Raúl Cervantes en el Senado. Foto: Octavio Gómez
Raúl Cervantes en el Senado. Foto: Octavio Gómez
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entre el martes 25 y el miércoles 26 de octubre, la maquinaria de la operación política y la simulación legislativa se echó a andar en el Senado de la República para demostrar su sometimiento al Ejecutivo federal y su nulo papel de contrapeso y representante de la sociedad.
En menos de 24 horas, los senadores encumbraron como nuevo procurador general de la República a Raúl Cervantes Andrade, exabogado del PRI, exlitigante corporativo, expresidente de la Mesa Directiva y exaspirante a ministro de la Suprema Corte.
Fue despedido como un rey por todas las bancadas, y prácticamente fue “coronado” como próximo fiscal general de la República, gracias a que el texto del 16 transitorio del artículo 102 de la Constitución le daba un “pase automático” al procurador en turno para durar nueve años. En otras palabras, Cervantes Andrade se perfilaba para estar 11 años como el Zar del Ministerio Público.
Pocos, muy pocos senadores alzaron la voz ante el vergonzoso proceso que coronó a Raúl Cervantes como el futuro fiscal general “autónomo” encargado de restablecer la credibilidad y eficacias perdidas de la PGR.

“Esta es la mayor muestra del divorcio entre la Presidencia, el Senado y los sectores de la sociedad que sí reconocen una grave crisis en el sistema de justicia penal en México”, subrayó el comunicado del 28 de octubre, emitido por 50 agrupaciones de todo el país que condenaron el perfil y el procedimiento del #FiscalCarnal.
Entre esas organizaciones estaban Artículo 19, Alianza Cívica, Fundar, Freedom House y Todos los Derechos para Todos, además de abogados y destacados escritores e intelectuales que quedaron pasmados e indignados frente a la gran mascarada de una “elección” del Senado, cuando en realidad se trataba de un franco dedazo presidencial.
Peña Nieto simplemente ignoró el compromiso adquirido en el marco del Tercer Plan de Acción de la Alianza del Gobierno con organizaciones nacionales e internacionales. Ahí el Ejecutivo federal se comprometió a “conducir con una consulta técnica con la sociedad civil, académicos y expertos” para elegir al próximo procurador. La consulta nunca existió.
Tan dura fue la reacción que en redes sociales circuló el hashtag #JoderAlPaís y luego el de #FiscalCarnal que se prolongó hasta esta semana.
El escándalo fue creciendo, en lugar de aminorar, como todo lo que ha sucedido en las decisiones del peñismo para simular una acción de justicia.
La llamada de atención más grave se publicó en la revista británica The Economist, la misma que subrayó que el peñismo “no entiende que no entiende” su propia incapacidad. En su reciente editorial, The Economist le recomendó a Peña Nieto que rescatara su reputación y removiera a Raúl Cervantes Andrade para que alguien independiente pueda conducir la Fiscalía General.
Las comparecencias de 32 aspirantes a fiscal anticorrupción se convirtieron en otro foco rojo. Buena parte de los aspirantes a esta figura advirtieron que no se podrá lograr nada sin reformarse el artículo 102 constitucional para darle auténtica “autonomía e independencia política” al próximo fiscal especializado.
César Alejandro Chávez Flores, último visitador general de la PGR que fue obligado a renunciar en agosto de este año, afirmó en su comparecencia ante senadores para aspirar a la Fiscalía Anticorrupción:
“El modelo de fiscalía transitoria adolece de limitaciones graves, ya que si bien su titular será nombrado por el Senado, puede en cualquier momento ser removido por el procurador o, si lo hay, por el fiscal general, sin que se requiera causa justificada para ello, pues la Constitución estableció que esa facultad se ejerce libremente”.
Peor aún, Chávez Flores destacó que la Fiscalía Anticorrupción nacerá muerta sin una reforma constitucional, ya que el exprocurador general Jesús Murillo Karam emitió discrecionalmente el acuerdo administrativo A/011/14, que mutiló la posibilidad de la autonomía técnica, normativa y política del próximo fiscal anticorrupción.
Gracias a este acuerdo al margen del Congreso, el fiscal anticorrupción operará con la infraestructura de la actual Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia.
