Ciudad de México. Senadoras y diputadas federales se
manifestaron en contra de la campaña de “linchamiento” contra la
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien es atacada por
grupos conservadores que promueven las propuestas legislativas para
restringir el acceso a educación en sexualidad en las leyes de educación
de los estados.
A partir de mayo, cuando se discutió y rechazó la reforma conocida
como Pin Parental en el Congreso de Nuevo León, la ministra en retiro
envío una comunicación a la Legislatura local para exponer argumentos
jurídicos que muestran que la reforma es una violación a los Derechos
Humanos de niñas, niños y adolescentes.
Desde entonces, la secretaria de Estado ha sido descalificada por
diputados locales, en su mayoría militantes del Partido Encuentro Social
(PES), que en el proceso electoral de 2018 se alió con Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) y principal promotor de la reforma que
busca que padres y madres de familia eviten que sus descendientes
accedan a contenidos sobre salud sexual y reproductiva.
Los diputados del PES y autodenominados defensores de “la vida y la
familia”, Carlos Leal Segovia, coordinador parlamentario del PES en el
Congreso de Nuevo León y Elsa Méndez, presidenta de la Comisión de la
Familia en el Congreso de Querétaro, han calificado públicamente y en
redes sociales de “intromisión” el llamado de la Segob.
Hasta ahora, las iniciativas presentadas en Nuevo León, Ciudad de
México, Querétaro Aguascalientes (única entidad donde se ha aprobado) y
recientemente en Veracruz, han sido promovidas por diputados del PES. En
el caso de Chihuahua, la propuesta salió de la diputada Marisela Sáenz,
del Partido Revolucionario Institucional (PRI); aunque también han
recibido apoyo de los panistas.
Ante el riesgo de que más estados aprueben reformas similares a la de
Aguascalientes y vulneren el derecho a la educación, el pasado 5 de
julio, la Segob reiteró sus argumentos y junto con las secretarías de
Salud (Ss) y Educación (SEP) envió a los 32 Congresos locales un
análisis de los criterios jurídicos sobre educación laica y el interés
superior de niñas, niños y adolescentes.
A esta comunicación se sumaron la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
(Sipinna), el Consejo Nacional de Población (Conapo), el Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto
Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Además, organizaciones defensoras
de los derechos de la niñez también han alertado sobre los retrocesos de
estas iniciativas.
De acuerdo con las diputadas federales y senadoras, en su mayoría de
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Movimiento Ciudadano (MC),
como Martha Lucía Micher Camarena, Patricia Mercado Castro, Jesusa
Rodríguez Ramírez y Martí Batres Guadarrama, el exhorto de la Segob no
puede ser calificado como intromisión o invasión de competencias.
En el comunicado, difundido este martes, las legisladoras señalaron
que el análisis realizado por las secretarías de Estado es una alerta
legal pertinente para evitar que se consumen actos legislativos que
redunden en violaciones flagrantes a los Derechos Humanos.
Explicaron que algunas asociaciones civiles, vinculadas con
posiciones ultra conservadoras, han lanzado una campaña de linchamiento
mediático y en redes sociales contra la secretaria Olga Sánchez Cordero,
en la cual utilizan mentiras y descalificaciones que solo evidencian un
profundo desprecio por los Derechos Humanos.
Aunque no mencionaron a qué organizaciones se referían, el Frente
Nacional por la Familia y la Unión Nacional de Padres de Familia,
opositores a temas de igualdad de género y a la interrupción legal del
embarazo, se han pronunciado a favor del Pin Parental.
Las legisladoras señalaron que en el discurso de las organizaciones
conservadoras se han utilizado expresiones falsas como “el Estado nos
quiere quitar la educación de nuestros hijos”, “las políticas educativas
actuales han aumentado la homofobia y discriminación” y “el Estado
quiere que le cedamos la patria potestad de los hijos”.
Además, expusieron que con estas afirmaciones, quienes están a favor
del Pin Parental pretenden disfrazar una reforma que es violatoria de la
Constitución y de los tratados internacionales en materia de Derechos
Humanos y exponerla como una acción ligada a la formación cultura, de
cada familia.
Es por eso que las diputadas y senadoras reiteraron que es falso que
el Estado pretenda quedarse con la facultad exclusiva de la educación de
niñas, niños y adolescentes, que es falso que se pretenda negar el
derecho a las familias de educar a sus descendientes conforme a sus
principios y valores y que tampoco es verdad que las políticas
educativas actuales aumenten la homofobia y la violencia ligada a la
discriminación.
Para las legisladoras, la Segob ha actuado correctamente al alertar a
los Congresos estatales sobre las posibles violaciones a los Derechos
Humanos de niñas, niños y adolescentes en caso de aprobar el Pin
Parental. De ninguna forma, expusieron, los argumentos de esta
dependencia son una “amenaza” a las y los legisladores estatales, como
lo dijo este lunes la senadora Lilly Téllez.
Este lunes 13 de julio representantes del Frente Nacional por la
Familia, junto con los senadores del Partido Acción Nacional (PAN):
Lilly Téllez, quien renunció a Morena para unirse al blanquiazul y
Victor Fuentes Solís; así como el priista Manuel Añorve Baños
organizaron una conferencia de prensa para expresar su posición a favor
del Pin Parental.
En su exposición, que se realizó de forma virtual, la senadora y los
senadores descalificaron a Sánchez Cordero, acusándola de estar en un
“activismo ideológico, en contra de la vida, la familia y las
libertades”.
En medio del debate entre legisladores que dicen defender a la
familia y las instituciones que buscan garantizar el interés superior de
la infancia a una educación laica y científica, este miércoles las
presidentas de las comisiones de Igualdad de Género; de Educación; y de
Derechos de la Niñez y Adolescencia, de la Cámara de Diputados, también
expusieron, en conferencia de prensa virtual, sus argumentos en contra
del Pin Parental.
La diputada por Morena, Wendy Briseño Zuloaga, expuso que estas
reformas son inconstitucionales y una copia de las corrientes
retrogradas y anti-derechos de otros países. También dijo que en México
no se puede hablar de un solo tipo de familia y por esa razón, aseguró,
en México no pueden pasar estos cambios normativos.
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