2/08/2014

Escorpión




Gabriela Rodríguez

El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal ha logrado que se garanticen los derechos de las mujeres; hace un par de semanas derivé el caso de una chica de 13 años que fue violada y embarazada por dos tíos, y fui testigo de una excelente atención sicológica y legal para la víctima y para su madre, en el Centro de Atención a la Mujer Tina Modotti de la delegación Coyoacán.

Pero ocurre lo opuesto en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Indignan las múltiples omisiones, prisa y deficiencias. Los jueces pretenden condenar por homicidio calificado a la joven Yakiri Rubí Rubio Aupart, una chica de 20 años que el pasado 9 de diciembre llegó sangrando a la PGJDF para denunciar que acababa de ser violada. Según relata la agencia de noticias CIMAC (Cimacnoticias, 
27/01/2014), Yakiri no acabó de hacer su declaración cuando llegó un hombre a acusarla de homicidio. 

Se trataba del hermano del presunto violador. Hoy sabemos que los agresores son los hermanos Miguel Ángel y Luis Omar Ramírez Anaya, quienes ante la negación de Yakiri de subirse a su motoneta, el primero la amagó con una navaja para obligarla a trasladarse, dejándola atrapada en medio de los dos. Se la llevaron a un hotel en la colonia Doctores. A pesar de que ella suplicó que no le hicieran nada, ambos hermanos la aventaron de espaldas contra la pared de la habitación y Miguel Ángel abusó de ella. La joven intentó zafarse y rogó por su vida. Para dominarla, el sujeto la atacó con una navaja, dejándole graves heridas en el brazo. 

En medio de la violencia Luis Omar salió de la habitación y Yakiri, para evitar que Miguel Angel le clavara en el pecho la navaja, agarró el filo con sus manos, logrando doblarla en sentido opuesto hasta conseguir herir a su agresor en el cuello. Él se agarró la herida, tomó su ropa y huyó. En seguida ella salió desnuda y pidió auxilio en la recepción del hotel. Pidió que lo agarraran, que no lo dejaran ir. Gritó que la habían violado e intentado matar.
 Nadie la ayudó, regresó a la habitación, se vistió a medias y salió en busca de auxilio. 

Al ver una motopatrulla sobre la avenida Niños Héroes solicitó ayuda, contó brevemente lo ocurrido a los policías y se dirigieron a la agencia 50 de la PGJDF, que está a una cuadra. Yakiri denunció los hechos ante el Ministerio Público; sin un abogado ella narraba lo ocurrido cuando de repente entró Luis Omar, ella lo vio y gritó Él es el otro con el que estábamos, pero él le espetó: Maldita, te voy a matar, tú lo mataste. Ese señalamiento bastó para que se olvidaran de la denuncia de violación y atentado contra la joven, y para pasarla a ser victimaria en vez de víctima. 

El MP abrió una averiguación previa por homicidio doloso y no por violación ni por atentado, negó la calidad de víctima de Yakiri y su derecho al debido proceso. El 17 de diciembre el juzgado 68 penal, a cargo de Santiago Ávila Negrón, consideró que había pruebas suficientes, le dictó auto de formal prisión por homicidio calificado (que puede tener pena de 25 a 50 años) y fue recluida en el penal de Santa Martha Acatitla y después trasladada a Tepepan.
Ese mismo día la abogada Ana Suárez logró documentar el carácter de víctima de Yakiri, iniciar la averiguación por violación sexual en la Fiscalía de Investigación para Delitos Sexuales y retomar el proceso.

Es muy grave que se requieran los oficios de una abogada externa para garantizar los derechos de una víctima que se presenta ante la PGJDF. Ana Katiria Suárez Castro es licenciada en derecho por la Universidad Iberoamericana, tiene especialidad en derecho penal de la Escuela Libre de Derecho y maestría en ciencias penales en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. 

El acceso a una abogada con perspectiva de género, que tenga la experiencia y el currículum para poder detener la violación a los derechos que hacen los funcionarios, es un lujo con el que Yakiri cuenta gracias al interés personal de la maestra Suárez Castro. Al tomar el caso, esta última exigió a la fiscalía el rescate de la primera exploración física, en la que consigna 20 lesiones en el cuerpo de Yakiri, que habían desaparecido del expediente, y acreditó que el personal de la PGJDF no aplicó las acciones a las que les obliga la Ley General de Víctimas: Las víctimas tendrán el derecho a la protección del Estado, incluido el bienestar físico y sicológico y la seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren dentro de un procedimiento penal o de cualquier otra índole.

 Se ignoró además la Norma Oficial Mexicana 046 que exige a los peritos ofrecer a las víctimas de violencia sexual anticoncepción de emergencia, medicamentos antibióticos de infecciones de transmisión sexual, antirretrovirales para evitar el VIH, así como contención sicológica.

Como quedó asentado esta semana en el Congreso Popular y en la demanda a Peña Nieto por traición a la patria, hay dirigencia política que ha perdido la ética, vive ajena a la ciudadanía, está encerrada en una lógica que se sustenta en la corrupción y la impunidad, envenena a quien la toca y nos amenaza como si fuera un escorpión. Hoy como entonces la batalla eterna, el crimen infinito e interminable. En su trono de ámbar que es también cárcel el escorpión se vuelve el gran dios sombrío, la miserable deidad del planeta de la matanza (José Emilio Pacheco, Escorpión. In memoriam).

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