En la cámara, tres iniciativas contra violencia institucional
Por Lourdes Godínez Leal
México, 16 dic 08 (CIMAC).- En el último trimestre de este año se presentaron tres iniciativas en la Cámara de diputados para modificar y adicionar algunos artículos de la norma, así como el Artículo 266 bis del Código Penal Federal, que proponen incrementar la pena a los militares y exmilitares que cometen delitos de violación y acoso sexual.
Lo anterior aún y cuando la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General) no opera todavía en su totalidad en nuestro país, debido a la falta del Sistema Nacional que será el que rija las acciones para operarla a nivel federal.
La primera iniciativa presentada por la diputada Guillermina López Balbuena, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ante el pleno de la Cámara el pasado 18 de noviembre y que contempla la reforma de la fracción tercera del Artículo 266 bis del Código Penal Federal, fue turnada a Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Justicia para su dictaminación, y propone quedar de la siguiente manera:
Artículo 266 Bis. Las penas previstas para el abuso sexual y la violación se aumentarán hasta en una mitad en su mínimo y máximo cuando:
I y II… III. El delito fuere cometido por quien desempeñe un cargo o empleo público o ejerza su profesión, así como cuando sea cometido por un miembro o ex miembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas utilizando los medios o circunstancia que les proporcionen el cargo que desempeñan.
Además de la pena de prisión, el condenado será destituido del cargo o empleo o suspendido por el término de cinco años en el ejercicio de dicha profesión.
En su exposición de motivos, López Balbuena enfatiza que a la violencia de género cotidiana que afecta a más de la mitad de las mujeres mexicanas, se han sumado las crecientes violaciones sexuales y casos de acoso y hostigamiento sexual cometidos por militares, por lo que propone dicha reforma.
En el marco de la Ley General, la legisladora priísta enfatizó la integración e inclusión de las mujeres indígenas a los programas sociales emanados de esta legislación ley en los ámbitos de salud, educación, cultura y empleo que les permitan elaborar planes de vida.
Para ello propuso la reforma y adición de algunas fracciones de los artículos 38, 41, 43, 44, 46, 48, 60, 61 y 62 de la Ley General para el Acceso de Mujeres a una Vida libre de Violencia.
CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL
Las otras dos iniciativas presentadas por los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza, buscan hacer explícita la obligación de los tres órdenes de gobierno para erradicar de sus prácticas y del ejercicio de sus funciones la violencia institucional; garantizar la vinculación inmediata de las mujeres a los programas sociales formulados por las Secretarías de Desarrollo Social y de Economía, y asegurar el derecho a la educación de las y los hijos que viven en refugios para mujeres víctimas de violencia.
La propuesta perredista, que insiste en la erradicación de la violencia institucional en los tres órdenes de gobierno, se presentó ante el pleno el 18 de noviembre y se turnó a la Comisión de Equidad y Género.
En ella, la diputada Irene Aragón Castillo, señala que si bien la Ley General señala en todos los títulos y capítulos el establecimiento de mecanismos, procedimientos y acciones tendientes hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres, en el Capítulo IV, que hace referencia a la violencia institucional, no es tan contundente.
Consideró que dado que la violencia institucional se refiere a la transgresión de los derechos humanos de las mujeres, es que se propone la adición de los artículos 21 y 22 (recorriendo la numeración en su orden correspondiente) para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las estatales, de acuerdo a sus atribuciones y procedimientos, estén facultados para recibir quejas, formular recomendaciones y presentar informes especiales cuando se detecte el ejercicio de la violencia institucional.
Asimismo, esta adición contempla también que la CNDH forme parte del Sistema Nacional para Atender, Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, del cual la Secretaría de Gobernación es la titular.
CLASES EN REFUGIOS
La diputada del partido Nueva Alianza, Mónica Arriola, presentó asimismo una iniciativa de reforma a los artículos 45 y 56 de la Ley General para asegurar el derecho a la educación de las y los hijos que viven con sus madres en los refugios que atienden la violencia contra las mujeres.
La iniciativa propone que los hijos e hijas de las mujeres que se encuentren en los refugios para atender la violencia, reciban clases “extramuros” para no perder el ciclo escolar en los niveles preescolar, primaria y secundaria.
En su exposición de motivos, la legisladora observó que cuando las mujeres que son madres y son víctimas de violencia acuden a los refugios, muchas veces tienen que trasladarse largas distancias, por lo que las y los hijos que van con ellas, se ausentan de sus escuelas por periodos de hasta tres meses, que es lo que dura la estancia en el refugio.
Por ello, propuso la validación por parte de la Secretaría de Educación Pública que forma parte del Sistema Nacional que mandata la ley, de las clases extramuros para los hijos de las mujeres víctimas de violencia, con la finalidad de que éstos no pierdan el ciclo escolar. Estas clases serían impartidas por la plantilla docente autorizada en los refugios.
La iniciativa se encuentra en las comisiones Unidas de Equidad y Género y de Educación Pública y Servicios Educativos.
