Busca abastecer de agua a Constellation Brands, aunque la población sufra escasez
A los que defendemos los recursos naturales nos han golpeado, humillado, señalan activistas
En días pasados policías reprimieron a pobladores que protestaron
contra la instalación de la cervecera Constellation Brands en Mexicali,
Baja California
El gobierno de Baja California pretende criminalizar la defensa del
agua mediante la persecución a quienes defienden este bien común,
coinciden integrantes de Mexicali Resiste, movimiento surgido en enero
de 2017 a raíz de la movilización social contra los gasolinazos
aplicados por el gobierno de Enrique Peña Nieto y que ahora se opone a
la instalación de una planta cervecera de la compañía Constellation
Brands en el ejido El Choropo de este municipio fronterizo.
Mexicali Resiste convocó a los consumidores y organizaciones de
Estados Unidos y otros países a boicotear los productos que distribuye
esta compañía, principalmente a dejar de comprar cervezas de la marca
Modelo, para
pegarles donde les duele: sus intereses económicos.
Con una organización horizontal y una asamblea donde una treintena de
miembros toman decisiones sobre su activismo y actuar político,
Mexicali Resiste se define como un movimiento pacífico y legal de
ciudadanos preocupados por el acontecer de la ciudad donde habitan y
buscan hacer comunidad en Mexicali a partir de cuatro principios:
respeto a los derechos humanos, realizar acciones dirigidas a mejorar la
calidad de vida de las clases populares y las minorías (étnicas, de
género y religiosas, entre otras), no hacer proselitismo para ningún
partido político y no tener fines electorales.
Se trata de un
movimiento improvisado que se ha visto fortalecido por la asamblea, alejada de líderes todopoderosos, con decisiones colectivas que lo han llevado a navegar por un mar bastante ajetreado donde el gobierno, medios de comunicación y entidades gubernamentales nos han querido derribar, nos han dicho priístas, panistas, zapatistas, anarquistas, morenistas y, sin embargo, no somos nada de eso; de hecho Mexicali Resiste es bastante abierto, precisa Jesús Galaz, sociólogo, filósofo y traductor encargado de la difusión del grupo.
Para León Fierro, integrante de la asamblea, existe una persecución
policiaca, un hostigamiento hacia los movimientos de resistencia civil y
en contra de los defensores del agua, en un intento de criminalizar la
defensa del líquido.
En un mitin realizado frente a la cárcel de Mexicali para exigir la liberación de los
presos políticos, advirtió que el mensaje del gobierno panista de Francisco Vega de Lamadrid es “que nos callemos y vayamos a nuestras casas, que nos crucemos de brazos, desesperanzados porque nada va a cambiar, un ‘déjate, agáchate y humíllate’”.
Los gobernantes “han hecho un sistema de injusticia e impunidad
–agregó–, por eso este mensaje de rebeldía, porque ya basta de gobiernos
corruptos, de hostigamiento y de las incongruencias de Vega de
Lamadrid, quien no tiene sentido común y perdió el piso, así como su
secretario de Gobierno Francisco Rueda, del alcalde Gustavo Sánchez y de
diputados como Raúl Castañeda Pomposo.
Estamos llegando lejos y esto nadie lo va a parar, no es un berrinche ni capricho de unos cuantos; tenemos la razón y luchamos por la justicia y para defender con dignidad el agua, señaló Fierro.
Han recibido manifestaciones de apoyo de diferentes ciudades del
mundo, entre ellas de académicos y organizaciones sociales que se
pronuncian por que el gobernador Vega de Lamadrid pongan fin a la
persecución de los defensores del agua y su intento de criminalizarlos
con el encarcelamiento de activistas, además de exigir la liberación
inmediata de Javier Guillén y José Luis Pozo y la suspensión inmediata
de la construcción del acueducto, porque representa una violación a los
derechos humanos, y de la planta Constellation Brands en el valle de
Mexicali.
También muestran preocupación por su responsabilidad en el proceso
ilegal de la instalación de la cervecera, al garantizar a largo plazo la
entrega anual de 20 millones de metros cúbicos en una zona de extrema
escasez, que pone en riesgo el derecho al agua de las futuras
generaciones.
Esas cartas nos dicen que no estamos solos, asegura Fierro, quien en
2013 participó en acciones de desobediencia civil en establecimientos
asentados en esta capital por el aumento de impuestos, entre ellos el
IVA en la frontera norte de México.
