América Central: Crece la barbarie...
Entre 2003 y 2006 la tasa de mujeres asesinadas en Honduras pasó de tres a seis por cada 100.000.
Es además un auge de homicidios muy superior al de los hombres, "lo que denota un factor asociado a la condición de género detrás de esas muertes", explicó Carcedo, directora ejecutiva del Centro Feminista de Información y Acción, con sede en Costa Rica.
Justamente el femicidio define en las nuevas leyes contra la violencia sexista el asesinato de una mujer por razón de género.
En el periodo 2000-2006, los homicidios contra víctimas masculinas aumentaron 40 por ciento y contra víctimas femeninas 111 por ciento. En tanto, en Guatemala entre 1990 y 2004 la proporción de hombres asesinados aumentó en 100 por ciento y la de mujeres en 183 por ciento.
Esta barbarie tiene variadas explicaciones, pero la impunidad y la falta de persecución penal son particularidades persistentes en América Central, considera Carcedo.
"Los femicidios tienen su origen en la posición de subordinación de las mujeres en la sociedad frente a los hombres", dijo.
"Pero su aumento en la región solo se puede explicar por la confluencia de las tensiones económicas, que colocan a las mujeres del lado de los perdedores y las atrapa en escenarios de alto riesgo para sus vidas", planteó la experta.
También es alimentado "por la complicidad de los sectores políticos, económicos y sociales más poderosos", acotó.
Con ese contexto, Carcedo considera que sin la impunidad esta escalada no hubiera sido posible, y su estudio refleja ese elemento.
En 37 por ciento de los asesinatos de mujeres en 2003 falta información sobre cómo ocurrieron, quién los cometió o en qué contexto. Esto "es particularmente grave en el caso de Guatemala donde la proporción asciende a 70 por ciento", señala el informe.
"La impunidad envía un mensaje de tolerancia a los femicidas y a la sociedad en general, el mensaje de que se puede matar mujeres porque sale gratis. Es como colgar el cartel de que se levanta la veda en el coto de caza del sexismo", afirmó Carcedo.
En respuesta, Costa Rica, en 2007, y Guatemala, en 2008, aprobaron leyes específicas para castigar el femicidio, si bien aplicar la legislación adecuadamente y obtener resultados palpables es aún solo una meta. En El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá también hay leyes contra la violencia sexista, pero menos actuales.
Otra amenaza de las que tienen que enfrentar las más de 21 millones de centroamericanas, prácticamente la mitad de la población total del istmo, es la trata de personas.
Ana Hidalgo, coordinadora de la Unidad de Trata de Personas para Centroamérica y México dentro de la Organización Internacional para las Migraciones, realizó el estudio a partir de 46 testimonios, principalmente de mujeres adultas que sobrevivieron a la experiencia.
"Se trata de un problema en expansión en todos los países del área, cuyos fines no se limitan a la explotación sexual, sino también a la laboral", concluyó el informe realizado en el bienio 2007-2008.
El estudio fue realizado dentro del Plan Regional contra la Trata de Mujeres 2007-2009 a pedido del Consejo de Ministras de la Mujer Centroamericana, al igual que el del femicidio y otro sobre el trabajo doméstico remunerado. Todos fueron presentados en febrero en Madrid, en la sede de la Agencia Española para la Cooperación Internacional, que ha apoyado el proyecto.
La investigación sobre la trata reveló que existe una "trata interna" y con un "mercado regional", que se concentra en especial en México, Guatemala y Costa Rica.
A la expansión del delito contribuye, nuevamente, la impunidad, junto con la complicidad policial, la no existencia de protocolos o prácticas de repatriación, la exclusión social y la violencia contra la mujer.
Ana Suyapa Rivera, psicóloga del Programa de Prevención y Atención a la Violencia contra las Mujeres del hondureño Centro de Derechos de Mujeres, dijo a IPS que los femicidios y la trata de personas son temas preocupantes para las mujeres de su país.
La situación de la mujer en Honduras se tornó aún más delicada tras el golpe de Estado del 28 de junio contra el entonces presidente Manuel Zelaya, a raíz del cual se conformó el movimiento de Feministas en Resistencia y una Plataforma de Derechos Humanos.
Rivera precisó que entre el 28 de junio y el 30 de octubre se recogieron y sistematizaron 217 testimonios de mujeres que sufrieron violaciones a sus derechos, dentro de la represión del gobierno golpista de Roberto Micheletti, que el 27 de enero cedió el poder a Porfirio Lobo, elegido dos meses antes.
En su vecina Guatemala, la situación no es menos preocupante. Nora Soto, dirigente la organización feminista Tierra Viva, dijo a IPS que el aumento de los femicidios continúa.
Entre enero y septiembre de 2009 los tribunales recibieron 15.860 casos de violencia, en que las mujeres eran las víctimas de 3.857. Solo 178 de estos últimos pasaron a la justicia penal, denunciaron organizaciones de mujeres.
Soto sumó a los problemas de la mujer, los rezagos en la atención de sus necesidades en salud, educación y combate a la pobreza, donde ella "es la última en la fila".
Luisa María De León, del Grupo Guatemalteco de Mujeres, dio a IPS una visión más optimista. A su juicio, la violencia contra la mujer no ha crecido en realidad, lo que sí lo han hecho son las denuncias, porque ahora las mujeres cuentan con herramientas e instancias para hacerlo.
"Hace cinco años no había una ley que posibilitara que ellas denunciaran", señaló en referencia a la Ley contra el Femicidio, vigente desde hace dos años
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