José Antonio Crespo
La reforma electoral de 1996 gozó de amplio consenso, no así la más reciente de 2007, pues si bien recibió el voto unánime de los partidos políticos, no todos ellos, ni otros actores sociales y económicos, la vieron bien. En particular, aquéllos cuyos intereses económicos y políticos se vieron afectados. El PAN, a poco de haber aprobado la reforma, la descalificó, evidenciando que su respaldo fue forzado por la poca legitimidad con que llegó Felipe Calderón; fue un acto para reivindicar su incierto triunfo. Los demás partidos parecen haberse arrepentido de confrontar a los poderosos consorcios mediáticos, y han abandonado a su suerte a la reforma. Más aun, muy pronto partidos, aspirantes y líderes empezaron a violar la norma, con la complacencia y colaboración de los propios medios. Las sanciones que por ello ha expedido el IFE no han logrado —ni lograrán— modificar tales desafíos (pues son rentables, pese a las multas).
Por mi parte, no me parece que todos los aspectos de la reforma hayan sido positivos. En principio, me parece adecuado el modelo aplicado en varios países de limitar la publicidad de los partidos a los tiempos oficiales, y que otros actores no compren espacios con fines electorales, en aras de la equidad. Cuando dos o más valores democráticos se contraponen, debe buscarse algún punto intermedio, de tal manera que un valor no suprima por completo el otro. Aquí la libertad de expresión se contrapone a la equidad. Tiendo a ver en esta prohibición más una limitación a la libertad de comercio que a la de expresión. El problema con la compra de espacios electorales es que quienes lo hacen (una pequeña élite pudiente de la población) estarán haciendo caros donativos a tal partido o candidato, generando compromisos políticos que después se harán valederos a costa del interés general. Se ha dicho que el internet es un sustituto a la publicidad mediática que las autoridades no pueden —ni deberían— regular. Qué bueno, pues los mensajes por internet no generan compromisos políticos dado el bajo costo que implican. Y en todo caso, todos los actores (no sólo los pudientes) pueden expresar sus opiniones en ese espacio. El problema con el actual esquema es su tortuosa aplicación, sobre todo porque ningún modelo puede funcionar cuando los involucrados están dispuestos a reventarlo, como ha ocurrido en México. Y desde luego que el esquema de “spotización” no representa ganancia alguna al electorado, por lo que debiera evolucionar hacia otro de pequeños y digeribles debates entre candidatos, líderes e ideólogos partidarios. Pero los partidos confían más en la eficacia de spots con huecos estribillos que en los debates argumentativos.
Considero, en cambio, que la libertad de expresión sí es innecesariamente afectada con la prohibición de las campañas negativas, cuando además su interpretación por parte del TEPJF nos lleva al absurdo de que ni siquiera pueden mencionarse verdades y hechos sobre los contendientes. La campaña negativa tiene un aspecto positivo, pues los contendientes pueden ventilar sus trapos al sol, informar al electorado sobre trayectoria y decisiones de los rivales, información valiosa al decidir su voto. Hemos visto ya que la prohibición no evita la polarización, pues los partidos se las ingenian para generarla de una u otra forma. Me parece más adecuado dejar a los partidos la responsabilidad de la forma y el fondo de sus campañas negativas, y al elector decidir a quién creerle y cómo votar a partir de la información recibida.
Cabe insistir también, cuantas veces sea necesario, que se hizo una regulación inadecuada del recuento de votos, pues lo restringe a los distritos legislativos en los que haya un empate menor al 1%, como si el presidente se eligiera a partir del mayor número de distritos ganados, y no por el voto directo en una sola circunscripción. Bajo esa norma, en 2006 sólo se hubieran abierto los paquetes en tres de 300 distritos. De tal manera que, de haber un resultado cerrado en 2012 (aunque hoy no se vislumbre) no podrán ser despejadas las legítimas dudas, y el resultado volverá a caer en la incertidumbre. Lo malo es que ni las propias autoridades electorales tienen plena conciencia de ello. Leonardo Valdés dijo que, incluso con la actual normatividad, el fantasma del 2006 está conjurado. No es así. Y Mari Carmen Alanís afirmó que la nuestra “es una de las legislaciones más avanzadas a nivel mundial” (23/feb/11). Es un alivio saberlo.
Cres5501@hotmail.com
Investigador del CIDE
Por mi parte, no me parece que todos los aspectos de la reforma hayan sido positivos. En principio, me parece adecuado el modelo aplicado en varios países de limitar la publicidad de los partidos a los tiempos oficiales, y que otros actores no compren espacios con fines electorales, en aras de la equidad. Cuando dos o más valores democráticos se contraponen, debe buscarse algún punto intermedio, de tal manera que un valor no suprima por completo el otro. Aquí la libertad de expresión se contrapone a la equidad. Tiendo a ver en esta prohibición más una limitación a la libertad de comercio que a la de expresión. El problema con la compra de espacios electorales es que quienes lo hacen (una pequeña élite pudiente de la población) estarán haciendo caros donativos a tal partido o candidato, generando compromisos políticos que después se harán valederos a costa del interés general. Se ha dicho que el internet es un sustituto a la publicidad mediática que las autoridades no pueden —ni deberían— regular. Qué bueno, pues los mensajes por internet no generan compromisos políticos dado el bajo costo que implican. Y en todo caso, todos los actores (no sólo los pudientes) pueden expresar sus opiniones en ese espacio. El problema con el actual esquema es su tortuosa aplicación, sobre todo porque ningún modelo puede funcionar cuando los involucrados están dispuestos a reventarlo, como ha ocurrido en México. Y desde luego que el esquema de “spotización” no representa ganancia alguna al electorado, por lo que debiera evolucionar hacia otro de pequeños y digeribles debates entre candidatos, líderes e ideólogos partidarios. Pero los partidos confían más en la eficacia de spots con huecos estribillos que en los debates argumentativos.
Considero, en cambio, que la libertad de expresión sí es innecesariamente afectada con la prohibición de las campañas negativas, cuando además su interpretación por parte del TEPJF nos lleva al absurdo de que ni siquiera pueden mencionarse verdades y hechos sobre los contendientes. La campaña negativa tiene un aspecto positivo, pues los contendientes pueden ventilar sus trapos al sol, informar al electorado sobre trayectoria y decisiones de los rivales, información valiosa al decidir su voto. Hemos visto ya que la prohibición no evita la polarización, pues los partidos se las ingenian para generarla de una u otra forma. Me parece más adecuado dejar a los partidos la responsabilidad de la forma y el fondo de sus campañas negativas, y al elector decidir a quién creerle y cómo votar a partir de la información recibida.
Cabe insistir también, cuantas veces sea necesario, que se hizo una regulación inadecuada del recuento de votos, pues lo restringe a los distritos legislativos en los que haya un empate menor al 1%, como si el presidente se eligiera a partir del mayor número de distritos ganados, y no por el voto directo en una sola circunscripción. Bajo esa norma, en 2006 sólo se hubieran abierto los paquetes en tres de 300 distritos. De tal manera que, de haber un resultado cerrado en 2012 (aunque hoy no se vislumbre) no podrán ser despejadas las legítimas dudas, y el resultado volverá a caer en la incertidumbre. Lo malo es que ni las propias autoridades electorales tienen plena conciencia de ello. Leonardo Valdés dijo que, incluso con la actual normatividad, el fantasma del 2006 está conjurado. No es así. Y Mari Carmen Alanís afirmó que la nuestra “es una de las legislaciones más avanzadas a nivel mundial” (23/feb/11). Es un alivio saberlo.
Cres5501@hotmail.com
Investigador del CIDE
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