Los trabajadores, en triple crisis
La conmemoración del Día Internacional del Trabajo, realizada ayer en diversas partes del mundo, tuvo en nuestro país un telón de fondo particularmente desalentador para los trabajadores y la población en su conjunto.
En los años recientes, la celebración del primero de mayo se ha vuelto el espacio propicio para las expresiones de repudio a la política económica neoliberal, vigente en el país desde hace más de dos décadas, que ha implicado, entre otras cosas, la caída sostenida del poder adquisitivo del salario, la aplicación de medidas de contención salarial por demás injustas, la desaparición de conquistas y derechos laborales y sociales, el “adelgazamiento del Estado” y la consecuente imposición de dietas presupuestarias para los organismos de seguridad social. Además, el desmantelamiento de mecanismos de bienestar, la apertura indiscriminada de los mercados, la liberalización de precios, la privatización de los bienes nacionales y la aplicación de una política fiscal clasista que privilegia a los potentados y se ensaña con los contribuyentes cautivos. La obediencia a estas directrices –del salinato al calderonismo– ha dejado un profundo deterioro de las condiciones de vida del común de la población, ha cancelado las perspectivas de movilidad social y ha colocado a los trabajadores en una suerte de crisis permanente desde hace más de cuatro lustros.
Ahora, además, el país y el mundo acusan los efectos de una crisis financiera que ha exhibido la naturaleza autodestructiva del neoliberalismo y arrojado a millones de personas a las filas del desempleo. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), alrededor de 3.2 millones de personas podrían perder su trabajo en América Latina y el Caribe. El Banco de México (BdeM), al modificar sus proyecciones económicas para el presente año, previó una contracción del producto interno bruto entre 3.8 y 4.8 por ciento, lo que significa que buena parte de los despidos pronosticados por la OIT ocurrirán en nuestro país.
A estos dos procesos críticos habrá que añadir la postración económica que tendrá lugar en el país por efecto de la emergencia sanitaria por el brote de influenza humana, que pondrá a cientos o aun miles de pequeñas y medianas empresas en riesgo de desaparecer. Esta situación sigue sin ser atendida; hasta ahora autoridades federales y estatales sólo han exhibido su proverbial indolencia con respecto a la situación de los asalariados y sólo el Gobierno del Distrito Federal ha anunciado medidas orientadas a respaldar económicamente a las empresas y los trabajadores que acusen caídas en sus ingresos mientras dure la contingencia sanitaria.
Por lo demás, los trabajadores del país continúan padeciendo la ausencia de un movimiento obrero amplio y representativo: hoy, las centrales independientes de trabajadores se debaten sin liderazgos y propuestas; el país asiste a un refrendo del inveterado pacto corporativo con el charrismo sindical y a la continuación de expresiones de represión e injerencia gubernamental en los conflictos laborales en favor de los intereses patronales.
En suma, la situación es por demás hostil para los trabajadores del país, en la que se conjugan elementos nocivos de larga data con otros de reciente aparición, y en la que el denominador común es la falta de interés y de sensibilidad de las autoridades por atender las demandas y las necesidades de los asalariados y sus familias.
La conmemoración del Día Internacional del Trabajo, realizada ayer en diversas partes del mundo, tuvo en nuestro país un telón de fondo particularmente desalentador para los trabajadores y la población en su conjunto.
En los años recientes, la celebración del primero de mayo se ha vuelto el espacio propicio para las expresiones de repudio a la política económica neoliberal, vigente en el país desde hace más de dos décadas, que ha implicado, entre otras cosas, la caída sostenida del poder adquisitivo del salario, la aplicación de medidas de contención salarial por demás injustas, la desaparición de conquistas y derechos laborales y sociales, el “adelgazamiento del Estado” y la consecuente imposición de dietas presupuestarias para los organismos de seguridad social. Además, el desmantelamiento de mecanismos de bienestar, la apertura indiscriminada de los mercados, la liberalización de precios, la privatización de los bienes nacionales y la aplicación de una política fiscal clasista que privilegia a los potentados y se ensaña con los contribuyentes cautivos. La obediencia a estas directrices –del salinato al calderonismo– ha dejado un profundo deterioro de las condiciones de vida del común de la población, ha cancelado las perspectivas de movilidad social y ha colocado a los trabajadores en una suerte de crisis permanente desde hace más de cuatro lustros.
Ahora, además, el país y el mundo acusan los efectos de una crisis financiera que ha exhibido la naturaleza autodestructiva del neoliberalismo y arrojado a millones de personas a las filas del desempleo. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), alrededor de 3.2 millones de personas podrían perder su trabajo en América Latina y el Caribe. El Banco de México (BdeM), al modificar sus proyecciones económicas para el presente año, previó una contracción del producto interno bruto entre 3.8 y 4.8 por ciento, lo que significa que buena parte de los despidos pronosticados por la OIT ocurrirán en nuestro país.
A estos dos procesos críticos habrá que añadir la postración económica que tendrá lugar en el país por efecto de la emergencia sanitaria por el brote de influenza humana, que pondrá a cientos o aun miles de pequeñas y medianas empresas en riesgo de desaparecer. Esta situación sigue sin ser atendida; hasta ahora autoridades federales y estatales sólo han exhibido su proverbial indolencia con respecto a la situación de los asalariados y sólo el Gobierno del Distrito Federal ha anunciado medidas orientadas a respaldar económicamente a las empresas y los trabajadores que acusen caídas en sus ingresos mientras dure la contingencia sanitaria.
Por lo demás, los trabajadores del país continúan padeciendo la ausencia de un movimiento obrero amplio y representativo: hoy, las centrales independientes de trabajadores se debaten sin liderazgos y propuestas; el país asiste a un refrendo del inveterado pacto corporativo con el charrismo sindical y a la continuación de expresiones de represión e injerencia gubernamental en los conflictos laborales en favor de los intereses patronales.
En suma, la situación es por demás hostil para los trabajadores del país, en la que se conjugan elementos nocivos de larga data con otros de reciente aparición, y en la que el denominador común es la falta de interés y de sensibilidad de las autoridades por atender las demandas y las necesidades de los asalariados y sus familias.
Algo que ni Al Qaeda ha logrado lo consiguió el gobierno calderonista: infiltrar un virus de alta peligrosidad en Washington. Uno de los oficiales de la comitiva que acompañó a Obama contrajo la influenza en México y contagió a su familia. El enfermo es Marc S. Griswold, un ex agente del servicio secreto adscrito al equipo del secretario de Energía, Steven Chu. Dice que estaba aquí cuando pescó una tos que fue agravándose hasta manifestarse como influenza porcina. Ya se recuperó. Como es lógico, se desató la alarma. El jefe de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, tuvo que reasegurar a los reporteros que su jefe se encuentra bien. Nunca estuvo el enfermo más cerca de dos metros de distancia. No fue suficiente la explicación. El botón de alarma se encendió. La epidemia ya pasó del campo estrictamente sanitario al de seguridad nacional. Influyentes miembros del Senado presionan a Obama para que cierre la frontera con México.
¿Por qué no avisaron?
¿Por qué la canciller Patricia Espinosa no previno a la Casa Blanca de la situación de riesgo que conocían en el gobierno desde antes de la visita de Obama, el 16 de abril? Tenían información desde mediados de marzo de un brote de influenza en Veracruz. Circulan tres versiones: 1) Obama hubiera cancelado la visita y no convenía al interés político de Felipe Calderón, ansioso de demostrarle que México no es un “Estado fallido”, como han venido comentando algunos altos funcionarios y medios estadunidenses; 2) no permitió la precariedad de los laboratorios de la Secretaría de Salud y del gobierno de Veracruz distinguir con rapidez la naturaleza del virus, tal vez supusieron que era un brote tardío de la influenza invernal; 3) una combinación de ambas hipótesis: aun sin estar claros respecto de la peligrosidad del virus optaron por no advertir a Washington. Cualquiera que admitamos muestra, por un lado, una enorme irresponsabilidad del gobierno mexicano, y por otro, el patético interés de Calderón por tomarse la foto con Obama.
No es mortal
La comunidad científica internacional comienza a coincidir en un punto: la influenza A(H1N1) no tiene las características genéticas de un virus letal. No mata a personas en buen estado de salud si son atendidas con rapidez en hospitales equipados y por personal competente. Fuera de México, en Houston, sólo ha muerto un niño, y era mexicano. (El gobernador Rick Perry aprovechó el suceso para declarar a Texas en estado de desastre y solicitar fondos federales.) Sigue sin respuesta una pregunta: ¿por qué sólo mueren nuestros compatriotas? Al parecer ninguno ha fallecido en hospitales de lujo. La mayoría eran de escasos recursos y no recibieron atención médica pronta y eficaz en hospitales del IMSS, ISSSTEsther, Seguro Popular, etcétera. Cuando la emergencia pase, y resten las cifras de las víctimas de la influenza de los que se registran todos los días, quizá confirmaremos lo ya sabido: muchas vidas se pierden porque no hay médicos, ni camas, ni medicamentos en la red hospitalaria gubernamental. ¿Irá a sacarnos de dudas el presidente Gayosson?
¿Por qué no avisaron?
¿Por qué la canciller Patricia Espinosa no previno a la Casa Blanca de la situación de riesgo que conocían en el gobierno desde antes de la visita de Obama, el 16 de abril? Tenían información desde mediados de marzo de un brote de influenza en Veracruz. Circulan tres versiones: 1) Obama hubiera cancelado la visita y no convenía al interés político de Felipe Calderón, ansioso de demostrarle que México no es un “Estado fallido”, como han venido comentando algunos altos funcionarios y medios estadunidenses; 2) no permitió la precariedad de los laboratorios de la Secretaría de Salud y del gobierno de Veracruz distinguir con rapidez la naturaleza del virus, tal vez supusieron que era un brote tardío de la influenza invernal; 3) una combinación de ambas hipótesis: aun sin estar claros respecto de la peligrosidad del virus optaron por no advertir a Washington. Cualquiera que admitamos muestra, por un lado, una enorme irresponsabilidad del gobierno mexicano, y por otro, el patético interés de Calderón por tomarse la foto con Obama.
No es mortal
La comunidad científica internacional comienza a coincidir en un punto: la influenza A(H1N1) no tiene las características genéticas de un virus letal. No mata a personas en buen estado de salud si son atendidas con rapidez en hospitales equipados y por personal competente. Fuera de México, en Houston, sólo ha muerto un niño, y era mexicano. (El gobernador Rick Perry aprovechó el suceso para declarar a Texas en estado de desastre y solicitar fondos federales.) Sigue sin respuesta una pregunta: ¿por qué sólo mueren nuestros compatriotas? Al parecer ninguno ha fallecido en hospitales de lujo. La mayoría eran de escasos recursos y no recibieron atención médica pronta y eficaz en hospitales del IMSS, ISSSTEsther, Seguro Popular, etcétera. Cuando la emergencia pase, y resten las cifras de las víctimas de la influenza de los que se registran todos los días, quizá confirmaremos lo ya sabido: muchas vidas se pierden porque no hay médicos, ni camas, ni medicamentos en la red hospitalaria gubernamental. ¿Irá a sacarnos de dudas el presidente Gayosson?
En todas las grandes culturas neolíticas, en Egipto, desde los textos de Menfis en el tercer milenio antes de la era común; en la China, desde el tercer milenio de dicha era con el I Chin; en el Indostán, desde el comienzo de la elaboración oral de los Upanishad; en Palestina, desde el siglo VIII adC, con los profetas de Israel; en Grecia, desde la misma época, aproximadamente, y en América, un milenio después, se fueron dando los cánones que organizaban la sabiduría de esos pueblos. Las comunidades urbanas realizaron una labor de síntesis de los principios que fundaban sus determinados modos de vida. Los que se dedicaban a esa labor de ordenar las interpretaciones más profundas de la existencia de esas comunidades altamente desarrolladas se denominaron amantes de la sabiduría (en griego filósofos, en azteca tlamatinime). Eran los que podían dar cuenta de forma ordenada y racionalizada de los diversos modos del saber, es decir, que relacionaban las observaciones astronómicas, descubrimientos matemáticos, etcétera, con las experiencias agrícolas, los saberes medicinales y con los recuerdos de las gestas de los pueblos.
De esta disciplina intelectual (entre los griegos denominada episteme, que podríamos traducir como saber estricto por argumentación) se fueron lentamente desprendiendo todas las hoy llamadas ciencias. La misma matemática era parte de la enseñanza filosófica en la Academia de Platón, en Atenas. La astronomía formaba parte de la física, que era una disciplina filosófica en el Liceo de Aristóteles. La escuela filosófica de Bagdad, desde el siglo IX, se ocupaba igualmente de la matemática, inventó los números arábigos, los logaritmos y la astronomía heliocéntrica, entre otros. Y fue por influencia árabe, por conducto de los traductores de Toledo, que la filosofía con base empírica aristotélica llegó a París en el siglo XIII, punto de partida de todo el desarrollo posterior europeo de las ciencias.
