En México, hacer
una crítica incluso mínima a la administración federal podría
convertirte en blanco de espionaje: conversaciones privadas sostenidas
por teléfono, correos y mensajes electrónicos son permanentemente
vulnerados por la autoridad.
Y es que la violación a la privacidad se
comete arbitrariamente en todo tipo de comunicaciones (telefónicas,
radiotelefónicas y digitales); así como en correos electrónicos,
mensajería de texto, chats (tanto de correos como de redes
sociales, como Facebook y Twitter), conversaciones establecidas por
medio de aplicaciones (Skype, Whatsapp, BBM, Facetime, Tango, Fring,
Telegram), y abarca incluso a aquellas que están cifradas.
Y es que los agentes del Estado
–incluidos militares– utilizan recursos públicos, primero, para adquirir
la más avanzada y poderosa tecnología –incluidos software maliciosos– y, luego, para intervenir todas las plataformas en las cuales sus blancos se comunican.
En este contexto, encriptar las
conversaciones o realizar “navegaciones seguras” en internet no impide a
los funcionarios enterarse de todo lo que se transmite por esas vías,
incluido material íntimo; pues la tecnología que posee el gobierno es de
tal nivel que rompe con eficacia las medidas de seguridad que una
persona común puede tener a la mano.
Más aún, los aparatos electrónicos que
cotidianamente utilizamos –teléfonos móviles, tabletas, computadoras e
incluso televisores– se vuelven cámaras y micrófonos totalmente
disponibles para la autoridad, abiertos las 24 horas para dar un
seguimiento puntual a todas nuestras actividades.
Esa tecnología es capaz de monitorear
las pláticas que se sostienen cara a cara y monitorear a las personas en
sus ámbitos más privados, como el hogar. Como lo ha revelado Contralínea,
los elementos del Ejército tienen la capacidad tecnológica de “ver” y
“escuchar” a través de las paredes, con sus sistemas tácticos de
imágenes y sonidos.
Lo peor es que esos recursos de
espionaje (como la plataforma Pegasus) les permiten vigilar a miles de
personas al mismo tiempo. Y aunque este recurso altamente invasivo y
violador del derecho a la privacidad requiere de la autorización
judicial, la realidad es que se emplea de forma ilegal y masiva.
Las víctimas de estos abusos ni siquiera se dan cuenta, lo que genera, además, un ancho margen de impunidad.
Crimen organizado, el pretexto
Por años, el supuesto combate al crimen
organizado ha sido el pretexto esgrimido por el gobierno para hacerse de
estas herramientas altamente invasivas y autoritarias.
Pero el crimen organizado resulta que no
es el principal blanco de los aparatos de espionaje civil y militar,
sino que es la sociedad organizada e incluso la misma clase política y
la élite más poderosa del país.
Quienes en redes sociales hacen críticas
a la administración también reciben atención de los espías. Ejemplo de
estas arbitrariedades son los casos de defensores de derechos humanos,
periodistas y activistas, documentados por la Red en Defensa de los
Derechos Digitales y Citizen Lab, de la canadiense Universidad de
Toronto.
Casos que, por cierto, permanecen
impunes y que apenas son botón de muestra de las miles de personas que
son monitoreadas indiscriminada e ilegalmente.
Espionaje legal
El gobierno priísta de Enrique Peña
pasará a la historia como uno de los que más recurrió al espionaje para
“controlar” a la sociedad, puesto que el uso legal de sus plataformas de
vigilancia no es realmente su prioridad.
Y hablando de lo que sí realizan
legalmente, resulta que en 2017 las autoridades investigadoras
presentaron ante los Juzgados Federales Penales Especializados en
Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones y Juzgados de Distrito
Especializados en Medidas Cautelares y Control de Técnicas de
Investigación 1 mil 182 solicitudes de intervenciones de comunicaciones.
El Consejo de la Judicatura Federal
agrega que también se pidieron 622 requerimientos a concesionarios, algo
estrechamente vinculado al monitoreo de conversaciones privadas; 116
autorizaciones de cateos, 15 de arraigos y seis solicitudes de
información.
Entidades federativas también espían
Lamentablemente, el espionaje que se
realiza en México no sólo se ciñe al gobierno federal: las entidades
federativas también lo hacen.
Ejemplo de ello fueron las acusaciones
contra el panista Rafael Moreno Valle, hechas por un exfuncionario del
Centro de Investigación y Seguridad Nacional, presuntamente contratado
para espiar a políticos y luchadores sociales no sólo de Puebla sino del
resto del país.
Y como en el caso federal, los estados
también echan mano de la ley para intervenir conversaciones de supuestos
criminales. Según la Judicatura, son 179 usuarios de procuradurías y
fiscalías generales estatales los que están autorizados para operar el
Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a
través del cual se piden ese tipo de autorizaciones.
En 2017, esos usuarios solicitaron 3 mil
54 intervenciones de comunicación, 1 mil 716 autorizaciones de
requerimientos a concesionarios de telecomunicaciones, 796 solicitudes
de información, 115 cateos, siete arraigos y una inmovilización de
cuentas y/o valores del sistema financiero.
Esto demuestra que los gobiernos federal
y estatales se inclinan cada vez más por el espionaje en vez de
investigar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y las
“amenazas” a la seguridad nacional. Y lo más grave es que a quienes
espían no es a los delincuentes, sino a la sociedad civil.
Nancy Flores
[AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]
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