PORTADAS:Alerta morosidad/ la baja, el voto duro de partidos / Deudas de estados funden a la CFE / Cuevas desertó porque se le negó una curul: AN / La Fepade atrae la investigación sobre uso de dinero público de Chihuahua para beneficiar al PRI / Odebrecht: Orden de captura contra un mexicano… en Perú / En Hacienda, ¿Meade cerró los ojos ante la corrupción?: Dresser en #MesaPolítica / Informe de HRW advierte de rezago en derechos humanos en México /La “justicia” en México, fuente de impunidad y desigualdad social / INE multa al PRI por convencer a ciudadanos a cambiar su credencial y votar en otro estado / La riqueza de ocho personas, igual a la de 3,600 millones
REFORMA
Morosidad en créditos bancarios y personales se incrementó en el último año por alza de precios y mayores tasas de interés, según expertos.
EL UNIVERSAL
Un análisis elaborado por EL UNIVERSAL adelanta que el voto duro en la elección presidencial del próximo 1 de julio se ubicará en 8 millones 400 mil sufragios para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en 6 millones 500 mil para Acción Nacional (PAN) y en 2 millones 600 mil para PRD
EXCELSIOR
La falta de pago por el servicio de energía eléctrica de 31 estados y mil 265 municipios afecta a las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); en total, son 14 mil 295.7 millones de pesos los que se acumulan de deuda, desde 2015.
MILENIO
La senadora Gabriela Cuevas deserta porque se le negó una diputación plurinominal: PAN.
SINEMBARGO
La Fepade presentará la siguiente semana los avances en el desvío de recursos de Chihuahua para las campañas del tricolor en 2016, trama en la que que está implicado el ex líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones; su ex secretario general, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez– actualmente preso–; y el ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, contra quien pesan 10 órdenes de aprehensión. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó este día que atraerá la investigación por los presuntos desvíos del erario de Chihuahua al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los comicios de 2016. En conferencia de prensa, el titular de la Fepade, Héctor Díaz Santana, dijo que esta decisión se tomó tras dos denuncias interpuestas por los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena).Este día, el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, así como Gustavo Madero, encabezaron por tercer día una marcha que viene a la Ciudad de México desde Ciudad Juárez y que busca al menos dos cosas: que el ex mandatario César Duarte Jáquez sea extraditado de Estados Unidos para que sea juzgado por corrupción, y que se entreguen recursos que el Gobierno federal ha frenado a la entidad por “atreverse a denunciar e investigar la corrupción”.
Se recomienda leer los siguientes datos antes de continuar :[Frente a la resistencia de las entidades públicas y los muros legales, el navegante de los portales de acceso a la información se parece a Moisés, el hombre bíblico que en cuarenta años de búsqueda jamás pisó la tierra prometida. El marco jurídico de la Transparencia nacional permite que la información sea negada con uno de estos argumentos: los datos solicitados están bajo reserva, son inexistentes o confidenciales. Así, la Administración de Enrique Peña Nieto mantiene más de 12 millones de expedientes bajo llave. Se ha negado a mostrar el acta de nacimiento del Presidente, el decreto que avala la pensión vitalicia a exPresidentes y sus viudas, los resultados de sus encuestas, los fundamentos para crear la Gendarmería o los gastos de las fiestas dentro de Los Pinos. #DatosCerrados es un ejercicio de la Unidad de Datos de SinEmbargo que identifica lo que el Gobierno y otras instituciones no quieren revelar.] #DatosCerrados | Han pasado cinco años desde que BizJet International Sales & Support confesó ante una corte de Oklahoma, donde está su sede, que dio sobornos a funcionarios mexicanos a cambio de contratos para dar servicio a aeronaves oficiales.