En épocas normales, donde el orden de un sistema civilizatorio funciona todavía adecuadamente, los momentos clásicos de las culturas, la filosofía ordena los saberes y permite crear el tejido intersticial de las ciencias, dando unidad a la cosmovisión correspondiente. Así funcionó durante más de 20 siglos la filosofía confuciana en China, que se ha regenerado con el neoconfucianismo que alienta en el presente el renacer aún económico del Oriente extremo (desde Singapur a Surcorea o China –ya que Mao Tse Tung, aunque marxista era en verdad un lector asiduo de Wang Yang-ming (1472-1529), el fundador del neoconfucianismo. En estos casos la filosofía es el fundamento de la educación del sistema.
Pero en épocas de crisis como la que experimentamos en el presente (no sólo en los países centrales del capitalismo por el colapso del dogmatismo neoliberal y el estancamiento de la producción industrial, sino igualmente por la crisis de los partidos políticos y el sistema representativo en todo el mundo) es necesario repensar todo el andamiaje científico, tecnológico y político, lo que exige tener capacidad crítica y vislumbrar el conjunto del proceso civilizatorio para inventar nuevos supuestos y alternativas. Para ello no bastan las ciencias de mediaciones, de los instrumentos de un sistema, sino las disciplinas que permiten repensar la totalidad de los medios y los fines, de su sentido último, para descubrir las contradicciones que han llevado a la sociedad en su conjunto a callejones sin salida.
Es entonces, en esos momentos límites, que la crítica de la totalidad es imprescindible y la filosofía es la única disciplina racional (que sabe pensar aún el fundamento de las ciencias) que puede encarar esa función crítico-creadora. La geometría desarrolla en un espacio abstracto y vacío sus axiomas y desarrollos posteriores, pero la filosofía puede pensar lo que dicho espacio es, condición que posibilita la geometría. La matemática se ocupa de la cantidad, de los números, pero no puede definir lo que son la cantidad y el número: los usa, pero no puede describir su contenido último. Los sistemas de salud, la medicina, suponen la definición de la enfermedad (que es muy diversa en cada cultura y evoluciona históricamente), pero no pueden tratarla como su objeto, sino que la suponen implícitamente. Y así en todos los sistemas científicos, sociales, políticos o económicos.
La economía de mercado supone la existencia del mercado –concepto que, en primer lugar, introdujo en la argumentación moderna un filósofo: Adam Smith (1723-1790)– y su definición exige la intervención del filósofo. Recuérdese que el mercado fue incluido como un momento de una argumentación ética y fue la propuesta de B. de Mandeville (1670-1733) para solucionar la contradicción de la existencia de vicios privados (como el propio interés) que se transformaban en virtudes públicas (la producción de riqueza social por parte del egoísta).
En toda crisis la práctica de la filosofía integrada a grupos interdisciplinarios es esencial ya que permite pensar los supuestos de un sistema económico, político, pedagógico, etcétera, para crear en cada campo las condiciones innovadoras de alternativas no sospechadas.
Por ello es lamentable que un país en crisis como México elimine de la enseñanza media superior el aprendizaje filosófico, lo que supondría dotar al alumno de recursos teóricos que sólo le permitan repetir lo que se supone que el mercado en crisis requiere y no, principalmente, para descubrir innovaciones creativas en otros aspectos o sistemas inéditos, pero posibles para una mente adiestrada, no en la mera repetición mimética, sino en saber pensar lo inédito. Más que nunca se necesitan espíritus creadores y no meramente repetitivos de caminos trillados que llevan al despeñadero.
Además, la corrupción generalizada de la sociedad, en la economía (¡hasta los banqueros roban!), en la política (los representantes piensan en sus ventajas y no en la de sus representados), en la religión (los sacerdotes son pederastas o corruptores de menores), etcétera, nos habla de la necesidad de que la población pueda meditar en algún momento de su etapa educativa sobre la ética, sobre la responsabilidad del cumplimiento de principios que hagan la vida humana digna de ser vivida. Y es solamente en las clases de ética, impartidas por filósofos en la preparatoria, que se pueden estudiar esas cuestiones cruciales para la existencia humana.
Por todo ello nos parece del todo injustificado, irracional y propio de personas no sensibles a las dificultades que sufre nuestra sociedad, el haber pensado siquiera eliminar las disciplinas filosóficas de la enseñanza media superior. Se formarían profesionales aptos para “apretar botones” de máquinas que no podrían desmontar ni inventar para que fueran las adecuadas para una sociedad más equitativa. Serían autómatas al servicio del mejor postor sin ninguna conciencia crítica, ni creadora ni ética. Lo peor que le puede acontecer a un pueblo es formar a sus profesionistas como simples ejecutores de órdenes venidas de los países hegemónicos, que siempre intentan transferir hacia el centro las riquezas de las neocolonias que se dejan explotar. Es evidente que esos planes de estudios (la reforma de la enseñanza media superior) han sido ideadas por los países más desarrollados y dominadores, que nos “venden” esos planes como los más avanzados, siendo, en verdad, proyectos que nos “desarman” teóricamente e impiden detectar los mecanismos de la indicada transferencia de riqueza.
Eliminar las disciplinas filosóficas de la enseñanza media superior es traicionar irresponsablemente la posibilidad de tomar conciencia de los fundamentos de la autodeterminación crítica y ética de la tecnología, la economía y la política del país.
* Filósofo
Gloria Muñoz Ramírez: Los de abajo
De esta disciplina intelectual (entre los griegos denominada episteme, que podríamos traducir como saber estricto por argumentación) se fueron lentamente desprendiendo todas las hoy llamadas ciencias. La misma matemática era parte de la enseñanza filosófica en la Academia de Platón, en Atenas. La astronomía formaba parte de la física, que era una disciplina filosófica en el Liceo de Aristóteles. La escuela filosófica de Bagdad, desde el siglo IX, se ocupaba igualmente de la matemática, inventó los números arábigos, los logaritmos y la astronomía heliocéntrica, entre otros. Y fue por influencia árabe, por conducto de los traductores de Toledo, que la filosofía con base empírica aristotélica llegó a París en el siglo XIII, punto de partida de todo el desarrollo posterior europeo de las ciencias.
En épocas normales, donde el orden de un sistema civilizatorio funciona todavía adecuadamente, los momentos clásicos de las culturas, la filosofía ordena los saberes y permite crear el tejido intersticial de las ciencias, dando unidad a la cosmovisión correspondiente. Así funcionó durante más de 20 siglos la filosofía confuciana en China, que se ha regenerado con el neoconfucianismo que alienta en el presente el renacer aún económico del Oriente extremo (desde Singapur a Surcorea o China –ya que Mao Tse Tung, aunque marxista era en verdad un lector asiduo de Wang Yang-ming (1472-1529), el fundador del neoconfucianismo. En estos casos la filosofía es el fundamento de la educación del sistema.
Pero en épocas de crisis como la que experimentamos en el presente (no sólo en los países centrales del capitalismo por el colapso del dogmatismo neoliberal y el estancamiento de la producción industrial, sino igualmente por la crisis de los partidos políticos y el sistema representativo en todo el mundo) es necesario repensar todo el andamiaje científico, tecnológico y político, lo que exige tener capacidad crítica y vislumbrar el conjunto del proceso civilizatorio para inventar nuevos supuestos y alternativas. Para ello no bastan las ciencias de mediaciones, de los instrumentos de un sistema, sino las disciplinas que permiten repensar la totalidad de los medios y los fines, de su sentido último, para descubrir las contradicciones que han llevado a la sociedad en su conjunto a callejones sin salida.
Es entonces, en esos momentos límites, que la crítica de la totalidad es imprescindible y la filosofía es la única disciplina racional (que sabe pensar aún el fundamento de las ciencias) que puede encarar esa función crítico-creadora. La geometría desarrolla en un espacio abstracto y vacío sus axiomas y desarrollos posteriores, pero la filosofía puede pensar lo que dicho espacio es, condición que posibilita la geometría. La matemática se ocupa de la cantidad, de los números, pero no puede definir lo que son la cantidad y el número: los usa, pero no puede describir su contenido último. Los sistemas de salud, la medicina, suponen la definición de la enfermedad (que es muy diversa en cada cultura y evoluciona históricamente), pero no pueden tratarla como su objeto, sino que la suponen implícitamente. Y así en todos los sistemas científicos, sociales, políticos o económicos.
La economía de mercado supone la existencia del mercado –concepto que, en primer lugar, introdujo en la argumentación moderna un filósofo: Adam Smith (1723-1790)– y su definición exige la intervención del filósofo. Recuérdese que el mercado fue incluido como un momento de una argumentación ética y fue la propuesta de B. de Mandeville (1670-1733) para solucionar la contradicción de la existencia de vicios privados (como el propio interés) que se transformaban en virtudes públicas (la producción de riqueza social por parte del egoísta).
En toda crisis la práctica de la filosofía integrada a grupos interdisciplinarios es esencial ya que permite pensar los supuestos de un sistema económico, político, pedagógico, etcétera, para crear en cada campo las condiciones innovadoras de alternativas no sospechadas.
Por ello es lamentable que un país en crisis como México elimine de la enseñanza media superior el aprendizaje filosófico, lo que supondría dotar al alumno de recursos teóricos que sólo le permitan repetir lo que se supone que el mercado en crisis requiere y no, principalmente, para descubrir innovaciones creativas en otros aspectos o sistemas inéditos, pero posibles para una mente adiestrada, no en la mera repetición mimética, sino en saber pensar lo inédito. Más que nunca se necesitan espíritus creadores y no meramente repetitivos de caminos trillados que llevan al despeñadero.
Además, la corrupción generalizada de la sociedad, en la economía (¡hasta los banqueros roban!), en la política (los representantes piensan en sus ventajas y no en la de sus representados), en la religión (los sacerdotes son pederastas o corruptores de menores), etcétera, nos habla de la necesidad de que la población pueda meditar en algún momento de su etapa educativa sobre la ética, sobre la responsabilidad del cumplimiento de principios que hagan la vida humana digna de ser vivida. Y es solamente en las clases de ética, impartidas por filósofos en la preparatoria, que se pueden estudiar esas cuestiones cruciales para la existencia humana.
Por todo ello nos parece del todo injustificado, irracional y propio de personas no sensibles a las dificultades que sufre nuestra sociedad, el haber pensado siquiera eliminar las disciplinas filosóficas de la enseñanza media superior. Se formarían profesionales aptos para “apretar botones” de máquinas que no podrían desmontar ni inventar para que fueran las adecuadas para una sociedad más equitativa. Serían autómatas al servicio del mejor postor sin ninguna conciencia crítica, ni creadora ni ética. Lo peor que le puede acontecer a un pueblo es formar a sus profesionistas como simples ejecutores de órdenes venidas de los países hegemónicos, que siempre intentan transferir hacia el centro las riquezas de las neocolonias que se dejan explotar. Es evidente que esos planes de estudios (la reforma de la enseñanza media superior) han sido ideadas por los países más desarrollados y dominadores, que nos “venden” esos planes como los más avanzados, siendo, en verdad, proyectos que nos “desarman” teóricamente e impiden detectar los mecanismos de la indicada transferencia de riqueza.
Eliminar las disciplinas filosóficas de la enseñanza media superior es traicionar irresponsablemente la posibilidad de tomar conciencia de los fundamentos de la autodeterminación crítica y ética de la tecnología, la economía y la política del país.
* Filósofo
Gloria Muñoz Ramírez: Los de abajo
Esta semana se cumplen tres años de la represión policiaca contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, floristas de Texcoco y hombres y mujeres solidarios de la otra campaña. El aniversario fortalece la lucha por la liberación de los 12 presos políticos y la demanda de castigo contra los responsables de la embestida, en la que se violaron los derechos humanos de los 207 detenidos inicialmente, a quienes se golpeó, torturó y violó sexualmente, en un operativo en el que participaron los tres niveles de gobierno y dejó un saldo de dos jóvenes asesinados.
En medio de la actual contingencia epidemiológica y del bombardeo propagandístico del Instituto Federal Electoral, activistas y organizaciones de México y algunos países organizan jornadas de lucha por la libertad de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, presos en condiciones deplorables en la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano, y Juan Carlos Estrada, Román Ordóñez, Jorge Ordóñez, Alejandro Pilón, Narciso Rellano, Inés Rodolfo Cuéllar, Édgar Eduardo Morales, Julio César Espinosa, Pedro Reyes y Óscar Hernández, de Tacotalpa, recluidos en Molino de las Flores, Texcoco.
La historia no se inició en mayo de 2006, sino el 23 de octubre de 2001, cuando el gobierno federal anunció la expropiación de 5 mil hectáreas para la construcción de un aeropuerto en Texcoco. Los campesinos inconformes con la decisión empezaron a movilizarse ese día y no cesaron la lucha jurídica y la movilización hasta el 6 de agosto de 2002, cuando lograron la cancelación de las expropiaciones y se adjudicaron uno de los triunfos más notables en la historia reciente de defensa de la tierra.
Después del triunfo el FPDT los campesinos mantuvieron alianzas y compromisos de solidaridad con otros movimientos. En abril de 2006 recibieron a la otra campaña, encabezada por el subcomandante Marcos, al tiempo que apoyaban a los floricultores de Texcoco, a quienes impedían vender sus flores en el mercado.
