Varones continúan con mayor acceso a tierras
Integrantes
de una de las cooperativas agropecuarias de mujeres de Nicaragua
trabajan juntas en la instalación de un vivero de mil plantas maderables
y frutales para enfrentar el cambio climático en una comunidad del
departamento de Madriz
Un movimiento de mujeres campesinas que se organizó para pelear a los
hombres siglos de posesión de las tierras agrícolas en Nicaragua, busca
así una parcela para producir y también contribuir a la seguridad
alimentaria de sus familias y de la población en general.
La agricultora y vicepresidenta de la Federación Agropecuaria de
Cooperativas de Mujeres Productoras del Campo de Nicaragua (Femuprocan),
Matilde Rocha López, dijo a IPS que desde finales de los años 80,
cuando las mujeres capacitadas en la revolución sandinista se
organizaron para crear cooperativas, el tema del acceso de la tierra ha
sido una de las principales batallas de su gremio.
Según Rocha, desde 1997 la organización trabaja de forma coordinada para
avanzar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres productoras
del campo no sólo en lo agrario, sino también en lo económico, lo
político y lo social.
Junto con otras 14 organizaciones gremiales, sociales y académicas, la
federación de productoras rurales sumaron diversos aliados para impulsar
en 2010 la aprobación de la Ley Creadora del Fondo para Compra de
Tierra con Equidad de Género para Mujeres Rurales, conocida como Ley
717.
También contribuyeron a la incorporación del enfoque de equidad de
género en la Ley General de Cooperativas y la participación en las
Comisiones Municipales de Soberanía y Seguridad Alimentaria.
De acuerdo a Rocha, esa incidencia les permitió a las mujeres campesinas
actualizar el mapeo de actoras en las principales zonas productivas del
país, fortalecer las capacidades de las productoras y capacitarlas en
comunicaciones sociales y como promotoras de derechos de las mujeres
para buscar recursos y tomar decisiones sin presiones de sus parejas
masculinas.
“Para las mujeres campesinas, la tierra es vida, algo vital para la
familia; la propiedad de la tierra y activos para hacerla producir están
estrechamente ligados al empoderamiento económico de las mujeres, en la
toma de decisiones para producir nuestros alimentos, preservar nuestro
ambiente, y garantizar la seguridad alimentaria, cuidando nuestras
semillas criollas para no depender de semillas transgénicas”, sintetizó
Rocha.
LAS NICARAGÜENSES BUSCAN HACER REALIZAD LEY DE ACCESO A LA TIERRA
La Femuprocan es la única federación del país constituida sólo por
productoras agropecuarias: más de 4 mil 200 socias organizadas en 73
cooperativas de seis departamentos del país: Madriz, Managua, Granada,
Región Autónoma del Caribe Norte, Matagalpa y Jinotega.
El avance, para Rocha, ha sido más cualitativo que cuantitativo.
En 2010, cuando ellas lograron que se aprobara la Ley 717, se estimaba
oficialmente que un millón 100 mil 679 mujeres vivían en áreas rurales y
una mayoría de ellas carecían de propiedades y bienes propios.
La norma nació para otorgar apropiación jurídica y material de la tierra
a favor de las mujeres rurales, para así mejorar su vida económica y
equidad de género, garantizar la seguridad alimentaria y combatir la
pobreza general del país, estimada entonces en 47 por ciento.
6 años después Nicaragua cuenta con una población de 6.2 millones de
habitantes, de los cuales 51 por ciento aproximadamente son mujeres y 41
por ciento viven en áreas rurales, según datos del Banco Mundial.
Datos de la Encuesta de Hogares para Medir la Pobreza en Nicaragua,
publicada en junio por la Fundación Internacional para el Desafío
Económico Global, indica que 39 por ciento de la población sufría
pobreza general en 2015.
En el sector urbano el porcentaje de pobreza era de sólo 22.1 por ciento, pero en el área rural se elevaba a 58.8 por ciento.
