2/08/2014

Chile: Exigencia de la Contraloría podría aumentar embarazos adolescentes



"Esto es un retroceso, me parece lamentable (...) significa que va a haber un alza en abortos clandestinos y lo otro, lo más probable, es que aumenten los embarazos adolescentes en menores de 14 años"

 Tamara Vidaurrázaga Aránguiz


Santiago de Chile, 05 feb. 14. AmecoPress/SEMlac.- La píldora del día después no podrá ser entregada sin que un médico informe posteriormente al padre o la madre de las niñas menores de 14 años, según el dictamen recientemente emitido por la Contraloría General de la República.

Ese dictamen contraviene la norma definida en marzo del 2013 por el Ministerio chileno de Salud, en la que se aprobaba la entrega de la anticoncepción de emergencia a todas las mujeres que lo necesitaran.

El fallo se definió tras un requerimiento de la ONG "Comunidad y Justicia" y del alcalde de la comuna de Puente Alto, Germán Codina, militante derechista; que imputaron la norma, puesto que contravenía el derecho a información de los padres, según indicaron.

El director ejecutivo de la ONG, Tomás Enríquez, indicó que en Chile los menores de 14 años no tienen libertad de autodeterminación sexual, por lo que siempre que un menor de esta edad tenga relaciones sexuales se calificará como delito de violación, por lo cual habrá obligación de informar, inicialmente, al Ministerio Público y a los padres.

"Así como el criterio del médico le deja el espacio abierto para que le informe a otro adulto responsable que no sea el papá o la mamá, también era necesario resguardar el derecho de los papás y mamás para efectos de que puedan tomar conocimiento de una cuestión que involucra e impacta la salud de los niños y su formación personal", señaló Enríquez.

Para la presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román, esta modificación de la Contraloría violaría el derecho a la confidencialidad que tienen todas las personas y sería contraproducente con la regulación de los embarazos adolescentes, ya que si una niña queda embarazada, podría terminar teniendo al bebé o abortando con tal de no enfrentar a los progenitores, tras conocer su estado.

"La realidad nacional es que los niños se inician sin preguntar y la probabilidad de que aumente el embarazo adolescente con este dictamen es altísima", afirmó.

Claudia Dides, investigadora en salud sexual y reproductiva del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Universidad Central, indicó: "Esto es un retroceso, me parece lamentable (...) significa que va a haber un alza en abortos clandestinos y lo otro, lo más probable, es que aumenten los embarazos adolescentes en menores de 14 años".

El presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, Felipe Delpin, señaló que presentará un informe ante la Contraloría dando cuenta de la realidad de los consultorios, con el fin de tener en cuenta el temor que la medida podría generar en las niñas que no quieren que sus padres sean notificados sobre su eventual condición.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, ratificó la entrega de píldoras del día después a menores de 14 años, pese al fallo de Contraloría, ya que -según él- la niña que solicita la píldora podría señalar como adulta responsable "a una hermana mayor de 18 años, si así prefiere. Lo importante es que el dictamen de Contraloría no condiciona de manera alguna la entrega del anticonceptivo de emergencia y no habrá cambios en esta materia".

Más del 15 por ciento del total de embarazos del país corresponden a madres adolescentes, de las cuales un 2,5 por ciento corresponde a niñas que tienen entre los 10 y los 15 años, lo que significó un total de casi 900.000 niñas en 2012.

La encuesta CASEN (Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional) registró en 2009 adolescentes embarazadas y amamantando desde los 13 años de edad, e indica que el embarazo es una causa relevante de la deserción escolar, ya que solo un tercio de las madres adolescentes asisten regularmente al colegio, cifra que aumenta a más del 80 por ciento en aquellas que no tienen hijos ni se encuentran embarazadas.

La anticoncepción de emergencia ha tenido una larga lucha en Chile desde que en 2001 se intentó comercializar por primera vez un medicamento de este tipo, cuando el Instituto de Salud Pública autorizó la fabricación y venta de la píldora.

Inmediatamente, grupos autodenominados "Provida", anti derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, interpusieron un recurso en tribunales alegando el carácter abortivo de la pastilla, recurso que fue aprobado por la Corte de Apelaciones, que prohibió la comercialización del producto, lo que provocó el rechazo público del movimiento de mujeres.

Un subterfugio técnico permitió a las autoridades de salud salir del paso, ya que la prohibición era específica para una marca del medicamento, por lo que el Instituto de Salud Pública autorizó ese mismo año a otro laboratorio para comercializar el mismo componente bajo otra marca.

En 2004 el Ministerio de Salud permitió el acceso a este tipo de anticoncepción en los Protocolos de Atención a Personas Víctimas de Violencia Sexual; sin embargo, la entrega gratuita del medicamento en los servicios públicos a todas las mujeres solo fue una realidad desde 2006, debido a las Normas de Regulación de la Fertilidad promulgadas en el gobierno de Michelle Bachelet.

Ese mismo año, parlamentarios derechistas interpusieron nuevamente un requerimiento de inconstitucionalidad frente al Tribunal Constitucional, que acogió el recurso en abril de 2008, prohibiendo la distribución del medicamento de emergencia en los consultorios públicos, si bien se continuaba permitiendo su venta privada.

Ese año se enfrentaron en el país dos fuerzas opuestas: de un lado, colegios femeninos católicos llevaban a sus alumnas a rezar a la Catedral por las almas de quienes supuestamente morirían debido al medicamento "abortivo"; por otro. el movimiento de mujeres que convocó a numerosas movilizaciones. La más recordada fue la que se realizó en abril, cuando más de 35.000 personas protestaron en varias ciudades de Chile en contra "de la dictadura moral y religiosa" de la Iglesia Católica.

En aquellas movilizaciones participaron, sobre todo, hombres y mujeres jóvenes, quienes denunciaron la intromisión de la Iglesia Católica en asuntos de políticas públicas, realizando una acción colectiva de apostasía, consistente en que más de 500 jóvenes bautizados por la fe católica renunciaron a esta religión de manera formal mediante una carta dirigida a las autoridades eclesiásticas.

En 2010 se autorizó nuevamente la entrega gratuita y universal, pero en la práctica esta se realizaba en las municipalidades de autoridades proclives a la medida, lo que fue denunciado en varias oportunidades por distintas organizaciones no gubernamentales.
Foto: Archivo AmecoPress.

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