PROCESO
La investigación sobre la red de sobornos operada por la empresa
brasileña Odebrecht en América Latina y África ya desembocó en una orden
de aprehensión en contra de un empresario mexicano. Pero ese
requerimiento no viene de México –donde las autoridades de justicia se
hacen de la vista gorda respecto de la investigación del caso–, sino de
Perú.El imputado es Ruperto Luis Antonio Flores Mancera, quien entre 2012 y
2016 se desempeñó como Gerente País de la empresa mexicana Ingenieros
Civiles y Asociados (ICA) en Perú, y a quien la justicia peruana busca
por pertenecer al llamado Club de la Construcción, una organización
delincuencial que se repartió contratos de obra pública en el país
sudamericano entre 2011 y 2014 a cambio de sobornos.La justicia del país andino no busca a Flores Mancera por su papel en
ICA, sino porque testigos lo señalaron como representante legal de la
empresa de origen español San Martín Contratistas Generales.Flores Mancera es el único foráneo –con carnet de extranjería número
000880925, según el documento consultado por Proceso– entre las 18
personas que la juez María de los Ángeles Álvarez Camacho incluyó en su
orden de allanamiento judicial emitida el pasado viernes 5.La juez pidió a las autoridades allanar 45 inmuebles, interceptar las
comunicaciones de los celulares y registrar toda la información
contenida en los dispositivos electrónicos –celulares, tablets y
computadoras– de los integrantes del Club de la Construcción.Flores Mancera, prófugo de la justicia peruana, obtuvo en 1996 su
cédula profesional de licenciado en mercadotecnia por el Tecnológico de
Monterrey en la capital regiomontana, de acuerdo con el Registro
Nacional de Profesionistas consultado por Proceso.Según su perfil en la red social LinkedIn, desde marzo de 2016 es
socio consultor en la empresa peruana Grupo Comercializador SAC.Los silencios en México.
En 2017, ocho de cada diez dólares generados en el planeta fueron a
parar en las manos del 1% más adinerado de la humanidad –cuya fortuna
creció en 762 mil millones de dólares–, mientras que la mitad de la
población más pobre no vio su riqueza crecer en lo más mínimo, de
acuerdo con un informe que publicó hoy la organización Oxfam.En su reporte, donde señaló la responsabilidad de “los dogmas de la
economía neoliberal y la inaceptable influencia que ejercen las élites
sobre nuestros gobiernos” sobre la desigualdad, Oxfam aseveró que las
mujeres, los pequeños productores agrícolas, los trabajadores informales
y los jóvenes resultan los más afectados por el modelo económico.A lo largo del año pasado surgió un nuevo multimillonario cada dos
días –varones, en el 90% de los casos–. Esta casta suma ahora 2 mil 43
personas –su máximo histórico–, y entre los 500 más ricos de ellos
destacan seis mexicanos: Carlos Slim, Sara Mota de Larrea, Alberto
Baillères, Ricardo Salinas Pliego, Germán Larrea Velasco y David
Martínez.Según el informe, el 93% de los mexicanos opina que la brecha entre
ricos y pobres es un tema que debe abordarse de manera urgente o muy
urgente, en un país donde apenas dos de cada diez personas están
catalogadas como “no pobre y no vulnerable”, y donde 484 mil millones de
pesos de impuestos escaparon a las autoridades fiscales en 2012.“Dos terceras partes de la riqueza de los multimillonarios es
producto de herencias, monopolios, o relaciones de nepotismo o de
connivencia con los gobiernos”, subrayó la organización, al recordar que
Slim construyó su fortuna sobre el monopolio “casi absoluto” que
mantuvo sobre el sector de las telecomunicaciones, con el que pudo
cobrar tarifas excesivas a los mexicanos.Según el informe, las mujeres aportan a la economía mundial 10
billones de dólares en trabajos de cuidados no remunerados, mientras que
más de cuatro de cada diez jóvenes no tienen trabajo y, si lo tienen,
reciben de ello un ingreso que los coloca en la pobreza.