Sobre la instalación de la empresa estadunidense, Jesús Galaz
advierte que es un negocio unilateral que no está consensuado entre la
población, que se basa en la explotación irracional del agua, que ni
siquiera lo llamamos recurso natural porque es un bien común y es una
situación que tiene amarrada una cantidad de agua que el gobernador Vega de Lamadrid no puede determinar pues, es de la nación.
Es importante
que se sumen a esta lucha; nosotros no somos representantes de nadie. Lamento decir esto, pero es importante que ustedes aprendan a respetarse a sí mismos, a su familia y a los que más quieren, porque no es justo lo que estamos viviendo: nos han golpeado, nos han humillado, nos han calumniado y creo que te toca a ti estar de este lado, expresó Tania Gallaga, una activista que integra la asamblea de Mexicali Resiste, quien resultó herida en la frente por una piedra lanzada por policías antimotines y que pondera la importancia de la participación de los mexicalenses en las acciones contra la cervecera, los contratos de las APP y del C5i.
Las lesiones a cuatro personas, entre ellas Gallaga, forma parte de
la investigación 185/2018 que realiza la Comisión Estatal de Derechos
Humanos por los hechos violentos ocurridos durante la jornada del martes
16 de enero.
Al ver a manifestantes heridos y detenidos, a Galaz le dio
mucho coraje hacia el gobierno, porque demuestra una carencia de respeto a las personas; son un ejemplo, ya que recibieron las pedradas, no se cayeron y siguen en la lucha; Mexicali no debería de dejarlos solos, son valiosos.
El profesor jubilado Ignacio Gastélum, dirigente del Movimiento de
Resissstencia Magisterial en esta capital, consideró que al gobierno le
salió el
tiro por la culataen su plan para que quedara mal el movimiento de resistencia civil, que se convirtió en una
cacería de brujasque representó este operativo vergonzoso por la provocación de cerca de 200 policías en contra de 40 compañeros que estaban en esa manifestación.
Trataron que pareciéramos gente violenta, pero no vamos a regalarle agua de Mexicali; se trata de una lucha justa defender el agua y es en contra de la injusticia y el endeudamiento para la población en Baja California. No nos vamos a dejar, dijo.
Procesos judiciales y citatorios
La tarea de Mexicali Resiste se enfoca ahora en la
liberación de los presos políticos que resultaron de la operación
policiaca en el rancho Mena, del valle de Mexicali.
A dos estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma
de Baja California, quienes participaron en la manifestación del martes
16 de enero que registró ocho lesionados y seis detenidos, se les
imputan delitos contra servidores públicos y agentes policiales y
lesiones calificadas, según la carpeta de investigación de la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
La juez de control del sistema penal acusatorio Dora Leticia Salazar,
determinó la legalidad de su detención y les impuso la prisión
preventiva como medida cautelar hasta en tanto se realiza la audiencia
para vinculación a proceso fijada para el próximo 23 de enero. Un tercer
detenido, Daniel, enfrenta en libertad su proceso judicial por daños en
propiedad ajena y lesiones calificadas, pero tiene restricción para
acercarse a sus denunciantes, en este caso a la empresa estadunidense y a
los agentes Virginia García, de la Policía Estatal Preventiva, y
Melquiades Angula, de la Policía Ministerial.
A diferencia de los imputados José y Francisco Javier, quienes han
participado en manifestaciones sin pertenecer a este movimiento de
resistencia civil, una decena de integrantes de Mexicali Resiste han
sido citados a las instalaciones de la PGJE dentro de diversas
investigaciones de la fiscalía.
“A pesar de que inició a raíz de los gasolinazos, Mexicali
Resiste pronto viró a la defensa del agua, en contra de la Ley Estatal
del Agua, que pretendía privatizar su suministro y de los contratos a
asociaciones público privadas que propuso el gobernador Francisco Vega,
señaló Galaz.
El 19 de enero de 2017 el Congreso local abrogó la Ley del Agua de Baja California, por la
emergencia políticaque trajo consigo las protestas ciudadanas por los incrementos a las tarifas en casi 30 por ciento, la pretensión de concesionar el servicio de agua potable, residual y alcantarillado y cortar el suministro a los deudores. Un mes antes, el 20 de diciembre de 2016, la bancada panista junto con el voto de sus aliados PRD y Movimiento Ciudadano aprobaron por mayoría esta ley que contenía, a su vez, modificaciones en las normas de Fomento a la Cultura del Cuidado del Agua y la de Hacienda, que daban cuerpo jurídico a la administración y operación del servicio de agua, alcantarillado y saneamiento en la entidad.
Foto La Jornada Baja California
Antonio Heras, Corresponsal
Periódico La Jornada
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