Datos de la organización humanitaria internacional Oxfam indican que de
las mujeres rurales que trabajan en el campo en Nicaragua, solo 18 por
ciento posee tierras, mientras el resto tiene que arrendarlas y pagarlas
antes de la siembra.
“El acceso de las mujeres de Femuprocan a la propiedad de la tierra es
una deuda pendiente para 40 por ciento de las afiliadas, lo que
representa un total de mil 680 mujeres sin tierra”, confesó Rocha.
La batalla por el acceso a la tierra, agregó la lideresa, sigue siendo dura, pero su organización no desmaya.
“En 17 municipios del tendido territorial de nuestra federación, 620
mujeres entre líderes y promotoras trabajan en el proceso de búsqueda de
tierras para nuestras afiliadas. El proceso de identificación de
tierras para hacerlas producir, no sólo cuenta con las mujeres que no
tienen tierra, sino con el apoyo de las que ya tienen, así como de otras
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que nos apoyan”,
explicó.
Una de las socias de la organización aseguró a IPS que luego de la
aprobación de la ley, no ha existido voluntad política ni financiamiento
económico del Estado para hacerla cumplir.
Las nicaragüenses buscan hacer realidad ley de acceso a la tierra
“Cuántas puertas no hemos tocado, a cuántas oficinas no hemos ido a
presionar, cuántas reuniones hemos tenido y nada que nos cumplan la
ley”, expresó la productora durante un viaje a Managua, que pidió ser
identificada sólo como María.
“Lo que pasa es que todito el sistema jurídico y económico-productivo
aún lo dominan los hombres y más que como competencia, nos ven como
amenazas a sus negocios tradicionales”, planteó.
Otras organizaciones de mujeres incluso han llegado desde sus
territorios rurales hacia las ciudades a protestar por la falta de
cumplimiento de la ley de acceso a la tierra.
En mayo pasado, la presidenta de la Coordinadora de Mujeres Rurales,
María Teresa Fernández, denunció en Managua que “ante la falta de
tierras propias, las mujeres tienen que pagar hasta 200 dólares por el
alquiler de una hectárea durante un ciclo agrícola”.
Además del pago de las tierras, las campesinas de esa organización en
los últimos 2 años han enfrentado problemas ambientales como la sequía,
tolvaneras, cenizas volcánicas y plagas, sin recibir el beneficio de las
políticas públicas de créditos bancarios para enfrentar sus
situaciones.
“Hace 6 años se creó la Ley 717 que manda la creación de un fondo para
la compra de tierra con equidad de género para mujeres rurales, y aún no
se ha incluido el fondo en el presupuesto general de la República para
que las mujeres puedan acceder a un crédito hipotecario administrado por
el banco estatal para tener tierras propias”, denunció entonces
Fernández.
Sin un título legal de propiedad de tierra, el sistema financiero
nicaragüense no otorga créditos para producción a mujeres campesinas,
debilidad que el gobierno trata de paliar con programas de asistencia
social como Hambre Cero, Usura Cero, Plan Techo, Patios Saludables y
Programa Cristiano y Solidario (entrega de alimentos para consumo),
entre otros.
Sin embargo para el sociólogo Cirilo Otero, director del no
gubernamental Centro de Iniciativas de Políticas Ambientales, el apoyo
gubernamental no es suficiente y reiteró a IPS que la falta de acceso de
las mujeres a la tierra es uno de los más graves problemas de equidad
de género en Nicaragua.
“Sigue siendo una deuda pendiente del Estado para las mujeres campesinas”, dijo.
Más allá de esta deuda de género, datos de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sitúa a
Nicaragua como uno de los 17 países latinoamericanos que cumplieron las
metas de reducción del hambre y mejora de la seguridad alimentaria
durante los primeros 15 años del siglo, dentro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
Según el organismo, entre 1990 y 2015 el país redujo la proporción de
población subnutrida de 54.4 por ciento al 16.6 por ciento.
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia de noticias IPS.
| Foto: Femuprocan
Por: José Adán Silva*
Cimacnoticias | Managua, Nic.-
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