El 3 y 4 de mayo de 2006 llegó la venganza del Estado. Una represión “ejemplar” contra el movimiento de floricultores, campesinos del FPDT y miembros de la otra campaña que acuden en solidaridad. Vienen las vejaciones, torturas, cateos, violaciones y abusos sexuales a cerca de 50 mujeres.
Hoy, los que ordenaron las violaciones están en libertad. En las cárceles permanecen 12 personas que no son culpables. Su libertad es la de todos.
En medio de la actual contingencia epidemiológica y del bombardeo propagandístico del Instituto Federal Electoral, activistas y organizaciones de México y algunos países organizan jornadas de lucha por la libertad de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, presos en condiciones deplorables en la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano, y Juan Carlos Estrada, Román Ordóñez, Jorge Ordóñez, Alejandro Pilón, Narciso Rellano, Inés Rodolfo Cuéllar, Édgar Eduardo Morales, Julio César Espinosa, Pedro Reyes y Óscar Hernández, de Tacotalpa, recluidos en Molino de las Flores, Texcoco.
La historia no se inició en mayo de 2006, sino el 23 de octubre de 2001, cuando el gobierno federal anunció la expropiación de 5 mil hectáreas para la construcción de un aeropuerto en Texcoco. Los campesinos inconformes con la decisión empezaron a movilizarse ese día y no cesaron la lucha jurídica y la movilización hasta el 6 de agosto de 2002, cuando lograron la cancelación de las expropiaciones y se adjudicaron uno de los triunfos más notables en la historia reciente de defensa de la tierra.
Después del triunfo el FPDT los campesinos mantuvieron alianzas y compromisos de solidaridad con otros movimientos. En abril de 2006 recibieron a la otra campaña, encabezada por el subcomandante Marcos, al tiempo que apoyaban a los floricultores de Texcoco, a quienes impedían vender sus flores en el mercado.
El 3 y 4 de mayo de 2006 llegó la venganza del Estado. Una represión “ejemplar” contra el movimiento de floricultores, campesinos del FPDT y miembros de la otra campaña que acuden en solidaridad. Vienen las vejaciones, torturas, cateos, violaciones y abusos sexuales a cerca de 50 mujeres.
Hoy, los que ordenaron las violaciones están en libertad. En las cárceles permanecen 12 personas que no son culpables. Su libertad es la de todos.
Eos habitantes del Distrito Federal han demostrado en múltiples ocasiones su alto sentido de responsabilidad social ante catástrofes y problemas colectivos; un hecho ya remoto que viene a la memoria es la defensa heroica que la Guardia Nacional hizo ante el asedio a la ciudad por las tropas estadunidenses en 1847. En Churubusco se batieron bajo las órdenes del general Pedro María Anaya hasta disparar el último cartucho, no los soldados de línea, que estaban en los lomeríos cercanos al valle de México sin intervenir, sino los artesanos, los artistas, los cocheros, los cargadores y los profesionistas de México, incluidos los que por burla eran llamados polkos, todos, defendieron su ciudad con valor y generosidad.
En los temblores de 1985, mientras que las autoridades, desde las más altas hasta las menores, se quedaron pasmadas ante la cantidad de edificios derrumbados y la suspensión de los servicios básicos, los habitantes de la capital fueron quienes se organizaron para buscar víctimas, rescatar algo y poner orden en el caos que siguió a la desgracia. Todavía algunas de las organizaciones que surgieron con motivo de los sismos, siguen vivas y actuando en favor de la comunidad, un ejemplo es la agrupación que lleva el nombre de la luchadora social Benita Galeana, que aún encabeza grupos de marginados deseosos de mejorar su situación.
Ahora, con motivo del riesgo de pandemia que se vive en todo el mundo, pero especialmente en esta ciudad capital, el pueblo que la habita, los siempre participativos vecinos, han vuelto a dar muestras de responsabilidad y de sentido del deber.
Al circular por las calles semidesiertas de la gran urbe, por todos lados vemos a las personas con su tapabocas, con lo que tratan de cumplir las instrucciones que las autoridades federales han dado hasta el cansancio para evitar el contagio; son admirables los agentes de policía que se encuentran a lo largo de las avenidas, cuidando la circulación y soportando el calor, así como frecuentemente, la insolencia de los automovilistas. En las mañanas los recolectores de basura cumplen puntualmente con su deben, los operadores del Metro y de los microbuses enguantados y con las mascarillas, continúan con el servicio que tienen encomendado.
La orden que dio el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, de cerrar los restaurantes, bares, cantinas y otros establecimientos similares, ha sido cumplida y aun cuando algunos han protestado porque les ha parecido excesiva, la misma Organización Mundial de la Saludad confirmó, contradiciendo la crítica velada del presidente Calderón, que la medida fue oportuna y necesaria.
Estoy cierto de que esta hermosa y hospitalaria ciudad de México saldrá otra vez adelante de esta nueva desgracia que se cierne sobre ella; a pesar de lo densamente poblado de la urbe en que se asientan los poderes federales, de las dificultades con motivo de le escasez de agua y algunas compras de pánico provocadas por las exageraciones de la televisión, los habitantes han demostrado disciplina y orden.
Ciertamente, han corrido rumores diversos sobre el origen del virus y sobre la credibilidad de las autoridades federales; esto se explica principalmente porque quienes tiene el deber de orientar e informar a la sociedad, han incurrido en ridículas contradicciones acerca del número de personas fallecidas y han cometido el grave error de tratar de aprovechar una desgracia colectiva para sacar ventajas políticas; un ejemplo de ello es la insistente publicidad sobre la cantidad de pisos de cemento que han ordenado desde Los Pinos, como si esa obra de elemental solidaridad fuera algo más que una mínima parte del deber de justicia social que tiene el gobierno con los más necesitados.
La ciudad con sus autoridades al frente, saldrá adelante y como siempre, el tiempo irá decantando quiénes hacen bien las cosas y quiénes las hacen sin sensibilidad social y buscando ventajas personales o partidistas.
jusbbv@hotmail.com
En los temblores de 1985, mientras que las autoridades, desde las más altas hasta las menores, se quedaron pasmadas ante la cantidad de edificios derrumbados y la suspensión de los servicios básicos, los habitantes de la capital fueron quienes se organizaron para buscar víctimas, rescatar algo y poner orden en el caos que siguió a la desgracia. Todavía algunas de las organizaciones que surgieron con motivo de los sismos, siguen vivas y actuando en favor de la comunidad, un ejemplo es la agrupación que lleva el nombre de la luchadora social Benita Galeana, que aún encabeza grupos de marginados deseosos de mejorar su situación.
Ahora, con motivo del riesgo de pandemia que se vive en todo el mundo, pero especialmente en esta ciudad capital, el pueblo que la habita, los siempre participativos vecinos, han vuelto a dar muestras de responsabilidad y de sentido del deber.
Al circular por las calles semidesiertas de la gran urbe, por todos lados vemos a las personas con su tapabocas, con lo que tratan de cumplir las instrucciones que las autoridades federales han dado hasta el cansancio para evitar el contagio; son admirables los agentes de policía que se encuentran a lo largo de las avenidas, cuidando la circulación y soportando el calor, así como frecuentemente, la insolencia de los automovilistas. En las mañanas los recolectores de basura cumplen puntualmente con su deben, los operadores del Metro y de los microbuses enguantados y con las mascarillas, continúan con el servicio que tienen encomendado.
La orden que dio el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, de cerrar los restaurantes, bares, cantinas y otros establecimientos similares, ha sido cumplida y aun cuando algunos han protestado porque les ha parecido excesiva, la misma Organización Mundial de la Saludad confirmó, contradiciendo la crítica velada del presidente Calderón, que la medida fue oportuna y necesaria.
Estoy cierto de que esta hermosa y hospitalaria ciudad de México saldrá otra vez adelante de esta nueva desgracia que se cierne sobre ella; a pesar de lo densamente poblado de la urbe en que se asientan los poderes federales, de las dificultades con motivo de le escasez de agua y algunas compras de pánico provocadas por las exageraciones de la televisión, los habitantes han demostrado disciplina y orden.
Ciertamente, han corrido rumores diversos sobre el origen del virus y sobre la credibilidad de las autoridades federales; esto se explica principalmente porque quienes tiene el deber de orientar e informar a la sociedad, han incurrido en ridículas contradicciones acerca del número de personas fallecidas y han cometido el grave error de tratar de aprovechar una desgracia colectiva para sacar ventajas políticas; un ejemplo de ello es la insistente publicidad sobre la cantidad de pisos de cemento que han ordenado desde Los Pinos, como si esa obra de elemental solidaridad fuera algo más que una mínima parte del deber de justicia social que tiene el gobierno con los más necesitados.
La ciudad con sus autoridades al frente, saldrá adelante y como siempre, el tiempo irá decantando quiénes hacen bien las cosas y quiénes las hacen sin sensibilidad social y buscando ventajas personales o partidistas.
jusbbv@hotmail.com
México SA
Carlos Fernández-Vega
Que siempre sí la emergencia sanitaria que vive México tendrá un impacto negativo directo en el de por sí deteriorado panorama económico nacional (de 0.3 a 0.5 por ciento del producto interno bruto) y que de cualquier suerte la Secretaría de Hacienda ya no ve todo color de rosa, porque hasta su titular, el afamado doctor catarrito”, ha reconocido que en 2009 el desplome del PIB podría ser de 4 por ciento (y contando).
Cuatro mil 500 millones de dólares, “como máximo”, no son precisamente poca cosa, y ese monto es la traducción contante y sonante de lo que representa el costo por la emergencia sanitaria (el citado 0.3-0.5 por ciento del PIB), según la estimación oficial. Para dar una idea de qué se trata, esa cantidad es ligeramente mayor a la que el gobierno “facilitó”, en “primera instancia” y vía “línea swap” con la Reserva Federal, a las grandes empresas altamente endeudadas en dólares, así que una epidemia como la que vive la nación tiene un costo marginalmente superior al “rescate” de los barones, aunque en términos de prioridades los segundos siempre son los primeros.
De todas formas, la estimación de la Secretaría de Hacienda sobre la perspectiva económica mexicana suele quedar corta con respecto a las divulgadas por otras instituciones –públicas y privadas, nacionales y extranjeras–, las cuales han rebasado –en algunos casos por mucho– los cálculos del gobierno calderonista. Por ejemplo, en días pasados el Banco de México proyectó para el presente año una caída de 4.8 por ciento en la economía mexicana, sin incluir el efecto negativo de la emergencia sanitaria. Aún así, cada día es más cercana la posibilidad de que el desplome económico en 2009 sea igual, o incluso peor, al registrado en 1995.
Mientras el doctor “catarrito” cambia de lentes y vuelve a ver todo color de rosa, la propia Secretaría de Hacienda divulgó sus Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al primer trimestre de 2009, que el pasado jueves por la noche entregó a la Cámara de Diputados.
Del tal reporte sobresale la siguiente numeralia: en el primer trimestre de 2009 el valor real del producto interno bruto se habría desplomado a una tasa anual cercana a 7 por ciento, y 5 por ciento si se consideran cifras ajustadas por estacionalidad.
En igual lapso, el valor nominal en dólares de las exportaciones de bienes disminuyó a una tasa anual de 28.6 por ciento. Las exportaciones petroleras, extractivas y de manufacturas registraron reducciones de 58.1, 26.9 y 22.8 por ciento, respectivamente; las agropecuarias crecieron 0.6 por ciento. Por su parte, las importaciones de mercancías disminuyeron a un ritmo anual de 27.6 por ciento: las de consumo, intermedias y de capital tuvieron contracciones de 37.6, 28.1 y 10.6 por ciento, en cada caso.
Al 31 de marzo de 2009 el número de trabajadores afiliados al IMSS se ubicó en 13 millones 880 mil 877 personas, nivel que implicó una disminución anual de 372 mil 289 plazas (2.6 por ciento) y de 181 mil 675 trabajadores con respecto al cierre de 2008. La afiliación permanente observó una reducción anual de 379 mil 633 trabajadores (3 por ciento), mientras que la eventual creció en 7 mil 344 personas (0.5 por ciento).
Durante el primer trimestre de 2009 la tasa de desocupación se ubicó en 5.02 por ciento de la población económicamente activa, superior a 3.91 por ciento de un año antes. Cifras ajustadas por estacionalidad indican que el desempleo se ubicó en 4.72 por ciento (4.47 por ciento el trimestre anterior). Durante enero-marzo de 2009 la tasa de desempleo abierto en las principales áreas urbanas fue de 6.13 por ciento de la PEA (contra 4.89 por ciento un año antes). Cifras ajustadas por estacionalidad indican que la desocupación urbana se situó en 5.86 por ciento (5.49 por ciento el trimestre previo).
Los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 652 mil 373 millones de pesos, menores en 9.1 por ciento en términos reales en comparación con los de enero-marzo de 2008 debido, principalmente, a los menores ingresos provenientes de la actividad petrolera y la baja recaudación tributaria no petrolera, que disminuyeron en términos reales en 17.6 y 11.4 por ciento, respectivamente. Al ajustar los ingresos petroleros con los ingresos de las coberturas petroleras correspondientes al periodo enero-marzo, se observaría una disminución de 3.8 por ciento en términos reales en los ingresos presupuestarios.
