La Jornada
El alcalde de Los
Ángeles, el demócrata Eric Garcetti, informó en la Ciudad de México que
próximamente 60 mil personas obtendrían la residencia legal en esa urbe.
Con dicho anuncio el político estadunidense refrendó su respaldo a la
comunidad migrante, un importante gesto por parte de quien gobierna la
ciudad con la mayor comunidad de mexicanos en Estados Unidos.
El apoyo del alcalde Garcetti es uno más de los obstáculos que cada
día se suman en el camino de la amenaza del presidente electo Donald
Trump de emprender la deportación masiva de dos y hasta tres millones de
inmigrantes indocumentados que cuenten con antecedentes penales. Dichas
dificultades se plantean, primero, por alcaldes, gobernadores y jefes
de policía en las llamadas ciudades santuarios, aquellas que han
apostado por integrar social y económicamente a sus comunidades
migrantes en vez de segregarlas y perseguirlas.
En segundo lugar, los planes del magnate toparán necesariamente con
la resistencia de los propios inmigrantes, sus asociaciones y los
sectores progresistas y humanitarios de la sociedad estadunidense,
ninguno de los cuales permanecerá pasivo ante las posibles agresiones y
acciones violatorias de los derechos humanos de estos grupos.
Por otra parte, existe una complicación, si no es que incluso una
imposibilidad técnica, para poner en marcha un plan de deportaciones
semejante en los primeros días del gobierno ultraderechista. Al respecto
cabe recordar que, de acuerdo con el Departamento de Seguridad
Nacional, hasta julio de este año el gobierno de Barack Obama había
expulsado del país del norte a 2 millones 955 mil extranjeros, número
que prácticamente alcanza el techo superior de deportaciones anunciado
por Trump. Queda claro que para igualar esa cifra en una octava parte
del tiempo que le tomó al mandatario demócrata sería necesario construir
centros de detención temporal a una velocidad récord, incrementar de
manera exponencial el número de efectivos policiacos y fletar una
gigantesca flotilla de transporte terrestre y aéreo, entre otros
requisitos que exigen asignaciones presupuestarias difíciles de
cuantificar.
Sin embargo, incluso si los sectores xenofóbicos del gobierno
electo y de la sociedad estadunidense lograran su empeño, sería un
triunfo a todas luces contraproducente, toda vez que los migrantes
aportan a la economía de Estados Unidos un elemento fundamental de su
competitividad ante Europa y Asia. En efecto, la capacidad de las
exportaciones del país vecino para competir frente a sus rivales en el
mercado global proviene en buena medida del alto grado de explotación
del trabajo indocumentado, el cual recibe remuneraciones por debajo de
los mínimos legales, conformando en los hechos un subsidio a la economía
estadunidense.
Es de sentido común que dejar a la superpotencia sin millones de
trabajadores generaría una aguda escasez de mano de obra en la
agricultura, la industria, el comercio y los servicios, y que esa
carencia repercutiría a su vez en un incremento de los costos del
trabajo que se traduciría en una pérdida de terreno ante los
competidores a quienes, paradójicamente, Trump promete desplazar
mediante guerras comerciales y renegociación agresiva de acuerdos de
libre comercio.
En conclusión, estamos ante otro ejemplo de la incierta viabilidad de
las propuestas más delirantes y agresivas del presidente electo, las
cuales no sólo se antojan difícilmente realizables, sino también lesivas
para los intereses que Donald Trump dice defender.
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