ARISTEGUI NOTICIAS
ARISTEGUI NOTICIAS
Javier Corral "los acorrala" a Hacienda y al
gobierno: Meyer; con la investigación sobre corrupción dio "estocada
brutal": Aguayo.La politóloga Denise Dresser preguntó si el ex
secretario de Hacienda, José Antonio Meade, “cerró los ojos” ante casos
de corrupción en los estados, pues el dinero salió de esa dependencia.“Meade anuncia una cruzada contra la corrupción pero ¿dónde estuvo él
en los últimos años? Los permisos que se le dan a César Duarte para que
abra su banco lo obtuvo de la Secretaría de Hacienda cuando Meade era
secretario. O cerró los ojos o siguió indicaciones… que salga a decir
que combate algo que permitió parece poco creíble”, expuso en la
#MesaPolítica de #AristeguiEnVivo.Al retomar el caso Chihuahua, la doctora consideró que “se está gestando la batalla frontal más importante que se ha dado contra el régimen priista en décadas“.Se trata de una “investigación sobre corrupción que trasciende al estado… ha abierto una cloaca que revela tal y como opera el PRI
no sólo ahora sino desde hace muchos años, que es recaudar impuestos,
después triangularlos, robárselos o canalizarlos a elecciones en sitios
donde la contienda era muy reñida.Sobre su artículo “chamuscados” publicado este lunes en Reforma,
comentó que “hay varios calcinados públicamente por las posiciones que
han asumido en este caso”.Y es que “si el problema fuera de cuentas, que ya le depositen y el
problema se termine pero lo que ha hecho Chihuahua es revelar el uso del
dinero público de manera discrecional”.“Esta debería ser una causa común de todos los partidos de oposición”, mencionó.Al respecto, el historiador Lorenzo Meyer coincidió
en que la oposición debería estar unida en la causa del gobernador
Javier Corral, o al menos “que no le serruchen el piso”.“Lo que sucede ahora es que están acorralados y se hace evidente que
Hacienda no es una institución donde los valores del servicio civil de
carrera se pongan por encima que los intereses partidistas”, apuntó.“Lo que Corral ha hecho es hacer evidente lo que todos sospechábamos… Corral los acorrala”, acotó.El caso Chihuahua “es un factor que juega para descubrir lo que pasó
hace algunos años y nos haga conscientes de como se financian campañas
del PRI”.
REPORTE INDIGO
En su Informe Mundial 2018 la organización Humans Rights Watch
(HRW) denunció que en México prevalecen los casos de abusos graves a
derechos humanos, especialmente cometidos por miembros de las fuerzas de
seguridad. Además, también destacaron la ineficacia a la protección
víctimas, periodistas y activistas en el país.La organización dio a conocer en el informe los pocos avances por
parte del gobierno para enjuiciar a quienes han cometido delitos y
abusos como tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.Aunadas a estas observaciones también se le recordó al gobierno de
México la falta de avances en investigaciones como la de los 43
estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el caso de Tanhuato y el de
Tlatlaya, donde 22 civiles murieron a manos de soldados en 2014. Humans
Rights Watch también criticó en su informe la recién aprobada Ley de
Seguridad Interior por su intento de normalizar el uso del Ejército en
tareas de seguridad pública.Frente a dicho informe el gobierno de México respondió diciendo que
sí han habido avances en las investigaciones de Ayotzinapa, Tanhuato y
Tlatlaya.Además destacó la aprobación de la ley en contra de la desaparición
forzada que se implementó a finales del año pasado y dijo tomará en
cuenta las observaciones.“Se reconoce que existen desafíos importantes para alcanzar ese
objetivo por diversos factores internos y externos a nuestro País. No
obstante, se subraya que se han emprendido acciones concretas para hacer
frente a todos y cada uno de estos retos” señaló a través de un
comunicado. Por último, respecto al combate a la discriminación a la comunidad
LGBTTTI, el Estado señaló que la Suprema Corte de Justicia declaró
inconstitucional la prohibición al matrimonio entre personas del mismo
sexo y que 11 entidades ya reconocen el matrimonio igualitario.