Los ingresos petroleros disminuyeron 17.6 por ciento anual en términos reales como resultado de los siguientes factores: el menor precio del petróleo crudo de exportación por 55.2 por ciento, la disminución en la plataforma de producción y exportación del petróleo de 8.0 y 9.4 por ciento, respectivamente, que se compensó parcialmente con la reducción en el valor real de la importación de petrolíferos de 32.6 por ciento real y la depreciación del tipo de cambio de 32.8 por ciento.
Por su parte, los ingresos tributarios no petroleros disminuyeron 11.4 por ciento en términos reales con respecto al primer trimestre de 2008. Al interior se observan reducciones reales de 21.2 y 5.6 por ciento en la recaudación del impuesto al valor agregado y la recaudación conjunta de los impuestos sobre la renta-empresarial a tasa única-a los depósitos en efectivo, en ese orden. Los ingresos propios de las entidades de control presupuestario directo distintas de Pemex disminuyeron 2.3 por ciento en términos reales. Los ingresos no tributarios no petroleros del gobierno federal mostraron un incremento en términos reales de 69.7 por ciento, derivado de un mayor cobro de aprovechamientos.
Los ingresos propios de los organismos y empresas sujetos a control presupuestario directo distintos de Pemex registraron una disminución real de 2.3 por ciento. Esto se explica por los menores ingresos obtenidos por la CFE y por el IMSS. Del total de ingresos presupuestarios, 70.2 por ciento correspondió al gobierno federal y 29.8 por ciento a organismos y empresas bajo control presupuestario directo.
Las rebanadas del pastel
Injusto perfume de zorrillo: como si fueran culpables de la epidemia y hubieran exigido ser los primeros en ser afectados por la influenza recién renombrada, los chilangos son tratados con suma crueldad por los “provincianos”, en una suerte de creciente “racismo epidemiológico”, el cual cobra la factura allende nuestras fronteras, donde ya no hay diferencia: todos los mexicanos están “apestados”.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Carlos Fernández-Vega
Que siempre sí la emergencia sanitaria que vive México tendrá un impacto negativo directo en el de por sí deteriorado panorama económico nacional (de 0.3 a 0.5 por ciento del producto interno bruto) y que de cualquier suerte la Secretaría de Hacienda ya no ve todo color de rosa, porque hasta su titular, el afamado doctor catarrito”, ha reconocido que en 2009 el desplome del PIB podría ser de 4 por ciento (y contando).
Cuatro mil 500 millones de dólares, “como máximo”, no son precisamente poca cosa, y ese monto es la traducción contante y sonante de lo que representa el costo por la emergencia sanitaria (el citado 0.3-0.5 por ciento del PIB), según la estimación oficial. Para dar una idea de qué se trata, esa cantidad es ligeramente mayor a la que el gobierno “facilitó”, en “primera instancia” y vía “línea swap” con la Reserva Federal, a las grandes empresas altamente endeudadas en dólares, así que una epidemia como la que vive la nación tiene un costo marginalmente superior al “rescate” de los barones, aunque en términos de prioridades los segundos siempre son los primeros.
De todas formas, la estimación de la Secretaría de Hacienda sobre la perspectiva económica mexicana suele quedar corta con respecto a las divulgadas por otras instituciones –públicas y privadas, nacionales y extranjeras–, las cuales han rebasado –en algunos casos por mucho– los cálculos del gobierno calderonista. Por ejemplo, en días pasados el Banco de México proyectó para el presente año una caída de 4.8 por ciento en la economía mexicana, sin incluir el efecto negativo de la emergencia sanitaria. Aún así, cada día es más cercana la posibilidad de que el desplome económico en 2009 sea igual, o incluso peor, al registrado en 1995.
Mientras el doctor “catarrito” cambia de lentes y vuelve a ver todo color de rosa, la propia Secretaría de Hacienda divulgó sus Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al primer trimestre de 2009, que el pasado jueves por la noche entregó a la Cámara de Diputados.
Del tal reporte sobresale la siguiente numeralia: en el primer trimestre de 2009 el valor real del producto interno bruto se habría desplomado a una tasa anual cercana a 7 por ciento, y 5 por ciento si se consideran cifras ajustadas por estacionalidad.
En igual lapso, el valor nominal en dólares de las exportaciones de bienes disminuyó a una tasa anual de 28.6 por ciento. Las exportaciones petroleras, extractivas y de manufacturas registraron reducciones de 58.1, 26.9 y 22.8 por ciento, respectivamente; las agropecuarias crecieron 0.6 por ciento. Por su parte, las importaciones de mercancías disminuyeron a un ritmo anual de 27.6 por ciento: las de consumo, intermedias y de capital tuvieron contracciones de 37.6, 28.1 y 10.6 por ciento, en cada caso.
Al 31 de marzo de 2009 el número de trabajadores afiliados al IMSS se ubicó en 13 millones 880 mil 877 personas, nivel que implicó una disminución anual de 372 mil 289 plazas (2.6 por ciento) y de 181 mil 675 trabajadores con respecto al cierre de 2008. La afiliación permanente observó una reducción anual de 379 mil 633 trabajadores (3 por ciento), mientras que la eventual creció en 7 mil 344 personas (0.5 por ciento).
Durante el primer trimestre de 2009 la tasa de desocupación se ubicó en 5.02 por ciento de la población económicamente activa, superior a 3.91 por ciento de un año antes. Cifras ajustadas por estacionalidad indican que el desempleo se ubicó en 4.72 por ciento (4.47 por ciento el trimestre anterior). Durante enero-marzo de 2009 la tasa de desempleo abierto en las principales áreas urbanas fue de 6.13 por ciento de la PEA (contra 4.89 por ciento un año antes). Cifras ajustadas por estacionalidad indican que la desocupación urbana se situó en 5.86 por ciento (5.49 por ciento el trimestre previo).
Los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 652 mil 373 millones de pesos, menores en 9.1 por ciento en términos reales en comparación con los de enero-marzo de 2008 debido, principalmente, a los menores ingresos provenientes de la actividad petrolera y la baja recaudación tributaria no petrolera, que disminuyeron en términos reales en 17.6 y 11.4 por ciento, respectivamente. Al ajustar los ingresos petroleros con los ingresos de las coberturas petroleras correspondientes al periodo enero-marzo, se observaría una disminución de 3.8 por ciento en términos reales en los ingresos presupuestarios.
Los ingresos petroleros disminuyeron 17.6 por ciento anual en términos reales como resultado de los siguientes factores: el menor precio del petróleo crudo de exportación por 55.2 por ciento, la disminución en la plataforma de producción y exportación del petróleo de 8.0 y 9.4 por ciento, respectivamente, que se compensó parcialmente con la reducción en el valor real de la importación de petrolíferos de 32.6 por ciento real y la depreciación del tipo de cambio de 32.8 por ciento.
Por su parte, los ingresos tributarios no petroleros disminuyeron 11.4 por ciento en términos reales con respecto al primer trimestre de 2008. Al interior se observan reducciones reales de 21.2 y 5.6 por ciento en la recaudación del impuesto al valor agregado y la recaudación conjunta de los impuestos sobre la renta-empresarial a tasa única-a los depósitos en efectivo, en ese orden. Los ingresos propios de las entidades de control presupuestario directo distintas de Pemex disminuyeron 2.3 por ciento en términos reales. Los ingresos no tributarios no petroleros del gobierno federal mostraron un incremento en términos reales de 69.7 por ciento, derivado de un mayor cobro de aprovechamientos.
Los ingresos propios de los organismos y empresas sujetos a control presupuestario directo distintos de Pemex registraron una disminución real de 2.3 por ciento. Esto se explica por los menores ingresos obtenidos por la CFE y por el IMSS. Del total de ingresos presupuestarios, 70.2 por ciento correspondió al gobierno federal y 29.8 por ciento a organismos y empresas bajo control presupuestario directo.
Las rebanadas del pastel
Injusto perfume de zorrillo: como si fueran culpables de la epidemia y hubieran exigido ser los primeros en ser afectados por la influenza recién renombrada, los chilangos son tratados con suma crueldad por los “provincianos”, en una suerte de creciente “racismo epidemiológico”, el cual cobra la factura allende nuestras fronteras, donde ya no hay diferencia: todos los mexicanos están “apestados”.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
a influenza humana es totalmente real. Las historias conspirativas que circulan son descabelladas y ajenas a cualquier razonamiento lógico. Como toda mentira contienen elementos de verdad. Es probable que muchas empresas farmacéuticas harán buenos negocios como resultado de la demanda de vacunas y medicamentos antivirales. Es probable que el gobierno y varios partidos políticos usarán este traumático episodio para intentar sacarle raja política. Pero nada de esto equivale a un armado consciente, deliberado y menos aún provocado. La epidemia es real, los muertos son reales, los enfermos también y sus efectos aún pueden ser peores.
Si hay una área donde se ha visto la debilidad del gobierno calderonista es en materia de comunicación. Tres errores graves de comunicación. Primero se dijo que la vacuna antigripal sería suministrada a todos el personal médico que no se la aplicó durante el invierno y luego que no sirve para combatir el nuevo virus. Dos, los datos se han dado de manera dispersa, desorganizada y contradictoria sin explicar claramente bajo qué clasificaciones se establecieron los diferentes datos. Además sólo hasta ayer se comenzó a presentar públicamente casos de personas con nombres y apellidos que sufrieron la influenza humana y la superaron o datos sobre los fallecidos.
De ahí la rumorología que tales muertos eran un invento. Tercero, las declaraciones del director del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades al diario español El País sobre que los tapabocas no sirven para mucho probablemente son científicamente correctas, pero eso se debió de haber dicho desde el principio, ya que ahora se convirtieron casi en símbolo de la resistencia ciudadana a la influenza.
Estos errores de comunicación tienen un efecto devastador en una sociedad que generalmente desconfía del gobierno, que siempre mantiene sospechas de que no se le está propocionando toda la información requerida y que genera por lo anterior versiones alternativas frecuentemente descabelladas de manipulaciones y conspiraciones.
Sin embargo, lo más preocupante en este momento sería que no existiera una estrategia de salida de corto plazo. Es decir, ¿qué se va a informar el 4 o 5 de mayo? ¿Se va a regresar a clases? En tal caso con qué criterios se toma esta decisión. ¿Si se prolonga esta medida, por cuánto tiempo y nuevamente a partir de cuáles criterios? ¿Qué pasará con las diversas actividades laborales, incluyendo sobre todo en el DF, el servicio en restaurantes? ¿Cómo se enfrentará el riesgo de un repunte de la influenza humana en caso de que efectivamente se haya reducido en esta etapa su incidencia y expansión? ¿Qué mensaje se enviará al país para evitar que se repitan casos lamentables como las reacciones antichilangas siempre presentes, pero ahora multiplicadas por el temor al contagio?
En medio de todo esto la crisis económica en sus tres variantes: el estancamiento que nos viene de hace 25 años, los efectos en México de la crisis mundial y ahora los impactos económicos de la influenza. El Banco de México ya prevé una caída entre 3.8 y 4.8 por ciento de la economía para este año, aún sin incluir los efectos económicos de la influenza.
Se requerirá un mensaje extraordinariamente claro y preciso para disipar estas dudas y sobre todo para incitar a la participación ciudadana. El confinamiento social apenas es un paso crucial en una secuencia que va a requerir ciudadanos bien informados y ciudadanas que participen en las decisiones claves.
Tres temas asoman nuevamente sus narices. La necesidad de establecer un sistema universal en materia de salud. Un debate serio e informado sobre un modelo de agricultura industrial dañino al medio ambiente y a los seres humanos. La absoluta conveniencia de transitar de programas sociales focalizados a un sistema generalizado asociado a la propuesta de ingreso ciudadano universal.
http://gustavogordillo.blogspot.com
Si hay una área donde se ha visto la debilidad del gobierno calderonista es en materia de comunicación. Tres errores graves de comunicación. Primero se dijo que la vacuna antigripal sería suministrada a todos el personal médico que no se la aplicó durante el invierno y luego que no sirve para combatir el nuevo virus. Dos, los datos se han dado de manera dispersa, desorganizada y contradictoria sin explicar claramente bajo qué clasificaciones se establecieron los diferentes datos. Además sólo hasta ayer se comenzó a presentar públicamente casos de personas con nombres y apellidos que sufrieron la influenza humana y la superaron o datos sobre los fallecidos.
De ahí la rumorología que tales muertos eran un invento. Tercero, las declaraciones del director del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades al diario español El País sobre que los tapabocas no sirven para mucho probablemente son científicamente correctas, pero eso se debió de haber dicho desde el principio, ya que ahora se convirtieron casi en símbolo de la resistencia ciudadana a la influenza.
Estos errores de comunicación tienen un efecto devastador en una sociedad que generalmente desconfía del gobierno, que siempre mantiene sospechas de que no se le está propocionando toda la información requerida y que genera por lo anterior versiones alternativas frecuentemente descabelladas de manipulaciones y conspiraciones.
