1 de mayo de 2009
1 DE MAYO, LUCHEMOS UNIDOS POR LOS DERECHOS DE LOS
TRABAJADORES; QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS CAPITALISTAS
- Urgente reconstruir el movimiento sindical independiente
- La reforma Lozano, un atentado contra las y los trabajadores, no debe pasar
- La emergencia epidemiológica no detendrá nuestra lucha ni debe ser pretexto para despidos
A pesar de la postergación de actos públicos del 1 de Mayo por la situación sanitaria que atraviesa el país, no se detendrá la lucha de las y los trabajadores mexicanos en defensa de sus derechos, amenazados por un gobierno que, en su afán de servir a los patrones, quiere imponer una reforma laboral regresiva y para ello utiliza pretextos como la crisis económica. La crisis la causaron los capitalistas, que la paguen ellos.
Este 1 de Mayo de 2009 obliga a todos a reflexiones particulares. La crisis económica que está siendo utilizada para aminorar los derechos de las y los trabajadores, la emergencia epidémica —que podría ser utilizada para lo mismo—, y la cancelación de casi todas las marchas conmemorativas de la fecha, son factores que llaman a pensar en un replanteamiento y reconstrucción urgente del movimiento sindical independiente. A buscar nuevas formas de organización unitaria, más creativas, eficientes y solidarias.
Es indispensable unificar esfuerzos y generar opciones concretas para acabar con los abusos de los patrones y las arbitrariedades y complicidad de las autoridades laborales que en la búsqueda de mayores ganancias condenan a los trabajadores a un estado de semiesclavitud disfrazada de “competitividad”, con salarios miserables, sin prestaciones ni posibilidad de organización auténtica.
Aunque busca culpar a factores externos, el gobierno mexicano es el responsable directo de la crisis económica que afecta severamente al país al aplicar obsesivamente las recetas neoliberales en las que el trabajador es desechable. Por ello, a la crisis responde con medidas que abaratan todavía más la mano de obra y anula, en los hechos, cualquier posibilidad de reclamo, organización y vida digna.
Esta misma crisis ha sido utilizada por la derecha panista en el gobierno para impulsar, nuevamente, una reforma laboral que en lugar de tutelar los derechos de las y los trabajadores, como es su obligación, los rebabaza a su mínima expresión, dejándolos —como sucede ya en los hechos— expuestos a las arbitrariedades y abusos de las autoridades laborales y en total indefensión.
La reforma Lozano permite, por ejemplo, la contratación y el pago por horas, lo cual da pie a los patrones para pagar menos, negar derechos como la contratación colectiva, antigüedad, estabilidad en el empleo, prestaciones sociales y de salud, ahorro para el retiro y hace muy fácil el despido de un trabajador sin indemnización. Aspira a establecer modalidades de contratación de empleados por temporada o por capacitación; imponer jornadas discontinuas y que los trabajadores puedan prestar sus servicios por unos días a la semana, al mes o por periodos cortos durante todo el años, según convenga a las empresas.
De aprobarse la reforma Lozano, ésta obligaría a los sindicatos a informar de antemano los nombres de los trabajadores inconformes cuando se pretenda emplazar a huelga en busca de la firma de un contrato colectivo de trabajo o cambiar de sindicato y se ampliaría todavía más la contratación de protección patronal, dado que los empresarios tendrían la facultad de escoger al sindicato que les venga a modo, aun por encima de la voluntad de los trabajadores.
El calderonismo se justificará con el viejo engaño de que con ello se promueve la productividad, pero la receta de flexibilización del trabajo en aras de la competitividad sólo ha acelerado la crisis. Las cifras oficiales —amañadas siempre para minimizar la realidad—, indican que 5.7 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), está en el desempleo y la mitad de ésta se ubica en la informalidad.
No solamente no se creará el millón de plazas que requiere anualmente el país, sino que se perderán cientos de miles de ellas. En lo que va del año se han cancelado ya 350 mil puestos; y los pocos que se pudieran crear serán trabajos precarios, con bajos salarios, sin prestaciones ni seguridad social y sin estabilidad.
A esto hay que sumar ahora la contingencia epidémica que afrontan varias naciones, entre ellas México, la cual podría ser utilizada como un nuevo pretexto para afectar los derechos laborales, puesto que se argumentará que las pérdidas ocasionadas por el fenómeno —derivadas de la baja en las actividades productivas—, ocasionarán el cierre de puestos de trabajo.
Se ha creado ahora una alarma nunca antes vista por la epidemia de influenza, cuando la salud de las y los trabajadores nunca ha sido una prioridad para los patrones y el gobierno. La realidad indica que mueren más trabajadores y trabajadores por accidentes y enfermedades que cualquier epidemia y nunca nadie ha establecido medidas para evitarlo.
El dato más reciente indica que durante 2006, en México, fallecieron mil 300 personas por causas laborales: cánceres ocupacionales (existen más de 350 químicos carcinógenos usados en los procesos productivos) y enfermedades respiratorias. Por el contrario, menos de una tercera parte de la Población Económicamente Activa (PEA), cuenta con seguridad social
En 2007 sólo se reconocieron dos mil 500 enfermedades de trabajo, lo cual implica una baja con respecto a años anteriores, pero no por mejoras en las condiciones laborales sino por el rechazo de las instituciones oficiales a reconocer los padecimientos como efecto del trabajo insalubre. Frente a esta epidemia, cuyo manejo, es preciso decirlo, ha sido desaseado, ineficiente y faccioso, se debe reclamar información veraz, precisa y real para evitar dudas al respecto.
A grandes rasgos este es el panorama que enfrentan las y los trabajadores mexicanos este Primero de Mayo y que obliga a acciones urgentes, unitarias y contundentes para frenar el avasallamiento de los derechos salariales y laborales que el gobierno federal, en su carácter de vocero de los empresarios, quiere perpetrar, así como contra la precarización del empleo.
Más allá de actos públicos y discursos, las y los trabajadores, sus sindicatos y organizaciones deben establecer un plan de lucha en defensa de salarios y una vida digna; por su derecho a organizarse y elegir libremente a sus dirigentes, para acabar con las arbitrariedades y complicidades de las autoridades laborales que siempre actúan a favor de los patrones.
Un plan de lucha que ataque frontalmente factores perversos como el contratismo de protección patronal y la tercerización (outsourcing) que afectan directamente las condiciones laborales de las y los trabajadores.
Hacemos un llamado unitario y solidario para combatir las políticas antilaborales de la derecha neoliberal mexicana que busca perpetuar y aún agudizar la situación de semiesclavitud y control sobre las y los trabajadores mexicanos. La crisis es un efecto de la voracidad de los capitalistas, no de los trabajadores. Que sus costos la paguen quienes la provocaron.
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