Gabriela Rodríguez
El
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal ha logrado que se
garanticen los derechos de las mujeres; hace un par de semanas derivé
el caso de una chica de 13 años que fue violada y embarazada por dos
tíos, y fui testigo de una excelente atención sicológica y legal para
la víctima y para su madre, en el Centro de Atención a la Mujer Tina
Modotti de la delegación Coyoacán.
Pero ocurre lo opuesto en la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal (PGJDF). Indignan las múltiples omisiones, prisa y
deficiencias. Los jueces pretenden condenar por homicidio calificado a
la joven Yakiri Rubí Rubio Aupart, una chica de 20 años que el pasado 9
de diciembre llegó sangrando a la PGJDF para denunciar que acababa de
ser violada. Según relata la agencia de noticias CIMAC (Cimacnoticias,
27/01/2014), Yakiri no acabó de hacer su declaración cuando llegó un
hombre a acusarla de homicidio.
Se trataba del hermano del presunto
violador. Hoy sabemos que los agresores son los hermanos Miguel Ángel y
Luis Omar Ramírez Anaya, quienes ante la negación de Yakiri de subirse
a su motoneta, el primero la amagó con una navaja para obligarla a
trasladarse, dejándola atrapada en medio de los dos. Se la llevaron a
un hotel en la colonia Doctores. A pesar de que ella suplicó que no le
hicieran nada, ambos hermanos la aventaron de espaldas contra la pared
de la habitación y Miguel Ángel abusó de ella. La joven intentó zafarse
y rogó por su vida. Para dominarla, el sujeto la atacó con una navaja,
dejándole graves heridas en el brazo.
En medio de la violencia Luis
Omar salió de la habitación y Yakiri, para evitar que Miguel Angel le
clavara en el pecho la navaja, agarró el filo con sus manos, logrando
doblarla en sentido opuesto hasta conseguir herir a su agresor en el
cuello. Él se agarró la herida, tomó su ropa y huyó. En seguida ella
salió desnuda y pidió auxilio en la recepción del hotel. Pidió que lo
agarraran, que no lo dejaran ir. Gritó que la habían violado e
intentado matar.
Nadie la ayudó, regresó a la habitación, se vistió a
medias y salió en busca de auxilio.
Al ver una motopatrulla sobre la
avenida Niños Héroes solicitó ayuda, contó brevemente lo ocurrido a los
policías y se dirigieron a la agencia 50 de la PGJDF, que está a una
cuadra. Yakiri denunció los hechos ante el Ministerio Público; sin un
abogado ella narraba lo ocurrido cuando de repente entró Luis Omar,
ella lo vio y gritó
Él es el otro con el que estábamos, pero él le espetó:
Maldita, te voy a matar, tú lo mataste. Ese señalamiento bastó para que se olvidaran de la denuncia de violación y atentado contra la joven, y para pasarla a ser victimaria en vez de víctima.
El MP abrió una averiguación previa por homicidio
doloso y no por violación ni por atentado, negó la calidad de víctima
de Yakiri y su derecho al debido proceso. El 17 de diciembre el juzgado
68 penal, a cargo de Santiago Ávila Negrón, consideró que había pruebas
suficientes, le dictó auto de formal prisión por homicidio calificado
(que puede tener pena de 25 a 50 años) y fue recluida en el penal de
Santa Martha Acatitla y después trasladada a Tepepan.
Ese mismo día la
abogada Ana Suárez logró documentar el carácter de víctima de Yakiri,
iniciar la averiguación por violación sexual en la Fiscalía de
Investigación para Delitos Sexuales y retomar el proceso.
Es
muy grave que se requieran los oficios de una abogada externa para
garantizar los derechos de una víctima que se presenta ante la PGJDF.
Ana Katiria Suárez Castro es licenciada en derecho por la Universidad
Iberoamericana, tiene especialidad en derecho penal de la Escuela Libre
de Derecho y maestría en ciencias penales en la Universidad Pompeu
Fabra de Barcelona.
El acceso a una abogada con perspectiva de género,
que tenga la experiencia y el currículum para poder detener la
violación a los derechos que hacen los funcionarios, es un lujo con el
que Yakiri cuenta gracias al interés personal de la maestra Suárez
Castro. Al tomar el caso, esta última exigió a la fiscalía el rescate
de la primera exploración física, en la que consigna 20 lesiones en el
cuerpo de Yakiri, que habían
desaparecidodel expediente, y acreditó que el personal de la PGJDF no aplicó las acciones a las que les obliga la Ley General de Víctimas:
Las víctimas tendrán el derecho a la protección del Estado, incluido el bienestar físico y sicológico y la seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren dentro de un procedimiento penal o de cualquier otra índole.
Se ignoró además la Norma Oficial Mexicana 046 que exige a los peritos
ofrecer a las víctimas de violencia sexual anticoncepción de
emergencia, medicamentos antibióticos de infecciones de transmisión
sexual, antirretrovirales para evitar el VIH, así como contención
sicológica.
Como quedó asentado esta semana en el Congreso Popular y en la
demanda a Peña Nieto por traición a la patria, hay dirigencia política
que ha perdido la ética, vive ajena a la ciudadanía, está encerrada en
una lógica que se sustenta en la corrupción y la impunidad, envenena a
quien la toca y nos amenaza como si fuera un escorpión.
Hoy como entonces la batalla eterna, el crimen infinito e interminable. En su trono de ámbar que es también cárcel el escorpión se vuelve el gran dios sombrío, la miserable deidad del planeta de la matanza(José Emilio Pacheco, Escorpión. In memoriam).
Twitter @Gabrielarodr108
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