Sin embargo, lo más preocupante en este momento sería que no existiera una estrategia de salida de corto plazo. Es decir, ¿qué se va a informar el 4 o 5 de mayo? ¿Se va a regresar a clases? En tal caso con qué criterios se toma esta decisión. ¿Si se prolonga esta medida, por cuánto tiempo y nuevamente a partir de cuáles criterios? ¿Qué pasará con las diversas actividades laborales, incluyendo sobre todo en el DF, el servicio en restaurantes? ¿Cómo se enfrentará el riesgo de un repunte de la influenza humana en caso de que efectivamente se haya reducido en esta etapa su incidencia y expansión? ¿Qué mensaje se enviará al país para evitar que se repitan casos lamentables como las reacciones antichilangas siempre presentes, pero ahora multiplicadas por el temor al contagio?
En medio de todo esto la crisis económica en sus tres variantes: el estancamiento que nos viene de hace 25 años, los efectos en México de la crisis mundial y ahora los impactos económicos de la influenza. El Banco de México ya prevé una caída entre 3.8 y 4.8 por ciento de la economía para este año, aún sin incluir los efectos económicos de la influenza.
Se requerirá un mensaje extraordinariamente claro y preciso para disipar estas dudas y sobre todo para incitar a la participación ciudadana. El confinamiento social apenas es un paso crucial en una secuencia que va a requerir ciudadanos bien informados y ciudadanas que participen en las decisiones claves.
Tres temas asoman nuevamente sus narices. La necesidad de establecer un sistema universal en materia de salud. Un debate serio e informado sobre un modelo de agricultura industrial dañino al medio ambiente y a los seres humanos. La absoluta conveniencia de transitar de programas sociales focalizados a un sistema generalizado asociado a la propuesta de ingreso ciudadano universal.
http://gustavogordillo.blogspot.com
No pocos esperaban que la reunión de mediados de abril en Puerto España abriese una nueva etapa en la relación hemisférica. Tal expectativa se desprendía, más que de ningún otro factor, de la novedosa presencia de Barack H. Obama.
Algo parecido había ocurrido al menos tres veces en el siglo pasado, coincidiendo con el inicio de otras tres administraciones que suscitaron enormes expectativas: la de Franklin D. Roosevelt, en 1933, que proclamó la política del buen vecino; la de John F. Kennedy, en 1961, que anunció la Alianza para el Progreso, y la de William J. Clinton, en 1994, que echó a andar el llamado proceso de las cumbres de las Américas. Muchos se preguntaron si Obama –demócrata como los tres antecesores mencionados y que, como ellos o aún más que ellos, ha despertado una enorme expectativa hemisférica y global– preveía abrir una nueva etapa en las relaciones con América Latina –tan deterioradas y preteridas en los aciagos años de Bush; si se inclinaría a dotarla de una etiqueta o lema específico, y si se valdría de la quinta de esa serie de cumbres para anunciarla. En Puerto España no se brindó respuesta categórica a estas cuestiones. Concluida la cumbre no quedó en claro si se ha iniciado una nueva etapa para la relación hemisférica.
No se sabe, por principio de cuentas, si Obama quiso enviar, con su decisión de acudir a la reunión de Puerto España –programada, preparada y negociada casi hasta el último detalle antes del inicio de su gobierno– un mensaje de continuidad en la relación hemisférica. Sin mayores remilgos, sumó a su administración al proceso de las cumbres de las Américas, iniciado hace tres lustros en medio de la euforia del libre comercio, enarbolando el espejismo de un área de libre comercio “desde Alaska hasta Tierra del Fuego”, como se dijo a la sazón, y que ya acumula un marcado desgaste, para decirlo en la forma más delicada. Es posible, sin embargo, que esa señal de continuidad –como tantas decisiones al inicio de un gobierno, como se afirma que ocurrió con la administración Kennedy cuando se sumó a los planes, iniciados por su predecesor, que desembocaron en el fiasco de Bahía de Cochinos– se haya adoptado de forma automática, sin meditarla mayormente, caso en el que cabría esperar para ver si se ratifica o se modifica de alguna forma significativa.
Si se tiene en cuenta el contenido y, sobre todo, la forma de las acciones de Obama en Puerto España hay que concluir que quiso aprovechar una oportunidad, difícil de repetir en el corto plazo, para marcar una diferencia significativa en la actitud y el talante con el que el gobierno estadunidense aborda la relación hemisférica. Obama parece haber sentido que era urgente enviar una señal de diferencia y rectificación.
Como se sabe, en los preparativos de la cumbre de Puerto España prevalecieron los hábitos derivados de las cuatro cumbres previas –Miami, 1994; Santiago, 1998; Quebec, 2001, y Mar del Plata, 2005. Así, mucho antes de que se reuniesen los líderes, la declaración ya había sido negociada y, de hecho, finalizada en agosto de 2008. Por ello carecía de toda referencia a la crisis económica y financiera, que tan costosa resultará en términos de crecimiento, empleo y niveles de vida para los países del hemisferio, en especial los más vulnerables.
Sin un reconocimiento claro y suficiente de la crisis, a la que sólo se hace una referencia marginal, resulta por completo hueco el compromiso de “fomentar mayores oportunidades de empleo decente, mejorar la salud, el bienestar y la nutrición, ofrecer mayor acceso a una educación de calidad, así como asegurar una energía adecuada y sostenible y manejar responsablemente nuestro medio ambiente” contenido en el cuarto párrafo preambular de la denominada, con prosopopeya, Declaración de Compromiso de Puerto España.
En estas condiciones, no resulta extraño que varios líderes se hayan negado a firmarla. Se nutrió la noción de que había sido adoptada por consenso, a diferencia de la adopción por unanimidad que se esperaba. Lo cierto es, sin embargo, que no hubo acuerdo, por más que intentara disimularlo el jefe de gobierno del país sede, Patrick Manning, en una deslavada conferencia de prensa en la que estuvo flanqueado por los jefes de Estado de México y Panamá y el primer ministro de Canadá. Resultó claro, a fin de cuentas, que el proceso de las cumbres de las Américas llegó en Puerto España a un final tan desairado como inevitable.
Lo importante de esta quinta cumbre ocurrió en los corredores del centro de convenciones y en las pausas entre las reuniones formales. Los episodios de mayor interés tuvieron como protagonista al presidente Obama y marcaron, como ya se dijo, diferencias significativas en la actitud y la forma de su aproximación y contacto con sus colegas latinoamericanos y caribeños.
Como señalaron algunos analistas, la imagen proyectada por la cumbre fue de un menor desequilibrio, de una posición menos abrumadora de Estados Unidos, de una perspectiva de nuevo trato que, en palabras de Obama, se base en un mayor reconocimiento de la legitimidad de las distintas posiciones de las naciones del hemisferio.
No sería prudente desprender conclusiones excesivas de lo que sin duda fue un buen comienzo. En el futuro inmediato, las relaciones hemisféricas estarán teñidas por las distintas políticas y acciones nacionales contra la crisis global. Ya se ha hecho notar que cuestiones de interés para América Latina y el Caribe pueden ser víctimas colaterales de las acciones anticíclicas de Estados Unidos (y de otros países centrales). La cooperación internacional suele verse afectada en los tiempos de crisis y las relaciones hemisféricas no constituyen una excepción en este sentido.
Algo parecido había ocurrido al menos tres veces en el siglo pasado, coincidiendo con el inicio de otras tres administraciones que suscitaron enormes expectativas: la de Franklin D. Roosevelt, en 1933, que proclamó la política del buen vecino; la de John F. Kennedy, en 1961, que anunció la Alianza para el Progreso, y la de William J. Clinton, en 1994, que echó a andar el llamado proceso de las cumbres de las Américas. Muchos se preguntaron si Obama –demócrata como los tres antecesores mencionados y que, como ellos o aún más que ellos, ha despertado una enorme expectativa hemisférica y global– preveía abrir una nueva etapa en las relaciones con América Latina –tan deterioradas y preteridas en los aciagos años de Bush; si se inclinaría a dotarla de una etiqueta o lema específico, y si se valdría de la quinta de esa serie de cumbres para anunciarla. En Puerto España no se brindó respuesta categórica a estas cuestiones. Concluida la cumbre no quedó en claro si se ha iniciado una nueva etapa para la relación hemisférica.
No se sabe, por principio de cuentas, si Obama quiso enviar, con su decisión de acudir a la reunión de Puerto España –programada, preparada y negociada casi hasta el último detalle antes del inicio de su gobierno– un mensaje de continuidad en la relación hemisférica. Sin mayores remilgos, sumó a su administración al proceso de las cumbres de las Américas, iniciado hace tres lustros en medio de la euforia del libre comercio, enarbolando el espejismo de un área de libre comercio “desde Alaska hasta Tierra del Fuego”, como se dijo a la sazón, y que ya acumula un marcado desgaste, para decirlo en la forma más delicada. Es posible, sin embargo, que esa señal de continuidad –como tantas decisiones al inicio de un gobierno, como se afirma que ocurrió con la administración Kennedy cuando se sumó a los planes, iniciados por su predecesor, que desembocaron en el fiasco de Bahía de Cochinos– se haya adoptado de forma automática, sin meditarla mayormente, caso en el que cabría esperar para ver si se ratifica o se modifica de alguna forma significativa.
Si se tiene en cuenta el contenido y, sobre todo, la forma de las acciones de Obama en Puerto España hay que concluir que quiso aprovechar una oportunidad, difícil de repetir en el corto plazo, para marcar una diferencia significativa en la actitud y el talante con el que el gobierno estadunidense aborda la relación hemisférica. Obama parece haber sentido que era urgente enviar una señal de diferencia y rectificación.
Como se sabe, en los preparativos de la cumbre de Puerto España prevalecieron los hábitos derivados de las cuatro cumbres previas –Miami, 1994; Santiago, 1998; Quebec, 2001, y Mar del Plata, 2005. Así, mucho antes de que se reuniesen los líderes, la declaración ya había sido negociada y, de hecho, finalizada en agosto de 2008. Por ello carecía de toda referencia a la crisis económica y financiera, que tan costosa resultará en términos de crecimiento, empleo y niveles de vida para los países del hemisferio, en especial los más vulnerables.
Sin un reconocimiento claro y suficiente de la crisis, a la que sólo se hace una referencia marginal, resulta por completo hueco el compromiso de “fomentar mayores oportunidades de empleo decente, mejorar la salud, el bienestar y la nutrición, ofrecer mayor acceso a una educación de calidad, así como asegurar una energía adecuada y sostenible y manejar responsablemente nuestro medio ambiente” contenido en el cuarto párrafo preambular de la denominada, con prosopopeya, Declaración de Compromiso de Puerto España.
En estas condiciones, no resulta extraño que varios líderes se hayan negado a firmarla. Se nutrió la noción de que había sido adoptada por consenso, a diferencia de la adopción por unanimidad que se esperaba. Lo cierto es, sin embargo, que no hubo acuerdo, por más que intentara disimularlo el jefe de gobierno del país sede, Patrick Manning, en una deslavada conferencia de prensa en la que estuvo flanqueado por los jefes de Estado de México y Panamá y el primer ministro de Canadá. Resultó claro, a fin de cuentas, que el proceso de las cumbres de las Américas llegó en Puerto España a un final tan desairado como inevitable.
Lo importante de esta quinta cumbre ocurrió en los corredores del centro de convenciones y en las pausas entre las reuniones formales. Los episodios de mayor interés tuvieron como protagonista al presidente Obama y marcaron, como ya se dijo, diferencias significativas en la actitud y la forma de su aproximación y contacto con sus colegas latinoamericanos y caribeños.
Como señalaron algunos analistas, la imagen proyectada por la cumbre fue de un menor desequilibrio, de una posición menos abrumadora de Estados Unidos, de una perspectiva de nuevo trato que, en palabras de Obama, se base en un mayor reconocimiento de la legitimidad de las distintas posiciones de las naciones del hemisferio.
No sería prudente desprender conclusiones excesivas de lo que sin duda fue un buen comienzo. En el futuro inmediato, las relaciones hemisféricas estarán teñidas por las distintas políticas y acciones nacionales contra la crisis global. Ya se ha hecho notar que cuestiones de interés para América Latina y el Caribe pueden ser víctimas colaterales de las acciones anticíclicas de Estados Unidos (y de otros países centrales). La cooperación internacional suele verse afectada en los tiempos de crisis y las relaciones hemisféricas no constituyen una excepción en este sentido.
No es novedad expresar que el sistema de administración y procuración de justicia adolece de graves deficiencias estructurales. A menudo las personas son víctimas de atropellos cometidos por causa de la ineficiencia en investigaciones judiciales realizadas sin consideración a las mínimas garantías procesales. Pese a la reforma aprobada el año pasado, subsiste un sistema con prácticas inquisitivas: el Ministerio Público cuenta con excesivas facultades para valorar las pruebas que despojan a los indiciados de sus más elementales derechos.
Ilustra lo anterior y visibiliza de forma burda tales deficiencias el caso de la indígena Jacinta Francisco Marcial. Los hechos que originaron su proceso, plagado de irregularidades, ocurrieron en Santiago Mexquititlán, comunidad de hablantes de la lengua ñhäñhú, conocida como otomí, localizada en la parte sur de Querétaro. Como consecuencia de esos hechos, Jacinta Francisco Marcial fue sentenciada a 21 años de prisión, acusada de haber secuestrado, junto con Teresa González y Alberta Alcántara, a seis agentes judiciales federales.
