7/13/2020

SHCP decidió recortes presupuestales para AVG


Ciudad de México. Sin tomar en cuenta a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) –encargada de evaluar el funcionamiento de las Alertas de Violencia de Género– y sin especificar criterios, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fue la responsable de quitar los recursos para las Alertas en 7 entidades.
Pese a que el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Jalisco y Puebla, 5 de los 7 estados con recortes para su AVG están entre las 10 entidades con más presuntos delitos de feminicidio reportado a mayor de 2020 por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se quedarán sin recurso para llevar a cabo los proyectos que ya habían sido aprobados en marzo pasado para atender sus respectivas AVG. 
Dado el nivel y variedad de tipos de violencia contra las mujeres que caracterizan su territorio, el Estado de México y Veracruz tienen dos Alertas, mientras que el resto de las entidades destacan por altos índices de de muertes violentas de mujeres.
La elección de estas siete entidades la tomó la SHCP sin tomar en cuenta la opinión o valoración de la Conavim, que decidió dejar de dictaminar los proyectos ante el aviso de que no habría más recursos para estas entidades, de acuerdo con lo que explicó por escrito a Cimacnoticias, Teresa Medina, de la Dirección General Adjunta de Vinculación Interinstitucional y Territorial, y Javier Contreras Arreaga, adscrito a la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos, Promoción de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, ambos de la Conavim.

De acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es responsabilidad de la Federación, como parte de las acciones para prevenir la violencia, asignar presupuestos públicos con Perspectiva de Género. La Conavim debe prestar el apoyo técnico para ésta y otras responsabilidades de la Administración Pública Federal; asimismo, toca a esta dependencia, coordinar y dar seguimiento a los trabajos de
promoción y defensa de los Derechos Humanos de las mujeres, que lleven a cabo las dependencias y entidades.

Sin embargo, la Conavim sólo fue avisada, sin tomar en cuenta su opinión técnica, para este recorte. Esta dependencia detalló en su respuesta que el 4 de junio de 2020, la Dirección Administrativa de esta dependencia recibió una nota informativa bajo el asunto: informe de reducción de partidas en los capítulos 2000, 3000 y 4000.
En esa nota, se les informaba que “se revisó el Sistema de Administración Presupuestaria, observando reducción en la partida 43801 “Subsidios a entidades federativas y municipios”, por un monto total de $37 millones 583 mil 192 pesos. La reducción para los proyectos AVGM asciende a $35, 573,093.00 (treinta y cinco millones quinientos setenta y tres mil noventa y tres pesos 00/100), y las entidades federativas que se vieron afectadas para las AVGM son: Jalisco, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Veracruz, Zacatecas y Puebla”.
De acuerdo con lo que dijo la Conavim, “los criterios utilizados por tales autoridades no nos fueron explicados en las comunicaciones remitidas”.  No obstante, señaló, los lineamientos de este subsidio destacan que “La transferencia del Subsidio que el Comité asigne a las entidades federativas está sujeta a la disponibilidad de recursos en términos de lo dispuesto por el Presupuesto de Egresos de la Federación en el Ejercicio Fiscal 2020, por lo que la CONAVIM no será responsable por el retraso en la transferencia o la cancelación del monto aprobado, derivado de disposiciones administrativas presupuestarias ajenas a Gobernación”.
Cimacnoticias buscó desde el pasado 4 de julio a la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda para que expliquen estos criterios, pero hasta el cierre de esta edición no han dado ninguna respuesta. 
Este recorte en los recursos federales para las AVG, contrasta con lo que dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el pasado 26 de julio, cuando aseguró que está garantizada la suficiencia presupuestaria para los programas diseñados para combatir la violencia contra las mujeres.

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