íntima’) es mayor que en otros lugares”.
Sostiene que “el análisis de los datos también demuestra que la
proporción de mujeres asesinadas con un arma de fuego (en oposición a
otros mecanismos) es mayor en áreas que registran altas tasas de
homicidios perpetrados con armas de fuego”.
Estamos hablando de los casos de feminicidio que ocurren en el día a día
en México. Al menos 2 ó 3 de los 7 asesinatos de mujeres por razones de
género que ocurren en el país, se cometen con armas de fuego.
En algunos estados como es el caso de Sinaloa, este año se han cometido
55 homicidios de mujeres, al menos 33 fueron con armas de fuego, el año
pasado la cifra fue de 48 homicidios de mujeres, 27 se cometieron con
armas de fuego. Éste es el panorama donde el uso de armas se ha
generalizado entre la población.
Generalmente el feminicidio va acompañado de escenarios de mucha
violencia. Suegras, tías o hermanas de las víctimas a las que también se
les dispara y que resultan heridas o algunas veces, forman parte de la
lista de feminicidio con armas que no necesariamente eran de uso legal.
(Apenas terminaba de escribir el artículo y me enteraba que una mujer y
su hija recibieron una ráfaga disparada por la pareja de la joven en
Sonora).
Por esa razón, una de las preguntas básicas para determinar el nivel de
riesgo en el que se encuentran las mujeres es preguntarles si su pareja
conoce o tiene experiencia en el uso de armas, y por supuesto si tiene a
su alcance algún arma de la que podría hacer uso en un momento en el
que ella decida abandonar el hogar.
Muchos de los casos de feminicidio también tienen un elemento de
violencia más: son cometidos frente a los hijos de las víctimas y de los
propios agresores, hablamos de familias que son truncadas por la
violencia feminicida causada por la misoginia y el desprecio por la vida
de las mujeres, eventos en los que por supuesto la disponibilidad de
armas facilita la comisión de estos hechos.
Pero también hablamos de mujeres que son asaltadas en espacios públicos,
amagadas con armas de fuego y obligadas a ser pasivas en un acto de
violencia sexual, que cuando van a denunciar, si el operador de justicia
no tiene perspectiva de género preguntará y argumentará ¿por qué no
hubo resistencia física que pruebe que realmente se trató de una
violación?
El argumento del legislador- a quien no haremos propaganda- es de varias
vertientes. Una de ellas menciona el “beneficio para las mujeres”. El
senador sostiene que “en 1966, cuando en Orlando, Florida, se aprobó el
acceso de las mujeres a los campos de tiro, se registró la disminución
de agresiones en su contra; durante los próximos 10 años Orlando fue la
ciudad con menos violaciones y con menos ataques a mujeres.”
Definitivamente no estamos hablando de los mismos escenarios que en
México, en donde una mujer por dispararle a su pareja –incluso en
defensa propia- puede ser encarcelada hasta por 25 años (Caso Reyna Gómez Solórzano).
Y por supuesto no tiene el derecho a defenderse de su violador, porque
el juez podría encontrar que cometió “exceso de defensa propia”.
No estamos inventando, recordamos casos ocurridos en México en los
últimos años y sabemos que hay muchas mujeres encarceladas por
defenderse con un cuchillo con el que el mismo compañero-esposo, intentó
asesinarla.
No estamos para legalizar armas en un país en el que la justicia por
propia mano no es un acto de justicia sino el reflejo de la impunidad.
El riesgo de que todos los que deciden hacer justicia por su propia mano
se conviertan en agresores de otras personas está ahí, y si nos dicen
que eran mujeres, nadie dudará de ello, pero las mujeres podrían ser
encarceladas aún si utilizan una cacerola contra su agresor.
La contradicción discursiva es precisamente que se promueva el uso de
armas en un país que aún no puede garantizar que las que entregan a los
policías sean para la protección ciudadana, y que muchos de los casos de
feminicidio se cometan con armas de uso legal e ilegal. Otra es la
mirada que debemos tener cuando hablamos de la violencia contra las
mujeres y las armas.
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche.-
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