El 6 de marzo de 2006 elementos de la AFI acudieron al tianguis instalado en el centro de la comunidad; no portaban uniforme ni identificación oficial. Causaron destrozos y despojaron a los comerciantes de algunas de las mercancías que ahí vendían. Ante la arbitrariedad, los tianguistas reaccionaron exigiendo la devolución de sus productos y el pago de los daños. La tensión llegó a tal grado, que fue necesaria la intervención de dos funcionarios, un agente del Ministerio Público Federal y el superior regional de la AFI, que acudieron al lugar para proponer alguna solución al conflicto ocasionado por los agentes federales.
Después de varias horas, los funcionarios reconocieron que se había cometido un error, por lo que se comprometieron a pagar los destrozos. Pero el primer intento de solución fue inútil, pues los agentes pretendieron engañar a los comerciantes, entregándoles una mercancía distinta a la que ahí vendían. Aumentaron con ello las justas protestas de éstos, y los funcionarios acordaron entonces realizar el pago en efectivo por los daños ocasionados, por lo que se retiraron, a fin de ir a conseguir la cantidad pactada con los comerciantes. Por órdenes de sus superiores, un agente accedió a quedarse en la comunidad como garantía de que los funcionarios regresarían. Alrededor de las siete de la tarde los comerciantes y las “autoridades” llegaron a un acuerdo. Firmaron un acta, en la que dejan constancia de los hechos. Todo indicaba que el asunto concluía.
Pero el 3 de agosto de 2006 Jacinta fue llevada con engaños en un vehículo no oficial a declarar ante las autoridades judiciales radicadas en Querétaro. El 19 de diciembre de 2008 el juez cuarto de distrito la condenó a 21 años de prisión y 2 mil días de multa. Las otras dos acusadas fueron sentenciadas a la misma pena un mes después.
En diciembre de 2008 su defensa fue asumida por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, prestigiada organización con experiencia probada en este tipo de casos.
En el proceso judicial hay un número considerable de irregularidades, todas ellas debidamente acreditadas: la falta de un traductor que permitiera a Jacinta enfrentar en mejores condiciones el proceso, y las contradicciones en las declaraciones de los supuestos secuestrados, quienes nunca mostraron disposición a colaborar y permitir un trámite ágil. Aunque fueron citados para careos en más de 15 ocasiones, se negaron a acudir, mostrando así su ánimo vengativo y la prepotencia que no pudieron desplegar cuando intentaron despojar de sus mercancías a los vendedores del tianguis, donde Jacinta vendía nieves y aguas frescas.
Otra más de las irregularidades es la concesión de carácter de prueba a una imagen tomada por un fotógrafo de un diario local, cuyas declaraciones, en las que asegura no haber visto nada parecido a un secuestro, fueron desestimadas como prueba en favor de Jacinta.
Hay en el caso una clara muestra de la situación vulnerable de los indígenas ante el sistema de justicia, la cual se suma a la persistente discriminación y exclusión de las cuales son objeto en otras áreas, como salud o educación. En su resolución a la apelación del Centro Pro contra la sentencia, el magistrado se limitó a regresar el expediente al mismo juez que sentenció a Jacinta, para que sean desahogadas nuevamente las pruebas. Su decisión resulta incomprensible, pues en su fallo reconoce que hay “contradicciones sustanciales” en los testimonios de los agentes federales.
En el diagnóstico de derechos humanos en México, elaborado en 2003, se reconocía ya la necesidad de contar con un sistema penal basado en normas jurídicas y no en la connivencia u oportunidad política al momento de sancionar a responsables de delitos, con el fin de evitar que sean condenadas personas inocentes. Desafortunadamente, como lo evidencia este caso, siguen siendo empleados criterios políticos en la actuación de las instancias de procuración y administración de justicia, de manera que las sanciones contra estas mujeres responden a una práctica que se afianza: el uso arbitrario del sistema de justicia para alcanzar fines contrarios a los que deberían guiar la acción del Estado.
El caso de Jacinta deja traslucir la arbitrariedad con la que se procede contra personas altamente vulnerables: en este caso una mujer indígena. Para mayor información del caso pueden consultar la página del Centro Prodh: www.centroprodh.org.mx
Ilustra lo anterior y visibiliza de forma burda tales deficiencias el caso de la indígena Jacinta Francisco Marcial. Los hechos que originaron su proceso, plagado de irregularidades, ocurrieron en Santiago Mexquititlán, comunidad de hablantes de la lengua ñhäñhú, conocida como otomí, localizada en la parte sur de Querétaro. Como consecuencia de esos hechos, Jacinta Francisco Marcial fue sentenciada a 21 años de prisión, acusada de haber secuestrado, junto con Teresa González y Alberta Alcántara, a seis agentes judiciales federales.
El 6 de marzo de 2006 elementos de la AFI acudieron al tianguis instalado en el centro de la comunidad; no portaban uniforme ni identificación oficial. Causaron destrozos y despojaron a los comerciantes de algunas de las mercancías que ahí vendían. Ante la arbitrariedad, los tianguistas reaccionaron exigiendo la devolución de sus productos y el pago de los daños. La tensión llegó a tal grado, que fue necesaria la intervención de dos funcionarios, un agente del Ministerio Público Federal y el superior regional de la AFI, que acudieron al lugar para proponer alguna solución al conflicto ocasionado por los agentes federales.
Después de varias horas, los funcionarios reconocieron que se había cometido un error, por lo que se comprometieron a pagar los destrozos. Pero el primer intento de solución fue inútil, pues los agentes pretendieron engañar a los comerciantes, entregándoles una mercancía distinta a la que ahí vendían. Aumentaron con ello las justas protestas de éstos, y los funcionarios acordaron entonces realizar el pago en efectivo por los daños ocasionados, por lo que se retiraron, a fin de ir a conseguir la cantidad pactada con los comerciantes. Por órdenes de sus superiores, un agente accedió a quedarse en la comunidad como garantía de que los funcionarios regresarían. Alrededor de las siete de la tarde los comerciantes y las “autoridades” llegaron a un acuerdo. Firmaron un acta, en la que dejan constancia de los hechos. Todo indicaba que el asunto concluía.
Pero el 3 de agosto de 2006 Jacinta fue llevada con engaños en un vehículo no oficial a declarar ante las autoridades judiciales radicadas en Querétaro. El 19 de diciembre de 2008 el juez cuarto de distrito la condenó a 21 años de prisión y 2 mil días de multa. Las otras dos acusadas fueron sentenciadas a la misma pena un mes después.
En diciembre de 2008 su defensa fue asumida por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, prestigiada organización con experiencia probada en este tipo de casos.
En el proceso judicial hay un número considerable de irregularidades, todas ellas debidamente acreditadas: la falta de un traductor que permitiera a Jacinta enfrentar en mejores condiciones el proceso, y las contradicciones en las declaraciones de los supuestos secuestrados, quienes nunca mostraron disposición a colaborar y permitir un trámite ágil. Aunque fueron citados para careos en más de 15 ocasiones, se negaron a acudir, mostrando así su ánimo vengativo y la prepotencia que no pudieron desplegar cuando intentaron despojar de sus mercancías a los vendedores del tianguis, donde Jacinta vendía nieves y aguas frescas.
Otra más de las irregularidades es la concesión de carácter de prueba a una imagen tomada por un fotógrafo de un diario local, cuyas declaraciones, en las que asegura no haber visto nada parecido a un secuestro, fueron desestimadas como prueba en favor de Jacinta.
Hay en el caso una clara muestra de la situación vulnerable de los indígenas ante el sistema de justicia, la cual se suma a la persistente discriminación y exclusión de las cuales son objeto en otras áreas, como salud o educación. En su resolución a la apelación del Centro Pro contra la sentencia, el magistrado se limitó a regresar el expediente al mismo juez que sentenció a Jacinta, para que sean desahogadas nuevamente las pruebas. Su decisión resulta incomprensible, pues en su fallo reconoce que hay “contradicciones sustanciales” en los testimonios de los agentes federales.
En el diagnóstico de derechos humanos en México, elaborado en 2003, se reconocía ya la necesidad de contar con un sistema penal basado en normas jurídicas y no en la connivencia u oportunidad política al momento de sancionar a responsables de delitos, con el fin de evitar que sean condenadas personas inocentes. Desafortunadamente, como lo evidencia este caso, siguen siendo empleados criterios políticos en la actuación de las instancias de procuración y administración de justicia, de manera que las sanciones contra estas mujeres responden a una práctica que se afianza: el uso arbitrario del sistema de justicia para alcanzar fines contrarios a los que deberían guiar la acción del Estado.
El caso de Jacinta deja traslucir la arbitrariedad con la que se procede contra personas altamente vulnerables: en este caso una mujer indígena. Para mayor información del caso pueden consultar la página del Centro Prodh: www.centroprodh.org.mx
No hace mucho tiempo, tres décadas acaso, las sociedades contemporáneas tenían una idea bastante distinta del futuro. Todavía ondeaban, aunque ya debilitadas, algunas de las utopías centrales que significaron al siglo XX. Con una dosis de innegable inocencia, las expectativas de un orden que hiciera posible una vida mejor provenían de los más diversos rincones y relatos del imaginario político y social. A principios del siglo XXI, el cambio fue abrupto. Esa inocencia fue desplazada aceleradamente por una cultura muy distinta; la cultura de las distopías, fincada en la convicción de que las amenazas y los riesgos que nos depara el futuro superan con mucho a cualquier otra de sus expectativas. La retórica de las distopías acabó por decantarse en una cultura del miedo. Un repaso de las imágenes sobre la trama del tiempo que alberga el imaginario actual mostraría que el miedo es, probablemente, el único elemento capaz de cohesionar (y movilizar) a las sociedades de nuestros días.
Llámesele infortunio o no, sus semejanzas con las pesadillas sociales de los siglos XVI y XVII son asombrosas. En 1600, el habitante europeo estaba absolutamente convencido que a la vuelta de la esquina le aguardaba el Juicio Final. El espejismo del fin teológico del mundo tardó en disiparse un siglo y medio, y guarda diferencias con el de hoy. La apocalíptica contemporánea no proviene de la teología ni de la religión, sino de un poder más disuasivo y contundente: la ciencia. Los espectáculos modernos (o posmodernos) del fin se llaman: el calentamiento global, las mutaciones biológicas, el agotamiento del agua, el envenenamiento del medio ambiente… y, sobre todo, las pandemias.
La primera pandemia del siglo XX, la gripe española, cobró varios millones de víctimas. (Por cierto, Enrique Semo ha sugerido recientemente que no es improbable que una parte del millón de muertos que causó la Revolución mexicana se deba a la diseminación de ese virus). Después le siguieron entre los años 20 y 40, varias de escala menor. Desde los años 50, cada década estuvo signada por el pánico de una nueva mutación viral: la fiebre asiática en los 60, el ébola en los 80, las vacas locas en los 90, la gripe aviar más recientemente, y la gripe humana, que fue detectada la semana pasada. Lo que asombra es la imparcialidad de los mutantes: han surgido en el corazón de las sociedades con sistemas consolidados de salud pública (las vacas locas en Inglaterra), en órdenes compulsivamente controlados (la gripe aviar en China), en medio de las mayores desgracias humanas (el ébola en África) y ahora frente a un Estado (cada día más eminentemente) fallido como el mexicano. En cierta manera, ya no sorprende que el número de víctimas que cobran las pandemias sea decreciente (unos cientos durante la gripe aviar): existe de alguna manera un know how social global de cómo hacerles frente. Ni tampoco que el pánico estalle de manera global: el miedo también pasa por la interconexión.
Las autoridades de la OMS han dicho en reiteradas ocasiones que el gobierno mexicano ha actuado, dadas sus posibilidades, de la manera más diligente posible frente a la crisis epidemiológica. Lo más probable es que sea cierto. Lo que no han dicho (no les toca decirlo) es que sin la presión de verse convertido súbitamente, en la opinión pública global, en una suerte de amenaza para la sociedad, la administración panista jamás habría actuado con la celeridad que la caracterizó la semana pasada. Hay epidemias seculares en México, por decirlo de alguna manera, que matan calladamente a miles y miles de los que menos tienen cada año y que transcurren frente a la absoluta indiferencia de un poder que, a lo largo de un sexenio y medio, ha convertido al sistema de salud pública en una zona de desastre, y a la salud misma en un privilegio privado.
Si el gobierno federal reaccionó o no de manera tardía e irresponsable frente a los primeros anuncios de la posible epidemia es un asunto que el Congreso deberá tomar en sus manos para investigarlo exhaustivamente. Sólo así se podrán adoptar las reformas para transformar la estructura misma del sistema de salud pública.