Esta unidad cuenta con sólo 35 agentes del Ministerio Público; carece de peritos especializados en contabilidad y finanzas para investigaciones de enriquecimientos ilícitos y lavado de dinero; no cuenta con especialistas en contrataciones gubernamentales, particularmente en obras públicas, y carece de peritos en tecnologías de la información para labores de inteligencia.
En otras palabras, en la peor crisis de corrupción que inunda a prácticamente todos los gobiernos estatales y a buena parte de la administración pública federal, el fiscal anticorrupción será una simple simulación.
No tendrá recursos materiales ni capacidad técnica, jurídica ni política para realmente investigar y perseguir a las redes de las cleptocracias que han hundido al país en escándalos como los de Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge, más los que se sumen.
Esta Unidad Especializada sólo ha obtenido en seis años un total de 70 autos de formal prisión, es decir, un promedio de 10 autos y ¡ninguno es por enriquecimiento ilícito! En otras palabras, todos los “peces gordos” de la corrupción se ríen de esta unidad que será el germen de la Fiscalía Anticorrupción.
En el proceso de selección del próximo fiscal anticorrupción, los “dados cargados” estaban a favor de la actual comisionada presidenta del INAI, Ximena Puente, con amplio apoyo de la Secretaría de Gobernación, según confirmaron varios senadores que participaron en las comparecencias.
Doble escándalo: en octubre los senadores nombraron a un posible fiscal general “carnal” del presidente de la República y quieren en la Fiscalía Anticorrupción a una servidora pública que ya antes había sido electa para un “organismo autónomo” como el INAI. La ley del chambismo y el influyentismo.
En el Senado comenzó a ventilarse la posibilidad de una alianza del PRD y el PAN para posponer la elección del fiscal anticorrupción y para reformar el artículo 102 constitucional con el objetivo de eliminar el “pase automático” del procurador actual hacia la Fiscalía General y perfilar otro modelo de Fiscalía Anticorrupción.
En su reciente artículo del 28 de noviembre en el diario Reforma, Denise Dresser advirtió que “es insuficiente que el PAN y PRD prometan cambiar artículos transitorios con tal de que Cervantes no tenga pase automático… La única solución para salvar a la Fiscalía General es que Cervantes renuncie”.
“La Fiscalía Anticorrupción nacerá débil, dependiente, subyugada”, sentenció Dresser, quien ha participado activamente junto con las organizaciones civiles para modificar de raíz el proceso de la partidocracia de designaciones de cargos públicos por cuotas y cuates.
Este martes 29, Peña Nieto sacó un as de su manga: envió al Senado una propuesta de reforma constitucional para eliminar el artículo 16 o “transitorio Gil Zuarth”, como se le conoce en el Senado.
La iniciativa de Peña Nieto modifica el “pase automático” de Raúl Cervantes Andrade, pero no lo veta para ser posible fiscal general ni cambia el modelo de designaciones que sigue dependiendo de las negociaciones cupulares, del mercadeo partidista, al margen de la sociedad civil.
Lo único que lograron el gobierno, su partido y sus aliados fue ganar tiempo y simular que son “sensibles” ante las críticas de la sociedad civil y al interior del Senado. ¿Por qué si son tan sensibles no se reforma por completo el modelo de Fiscalía General y se le otorgan dientes, recursos y autonomía al fiscal anticorrupción?
En el seminario internacional #FiscalíaQueSirva se establecieron cuatro mínimos institucionales que deben cumplir ambas fiscalías: autonomía funcional, autonomía administrativa y presupuestal, modelo de gestión adecuado y modelo de investigación orientado a la realidad.
Además propusieron que los perfiles del fiscal general y de los fiscales especializados deben surgir de mecanismos transparentes y participativos de selección; deben incluir mecanismos de remoción respetuosos del debido proceso, y la ley “debe regular las bases de un servicio profesional de carrera fiscal”.
Nada de esto se incluye, por ahora, en la iniciativa del Ejecutivo federal. El gran riesgo es que otra simulación acabe por descarrilar no sólo a la Fiscalía General y a la Fiscalía Anticorrupción, sino toda la reforma política que se aprobó en 2013 como una negociación del Pacto por México.