México, D.F., 28 de abril de 2009
- En un año fallecen mil 300 personas por enfermedades y accidentes laborales
- Sólo una tercera parte de la PEA tiene acceso a servicios de salud
- Favorece gobierno a empresarios a costa de la salud de la gente
La situación creada por el virus de influeza porcina que ataca a varios países, entre ellos el nuestro, nos obliga a actuar de manera responsable frente al fenómeno, pero también a reflexionar detenidamente en torno a la salud de los trabajadores mexicanos que mueren en mucha mayor cantidad por enfermedades y accidentes laborales que por cualquier epidemia. El dato más reciente indica que en 2006 fallecieron mil 300 personas por esas causas.
En esta fecha, 28 de abril, que se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es preciso poner énfasis en los diversos factores que afectan a las y los trabajadores mexicanos, con un sentido más estructural y de largo plazo; por supuesto, sin perder de vista la importancia de atender la emergencia.
En un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se señala que en el 2004, murieron por el trabajo más de dos millones de trabajadores (68 por ciento hombres y 32 por ciento mujeres), es decir, seis mil muertes al día. Esta cifra supera los decesos por guerra o por enfermedades transmisibles.
Una tercera parte de estos decesos tiene su origen en cánceres ocupacionales, una quinta parte por lesiones de trabajo y un porcentaje igual por enfermedades respiratorias, siempre de acuerdo con la OIT, que señala también que existen más de 350 químicos carcinógenos ocupacionales; los cuales incluyen benceno, cromo, nitrosaminas, asbesto, y aflatoxinas.
Existe, además, un grave problema de trabajo infantil, estimado en 250 millones de niños entre cinco y 14 años en los países en desarrollo; casi 70 por ciento de ellos laboran en condiciones peligrosas. La suma de estos factores tienen graves implicaciones económicas para los países de América Latina (AL), pues se calcula que el gasto en este rubro se eleva a cifras de entre nueve y 12 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir más del doble del observado en los países desarrollados.
En este contexto internacional, México enfrenta cifras alarmantes, puesto que menos de una tercera parte de la Población Económicamente Activa (PEA), cuenta con seguridad social, esto según las cifras oficiales previas a la crisis mundial del neoliberalismo. El presupuesto asignado al sector salud fue apenas de 6% del PIB, por debajo del promedio de América Latina y de la recomendación internacional. El presupuesto para investigación es de 0.3%, cuando la recomendación internacional es del 1 a 2% del PIB.
La globalización y desregulación económica a la que fuimos forzados por el neoliberalismo, ha permitido la entrada y permanencia de procesos productivos sumamente peligrosos para la salud de las y los trabajadores mexicanos, que tienen que manejar cancerígenos (asbestos, benceno, etc.) y de exhaustivos proceso productivos (maquiladoras).
Esto, junto con inexistentes medidas preventivas y de control que deben adoptar las empresas; así como de la falta de un sistema nacional de vigilancia de la salud, y de los principales riesgos de trabajo impiden tener un panorama real de la magnitud de los problemas de salud-enfermedad que padecen los trabajadores mexicanos. Se ignora porque no se investiga qué población está expuesta a cancerígenos, neurotóxicos, alteraciones reproductivas, etc.
Existe en México una ausencia de políticas de salud pública en salud ocupacional: una política de flexibilidad legal violatoria a los derechos del trabajador, nula vigilancia del cumplimiento de la regulación en las empresas de mayor riesgo, no se realiza la actualización oportuna de las normas, ni se crean nuevas; hay incremento desmedido de los contratos de protección que violan el derecho a un trabajo digno y saludable.
Además, se carece de estadísticas de mortalidad y morbilidad de la población trabajadora que permitan definir prioridades, de políticas de salud publica en los trabajadores mexicanos. Así, las demandas de salud en el trabajo, no entran generalmente en las negociaciones de los contratos colectivos de trabajo. Aunado a lo anterior, la falta de profesionales formados en salud en el trabajo, toxicología y en Investigación, es escasa.
A pesar de la disminución de la tasa de Accidentes de Trabajo (AT) de 10.5 a 2.3/100 trabajadores (1980 a 2007), este se explica parcialmente por su subregistro del 30% (236 millones de dólares). Los gastos realizados en la atención de los AT no registrados los absorbe el IMSS. Para el caso de las Enfermedades de Trabajo (ET), no existe un comportamiento real, pues su reconocimiento y diagnóstico, fluctúa de acuerdo con las crisis económicas y demandas laborales (50%). Actualmente esta en 2.5 ET por cada 10,000 trabajadores, muy similar al de cualquier país nórdico.
En el año 2007, solo se reconocieron dos mil 500 ET, implicando una baja en un 40%, con respecto a años anteriores. Y esto no es por mejoras en las condiciones del ambiente de trabajo, sino del rechazo sistemático de los servicios de salud en el trabajo del IMSS a su reconocimiento, y a las corruptelas en las juntas de conciliación y arbitraje.
El otro 70% de la PEA que se atiende en el sector salud como el seguro popular, no contempla el seguro de riesgo de trabajo, pero tampoco se identifica si los accidentes atendidos en los servicios de urgencias, sucedieron en el trabajo.
Así, pues, la salud de las y los trabajadores mexicanos no es una prioridad para el gobierno mexicano, cuyos funcionarios (especialmente el Secretario del Trabajo), son administradores al servicio de los empresarios, a quienes no les importa poner en riesgo la salud de aquellos para obtener mano de obra barata.
Actúan bajo el principio de que hay un ejército de desempleados que a falta de un trabajador barato, sin pensiones ni acceso a la salud, existen miles que por necesidad querrán ocupar esa plaza laboral.
www.cilas.org
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