Hace cinco años, el 22 de enero del 2013, por decreto presidencial
fue creada la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Considerado uno de los
programas insignia de la actual administración, ha operado prácticamente
en el caos y en el despilfarro.Según información del mismo programa social, la Cruzada buscaba el
empoderamiento de los más pobres para erradicar el hambre y fomentar su
desarrollo.“Pone en el centro la autogestión y el capital social de la propia
comunidad, y parte del empoderamiento de las personas para que puedan
construirse en protagonistas de su propio desarrollo”, señalan los
objetivos del programa.Esto debido a que en México aún viven personas en pobreza extrema.En 2014, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) mediante una encuesta evidenció que en el
país existe 55.3 millones de personas pobres, es decir un 45.4 por
ciento del total de la población, y de éstas, el 19.5 por ciento
registraron pobreza extrema, personas que tenían que ser atendidas por
la Cruzada.Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación ha evidenciado en diversas ocasiones anomalías en el programa social.En la fiscalización de 2015, la ASF reveló que la Sedesol reportó la
atención de 3.6 millones de personas, es decir el 59.5 por ciento de los
6 millones que se encuentran registrados en el sistema, esto sin
precisar las causas por las cuales no se atendió al total de la
población en pobreza alimentaria.Durante esa auditoría, se informó sobre una reducción paulatina de
los programas que integran la cruzada, en 2013 eran 70, en 2014 64 y en
2015 solamente 46.En esa misma fiscalización, la ASF descubrió un supuesto fraude del
programa, encabezado por Rosario Robles en 2013. Durante ese año, la
Sedesol firmó convenios con distintas universidades bajo el esquema de
subcontrataciones para realizar diversos proyectos, los cuales
estuvieron mal hechos, quedaron inconclusos o no se enfocaban en
políticas para erradicar el hambre.
CONTRALINEA
El sistema jurídico-político mexicano no atempera o revierte la
polarización del desarrollo ni la desigualdad económica y social.
Tampoco promueve la distribución de la riqueza. Por el contrario,
garantiza la impunidad y un Estado profundamente injusto, aseguran
académicos y especialistas.Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
revela que, estructuralmente, el sistema jurídico y político mexicano
está diseñado para favorecer a quienes tienen más poder económico y para
mantener en la pobreza a las clases menos favorecidas.La desigualdad económica y social promueve la impunidad y perpetúa la
vulnerabilidad de las personas de escasos recursos; además provoca un
deterioro creciente en la calidad de vida, asegura Guillermo Raúl Zepeda
Lecuona, doctor en sociología del derecho por la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).Considera que la desigualdad reduce la actividad económica, la
productividad y genera ineficiencia en la asignación de los recursos de
la sociedad, por lo que implica un menor aprovechamiento de los mismos y
un crecimiento nulo, raquítico o no sustentable.Se trata, dice, de un fenómeno estructural en el que “los grupos de
interés a través del sistema político han logrado consolidar los
acuerdos institucionales a favor de las personas con mayor nivel de
ingresos, lo que mina la legitimidad del sistema político y erosiona el
capital social”.En su análisis Disponibilidad presupuestal para el combate a la impunidad,
el también director de la asociación civil Jurimetría, Iniciativas para
el Estado de Derecho y académico de El Colegio de Jalisco, apunta que
el sistema jurídico mexicano “no sólo no atempera o revierte la
polarización del desarrollo, la injusticia económica y social, y la
escasa distribución de la riqueza, sino que también contribuye a la
impunidad y exacerba la desigualdad”.Zepeda Lecuona desmenuza lo que a su juicio constituyen los ámbitos
que impactan en forma decisiva en el crecimiento de la desigualdad y el
estancamiento económico en México: el mercado de capital y sistema
financiero; los oligopolios y cambio tecnológico; el mercado de trabajo;
y la brecha entre pobres y no pobres.En ese contexto, señala que la educación es una de las mayores
fuentes de desigualdad, al ampliar cada vez más la brecha entre la
educación de las personas de mayores ingresos y la de los segmentos
menos favorecidos. Además, añade, el rezago educativo y en competencias
traslada la desigualdad a las siguientes generaciones.
