Ley de Seguridad Nacional

Miguel Concha

Un grupo numeroso de organizaciones civiles de derechos humanos, nacionales e internacionales, prepara una carta abierta a los miembros de la Mesa Directiva, a los coordinadores de los partidos políticos en la Cámara de Diputados y a los presidentes de las comisiones de Gobernación, Justicia, Defensa Nacional, Seguridad Pública y Derechos Humanos, pidiéndoles que la semana próxima no turnen al Pleno el predictamen de reformas a la Ley de Seguridad Nacional, sin antes al menos, como ordena el reglamento, discutirlo y aprobarlo en sus respectivas comisiones.

El asunto no es para menos, porque como lo ha venido informando ampliamente La Jornada, ese documento, supuestamente elaborado en dichas comisiones unidas, no se compagina con los estándares internacionales de derechos humanos en materia de seguridad interior; modifica sustancialmente la minuta que sobre la materia le envió el Senado a la Cámara de Diputados el 28 de abril del año pasado; excede la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la participación de las fuerzas armadas en el auxilio de las autoridades civiles; reglamenta su participación indefinida en labores de seguridad pública; desacata abiertamente y a posteriori las cuatro peticiones formales que desde el año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ha hecho al Estado mexicano, y cuya jurisdicción es obligatoria, para que elimine del fuero militar las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas en el ejercicio de sus funciones, y maneja una extraña concepción gradualista de paz, que no tiene nada que ver con el significado que sobre ella establecen los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos aprobados por México, ni los mecanismos de su observación y cumplimiento, a los que también se ha obligado el Estado mexicano. Para estos últimos, en efecto, la paz es interdependiente del cumplimiento integral e indivisible de los derechos humanos, del derecho al desarrollo y de la democracia.

No hay que olvidar tampoco que al cumplirse el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, afirmó en su documento: No tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo, y no tendremos ni seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos humanos. Si no se promueven todas esas causas, ninguna de ellas podrá triunfar.

Para legalizar la injerencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad interior, que de acuerdo con la CIDH deben también corresponder a las autoridades civiles en un Estado democrático y de derecho, el documento de marras en cambio maneja una concepción belicista de paz, que más bien recuerda lo que Norberto Bobbio rechaza en su libro El problema de la guerra y las vías para la paz. Es decir, una concepción de la guerra como mal necesario, que se va deslizando a una concepción de la guerra como guerra justa, e incluso como guerra legítima y legal. Y todo ello sin haber reconocido en la Constitución el derecho explícito de la ciudadanía a la paz, y la obligación de garantizarla por parte del Estado, como ha sucedido ya en la mismísima Colombia, y sin tomar en cuenta las mínimas prevenciones que establecen los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, para proteger a los civiles en conflictos armados, no sólo entre Estados, sino también al interior de ellos.

Luego de muchas negociaciones, ocasionadas por las fuertes presiones políticas de personeros del Ejecutivo federal y de miembros del Ejército, el Senado estableció en el artículo 72 de su minuta, que en las tareas de auxilio de la fuerza armada permanente, las conductas que sus miembros realicen y pudieren ser constitutivas de delitos, y afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes, con estricta observancia de los principios de objetividad, independencia, imparcialidad, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 133 constitucionales.

Ahora bien, el artículo 13 de la Constitución establece que cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil correspondiente, y el 133 que los tratados celebrados por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, son Ley Suprema, así, con mayúsculas, de la nación. Es más, la pasada reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada por el Congreso, y que ya circula para su aprobación en las legislaturas de los estados, confiere rango constitucional a los derechos humanos aprobados por México en tratados internacionales.

El impresentable predictamen que venimos comentando modifica la minuta del Senado y establece mañosamente que las conductas delictivas que llegasen a cometerse los servidores públicos de las instancias y demás autoridades participantes a una afectación de la seguridad nacional serán perseguidas y sancionadas de conformidad con las normas legales que los rigen, es decir, en nuevo desacato a las sentencias de la CIDH, el Código de Justicia Militar, el fuero castrense. En él se autoriza además a las fuerzas armadas para que puedan realizar intervención de comunicaciones, así como detención y mantenimiento de supuestos delincuentes sorprendidos in fraganti, en acuerdo con la PGR, que también así se militariza legalmente.

La responsabilidad del caos

Enrique Calderón Alzati

Mientras la cifra de muertos aumenta cada día, en una espiral de violencia que parece ser el único legado visible del actual gobierno, el descontento popular se hace evidente mezclado con sensaciones de inseguridad, hastío y necesidad de escapar del infierno en que nuestro país se ha estado convirtiendo. Ya no es Ciudad Juárez el punto de atención, preocupación y asombro, ni Sinaloa el escenario principal de las acciones del crimen organizado, la inseguridad y la violencia se han extendido a Monterrey, Acapulco, Morelia, Cuernavaca, Durango, Veracruz y decenas de ciudades y poblados más, transformando la vida de entidades completas, que quizás representan más de la mitad del territorio nacional, desde Chiapas en el sur y Quintana Roo en el oriente, hasta Tamaulipas en la frontera norte, pasando por Zacatecas y las regiones en estado de sitio, en las que para realizar las actividades cotidianas se deben tomar en cuenta los riesgos que cada una de ellas implica, haciendo necesario rodear zonas geográficas determinadas y evitar movimientos a horas que se saben peligrosas.

