Un grupo de historiadores y
expertos en archivonomía y transparencia convocaron ayer a una
conferencia de prensa para dar a conocer su posición crítica sobre la
propuesta de Ley General de Archivos elaborada por los senadores
Cristina Díaz (priísta), Laura Rojas (panista) y Zoé Robledo
(perredista), y pidieron al Senado no aprobarla porque contiene
elementos de regresión democrática y censura, abre la vía para una purga
documental a discreción de los políticos, lo que podría constituir un atraco tanto o más grave que los cometidos en días recientes por gobernadores.
En
su posicionamiento, Aurora Gómez Galvarriato, ex directora del Archivo
General de la Nación (AGN); Andrés Lira, Lourdes Morales, Enrique
Florescano, Ramón Aguilera, Mauricio Merino, Ana Cristina Ruelas y
Haydee Pérez señalaron que, de llegar a aprobarse la ley referida en su
actual redacción, los gobernantes podrían
clausurar definitivamente documentos históricos o eliminar aquellos que resultan fundamentales para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Asimismo
destacaron que el proyecto legalizaría una política archivística débil
para la gestión documental y la memoria del país, violatoria de derechos
fundamentales como el acceso a la información y a la verdad en casos de
transgresiones graves a las garantías, y sumamente nociva para la
consolidación efectiva de los sistemas nacionales de transparencia y
combate a la corrupción.
Tales críticas son sólo las más recientes
a que se ha hecho acreedora la iniciativa legal citada. El lunes
pasado, en una audiencia senatorial, expertos, académicos y
organizaciones civiles se manifestaron por modificar el proyecto
legislativo porque pondría en manos de la Secretaría de Gobernación el
control político de los documentos y la información.
Así lo
advirtieron Mauricio Merino, presidente del Consejo Académico del AGN e
investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica; Lourdes
Morales Canales, directora ejecutiva por la Red y Rendición de Cuentas;
Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Histórica
de la UNAM, y la ex directora del AGN Aurora Gómez. Descalificaciones
similares recibió el proyecto de ley en el foro sobre gestión documental
y transparencia que realizó la semana antepasada el Instituto Nacional
de Transparencia y Acceso a la Información.
Otros
aspectos impugnados son la inclusión, en la actual Ley Federal de
Archivos (la que se prepara en el Senado es una Ley General), del
concepto de
archivos históricos confidenciales, lo cual significa, en los hechos, la restricción de versiones públicas de los documentos clasificados de esa manera, bajo el argumento de protección de datos personales, y el artículo cuarto de la iniciativa de ley general de archivos, que obliga a que burócratas sin conocimientos en la materia revisen todos los documentos que se ubican en sus archivos históricos y posteriormente los destruyan o transfieran de vuelta a archivos de concentración, lo cual significa abrir la puerta al revisionismo histórico.
En suma, la iniciativa de ley de archivos
elaborada por Díaz, Rojas y Robledo sería, de aprobarse en sus términos
actuales, una amenaza permanente a la preservación de la verdad
histórica y un instrumento de impunidad que permitiría a gobernantes
inescrupulosos escamotear pruebas de actos ilícitos. La propuesta parece
sacada de las prácticas de las más truculentas dictaduras –incluso de
regímenes de ficción como el que se retrata en la novela 1984,
de George Orwell– y no guarda correspondencia alguna con los anhelos de
transparencia y rendición de cuentas de la sociedad mexicana
contemporánea. Resulta imprescindible que la sociedad tome conciencia
del grave riesgo que ese proyecto de ley entraña para sus derechos y
libertades y presione para lograr en él modificaciones indispensables,
empezando por la de quitar de manera definitiva el control de los
archivos a los políticos y funcionarios y entregarlo a cuerpos
colegiados de expertos y académicos acreditados. De otra manera, la
verdad estará en un serio peligro.
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