ANIMAL POLITICO
Por primera vez el Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó la
práctica conocida como “turismo electoral”, mediante la cual se cambian
domicilios en credenciales de elector, con el fin de que los
empadronados emitan su voto en una entidad distinta a la de su
residencia.En un comunicado,
el INE informó que documentó y comprobó que el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) “incurrió en la omisión de no prevenir o evitar que
diversos ciudadanos fueran trasladados, inducidos o instigados para que
realizaran (en 2013) su trámite de cambio de domicilio ante el RFE de
Yucatán a Quintana Roo, con el propósito de obtener la credencial para
votar, proporcionando un domicilio donde no residían”.Por estos hechos, el pleno del INE determinó sancionar al PRI con una
multa de 323 mil 700 pesos, pues los cambios de domicilio representaron
“una ventaja indebida en favor de algún partido político o candidato”.Además, Juana Margarita y Miguel Arcángel, señaladas por promover o
inducir a ciudadanos a realizar el cambio de domicilio, deberán cubrir
una sanción de 3 mil 238 y 32 mil 380 pesos, respectivamente.A los 467 ciudadanos que accedieron a cambiar su domicilio, los
consejeros electorales les impusieron una amonestación pública, e
informaron que dieron vista del caso a la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales (Fepade).La consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y
Denuncias del INE, destacó que están yendo contra quienes convencieron a
los ciudadanos a realizar el trámite, porque “abusaron de la necesidad y
la pobreza” de quienes aceptaron cambiar su domicilio.Por su parte, el consejero electoral Marco Baños, señaló que aunque
es la primera ocasión que el INE sanciona a ciudadanos por turismo
electoral, “la Institución ha turnado 5 mil 598 casos hasta el momento a
la Fepade”.De acuerdo con el INE, a través del Registro Federal de Electores, se
investiga de forma regular que los cambios de domicilio no se den de
manera atípica, con el obj-etivo de evitar que estos movimientos incidan
en las elecciones.
La defensa de Javier Duarte pidió al juez ampliar el plazo de la
investigación complementaria que realiza la PGR por otros seis meses,
informó Reforma.Si el juez accede a otorgar una extensión en el plazo Duarte
permanecería medio año más en la cárcel y la audiencia intermedia se
realizaría después de las elecciones de julio próximo.La semana pasada la PGR reconoció que aún estaba interesada en indagar datos sobre cuentas bancarias pero
el juez del caso pospuso la decisión de autorizarlo o no, luego de que
la defensa no fue notificada con el tiempo que se requería legalmente de
dicha petición.La petición se hace unas horas antes de que se venza el plazo de seis
meses que un juez le dio a la Procuraduría General de la República
(PGR) para investigar al exgobernador de Veracruz, por los delitos de
lavado de dinero y delincuencia organizada.Si el juez no otorga una prórroga, el plazo para indagar a Duarte
habrá terminado, y se abre ahora un periodo que resultará clave en el
que las autoridades y la defensa del exmandatario deberán descubrir las
pruebas con las que pretenden obtener una sentencia condenatoria o
absolutoria en el juicio.A continuación Animal Político presenta
la ruta que seguiráel caso contra Javier Duarte una vez terminado el
periodo de investigación de seis meses. Cabe recordar que el caso contra
el exgobernador de Veracruz se sigue bajo las normas del nuevo sistema
penal acusatorio.Para obtener esta información se plantearon diversas dudas a abogados
expertos en el nuevo sistema penal, a fuentes del propio Poder
Judicial Federal y al equipo legal de la defensa del exgobernador.¿Puede la PGR o la Defensa obtener una ampliación del periodo de investigación que hoy termina?La respuesta es sí. El artículo 322 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece
que de forma “excepcional” el juez podrá autorizar una prórroga del
periodo de investigación complementaria que haya dictado originalmente.