La gravedad del problema que vive el país se refleja en las declaraciones de funcionarios locales, que informan de la conveniencia de realizar viajes en las carreteras solo durante el día, sugiriendo la existencia de acuerdos que dejan el control de las mismas a grupos delictivos específicos durante las noches, a cambio de promesas de respeto durante el día, porque nada o muy poco se puede hacer contra ellos. Los oficios que circulan en las oficinas del gobierno federal instruyen en el mismo sentido a sus empleados y directivos como única forma posible de disminuir riesgos innecesarios; una especie de toque de queda negociado. La información se confirma al consultar diarios internacionales, a los que funcionarios estadunidenses declaran su preocupación sobre la incapacidad del gobierno mexicano para mantener el control de entidades completas, ante el avance de los cárteles del crimen organizado y la diversificaciones de sus acciones, que hoy incluyen secuestros, extorsión y venta de protección a comerciantes, empresarios y profesionistas.

Elemento central de esta guerra contra un enemigo sin rostro es el armamento de que estos grupos disponen y las fuentes de financiamiento que ellos utilizan, mientras ciudadanos y empresas son sometidas a controles rigurosos e incómodos, ejercidos por conducto del sistema bancario, el cual supuestamente impide o por lo menos restringe hoy la realización de operaciones en efectivo.

El reconocimiento de miembros de seguridad del gobierno estadunidense, en el sentido de que la venta de armas de alto poder, fabricadas en Estados Unidos, a las organizaciones criminales se ha realizado con el conocimiento y el permiso de ese gobierno, nos da una perspectiva de los intereses que están en juego, pero nos indica también para lo poco que sirve la vigilancia de nuestras fronteras por las oficinas de aduana y las unidades de guardia fronteriza, cuya existencia es pagada por los contribuyentes mexicanos. De la misma manera, la inutilidad del sistema financiero, o peor aún su colaboración con el crimen organizado, constituye un tema que debería ser investigado a la luz del crecimiento económico, político y operacional de esos grupos.

Hoy, nuestro país es señalado en el ámbito internacional, como un sitio del que es mejor estar lejos, un país incapaz de ofrecer seguridad a los turistas, viajeros y empresarios de otras naciones, como un territorio sin ley ni orden, donde ocurren crímenes horrendos, como el de San Fernando, en Tamaulipas, contra víctimas totalmente ajenas a la actividad delictiva y en la que su condición de migrantes los hace extraordinariamente vulnerables. Por todo esto, ser mexicanos parece llevarnos indefectiblemente a una realidad de la que estaremos avergonzados y marcados por mucho tiempo ante naciones que en otras épocas veían en México un ejemplo a seguir.

Frente a esta realidad inocultable, el discurso de Felipe Calderón y de sus colaboradores resulta ofensivo, trátese de triunfos imaginarios y victorias pírricas, de quejas por la falta de apoyo y comprensión de ciudadanos y autoridades locales a sus pretensiones de colaboración, o de desprecio a las víctimas confundidas con malhechores, sin tomarse la molestia de investigar siquiera de que personas se trata.

La antipatía por el gobierno actual no es nueva, para muchos surgió desde la desaseada elección de 2006 y la inclusión en el gabinete de hombres cuya honestidad y compromiso con el país y con sus leyes resultaba dudosa, por calificarla de algún modo. Luego de años de esperanzas frustradas y de promesas incumplidas, las muestras claras de que la impunidad y el desprecio por la justicia y la opinión pública eran parte del modus operandi del nuevo presidente, como réplica de sus antecesores, las posibilidades de éxito en cualquier acción contra el crimen organizado estaban destinadas al fracaso; ésta como cualquier otra lucha de dimensiones nacionales requiere de la presencia de un liderazgo fuerte, limpio, comprometido e incuestionable, nada de esto ha estado presente en estos años, cosa que ni el presidente ni ninguno de sus mediocres colaboradores entiende.

El desastre al que el país ha sido conducido es hoy del dominio público, la situación es caótica y atribuible sólo a quien tiene en sus manos el control total de los mecanismos de seguridad, los cuales se comprometió a dirigir para el bienestar de la nación, por ello resulta imposible pensar siquiera en proyectos para mejorar la educación, la economía, la competitividad, las condiciones de pobreza o la calidad de los servicios públicos; antes de pensar en todo ello debemos salir del agujero en que hemos sido metidos. Pero esto no podrá ser superado por el gobierno actual, por lo que su continuidad carece de sentido.

Las posibilidades de un cambio de esta naturaleza son desafortunadamente tan pequeñas como necesarias; para los diversos grupos de interés que hoy aprovechan el vacío de poder para incrementar sus utilidades esto no sería aceptable, el saqueo del país debe continuar con la complicidad de los funcionarios actuales por uno meses más, después ya verán qué hacer para establecer nuevas alianzas que les permitan continuar medrando en el sexenio siguiente.

Ante esta situación tan difícil, la convocatoria de Javier Sicilia y de diversas organizaciones, a participar en un movimiento social de carácter nacional, a partir de la primer semana de mayo, resulta de gran importancia, mis mejores deseos porque ello derive en una amplia movilización que señale al actual gobierno y a quienes pretender relevarlo, la necesidad inaplazable de conformar un proyecto de nación que permita superar el vacío y la desconfianza actuales.