08/LGL/CV
Por Lourdes Godínez Leal
México, 16 dic 08 (CIMAC).- En el último trimestre de este año se presentaron tres iniciativas en la Cámara de diputados para modificar y adicionar algunos artículos de la norma, así como el Artículo 266 bis del Código Penal Federal, que proponen incrementar la pena a los militares y exmilitares que cometen delitos de violación y acoso sexual.
Lo anterior aún y cuando la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General) no opera todavía en su totalidad en nuestro país, debido a la falta del Sistema Nacional que será el que rija las acciones para operarla a nivel federal.
La primera iniciativa presentada por la diputada Guillermina López Balbuena, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ante el pleno de la Cámara el pasado 18 de noviembre y que contempla la reforma de la fracción tercera del Artículo 266 bis del Código Penal Federal, fue turnada a Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Justicia para su dictaminación, y propone quedar de la siguiente manera:
Artículo 266 Bis. Las penas previstas para el abuso sexual y la violación se aumentarán hasta en una mitad en su mínimo y máximo cuando:
I y II… III. El delito fuere cometido por quien desempeñe un cargo o empleo público o ejerza su profesión, así como cuando sea cometido por un miembro o ex miembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas utilizando los medios o circunstancia que les proporcionen el cargo que desempeñan.
Además de la pena de prisión, el condenado será destituido del cargo o empleo o suspendido por el término de cinco años en el ejercicio de dicha profesión.
En su exposición de motivos, López Balbuena enfatiza que a la violencia de género cotidiana que afecta a más de la mitad de las mujeres mexicanas, se han sumado las crecientes violaciones sexuales y casos de acoso y hostigamiento sexual cometidos por militares, por lo que propone dicha reforma.
En el marco de la Ley General, la legisladora priísta enfatizó la integración e inclusión de las mujeres indígenas a los programas sociales emanados de esta legislación ley en los ámbitos de salud, educación, cultura y empleo que les permitan elaborar planes de vida.
Para ello propuso la reforma y adición de algunas fracciones de los artículos 38, 41, 43, 44, 46, 48, 60, 61 y 62 de la Ley General para el Acceso de Mujeres a una Vida libre de Violencia.
CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL
Las otras dos iniciativas presentadas por los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza, buscan hacer explícita la obligación de los tres órdenes de gobierno para erradicar de sus prácticas y del ejercicio de sus funciones la violencia institucional; garantizar la vinculación inmediata de las mujeres a los programas sociales formulados por las Secretarías de Desarrollo Social y de Economía, y asegurar el derecho a la educación de las y los hijos que viven en refugios para mujeres víctimas de violencia.
La propuesta perredista, que insiste en la erradicación de la violencia institucional en los tres órdenes de gobierno, se presentó ante el pleno el 18 de noviembre y se turnó a la Comisión de Equidad y Género.
En ella, la diputada Irene Aragón Castillo, señala que si bien la Ley General señala en todos los títulos y capítulos el establecimiento de mecanismos, procedimientos y acciones tendientes hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres, en el Capítulo IV, que hace referencia a la violencia institucional, no es tan contundente.
Consideró que dado que la violencia institucional se refiere a la transgresión de los derechos humanos de las mujeres, es que se propone la adición de los artículos 21 y 22 (recorriendo la numeración en su orden correspondiente) para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las estatales, de acuerdo a sus atribuciones y procedimientos, estén facultados para recibir quejas, formular recomendaciones y presentar informes especiales cuando se detecte el ejercicio de la violencia institucional.
Asimismo, esta adición contempla también que la CNDH forme parte del Sistema Nacional para Atender, Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, del cual la Secretaría de Gobernación es la titular.
CLASES EN REFUGIOS
La diputada del partido Nueva Alianza, Mónica Arriola, presentó asimismo una iniciativa de reforma a los artículos 45 y 56 de la Ley General para asegurar el derecho a la educación de las y los hijos que viven con sus madres en los refugios que atienden la violencia contra las mujeres.
La iniciativa propone que los hijos e hijas de las mujeres que se encuentren en los refugios para atender la violencia, reciban clases “extramuros” para no perder el ciclo escolar en los niveles preescolar, primaria y secundaria.
En su exposición de motivos, la legisladora observó que cuando las mujeres que son madres y son víctimas de violencia acuden a los refugios, muchas veces tienen que trasladarse largas distancias, por lo que las y los hijos que van con ellas, se ausentan de sus escuelas por periodos de hasta tres meses, que es lo que dura la estancia en el refugio.
Por ello, propuso la validación por parte de la Secretaría de Educación Pública que forma parte del Sistema Nacional que mandata la ley, de las clases extramuros para los hijos de las mujeres víctimas de violencia, con la finalidad de que éstos no pierdan el ciclo escolar. Estas clases serían impartidas por la plantilla docente autorizada en los refugios.
La iniciativa se encuentra en las comisiones Unidas de Equidad y Género y de Educación Pública y Servicios Educativos.
08/LGL/CV
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