FRAGUA
Año difícil para
nuestro pueblo. Todas las llamadas “reformas estructurales” han
terminado de convertirse en leyes, asegurando lo que en la práctica se
venía dibujando años atrás: México, en la lógica del capitalismo en su
fase imperialista, tenía que reafirmarse como un país dependiente de
Estados Unidos, principalmente, exportador de materia prima, territorio
dispuesto para transnacionales y sus capitales, y mano de obra barata
que garantiza la acumulación y centralización del dinero en unos cuantos
burgueses, nacionales y extranjeros. Consecuencia de esto, los crímenes
de Estado contra las clases explotadas se han recrudecido. En números
pasados de FRAGUA habíamos platicado de cómo la burguesía desde su
nacimiento, ha echado mano de la violencia sistemática, estatal y
paramilitar, para aplicar sus leyes y someter al pueblo trabajador, por
lo que la pobreza, las desapariciones forzadas, las ejecuciones
extrajudiciales, los desplazamientos forzados, las detenciones
arbitrarias y la tortura se han vuelto el pan de cada día. Y si
decimos que 2017 ha sido un año complicado, su cierre no podía ser
menos. Hace unos días las cámaras de diputados y senadores aprobaron con
“modificaciones” la propuesta de Ley de Seguridad Interior, que
presentaron el senador Roberto Gil Zuarth (PAN) y los diputados César
Camacho y Martha Sofía Tamayo (PRI). Esta Ley ha sido ya expedida por el
presidente en un momento en el cual la burguesía ve necesario usar sus
mejores arsenales para seguir aplicando a diestra y siniestra la
política que desde la llamada “guerra contra el narcotráfico” ha venido
implementando: el terrorismo de Estado. M ediante esta Ley, se
pretender legalizar el control social a través del miedo para garantizar
la explotación de nuestro territorio y el sometimiento y opresión hacia
nuestros hermanos de clase. Es así que buscan que la resistencia
ante el despojo y la carestía se vea mermada por la violencia en la que
estamos sumergidos. No es casualidad que esta Ley se apruebe a la
par de una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo, la cual
afecta aún más nuestros derechos laborales; a la implementación de tres
Zonas Económicas Especiales (ZEE); y a la aprobación de la Ley de
Biodiversidad que permite la explotación de “Áreas Naturales
Protegidas”.
A poco más de 10 años de la supuesta “guerra contra el narcotráfico”, debemos ver bajo distinta luz el papel que juegan los cárteles del narcotráfico en la configuración económica y política de nuestro país. No únicamente son una de las principales economías, considerando las ganancias que deja para los empresarios que lo administran (sí, los burgueses también pueden ser narcotraficantes de traje y corbata), si no al mismo tiempo son estructuras paramilitares que sirven como método de contrainsurgencia mediante el cual la burguesía, bajo la justificación de “combatirlo”, ha aplicado una política de exterminio y sometimiento hacia el pueblo que resiste y se organiza: según cifras oficiales, en poco más de diez años hay más de medio millón de desplazados, más de 33 mil desparecidos y más de 230 mil ejecutados.
Aunque desde el año 2006 el Ejército mexicano asumió tareas de seguridad civil en respuesta a la estrategia de seguridad que la Iniciativa Mérida dictaba, es con esta nueva Ley que las fuerzas armadas gozarán de total impunidad y tendrán el camino legal libre para realizar todas las actividades de contrainsurgencia, sin impedimento alguno. Según la propia Ley, las fuerzas armadas tendrán la facultad de investigar crímenes, llevar a cabo actividades de inteligencia y espionaje, perseguir delitos, repeler o neutralizar actos de resistencia y participar permanentemente en “tareas de orden interno” como retenes, bases de operaciones, puestos de vigilancias y patrullajes. Todo esto en un marco en el cual el presidente de la república tendrá la facultad de pedir, de manera unilateral, que se incremente la participación de los militares en tareas de seguridad civil. En pocas palabras, pretenden que vivamos en un Estado de excepción permanente, es decir, que las garantías individuales que la constitución nos garantiza, aunque muchas veces sea sólo en papel, sean suspendidas por “un riesgo mayor”. Sin embargo, en este punto es importante señalar que el Ejército y la Marina mexicanos ya realizan éstas y otras actividades desde hace más de 10 años, la única diferencia es que ahora pretenden legalizar lo que en la práctica la historia nos ha enseñado: las fuerzas armadas son la mano dura del gobierno que le permite reprimir y socavar la organización popular a través de distintas estrategias, militares y políticas, por ejemplo la “guerra de baja intensidad”, con el objetivo de seguir resguardando los intereses económicos de la burguesía y del imperialismo.
