Prevalecen estereotipos de género en juzgadores
Mientras
la semana pasada la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN) desechó
revisar el amparo que concedió la libertad a Diego Cruz Alonso, uno de
los cuatro jóvenes de los “Porkys” acusado de violar a Daphne Fernández,
en Veracruz, el caso será expuesto ante el Comité de Expertas de la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), perteneciente a la
ONU, como un ejemplo emblemático de la mala actuación del Poder Judicial
mexicano que obstaculiza el acceso a la justicia para las víctimas.
El Comité de CEDAW evaluará en julio de este año al Estado mexicano
respecto al avance y garantía de los derechos de las mujeres y por vez
primera revisará el trabajo del Poder Judicial en la impartición de
justicia.
Previo a la evaluación –la cual se realizará del 2 al 20 de julio- la
agrupación civil Equis Justicia para las Mujeres, presentó ante el
Comité su “informe sombra” en el cual demuestra cómo el personal
juzgador utiliza estereotipos de género en las resoluciones y no examina
con perspectiva de género las pruebas que tiene en sus manos, como le
sucedió a Daphne.
En enero de 2015 en Veracruz, Daphne era menor de edad cuando fue
violada por 4 jóvenes apodados como “Los Porkys”. Uno de ellos, Diego
Cruz Alonso, fue extraditado de España en enero 2017 para enfrentar el
cargo de pederastia, pero el juez Tercero de Distrito del Séptimo
Circuito de Veracruz, Anuar González Hemadi, le otorgó la libertad tres
meses después por un amparo que impulsó la defensa del acusado.
La argumentación del juez Anuar –por la cual fue severamente
criticado en redes sociales y suspendido de su cargo- era que Daphne no
se encontraba en indefensión y Diego Cruz cometió únicamente
“tocamientos incidentales” sin que tuviera una intensión “lasciva” o de
“cópula para satisfacer un apetito sexual”.
La Fiscalía veracruzana impugnó el amparo concedido a Diego Cruz
(206/2017), por lo que los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Séptimo Circuito solicitaron a la SCJN que lo
atrajera para revisar la sentencia.
El pasado 17 de enero, la Primera Sala del máximo tribunal desechó la
atracción del caso toda vez que las y los ministros concluyeron que no
cumplía con los términos de relevancia para impactar en el sistema
jurídico mexicano, aunque las organizaciones civiles aseguran que abría
la posibilidad de discutir los lineamientos que deben seguir los y las
jueces para acreditar delitos de violencia sexual.
Así, en tanto en México se resuelve que el caso de Daphne no es
trascendente jurídicamente, Equis Justicia para las Mujeres lo coloca
ante CEDAW como un indicar emblemático del desconocimiento generalizado
sobre los criterios interpretativos en materia de género de las personas
juzgadoras.
INFORME SOMBRA SOBRE PODER JUDICIAL
La agrupación precisó que esta es la situación que enfrentan sobre
todo las mujeres víctimas de violación en el sistema judicial. Se les
demanda “criterios desproporcionales” para acreditar la existencia del
delito, como comprobar que hayan puesto resistencia en el acto, dejando a
un lado elementos fundamentales; la existencia o no de su
consentimiento y el testimonio que den.
Capacitar a las y los juzgadores tampoco ha mejorado el acceso a la
justicia para ellas. La organización muestra que el Poder Judicial de
Veracruz gastó en 2009 alrededor de 35 millones de pesos en cursos y
talleres para “instruir a su personal en perspectiva de género”, pero el
resultado son sentencias como las de Daphne.
Aunado al reporte de Equis Justicia, en 2012 en las observaciones
finales que hizo CEDAW a México, exigió en las Recomendaciones 33, 35 y
14, que el Estado eliminara las prácticas discriminatorias en la labor
de las personas juzgadoras, y aplicar la perspectiva de género en la
resolución de casos.
Es por ello que en esta ocasión el Comité de CEDAW decidió en una
sesión de trabajo que mantuvo en noviembre de 2017 en Ginebra, Suiza,
pedir al Estado mexicano que aclare los mecanismos que utiliza el Poder
Judicial para identificar las resoluciones y prácticas discriminatorias
que hacen jueces en casos de violaciones a los derechos de las mujeres.
Al Comité de Expertas de la ONU no le bastó que México haya informado
en su reporte de cumplimiento que entregó en diciembre de 2016 –con un
retraso de siete meses- que “está capacitando al personal”.
Las expertas pidieron que demuestre con indicadores el progreso que
ha tenido la inclusión de la perspectiva de género en la labor judicial y
preguntó si tiene planes de reforzar las dependencias de género
actualmente existentes en los tribunales federales.
En otro tema relevante, CEDAW refirió que desde la entrada en vigor
en 2015 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información,
“se redujo considerablemente el número de condenas publicadas y ha
limitado el derecho de las mujeres a acceder a la información sobre los
casos”.
Por todo ello, pidieron a México que reporte antes de su evaluación,
si existen mecanismos para vigilar la aplicación de esta Ley,
convirtiéndose en la primera vez que el Comité pide la transparencia en
la publicación de sentencias por violaciones a los Derechos Humanos de
las mujeres.
OTROS TEMAS DE JUSTICIA
Otras cuestiones retomadas por el Comité en el tema de justicia, son
las medidas que ha adoptado México para erradicar las malas prácticas en
las investigaciones de asesinatos violentos de mujeres.
Las expertas precisaron que necesitan información de los estados de
Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Estado de
México, Veracruz y Quintana Roo, la Ciudad de México y el municipio de
Ciudad Juárez, Chihuahua.
Del mismo modo solicitaron mayor información sobre las barreras que
impiden el acceso a la justicia de mujeres rurales e indígenas; y de
manera novedosa, el Comité otorgó un apartado específico a quienes se
encuentran privadas de su libertad por delitos relacionados con drogas.
El Comité de la CEDAW es un instrumento internacional integrado por
23 expertas, el cual analiza que los Estados cumplan con las
recomendaciones de la Convención a favor de los derechos femeninos. Esta
es la novena evaluación de México desde que suscribió la Convención, en
1981, por lo que las recomendaciones que dan las expertas son de
carácter obligatorio para los gobiernos.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Ciudad de México
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