7/13/2020

Pendiente, discusión de dos iniciativas para normar violencia política en Puebla



Puebla, Pue. Desde septiembre de 2018, la presente legislatura del Congreso de Puebla tiene pendiente la discusión y posterior aprobación de iniciativas para normar la violencia política de género. En junio de este 2020, incluso, se presentaron otras dos iniciativas para armonizar la normativa local con el decreto en la materia publicado en el Diario Oficial de la Federación en abril pasado.

Actualmente Puebla es una de las dos entidades federativas sin ninguna normativa que sancione la violencia política de género, de acuerdo con un estudio “La participación política equilibrada entre mujeres y hombres en México, 2019: Los desafíos de la reforma constitucional en materia de paridad”, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La diputada priista Rocío García Olmedo comentó durante una entrevista que la última iniciativa que presentó en junio, incluye una reforma a la Constitución poblana, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la Ley Electoral y a dos leyes orgánicas, del Poder Judicial y la Fiscalía, para armonizar con las reformas federales de abril de 2020.

Sin embargo, no han convocado a sesión en la Comisión de Gobernación y Procuración de Justicia, que es donde las turnaron para su dictaminación, para pasarlas al pleno, lo cual tiene que ocurrir antes de que termine julio, cuando finaliza el segundo periodo de sesiones.

“Estas iniciativas tienen que ir de la mano de una que ya está presentada, también por mí, que es a la Constitución y tampoco en Puebla se ha dictaminado, que es la de paridad en todo. Si es que queremos que realmente sirva para lo que queremos, que es garantizar y proteger a las mujeres en el próximo proceso electoral”, explicó la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.

Presentan iniciativa e incluyen a medios


A su vez las diputadas Liliana Luna Aguirre y Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri, así como los diputados José Armando García Avendaño, Carlos Alberto Morales Álvarez y Uruviel González Vieyra, presentaron otra iniciativa también para armonizar la normativa estatal con la publicada el 13 de abril de 2020 en el Diario Oficial.

La propuesta plantea únicamente reformas y adiciones a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Puebla y al Código de Instituciones y Procesos Electorales estatal, aunque a los medios de comunicación también los contempla como posibles violentadores de las candidatas o políticas.

Al respecto, la diputada Guadalupe Esquitín, de Movimiento Ciudadano, expuso que con su propuesta busca definir en la Ley de Acceso qué es la violencia política de género y se adicionan las diferentes conductas a través de las cuales se expresa este tipo de violencia.

“En la ley vigente, como está actualmente como está la ley estatal (de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia) se consideran ocho conductas, y en la propuesta son 22 (…) se agregan 14, para quedar como aparece en la Ley General”, comentó la diputada.

En cuanto al Código de Instituciones y Procesos Electorales se buscó un lenguaje incluyente, la paridad en candidaturas a cargos de elección popular y la opción de anular una elección si la persona ganadora incurrió en violencia política de género.

Ante violencia, urgen las reformas


De acuerdo con el estudio de la CNDH sobre participación política equilibrada, el estado de Puebla fue el que registró más casos de violencia política de género durante el proceso electoral 2017-2018, con 15. La situación más grave se trató del feminicidio de Juana Iraís Maldonado Infante, candidata a una diputación local por el distrito IX por el Partido Verde Ecologista.

Ante esta situación, García Olmedo manifestó la urgencia de que se discutan y dictaminen ambas iniciativas, bajo el principio de concentración.

Sin embargo, advirtió que se deberá analizar con cuidado si incluir o no a los medios como responsables de violencia política, para cuidar que no se violenten los Derechos Humanos de periodistas y se incurra en otra clase de prácticas. Otra cuestión que deberá revisarse con lupa, es la censura de candidaturas a personas deudoras alimentarias.

20/SPG/LGL

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