Después de dos días de debate en el Seminario
Internacional “La Fiscalía que México Necesita: Reflexiones desde la
experiencia latinoamericana para el diseño de la nueva Fiscalía General
de la República”, realizado en la Ciudad de México, con la participación
de expertos internacionales, víctimas, organizaciones de la sociedad
civil, nacionales y regionales de derechos humanos y miembros de la
academia, los asistentes manifestaron, con respecto a la elección del
primer Fiscal General y a la creación de una Fiscalía General de la
República autónoma e independiente que:
Las iniciativas legislativas de Enrique Peña Nieto y los partidos
políticos, que abren la posibilidad de evitar el pase automático del
último Procurador General de la República (PGR) como Primer Fiscal
General, son un paso positivo, pero no suficiente.
Sin
embargo, mencionaron, abre la posibilidad que el Senado revise la
actual redacción del articulo 102 constitucional para que incorpore
expresamente las garantías de meritocracia, publicidad, transparencia y
participación de la sociedad civil en la selección del Fiscal General de
la República.
Por lo que dicha “revisión debe
igualmente considerar la modificación del artículo décimo noveno
transitorio, para que todos los funcionarios que ingresen a la
institución aprueben un concurso de oposición y méritos”, se mencionó.
Además,
afirman, el primer Fiscal debe ser elegido mediante un proceso público,
transparente y participativo para ser capaz de conducir
estratégicamente la Fiscalía y de resistir presiones de todo tipo,
“sobre todo presiones políticas, y debe también tener la capacidad de
recuperar la confianza ciudadana en la institución”.
En
cuanto al Senado se refiere, se menciona, debe iniciar un debate
público, técnico e informado para discutir el modelo de una Fiscalía que
sirva. Por lo que el primer paso para ello es abstenerse de aprobar
leyes secundarias sobre la Fiscalía que no sean el resultado de una
discusión informada, técnica y participativa.
“La
aprobación apresurada de una nueva regulación, que no atienda a la
complejidad de los componentes de una Fiscalía moderna, que no recoja
los avances y lecciones de las experiencias comparadas internacionales, y
que no responda adecuadamente a los desafíos de transitar hacia un
nuevo modelo penal acusatorio que requiere consolidarse, puede
significar para México la consolidación de la impunidad”, aseguran las
organizaciones y sociedad civil.
Propusieron que los
aspectos mínimos que deben servir como punto de partida para la
discusión de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República son:
Autonomía funcional y presupuestal y servicio civil de carrera para
todos los funcionarios; modelo organizativo y de gestion adecuada; bases
para que el Fiscal establezca una política criminal y un plan de
trabajo acorde a las necesidades del país, con un modelo de
investigación orientado a la realidad; flexibilidad de coordinación y
comunicación.
Esquemas de eficiencia que permitan
superar la burocracia, lentitud y descoordinación y que se adecue a la
implementación de un sistema acusatorio; establecimiento de competencia
federal clara para superar problemas actuales de atracción y conexidad;
especialización en materia de derechos humanos y esquemas que permitan
una efectiva participación de las víctimas; mecanismos de control
adecuados mediante la transparencia, rendición de cuentas y
participación de la sociedad civil y academia y autonomía de servicios
periciales.
Además, afirman que es obligación del Senado y de la Cámara de
Diputados garantizar que la discusión pública sobre el modelo de la
Fiscalía sea seria, creíble, técnica e informada. “Los cambios
superficiales tendrían un alto costo político y consecuencias muy
difíciles de revertir en términos de impunidad”, reiteran.
Cabe
señalar que las organizaciones harán llegar al Senado, las conclusiones
de su seminario, así como insumos “que permitan reformar el artículo
102 de manera integral y armónica con las necesidades del país”.
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