A
100 años de que se promulgara la primera Ley Agraria en México, las
mujeres campesinas del país siguen padeciendo despojos de sus tierras,
discriminación y pobreza.
Este 2015 el Estado mexicano conmemora el centenario de la Ley Agraria, promulgada por Venustiano Carranza el 6 de enero de 1915 (uno de los primeros logros de la Revolución Mexicana iniciada cinco años antes), para garantizar que la gente del campo tuviera derechos sobre la tierra que trabajaba y evitar que la posesión de la riqueza rural se concentrara en unas cuantas manos.
Cien años después, activistas por los derechos femeninos coinciden en que esa norma no está garantizando a las mujeres rurales garantías sobre la tenencia, uso y usufructo de la tierra, Derechos Humanos (DH) reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Alma Padilla García, integrante del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas –organización civil que el pasado 8 de marzo encabezó en el estado un movimiento de más de 300 mujeres en defensa de la tierra–, dijo a Cimacnoticias que urgen acciones jurídicas para eliminar las múltiples violaciones a DH que enfrentan las mujeres campesinas.
Explicó que tan sólo de 2012 a 2013 la organización en la que participa recibió 100 quejas de mujeres que fueron despojadas de sus tierras, las cuales adquirieron por herencia (es decir que sus padres aceptaron transferírselas porque las trabajaron toda su infancia), o porque las compraron.
Padilla García agregó que la mayoría de los despojos agrarios con cometidos por sus parejas y las autoridades campesinas, quienes creen que las mujeres no tienen conocimientos sobre el campo o que son incapaces de hacerlo productivo.
Además, advirtió la activista, la ola de megaproyectos ecoturísticos que amenazan los territorios naturales de todas las regiones de México y la reforma energética constituyen una forma de “despojo legalizado” que transgrede la vida de las mujeres.
“Se les corre de las comunidades, se les cambia de sus solares o de sus pequeños espacios donde ellas sembraban y cultivaban con sus familias, y al no tener la tenencia de la tierra las mujeres no pueden defenderse de la compra masiva e invasión por parte de las empresas”, detalló.
PROPUESTAS
A nivel histórico las mujeres han sido excluidas de la tierra, ya que se acostumbra heredar la tierra a los varones y se ha negado, generación tras generación, el derecho de las mujeres al uso y usufructo de la tierra.
En 2014 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó que 21 por ciento de los más de 14 millones de mujeres rurales en México carecen de condiciones laborales adecuadas, y tres millones viven en pobreza, cifras que duplican la condición en la que viven las mujeres de las ciudades.
Ante ello, las más de 300 mujeres campesinas e indígenas de la zona norte, centro, costa y sur del país que conforman el movimiento en defensa de la tierra alistan una estrategia jurídica con miras a una reforma al artículo 27 constitucional, referente a la propiedad de la tierra y las aguas del territorio nacional.
Según la propuesta, la Carta Magna deberá establecer por escrito el concepto de “cotitularidad” de la tierra entre mujeres y hombres; es decir, que las parcelas y territorios rurales sean considerados propiedad familiar y colectiva, y no propiedad privada, en aras de que las campesinas también puedan participar en cualquier decisión que afecte sus bienes.
Esta modificación constitucional –agregó la activista– debería derivar en una serie de reformas a los seis capítulos de la Ley Agraria en materia de ejidos y comunidades, órganos del ejido, expropiación de bienes ejidales, y otros temas de propiedad y participación.
A decir de Padilla García, la promulgación de la nueva Ley Agraria en 1992 trajo más desventajas que beneficios para la población campesina, ya que impulsó “programas federales de despojo y privatización” (como el Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regular), y eliminó el concepto de la propiedad social.
En 1998, el entonces presidente Ernesto Zedillo publicó el Reglamento de la Ley Agraria para Fomentar la Organización y Desarrollo de la Mujer Campesina, que fue anunciado como un esfuerzo para reducir la brecha de género en el campo.
Ese instrumento legislativo reconoce el derecho de las mujeres “del núcleo de población ejidal o comunal” para asociarse a través de cualquier forma que prevea la ley.
Establece en su artículo cuarto la responsabilidad del Ejecutivo federal de promover y coordinar acciones con los gobiernos municipales y estatales, para fomentar las actividades productivas de las mujeres organizadas mediante la canalización de recursos, capacitación y asesoramiento en los procesos de producción.
No obstante, a decir de la activista chiapaneca, estas medidas derivaron en programas “asistencialistas” que lejos de contribuir al desarrollo de las mujeres en el campo, las somete a más actividades y promueve el consumo de productos dañinos para la tierra.
Así, demandó Alma Padilla, los nuevos instrumentos jurídicos deben establecer la participación activa de las campesinas para proponer y opinar sobre políticas públicas referentes al campo.
Asimismo deberán dictar el reconocimiento de las mujeres como ejidatarias, la obligación de las instituciones para fomentar la organización productiva de las mujeres, y la obligación para que las ejidatarias puedan acceder a cargos del comisariado ejidal.
También debe quedar escrito que en las listas de sucesión de las tierra se incluya preferentemente a la pareja femenina y a las hijas e hijos por igual; también se debe establecer un tiempo mínimo para que en los casos en los que las parejas hayan emigrado, los derechos agrarios pasen legalmente a las mujeres, y así puedan participar en las asambleas ejidales, concluyó la activista.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-
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