El nuevo plazo de investigación, en caso de ser concedido, no podrá
exceder de seis meses.La determinación de conceder o no la prórroga la toma el juez en una
audiencia pública en la que deben estar presentes ambas partes para que
expongan su posición a favor o en contra.En el caso específico de Javier Duarte la defensa ya extendió una
solicitud al juez para que se analice la conveniencia de extender el
periodo de investigación pero falta concierto si la PGR también lo
pedirá o está de acuerdo.La audiencia en la que el juez decidiría si se concede o no esta
prórroga no se realizaría hoy sino hasta el próximo 31 de enero.¿Qué pasara el 31 de enero?.La audiencia programada para el próximo 31 de enero es para definir
si el juez autoriza o no, una solicitud hecha por la PGR de incluir como
pruebas en el caso diversas cuentas bancarias claves en la
investigación. Se trata de la audiencia que tuvo que ser pospuesta el
jueves pasado ya que la defensa no fue notificada con 48 horas de
antelación mínima como lo contempla la ley.
LA JORNADA
La riqueza de ocho personas, igual a la de 3,600 millones
Ese universo es la mitad más pobre de la humanidad: Oxfam
Terminaron en 1% de los más ricos 82% de los bienes creados en 2017
El auge de multimillonarios, signo del fracaso del sistema económico
La ONG divulga los datos en su informe previo al Foro de Davos
Fotoportada
El diputado local Eduardo Ramírez Aguilar dejó ayer la dirigencia de la organización política, en protesta por la imposición de la coalición con el PRI para que el priísta Roberto Albores Gleason sea el candidato a la gubernatura de Chiapas. El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal renunció durante la llamada Asamblea por la Dignidad ante miles de militantes y simpatizantes en el parque central de Tuxtla Gutiérrez. Adelantó que abandonará sus cargos legislativos para incorporarse a las filas de la sociedad civil. El sábado pasado dimitieron 14 diputados a su militancia en el partido Verde, quienes acompañaron a Ramírez Aguilar ayer domingo Foto La Jornada
Labora a marchas forzadas ante el cierre de cambios de datos el 31 de enero
El listado nominal superará 88 millones de votantes: René Miranda
Se suma al movimiento de AMLO; se va porque no se le garantizó curul: PAN
La coalición que encabeza Morena dará resultados de la encuesta en unos días
Rechazan aliarse con el tricolor debido a promesas incumplidas de Del Mazo
opinión
Mikel Arriola
Más sombras que luces en la gira de Francisco por Chile y Perú. Su actitud ante la pederastia decepcionó hasta al cardenal O’Malley. Mal asunto.
Pistoleros los interceptan en Michoacán; exige el CNI garantías de seguridad
Grupo México lo contrató para ocupar la planta en 2012
Fotocontraportada
Más de un millón de fieles se congregaron en la base aérea de Las Palmas, en el barrio de El Surco, en Lima, durante el último día de la gira del pontífice por Perú. En un encuentro con obispos, el Papa se refirió a la clase gobernante: la política está enferma, muy enferma en América Latina. Hay excepciones pero, en general, está más enferma que sana. También observó un gran cartel al salir de una reunión con monjas: Francisco, aquí sí hay pruebas, se leía en alusión a las denuncias contra curas pederastas que desestimó en Chile Foto Afp
Ex ediles y ex mandos del gobierno de Chihuahua, en la lista
Incluye a ex dirigentes del comité estatal de Acción Nacional
Precandidatos de ese partido y del tricolor también son mencionados
La reportera los nombró en sus trabajos periodísticos sobre el narco
Néstor Jiménez y Gustavo Castillo
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