Al gobierno, su partido y su precandidato único le urgen las sentencias para “dejar resuelto” ese crimen de lesa humanidad que marcó el declive de la gestión de Enrique Peña Nieto justo a la mitad de su mandato, en septiembre de 2014.
Además de los policías municipales de Iguala y Cocula, acusados de haber detenido y entregado a los estudiantes a la delincuencia organizada, la PGR busca una sentencia pronta del expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda.
Dictadas las sentencias por la justicia federal, el gobierno haría entonces las propuestas de indemnización y atención a las víctimas.
En ese escenario ideal, el Poder Judicial de la Federación tendría que dar por agotada la etapa de investigación para dictar sus sentencias. Así, el gobierno federal necesita la colaboración de los jueces y de quienes los gobiernan; es decir, el Consejo de la Judicatura Federal, que encabeza el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar.
Ante esa perspectiva, los familiares de los normalistas han decidido movilizarse.
El lunes fueron a la SCJN. Luis María Aguilar les ofreció una reunión la próxima semana en el Consejo de la Judicatura para destrabar dos de sus demandas centrales: la consignación de policías federales como presuntos responsables y el amparo contra la resolución de la Visitaduría de la PGR que exoneró a Tomás Zerón, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría.
Ahora secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional en la Presidencia de la República, Zerón es para los familiares de los normalistas responsable del ocultamiento de peritajes en la investigación. Una versión alimentada desde la propia PGR cuando la titular era Arely Gómez, ahora secretaria de la Función Pública.
El martes, los familiares de las víctimas fueron a protestar a las oficinas centrales de la PGR, aunque las instalaciones están abandonadas desde el temblor del 19 de septiembre del año pasado. También se manifestaron en el Centro de Evaluación y Control de Confianza.
Este miércoles estarán en la Secretaría de Gobernación, donde un grupo de madres de normalistas están en huelga de hambre.
El movimiento ha escalado sus protestas también en vísperas de la llegada de un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para verificar que la PGR haya incluido en sus investigaciones las observaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) que acabó confrontado con el gobierno de Peña Nieto.
Ante ese escenario, las sentencias en las semanas por venir, podrían ser contraproducentes para los cálculos políticos y electorales de Peña Nieto.
Twitter: @jorgecarrascoa