Lo que es un hecho, sin embargo, es que la forma en como se ha emprendido la cruzada actual para detener el contagio habla de un poder cada vez más apartado de la sociedad. Hay dos maneras de enfrentar los peligros de una epidemia: la paranoia o la solidaridad. El Poder Ejecutivo optó por la primera. Su estrategia ha sido aislar e insularizar al individuo, suprimir las redes de apoyo y solidaridad, recluir y atomizar a la ciudadanía en los muros de una nueva soledad. Esa nueva soledad se llama: el cuerpo como cerco. Dado el know how actual para enfrentar epidemias, que el gobierno federal no logra implementar porque ya no existe el sistema de salud pública que podría ponerlo en práctica, la paranoia puede cobrar más víctimas que el virus mismo
Llámesele infortunio o no, sus semejanzas con las pesadillas sociales de los siglos XVI y XVII son asombrosas. En 1600, el habitante europeo estaba absolutamente convencido que a la vuelta de la esquina le aguardaba el Juicio Final. El espejismo del fin teológico del mundo tardó en disiparse un siglo y medio, y guarda diferencias con el de hoy. La apocalíptica contemporánea no proviene de la teología ni de la religión, sino de un poder más disuasivo y contundente: la ciencia. Los espectáculos modernos (o posmodernos) del fin se llaman: el calentamiento global, las mutaciones biológicas, el agotamiento del agua, el envenenamiento del medio ambiente… y, sobre todo, las pandemias.
La primera pandemia del siglo XX, la gripe española, cobró varios millones de víctimas. (Por cierto, Enrique Semo ha sugerido recientemente que no es improbable que una parte del millón de muertos que causó la Revolución mexicana se deba a la diseminación de ese virus). Después le siguieron entre los años 20 y 40, varias de escala menor. Desde los años 50, cada década estuvo signada por el pánico de una nueva mutación viral: la fiebre asiática en los 60, el ébola en los 80, las vacas locas en los 90, la gripe aviar más recientemente, y la gripe humana, que fue detectada la semana pasada. Lo que asombra es la imparcialidad de los mutantes: han surgido en el corazón de las sociedades con sistemas consolidados de salud pública (las vacas locas en Inglaterra), en órdenes compulsivamente controlados (la gripe aviar en China), en medio de las mayores desgracias humanas (el ébola en África) y ahora frente a un Estado (cada día más eminentemente) fallido como el mexicano. En cierta manera, ya no sorprende que el número de víctimas que cobran las pandemias sea decreciente (unos cientos durante la gripe aviar): existe de alguna manera un know how social global de cómo hacerles frente. Ni tampoco que el pánico estalle de manera global: el miedo también pasa por la interconexión.
Las autoridades de la OMS han dicho en reiteradas ocasiones que el gobierno mexicano ha actuado, dadas sus posibilidades, de la manera más diligente posible frente a la crisis epidemiológica. Lo más probable es que sea cierto. Lo que no han dicho (no les toca decirlo) es que sin la presión de verse convertido súbitamente, en la opinión pública global, en una suerte de amenaza para la sociedad, la administración panista jamás habría actuado con la celeridad que la caracterizó la semana pasada. Hay epidemias seculares en México, por decirlo de alguna manera, que matan calladamente a miles y miles de los que menos tienen cada año y que transcurren frente a la absoluta indiferencia de un poder que, a lo largo de un sexenio y medio, ha convertido al sistema de salud pública en una zona de desastre, y a la salud misma en un privilegio privado.
Si el gobierno federal reaccionó o no de manera tardía e irresponsable frente a los primeros anuncios de la posible epidemia es un asunto que el Congreso deberá tomar en sus manos para investigarlo exhaustivamente. Sólo así se podrán adoptar las reformas para transformar la estructura misma del sistema de salud pública.
Lo que es un hecho, sin embargo, es que la forma en como se ha emprendido la cruzada actual para detener el contagio habla de un poder cada vez más apartado de la sociedad. Hay dos maneras de enfrentar los peligros de una epidemia: la paranoia o la solidaridad. El Poder Ejecutivo optó por la primera. Su estrategia ha sido aislar e insularizar al individuo, suprimir las redes de apoyo y solidaridad, recluir y atomizar a la ciudadanía en los muros de una nueva soledad. Esa nueva soledad se llama: el cuerpo como cerco. Dado el know how actual para enfrentar epidemias, que el gobierno federal no logra implementar porque ya no existe el sistema de salud pública que podría ponerlo en práctica, la paranoia puede cobrar más víctimas que el virus mismo
Existe un famoso adagio popular que dice: nos llueve sobre mojado”. Parafraseándolo podríamos decir que a los mexicanos “nos tiembla sobre infectado”.
Ante la realidad, la cual parece más bien una pesadilla aterradora que no cesa, los mexicanos nos encontramos temblando de miedo. La situación, desde el punto de vista epidemiológico, se ha calificado de extremadamente grave. Estamos mareados por cifras que en ocasiones son confusas o contradictorias y más que tranquilizarnos incrementan nuestra angustia. Pero poco se habla de la situación de los avasalladores aspectos emocionales y los estragos que esto está causando en la población. Los llamados “estresores picosociales” están desbordando a la ciudadanía.
Ante la situación extremadamente traumática que vivimos, debemos colocar también el acento en la salud mental de los sujetos, ya que podemos considerar que muchos millones de mexicanos que viven la marginalidad son portadores de neurosis traumáticas debido a la acumulación de daños repetidos y de duelos no elaborados. A ello se aúnan las circunstancias por todos conocidas: inseguridad y violencia cotidiana, crimen organizado, crisis económica, desempleo al alza, empobrecimiento, depresión y ansiedad y, ahora, la amenaza de pandemia que se cierne sobre nosotros. Todo esto se llama “trauma por sumación”.
Bien sabemos que ante situaciones traumáticas y, más aún, si éstas son sostenidas, los mecanismos habituales de defensa ante la invasión del aparato síquico a causa de la ansiedad, empiezan a ser ineficaces y el sujeto entra en una fase regresiva, que actúa en detrimento de su capacidad para manejar la angustia y la agresividad, impidiéndole conservar procesos de atención, concentración, juicio crítico y capacidad de pensamiento racional. La agresividad emerge en un intento por no “tocar fondo” y toparse con la depresión y el desamparo.
Frente a estos hechos es importante, no sólo tomar medidas para controlar epidemiológicamente la pandemia, sino también contemplar un apoyo sicológico a la población sufriente, como se hizo en el terremoto de 1985, es decir, lo que llamamos “intervención en crisis”. Vemos surgir día a día en la práctica clínica crisis de ansiedad, ataques de pánico, paranoias, somatizaciones y depresiones. Por tanto, urge dar contención social a estos problemas.
Sería importante que medios de comunicación masiva, como la radio y la televisión, pudieran participar en esta tarea tan necesaria y llena de sentido humano. ¡Ojalá así sea!
Ante la realidad, la cual parece más bien una pesadilla aterradora que no cesa, los mexicanos nos encontramos temblando de miedo. La situación, desde el punto de vista epidemiológico, se ha calificado de extremadamente grave. Estamos mareados por cifras que en ocasiones son confusas o contradictorias y más que tranquilizarnos incrementan nuestra angustia. Pero poco se habla de la situación de los avasalladores aspectos emocionales y los estragos que esto está causando en la población. Los llamados “estresores picosociales” están desbordando a la ciudadanía.
Ante la situación extremadamente traumática que vivimos, debemos colocar también el acento en la salud mental de los sujetos, ya que podemos considerar que muchos millones de mexicanos que viven la marginalidad son portadores de neurosis traumáticas debido a la acumulación de daños repetidos y de duelos no elaborados. A ello se aúnan las circunstancias por todos conocidas: inseguridad y violencia cotidiana, crimen organizado, crisis económica, desempleo al alza, empobrecimiento, depresión y ansiedad y, ahora, la amenaza de pandemia que se cierne sobre nosotros. Todo esto se llama “trauma por sumación”.
Bien sabemos que ante situaciones traumáticas y, más aún, si éstas son sostenidas, los mecanismos habituales de defensa ante la invasión del aparato síquico a causa de la ansiedad, empiezan a ser ineficaces y el sujeto entra en una fase regresiva, que actúa en detrimento de su capacidad para manejar la angustia y la agresividad, impidiéndole conservar procesos de atención, concentración, juicio crítico y capacidad de pensamiento racional. La agresividad emerge en un intento por no “tocar fondo” y toparse con la depresión y el desamparo.
Frente a estos hechos es importante, no sólo tomar medidas para controlar epidemiológicamente la pandemia, sino también contemplar un apoyo sicológico a la población sufriente, como se hizo en el terremoto de 1985, es decir, lo que llamamos “intervención en crisis”. Vemos surgir día a día en la práctica clínica crisis de ansiedad, ataques de pánico, paranoias, somatizaciones y depresiones. Por tanto, urge dar contención social a estos problemas.
Sería importante que medios de comunicación masiva, como la radio y la televisión, pudieran participar en esta tarea tan necesaria y llena de sentido humano. ¡Ojalá así sea!
l 24 de abril, legisladores de Campeche votaron para enmendar la Constitución del estado con la finalidad de reconocer el derecho a la vida” que comienza en el momento de la concepción. Campeche no es el primer estado en adoptar una provisión de este tipo: Baja California, Chihuahua, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y Sonora han pasado recientemente legislaciones similares. La tendencia entre los estados mexicanos de reforzar restricciones ya estrictas sobre acceso al aborto surge como reacción a la política innovadora de la ciudad de México aprobada en 2007, la cual legaliza el aborto en el Distrito Federal durante las primeras 12 semanas de embarazo. Cuestionada por oponentes al derecho al aborto, la ley fue recientemente ratificada por la Suprema Corte de Justicia de México.
Esta nueva oleada de leyes estatales restringe aun más el limitado acceso que las mujeres mexicanas tienen a un aborto legal. Aun peor, hay evidencia de que se niega el aborto a las mujeres, incluso cuando cumplen con los criterios estrictos para acceder a un procedimiento legal. Human Rights Watch reportó recientemente que en Guanajuato, donde el aborto está prohibido a excepción de que se trate de una violación, se niega rutinariamente el acceso al procedimiento a las sobrevivientes de violaciones.
Estas políticas no sólo demuestran una alarmante falta de compasión sino que también contradicen directamente la fuerte evidencia proveniente de México y otras partes del mundo, la cual indica que restringir el acceso al aborto no lo hace menos común, sino que resulta en más mujeres que mueren o que están siendo laceradas por procedimientos clandestinos e inseguros.
Tomemos como ejemplo el siguiente caso: a pesar de las políticas altamente restrictivas, el número de abortos realizados en México aumentó un tercio (de 533 mil a 875 mil) entre 1990 y 2006, de acuerdo con el nuevo estudio realizado por el Colegio de México, el Population Council y el Guttmacher Institute.
La tasa de abortos de México, de 33 procedimientos por cada mil mujeres entre 15 y 44 años supera en más de 40 por ciento a la tasa de Estados Unidos (19 por cada mil mujeres), aunque el recurso al mismo es ampliamente legal en Estados Unidos.
Otra diferencia importante entre los dos países es la seguridad del procedimiento. En Estados Unidos, menos de 0.3 por ciento de las pacientes de aborto tienen complicaciones que requieren hospitalización. En claro contraste, 17 por ciento de las mujeres mexicanas que recurrieron a abortos en 2006 requirieron tratamiento por complicaciones en hospitales públicos.
Esta comparación no es específica a América del Norte. Un estudio mundial realizado por el Guttmacher Institute y la Organización Mundial de la Salud muestra que las tasas de aborto tienden a ser más bajas en países donde el procedimiento es ampliamente legal y donde hay extensa disponibilidad y uso de métodos anticonceptivos. Además, las tasas de aborto son aproximadamente similares en las regiones donde la práctica es legal así como en aquellos donde no lo es. Nuevamente, la única diferencia radica en que el procedimiento es muy seguro en países donde el aborto es legal y generalmente inseguro en países donde es altamente restringido.
Mundialmente, casi todos los abortos son el resultado de embarazos no planeados. Si los gobernantes y tomadores de decisiones políticas están preocupados por reducir el aborto inducido y por salvaguardar la salud de las mujeres, entonces deberían considerar la contundente evidencia, y focalizarse en acciones que promuevan la prevención.
Esto significa reconocer el deseo cada vez mayor de las mujeres mexicanas de tener familias más pequeñas, expandiendo el acceso a los anticonceptivos y promoviendo su uso. Significa apoyar la educación sexual integral para los jóvenes, con la finalidad de prepararlos para la vida, antes de que sean sexualmente activos. También significa terminar con las restricciones del aborto, ya que éstas no resultan en una disminución en la incidencia, y sólo sirven para poner en peligro la vida de las mujeres. Las mujeres mexicanas no se merecen nada menos.
* La Dra. Sharon Camp es presidenta y directora ejecutiva del Guttmacher Institute. La Dra. Fátima Juárez es profesora e investigadora del Colegio de México e investigadora distinguida del Guttmacher Institute.
Esta nueva oleada de leyes estatales restringe aun más el limitado acceso que las mujeres mexicanas tienen a un aborto legal. Aun peor, hay evidencia de que se niega el aborto a las mujeres, incluso cuando cumplen con los criterios estrictos para acceder a un procedimiento legal. Human Rights Watch reportó recientemente que en Guanajuato, donde el aborto está prohibido a excepción de que se trate de una violación, se niega rutinariamente el acceso al procedimiento a las sobrevivientes de violaciones.
Estas políticas no sólo demuestran una alarmante falta de compasión sino que también contradicen directamente la fuerte evidencia proveniente de México y otras partes del mundo, la cual indica que restringir el acceso al aborto no lo hace menos común, sino que resulta en más mujeres que mueren o que están siendo laceradas por procedimientos clandestinos e inseguros.
