Por Azalea Robles
“(…)en el trayecto se encontraban dos grupos de militares uno a 30 metros y el segundo a 50 metros del mismo, frente a los cuales de forma inexplicable pasó el agresor, la víctima fue tirada en un barranco a sólo 30 metros de donde se apostaba el último grupo de militares” Denuncia CPDH
“(…)Varios de los condenados tienen allí sus negocios, como el teniente coronel Pulido, condenado como responsable de la masacre de La Cabuya, donde el 20 de noviembre de 1998 fueron asesinados cinco campesinos, entre ellos una mujer con siete meses de embarazo. El restaurante del exoficial se llama ‘Héroes’.(…)” Semana
“Hace como un año, mi (cabo) primero Blandón Vargas Humberto se pudo ir tranquilo la Semana Santa con toda la familia para el hotel Kosta Azul en San Andrés. De allá trajo unas camisetas de regalo muy bacanas", cuenta un soldado. Blandón fue condenado por el secuestro, tortura y homicidio de un grupo de campesinos en Antioquia(…)
Los abusos, tratos degradantes, violaciones sexuales y el feminicidio contra las mujeres y niñas colombianas crecen dramáticamente: el empobrecimiento, la exclusión social y la degradación ética inyectada por los mass-media para legitimar los valores mafiosos de un sistema llevado al paroxismo de las desigualdades sociales, de la violencia represiva y del control social, son el terreno fértil para las agresiones contra las mujeres. Las mujeres son el chivo expiatorio de una sociedad machista cuyas frustraciones son elevadas a la máxima potencia por una violencia estructural en permanente crecimiento. Decrece el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a las oportunidades laborales; a la par que crece la violencia estructural generada por los mecanismos de despojo y monopolización de capital. Aunado a lo anterior, hay un factor determinante que caracteriza a Colombia: la violación sexual y el feminicidio contra las mujeres y niñas colombianas se generalizan al amparo de la sistemática impunidad para los crímenes de estado. Esta constatación hace que el tema de la impunidad sea un tema medular en la lucha por el respeto de las mujeres, así como es un tema medular en el camino hacia la paz y la justicia social en Colombia.
La impunidad para militares, paramilitares y latifundistas acrecienta el sistematismo de las violaciones sexuales en Colombia. Los crímenes e impunidad que rodean la violación y asesinato de los niños de Arauca a manos del ejército(1); los escándalos de los ‘clubes de relajación’ en los que los escasísimos militares condenados purgan sus “penas”; el descaro con que los violadores estadounidenses burlan la justicia(2); la cantidad aberrante de niñas campesinas despojadas que viven en esclavitud a la merced de gamonales latifundistas, evidencian la relación macabra entre el aumento dramático de las violaciones sexuales y los privilegios de inmunidad e impunidad aplicados a los criminales. Colombia y México son dos países en los que el feminicidio alcanza cimas del horror: su denominador común, aparte del empobrecimiento que sufren ambos países, es la impunidad para los crímenes de estado y la degradación social que conlleva. En ambos países se desarrolla una intensa actividad represiva y de control social ejercida por el estado contra la población civil, mientras que los grupos de paramilitares y narcotraficantes, funcionales al estado, imponen sus valores. México sufre un incremento de la “asesoría militar estadounidense”, con el incremento de las violaciones de derechos humanos que esta conlleva: como se ha podido palpar en Colombia desde que la asesoría estadounidense entrena a militares en “contrainsurgencia”. La mayor fosa común del continente americano se descubrió en la Macarena, Colombia: 2000 cadáveres de desaparecidos por el ejército fueron hallados detrás del batallón de la Fuerza Omega del Plan Colombia, que recibe estrecha asesoría estadounidense (3).
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