Miguel Concha
La defensa de los bienes
comunes se desdobla ahora en varios campos de lucha: social, político,
jurídico, económico y cultural; los que están entretejidos en
estrategias para enfrentar el despojo y la violencia estructural, y para
crear e impulsar al mismo tiempo alternativas frente a una crisis
multidimensional a escala planetaria. Esta defensa se ha dado local y
globalmente desde diversos y amplios colectivos sociales del campo y la
ciudad.
Sin temor a equivocarnos, hoy estas luchas por los bienes comunes son
por la defensa integral de toda forma de vida en nuestro planeta. Ésta y
otras reflexiones las dimos hace siete años un grupo de organizaciones
sociales y personas, quienes nos integramos para presentar una demanda
colectiva contra la siembra de maíces transgénicos en territorio
mexicano. El pensar en colectivo y llevar a cabo esta acción nos motivó a
reunirnos y, así, usar creativa y críticamente una figura jurídica
novedosa en el derecho mexicano, como son las acciones colectivas,
surgidas en junio de 2011, casi a la par que la reforma constitucional
en materia de derechos humanos.
Nos propusimos usarlas para hacer exigibles nuestros derechos y los
de las generaciones presentes y futuras a la diversidad biológica de los
maíces nativos, así como los derechos a la alimentación, la salud y el
respeto irrestricto a los pueblos originarios y comunidades campesinas.
En ese entonces nos convocó sobre todo, y nos sigue sosteniendo en esta
lucha, el compromiso compartido de todas las personas con el cuidado de
la vida, el respeto de los derechos humanos, y una sólida identificación
con el maíz y sus aspectos identitarios en nuestra región. No olvidamos
que México es centro de origen y diversidad de este grano, así como
proceso histórico que, al paso de los siglos, nos dio un ecosistema que
llamamos milpa, igualmente diverso, fuerte y capaz de alimentarnos a
quienes habitamos o transitamos por estas tierras.
Además, esta diversidad, reflejada en los maíces nativos, ha dado
también paso, como se ha dicho muchas veces, a contar con una cocina
mexicana invaluable, a causa de la multiplicidad de sabores e
ingredientes que deleitan nuestros paladares y nos proporcionan los
nutrientes necesarios para una buena vida y salud.
Y así, con la firme esperanza de lograr como personas y comunidades
la protección de nuestra alimentación, sana y de calidad, hace siete
años acudimos a la justicia mexicana. Desde su presentación, el 5 de
julio de 2013, esta demanda colectiva ha enfrentado adversarios al por
mayor: se ha litigado en 19 tribunales federales, en los que se han
realizado más de 150 impugnaciones por parte de empresas trasnacionales e
instancias federales de gobierno, como Monsanto (Bayer), Syngenta, Dow
Agrosciences y PHI México (DuPont-Corteva); así como Semarnat y Sader,
antes Sagarpa.
En septiembre de 2013 se nos otorgó una medida cautelar que detuvo
todos los permisos de siembra de maíz genéticamente modificado; es
decir, en cerca de 3 millones de hectáreas, y ha vencido 11 de los 15
juicios de amparo presentados por empresas e instituciones de gobierno.
Actualmente cuatro amparos se encuentran bajo estudio de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. Esta lucha ha valido mucho la pena. En
la actualidad es referente global, pues por primera vez ha logrado a
escala mundial detener la siembra masiva de maíz transgénico.
Asimismo, ha retado al sistema jurídico mexicano a innovar en sus
formas de administración e impartición de justicia, cuando están de por
medio derechos colectivos y la protección de bienes comunes naturales.
Y, sin duda, nos ha dado también pistas para las modificaciones en la
normatividad vigente del país, pues existen leyes que no corresponden a
la imperiosa y urgente necesidad del cuidado de la naturaleza. En este
proceso hemos ganado mucho, y debemos celebrarlo. Dado que las amenazas
no cesan, desde la demanda colectiva las acciones y las estrategias de
las organizaciones y movimientos sociales han sido integrales y amplias,
usando el derecho de manera alternativa y crítica, siempre
fortaleciendo el trabajo colectivo desde abajo.
No vendría nada mal que la actual administración federal asumiera un
papel más proactivo para concretar acciones contundentes que muestren su
efectivo compromi-so con un proyecto político que respete los derechos
humanos y se comprometa en el cuidado de los bienes comunes naturales.
Ayudará desde luego que el Presidente emita cuanto antes un decreto
contra los transgénicos, como se lo acaban de volver a pedir 185
personalidades y 80 organizaciones y movimientos sociales, y que las
instancias de gobierno implicadas en este juicio de demanda colectiva
corrijan el camino, litigando y trabajando por nuestra soberanía
alimentaria y por los derechos de quienes habitamos este país, sumándose
ampliamente a los esfuerzos encaminados al cuidado de la naturaleza.
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