Tomemos como ejemplo el siguiente caso: a pesar de las políticas altamente restrictivas, el número de abortos realizados en México aumentó un tercio (de 533 mil a 875 mil) entre 1990 y 2006, de acuerdo con el nuevo estudio realizado por el Colegio de México, el Population Council y el Guttmacher Institute.
La tasa de abortos de México, de 33 procedimientos por cada mil mujeres entre 15 y 44 años supera en más de 40 por ciento a la tasa de Estados Unidos (19 por cada mil mujeres), aunque el recurso al mismo es ampliamente legal en Estados Unidos.
Otra diferencia importante entre los dos países es la seguridad del procedimiento. En Estados Unidos, menos de 0.3 por ciento de las pacientes de aborto tienen complicaciones que requieren hospitalización. En claro contraste, 17 por ciento de las mujeres mexicanas que recurrieron a abortos en 2006 requirieron tratamiento por complicaciones en hospitales públicos.
Esta comparación no es específica a América del Norte. Un estudio mundial realizado por el Guttmacher Institute y la Organización Mundial de la Salud muestra que las tasas de aborto tienden a ser más bajas en países donde el procedimiento es ampliamente legal y donde hay extensa disponibilidad y uso de métodos anticonceptivos. Además, las tasas de aborto son aproximadamente similares en las regiones donde la práctica es legal así como en aquellos donde no lo es. Nuevamente, la única diferencia radica en que el procedimiento es muy seguro en países donde el aborto es legal y generalmente inseguro en países donde es altamente restringido.
Mundialmente, casi todos los abortos son el resultado de embarazos no planeados. Si los gobernantes y tomadores de decisiones políticas están preocupados por reducir el aborto inducido y por salvaguardar la salud de las mujeres, entonces deberían considerar la contundente evidencia, y focalizarse en acciones que promuevan la prevención.
Esto significa reconocer el deseo cada vez mayor de las mujeres mexicanas de tener familias más pequeñas, expandiendo el acceso a los anticonceptivos y promoviendo su uso. Significa apoyar la educación sexual integral para los jóvenes, con la finalidad de prepararlos para la vida, antes de que sean sexualmente activos. También significa terminar con las restricciones del aborto, ya que éstas no resultan en una disminución en la incidencia, y sólo sirven para poner en peligro la vida de las mujeres. Las mujeres mexicanas no se merecen nada menos.
* La Dra. Sharon Camp es presidenta y directora ejecutiva del Guttmacher Institute. La Dra. Fátima Juárez es profesora e investigadora del Colegio de México e investigadora distinguida del Guttmacher Institute.
Está demostrado que en el fondo del surgimiento de la mutación de la influenza A se aloja el nuevo patrón para la cría industrial de animales y que las grandes firmas farmecéuticas vuelven a ganar con la epidemia.
Aún resta establecer qué ha determinado la pobre capacidad de respuesta de la red sanitaria frente a situaciones de emergencia. Precisar qué es lo que la ha conducido a su estado actual, estado completamente extraño al perfil que la revistió hasta mediados de la década de los 80.
Su cadena mando-respuesta ha sido sistemáticamente barrida por y desde el diseño de la “descentralización” soberonista de los años 1982-1988 (el “cambio estructural” en la salud), continuada por la (“reforma” sectorial) de Juan Ramón de la Fuente y José Narro Robles en la Ssa de los 90 zedillistas, y perpetuada por el fraudulento “Seguro Popular” de Fox-Frenk y Calderón (la demagógica “democratización” de la salud).
En el perfil previo, la designación de los titulares del despacho estatal pasaba por “consultas” del gobernador con las autoridades federales y portaba como respaldo una capacitación integral promedio en el ramo de, al menos, 15 años.
Hoy día, sobre todo después de la crisis del viejo presidencialismo y el consecuente traslado del poder a los gobernadores, estas designaciones estratégicas se suceden a partir de la más completa de las discrecionalidades, clientelismos locales, caprichos, lealtades inmediatas, intereses electorales de corto plazo y pisoteando enteramente la estructura jurisdiccional y municipal.
El curso del tratamiento gubernamental de la emergencia vinculada con la epidemia de la influenza A muestra que, entre escombros, persiste la presencia de una cadena mando-respuesta aún medio operante y que podría haber constituido la columna vertebral de una acción diferente frente al cuadro de prevención-propagación-intervención-atención efectiva.
Se trata de la red médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (35 delegaciones y 37 secciones sindicales), dotada de implante estatal, regional y hasta municipal. La decisión preventiva de suspender clases a 33 millones en las escuelas nacionales de todos los niveles se tomó, justamente, sobre el registro de casos en clínicas del instituto.
Es esta misma red tendida y en operación de la que quiere, ahora, beneficiarse el PAN de Calderón para la jornada electoral intermedia 2009, mediante el vergonzoso fichaje –para su lista de representantes plurinominales “seguros”– de la cúpula sindical que manipula Valdemar Gutiérrez Fragoso desde el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.
Por supuesto que nadie discutía la urgencia de “modernizar” el viejo sector salud del priísmo autoritario en aquellos años 80. Véase, por ejemplo, Manuel Ruiz de Chávez (Editor) (1988) Descentralización de los servicios de salud. Avances y perspectivas del proceso, Ssa-Gobierno del estado de Guerrero, Organización Panamericana de la Salud.
Pero, por supuesto, no de la manera en que el soberonismo priísta original y, luego, el soberonismo panista de Frenk, “devolvió” a los estados “atribuciones y facultades”, pero recentralizó las bolsas y los recursos económicos con un esquema ultracentralista inédito. Véase, al respecto, (DOF, 05.04.2004) Reglamento del Seguro Popular y Ssa (2007) Notificación de Casos de Enfermedades que Generan Gastos Catastróficas. Manual de Operación.
Si algún rasgo porta este singularísimo proceso de “descentralización” de la política pública, es el profundo implante centralista del “nuevo” federalismo, que no ha siquiera intentado corregir la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), aunque sí lo ha mencionado reiteradamente.
Nada más cómodo para un gobernador y su secretario de Salud que adoptar puntual y ciegamente el Programa Nacional de Salud del gobierno federal en turno. La soberanía sanitaria estatal sencillamente no existe. Basta considerar que ya con la emergencia desatada, al gobernador de Veracruz le gustó contabilizar un caso, mientras al del estado de México lo convencieron 30.
De tal suerte que el “nuevo” federalismo mexicano es un galimatías que mudó de uno de jure a otro de facto, y donde, a pesar de que las entidades controlen hasta 48 por ciento del gasto, los servicios empeoran.
Además de la ciudadanía, han sido los operadores directos de los servicios: médicos, enfermeras y profesiones afines, los que han resultado más expuestos y sobre los que ha recaído el grueso de la responsabilidad, así como la sobrecarga de trabajo. Y sin, embargo, apenas y si han sido mencionados por el operativo gubernamental. De ellos provinieron los primeros avisos de alerta y de ellos, también, las primeras evidencias sobre el profundo descontrol del servicio frente a la emergencia. Ese es, entre otros, el caso de los trabajadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (Iner) y de los médicos residentes de La Raza del IMSS.
Pero lo peor del coletazo de las “reformas” tecnócraticas del ciclo Soberón-Frenk aguarda aún a las puertas del Congreso de la Unión.
En la reunión de la Conago celebrada el 11 de agosto de 2008, en Cocoyoc, Morelos, Ernesto Saro Boardman y Éctor Jaime Ramírez, presidentes panistas de las Comisiones de Salud del Senado y la Cámara de Diputados, adelantaron que la “reforma” que busca el PAN contempla, en salud pública, que todas las jurisdicciones sanitarias reorienten sus funciones, así como reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, estableciendo la concurrencia de los municipios en materia de salubridad general (Gaceta Parlamentaria. Número 2455-II, 28.2.08).
Y como en 1985, lo verdaderamente espectacular ha sido la responsable actitud ciudadana. Una verdadera modernización sectorial sigue siendo más que urgente. Pero, ¿a qué costo de vidas y enfermedad ya pagado?
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
Aún resta establecer qué ha determinado la pobre capacidad de respuesta de la red sanitaria frente a situaciones de emergencia. Precisar qué es lo que la ha conducido a su estado actual, estado completamente extraño al perfil que la revistió hasta mediados de la década de los 80.
Su cadena mando-respuesta ha sido sistemáticamente barrida por y desde el diseño de la “descentralización” soberonista de los años 1982-1988 (el “cambio estructural” en la salud), continuada por la (“reforma” sectorial) de Juan Ramón de la Fuente y José Narro Robles en la Ssa de los 90 zedillistas, y perpetuada por el fraudulento “Seguro Popular” de Fox-Frenk y Calderón (la demagógica “democratización” de la salud).
En el perfil previo, la designación de los titulares del despacho estatal pasaba por “consultas” del gobernador con las autoridades federales y portaba como respaldo una capacitación integral promedio en el ramo de, al menos, 15 años.
Hoy día, sobre todo después de la crisis del viejo presidencialismo y el consecuente traslado del poder a los gobernadores, estas designaciones estratégicas se suceden a partir de la más completa de las discrecionalidades, clientelismos locales, caprichos, lealtades inmediatas, intereses electorales de corto plazo y pisoteando enteramente la estructura jurisdiccional y municipal.
El curso del tratamiento gubernamental de la emergencia vinculada con la epidemia de la influenza A muestra que, entre escombros, persiste la presencia de una cadena mando-respuesta aún medio operante y que podría haber constituido la columna vertebral de una acción diferente frente al cuadro de prevención-propagación-intervención-atención efectiva.
Se trata de la red médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (35 delegaciones y 37 secciones sindicales), dotada de implante estatal, regional y hasta municipal. La decisión preventiva de suspender clases a 33 millones en las escuelas nacionales de todos los niveles se tomó, justamente, sobre el registro de casos en clínicas del instituto.
Es esta misma red tendida y en operación de la que quiere, ahora, beneficiarse el PAN de Calderón para la jornada electoral intermedia 2009, mediante el vergonzoso fichaje –para su lista de representantes plurinominales “seguros”– de la cúpula sindical que manipula Valdemar Gutiérrez Fragoso desde el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.
Por supuesto que nadie discutía la urgencia de “modernizar” el viejo sector salud del priísmo autoritario en aquellos años 80. Véase, por ejemplo, Manuel Ruiz de Chávez (Editor) (1988) Descentralización de los servicios de salud. Avances y perspectivas del proceso, Ssa-Gobierno del estado de Guerrero, Organización Panamericana de la Salud.
Pero, por supuesto, no de la manera en que el soberonismo priísta original y, luego, el soberonismo panista de Frenk, “devolvió” a los estados “atribuciones y facultades”, pero recentralizó las bolsas y los recursos económicos con un esquema ultracentralista inédito. Véase, al respecto, (DOF, 05.04.2004) Reglamento del Seguro Popular y Ssa (2007) Notificación de Casos de Enfermedades que Generan Gastos Catastróficas. Manual de Operación.
Si algún rasgo porta este singularísimo proceso de “descentralización” de la política pública, es el profundo implante centralista del “nuevo” federalismo, que no ha siquiera intentado corregir la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), aunque sí lo ha mencionado reiteradamente.
Nada más cómodo para un gobernador y su secretario de Salud que adoptar puntual y ciegamente el Programa Nacional de Salud del gobierno federal en turno. La soberanía sanitaria estatal sencillamente no existe. Basta considerar que ya con la emergencia desatada, al gobernador de Veracruz le gustó contabilizar un caso, mientras al del estado de México lo convencieron 30.
De tal suerte que el “nuevo” federalismo mexicano es un galimatías que mudó de uno de jure a otro de facto, y donde, a pesar de que las entidades controlen hasta 48 por ciento del gasto, los servicios empeoran.
Además de la ciudadanía, han sido los operadores directos de los servicios: médicos, enfermeras y profesiones afines, los que han resultado más expuestos y sobre los que ha recaído el grueso de la responsabilidad, así como la sobrecarga de trabajo. Y sin, embargo, apenas y si han sido mencionados por el operativo gubernamental. De ellos provinieron los primeros avisos de alerta y de ellos, también, las primeras evidencias sobre el profundo descontrol del servicio frente a la emergencia. Ese es, entre otros, el caso de los trabajadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (Iner) y de los médicos residentes de La Raza del IMSS.
Pero lo peor del coletazo de las “reformas” tecnócraticas del ciclo Soberón-Frenk aguarda aún a las puertas del Congreso de la Unión.
En la reunión de la Conago celebrada el 11 de agosto de 2008, en Cocoyoc, Morelos, Ernesto Saro Boardman y Éctor Jaime Ramírez, presidentes panistas de las Comisiones de Salud del Senado y la Cámara de Diputados, adelantaron que la “reforma” que busca el PAN contempla, en salud pública, que todas las jurisdicciones sanitarias reorienten sus funciones, así como reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, estableciendo la concurrencia de los municipios en materia de salubridad general (Gaceta Parlamentaria. Número 2455-II, 28.2.08).
Y como en 1985, lo verdaderamente espectacular ha sido la responsable actitud ciudadana. Una verdadera modernización sectorial sigue siendo más que urgente. Pero, ¿a qué costo de vidas y enfermedad ya pagado?
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
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