Por esta razón, a aquellos que exclaman a gritos que esta Ley sólo pretende “normar” las actividades que las fuerzas armadas llevan haciendo desde hace años, les decimos que el pueblo organizado sabe que no, que su origen tiene una razón de clase y que es una respuesta a la crisis política y económica por la que está pasando nuestro país, consecuencia de sus políticas de dominación y explotación. Sin embargo, también les decimos que este mismo pueblo organizado será el que no cejará para que cada vez más personas, más pueblo, asuma y sienta la necesidad de organizarse, porque donde ellos ven cifras de una “guerra inevitable” nosotros vemos a nuestros hermanos de clase que dejaron sueños, corazón y vida en el camino de la organización popular y a quienes honraremos con nuestra lucha tenaz. Desde la Organización de Lucha por la Emancipación Popular te invitamos a conocer y sumarte a las actividades que tenemos, a conocer nuestro Programa Mínimo de Lucha el cual, hoy más que nunca, enarbola las demandas más sentidas por nuestro pueblo.
¡Juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales del uso del terror contra el pueblo, como una política sistemática de violencia y control social! ¡Juicio y castigo a los responsables de los crímenes de Estado! ¡Alto a la represión por motivos políticos!
NOTA: Este artículo fue publicado en el No. 31 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), Enero-Febrero 2018.
A poco más de 10 años de la supuesta “guerra contra el narcotráfico”, debemos ver bajo distinta luz el papel que juegan los cárteles del narcotráfico en la configuración económica y política de nuestro país. No únicamente son una de las principales economías, considerando las ganancias que deja para los empresarios que lo administran (sí, los burgueses también pueden ser narcotraficantes de traje y corbata), si no al mismo tiempo son estructuras paramilitares que sirven como método de contrainsurgencia mediante el cual la burguesía, bajo la justificación de “combatirlo”, ha aplicado una política de exterminio y sometimiento hacia el pueblo que resiste y se organiza: según cifras oficiales, en poco más de diez años hay más de medio millón de desplazados, más de 33 mil desparecidos y más de 230 mil ejecutados.
Aunque desde el año 2006 el Ejército mexicano asumió tareas de seguridad civil en respuesta a la estrategia de seguridad que la Iniciativa Mérida dictaba, es con esta nueva Ley que las fuerzas armadas gozarán de total impunidad y tendrán el camino legal libre para realizar todas las actividades de contrainsurgencia, sin impedimento alguno. Según la propia Ley, las fuerzas armadas tendrán la facultad de investigar crímenes, llevar a cabo actividades de inteligencia y espionaje, perseguir delitos, repeler o neutralizar actos de resistencia y participar permanentemente en “tareas de orden interno” como retenes, bases de operaciones, puestos de vigilancias y patrullajes. Todo esto en un marco en el cual el presidente de la república tendrá la facultad de pedir, de manera unilateral, que se incremente la participación de los militares en tareas de seguridad civil. En pocas palabras, pretenden que vivamos en un Estado de excepción permanente, es decir, que las garantías individuales que la constitución nos garantiza, aunque muchas veces sea sólo en papel, sean suspendidas por “un riesgo mayor”. Sin embargo, en este punto es importante señalar que el Ejército y la Marina mexicanos ya realizan éstas y otras actividades desde hace más de 10 años, la única diferencia es que ahora pretenden legalizar lo que en la práctica la historia nos ha enseñado: las fuerzas armadas son la mano dura del gobierno que le permite reprimir y socavar la organización popular a través de distintas estrategias, militares y políticas, por ejemplo la “guerra de baja intensidad”, con el objetivo de seguir resguardando los intereses económicos de la burguesía y del imperialismo.
Por esta razón, a aquellos que exclaman a gritos que esta Ley sólo pretende “normar” las actividades que las fuerzas armadas llevan haciendo desde hace años, les decimos que el pueblo organizado sabe que no, que su origen tiene una razón de clase y que es una respuesta a la crisis política y económica por la que está pasando nuestro país, consecuencia de sus políticas de dominación y explotación. Sin embargo, también les decimos que este mismo pueblo organizado será el que no cejará para que cada vez más personas, más pueblo, asuma y sienta la necesidad de organizarse, porque donde ellos ven cifras de una “guerra inevitable” nosotros vemos a nuestros hermanos de clase que dejaron sueños, corazón y vida en el camino de la organización popular y a quienes honraremos con nuestra lucha tenaz. Desde la Organización de Lucha por la Emancipación Popular te invitamos a conocer y sumarte a las actividades que tenemos, a conocer nuestro Programa Mínimo de Lucha el cual, hoy más que nunca, enarbola las demandas más sentidas por nuestro pueblo.
¡Juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales del uso del terror contra el pueblo, como una política sistemática de violencia y control social! ¡Juicio y castigo a los responsables de los crímenes de Estado! ¡Alto a la represión por motivos políticos!
NOTA: Este artículo fue publicado en el No. 31 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), Enero-Febrero 2018.
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