LA VOZ DE LA COALICIÓN
Como salida de una película surrealista de Luis Buñuel, las mujeres
indígenas viven en un mundo olvidado; y ahora el Estado las deja a su
suerte, eliminando y disminuyendo programas presupuestales que
impulsaban su desarrollo y el de sus familias.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público con su propuesta de Proyecto
de Presupuestos (PPEF) para 2017, emitida en el mes de septiembre, y la
Cámara de Diputados, al aprobarla prácticamente sin cambios, han
consumado un brutal recorte al Anexo 10 de “Erogaciones para el
desarrollo integral de los pueblos indígenas”, que asciende a más de 10
mil millones de pesos, además de eliminar 8 programas presupuestarios
que beneficiaban a mujeres indígenas y sus familias.
En el periodo comprendido del 2013 al 2016, el presupuesto indígena pasó
de 74 mil 102 millones a 85 mil 260 millones de pesos; lo que
representaba un progresivo aumento para la atención de la población.
Infortunada sorpresa tuvimos, cuando conocimos el Paquete Económico para
el ejercicio fiscal de 2017, revisado y aprobado en lo general por los
legisladores, pues éste propone que el presupuesto transversal para
población indígena disminuya a 74 mil 895 millones de pesos, lo que
representa una reducción de 12.16 por ciento, en comparación a lo
aprobado por la Cámara en 2016.
Campo, pequeños productores, desarrollo de carreteras, apoyos para
microempresarios y la mujer rural, educación, cultura indígena,
sustentabilidad ambiental, estudios de preinversión, y fomento de los
Derechos Humanos de los pueblos y comunidades indígenas son los
programas que desaparecerán en 2017, aunado al recorte presupuestal que
limitará las acciones de 7 dependencias que tienen a su cargo
financiamientos transversales para pueblos indígenas.
Otros programas que se verán alcanzados por la ola de recortes
transversales para pueblos indígenas son: Salud materna, sexual y
reproductiva (-18.70 por ciento); Fortalecimiento de la atención médica
(-14.17) y el Programa de estancias infantiles para apoyar a madres
(-13.30 por ciento).
De la misma manera, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI), organismo encargado del seguimiento de toda la
política pública indígena del país, tendrá una reducción de su
presupuesto (-51.21) de más de la mitad de sus recursos, comparado con
los que operó este año.
Ante este panorama, resulta paradójico que el Plan Nacional de
Desarrollo (2013-2018) del actual gobierno contemple entre sus metas,
“fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades” y como estrategia
transversal “garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre
mujeres y hombres”; mientras que la Secretaría de Hacienda
paulatinamente disminuye, fusiona y en algunos casos, elimina,
financiamientos que impactan directamente en la vida de las mujeres
indígenas y sus comunidades y pueblos.
Ahora más que nunca es imperioso recordarles a nuestros gobernantes que
existe todo un marco internacional y nacional que obliga a los Estados a
integrar acciones a favor de los pueblos indígenas y sus mujeres.
La Constitución Política Mexicana, Artículo 2°, apartado B mandata
responsabilidades a las instituciones del Estado para diseñar y poner en
marcha una política integral y transversal de atención a la población
indígena y sus mujeres y garantizar la vigencia de sus derechos y el
desarrollo de sus pueblos.
La carta magna hace énfasis en que, para abatir las carencias y rezagos
que afectan a los pueblos indígenas y sus mujeres, la Federación, los
Estados y los Municipios tienen la obligación de:
- Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de los pueblos.
- Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la inclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior.
- Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, (…) aprovechando debidamente la medicina tradicional.
- Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación.
- Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo.
- Extender la red de comunicaciones.
- Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable.
- Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero.
- Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.
Sin embargo las decisiones tomadas por la Secretaría de Hacienda y las y
los legisladores al disminuir el presupuesto destinado a la política
social indígena, violan e incumplen este artículo constitucional.
Ciertamente el año venidero, dejará a su suerte a más de 12 millones de
indígenas de diversos grupos culturales por la aprobación de un
presupuesto mezquino, que limitará su desarrollo y perpetuará la deuda
histórica que nuestros gobiernos tienen con los pueblos indígenas.
*Integrante de Kinal Antzetik Distrito Federal, A. C.
**Kinal Antzetik es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres,
una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres.
16/MSFV/LGLCIMACFoto: César Martínez López
Por: María Sarai Fabián Villa*
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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