4/21/2011

Lleva México 5 años sin cumplir resoluciones sobre infancia


Prevención y castigo de abuso sexual, entre los pendientes


Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 20 abr 11 (CIMAC).- México continúa sin dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas desde 2006 por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre las que se encuentra la implementación de una eficaz investigación que permita el acceso a la justicia a niñas y niños víctimas de delitos sexuales.

Ante la obligación del Estado mexicano de presentar hoy sus informes periódicos cuarto y quinto respecto al cumplimiento de la
Convención sobre los Derechos del Niño, la cual ratificó en 1990, Valeria Geremia, coordinadora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), dijo a Cimacnoticias que México ha incumplido recomendaciones importantes del Comité y adelantó que es probable que el gobierno no presente sus informes este día.

La coordinadora de la Redim acotó que hasta el momento, según sus monitoreos, la Federación no ha preparado los documentos que debería enviar hoy a Ginebra –sede del Comité– para su revisión y eventual respuesta de la ONU.

LOS PENDIENTES

La Redim informó en un comunicado que el Estado mexicano aún no cuenta con prácticas efectivas que permitan el acceso a la justicia, una eficaz investigación, ni la restitución de derechos para la población infantil víctima de delitos sexuales.

Según estudios recientes, México ocupa el primer lugar en América en producción de pornografía de niñas, niños y adolescentes.

La Red advirtió que nuestro país no ha adoptado las medidas suficientes para disminuir la violencia contra la infancia en la familia, la comunidad, o las instituciones que tienen a su cargo sus cuidados y atenciones, tales como reformas legislativas o políticas públicas integrales para promover acciones disciplinarias alternativas, positivas, participativas y no violentas.

“La inexistencia de este sistema impide valorar realmente avances o retrocesos de la aplicación de las políticas públicas y dificulta supervisión de los programas y sus impactos”, explicó la organización civil.

Otro punto pendiente, agregó la Redim, es el referente al establecimiento de una política de Estado que garantice los diferentes derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la infancia mexicana, toda vez que los programas implementados no se encuentran enfocados en la prevención ni atención de los problemas sociales.

“Un gran porcentaje de la población infantil sigue viviendo en condiciones de pobreza, la cual se encuentra directamente asociada con la deserción escolar y carencias educativas”, abundó.

SIN INFORMACIÓN OFICIAL

Redim apuntó que el Estado mexicano tampoco ha cumplido con la recomendación de crear un sistema general de datos, desagregado por grupos de edad y sexo y con indicadores, para evaluar los progresos en la aplicación de la Convención y medir la repercusión de los factores que afectan los derechos de la infancia.

La Red considera que la inexistencia de este sistema impide valorar realmente avances o retrocesos de la aplicación de las políticas públicas y dificulta la supervisión de los programas y sus impactos.

De igual manera, la Redim lamentó que a nivel federal aún no se cuente con una legislación en materia de justicia adolescente, por lo que las personas menores de 18 años que han incurrido en algún delito federal son juzgados por autoridades estatales que no resultan competentes en la materia.

Asimismo, México no cumplió con la recomendación de elevar la edad mínima de responsabilidad penal de los 12 hasta los 14 años.

Nuestro país “tuvo cinco años para implantar las recomendaciones”, criticó Valeria Geremia y añadió que hay “grandes pendientes”.

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por sus Estados Partes.

También supervisa la aplicación de los dos protocolos facultativos de la Convención, relativos a la participación de niños en los conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

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